La creación de un régimen de tarifa de interés social para servicios públicos domiciliarios fue el eje de un plenario de cinco comisiones de la Cámara alta que se realizó este martes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, que continuará el próximo 24 de agosto, día en que los bloques opositores intentarán llegar a una posición en común para firmar dictamen.

Son cinco los proyectos relacionados con el tema: los senadores radicales Gerardo Morales –líder de la bancada en la Cámara alta- y Luis Petcoff Naidenoff, y la peronista federal Sonia Escudero, presentaron sus iniciativas en 2009, mientras que el oficialista Daniel Filmus y la rionegrina María José Bongiorno –cuya forma de votar se convirtió en un misterio- lo hicieron este año.

También son cinco las comisiones que se reunieron este martes, que se volverán a juntar el 24 de agosto. Ellas son la de Derechos y Garantías; Población y Desarrollo Humano; Asuntos Administrativos y Municipales; Presupuesto y Hacienda; y Minería, Energía y Combustibles del Senado.

El primer artículo del proyecto de Naidenoff plantea la creación de un “Régimen de servicio Público de Interés Social con el objeto de proteger a los usuarios actuales y potenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de forma permanente o transitoria, de servicios públicos esenciales de agua potable y saneamiento, electricidad y gas natural concesionados por el Estado Nacional y por aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley”, y define que los beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS) serán “los usuarios cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, así como también aquellos con ingresos que están por encima de la línea de pobreza que no califican como beneficiarios del programa, que como consecuencia de haber atravesado una crisis laboral o de salud han acumulado una deuda por no poder afrontar el pago de los servicios.

Por su parte, Escudero destaca en su iniciativa: “La exclusión de los sectores socioeconómicamente desaventajados en la formulación de políticas públicas eficaces impide el goce de derechos humanos fundamentales. Puesto que resulta difícil pensar que un individuo pueda desarrollarse libremente sin acceder a servicios básicos y esenciales como lo son los servicios públicos, resulta evidente que la falta de políticas públicas eficaces tendientes a favorecer su acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad limita el ejercicio del principio de autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad previsto en nuestra Constitución Nacional”.

En el texto de Morales se manifiesta que “el presente régimen se financiará con “un aporte del Estado nacional cuyo monto no superará, para cada factura, el equivalente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable al beneficiario de la Tarifa de Interés Social; un dos por ciento a aplicar a todas las facturas de los servicios comprendidos en este Régimen; y por los aportes de las empresas prestatarias, que serán el 10 por ciento del beneficio otorgado en factura a los consumidores beneficiarios de la Tarifa de Interés Social, y por las tareas y costos de asesoramiento, ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso al servicio a usuarios potenciales”.

Por último, el porteño Filmus cree que la autoridad de aplicación debe ser el “Ministerio de Desarrollo Social, por entender que el régimen debe formar parte de la política social”. Y agrega: “Se definen las funciones de la autoridad de aplicación y se establecen pautas para su diseño, tales como el ingreso familiar como parámetro de inclusión, la necesidad de precisar parámetros de exclusión, la fijación de un límite superior de consumo y un plazo máximo de duración del beneficio, aunque prorrogable. Asimismo, se fomenta la participación de organizaciones de la sociedad civil a través de la creación de un Consejo Asesor”.

Vale destacar que participaron de la reunión de este martes los especialistas Alieto Guadani, Daniel Montamat y Fernando Navajas, que expusieron en relación con el tema.