El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín, y el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti, presentaron un proyecto de ley de amnistía a las personas que hayan participado en la lucha contra la instalación de plantas industriales de celulosa.

Se propone que queden amnistiadas las personas que hayan participado en los hechos que dieran lugar a la imputación de delitos desarrollados en el país con motivo de la lucha ambiental contra la instalación de plantas industriales para la fabricación de pasta de celulosa en la margen izquierda del Río Uruguay, que tuvieron lugar desde el 4 de octubre de 2003 hasta la sanción de esta ley.

La amnistía extingue la pena y/o la acción penal en todas las causas motivadas por los hechos descriptos en el artículo 1, cualquiera fuere el estado procesal de las mismas, extendiéndose a:

a. Todas las consecuencias penales.

b. Sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales.

Los beneficios otorgados por la ley se extenderán, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de las acciones dirigidas a evitar la instalación de las referidas plantas industriales, cualquiera hubiera sido su naturaleza, el bien jurídico lesionado o el modo de comisión. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices, apologistas o encubridores y comprende a los delitos comunes y conexos.

En los fundamentos del proyecto, los autores señalan que “esta iniciativa se basa en el convencimiento de que el conflicto que concitó la instalación de la pastera violando acuerdos internacionales como el Tratado de Río Uruguay, tenía una legitimidad social y política que fue trastocada por la decisión del Ejecutivo nacional de criminalizar la protesta accionando penalmente contra los manifestantes, que de la noche a la mañana pasaron de ser considerados militantes sociales a ser delincuentes”.

“Entendemos que los asambleistas no son criminales sino ciudadanos de Gualeguaychú que están pensando en el futuro de sus hijos, de sus nietos y de toda una región. Y por tanto, la solución debe ser necesariamente política. Por ello, con la paz social como horizonte, reconociendo la justicia de los reclamos y e invocando el art. 75 inc, 20 de la Constitución propiciamos que el Congreso declare una amnistía extinguiendo la acción penal y la pena para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de manifestarse contra la instalación de las pasteras”, concluyen los fundamentos.