El proyecto de ley anticorrupción y la modificación del Régimen Penal Tributario han quedado rehén del distanciamiento entre los radicales y la Coalición Cívica. No hubo quórum para la reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja.
“Estamos cerca de firmar el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el Régimen Penal Tributario”, habían adelantado desde el bloque del Frente para la Victoria. Pero el camino hacia el recinto para ser aprobado es escabroso porque se interpone la decisión de Elisa Carrió de romper con el Acuerdo Cívico y Social.
El acuerdo político del Grupo A con el oficialismo era tratar juntos dos temas. Uno de ellos es el proyecto de ley Anticorrupción que impulsa el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega. Mientras que el otro es el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica el Régimen Penal Tributario.
Sin embargo, según pudo saber Parlamentario.com, los diputados radicales se encuentran en un dilema político porque siempre apoyaron al proyecto de ley de la Coalición Cívica pero, desde el distanciamiento de Carrió, están deliberando entre sus filas la aprobación de una iniciativa impulsada por un diputado de “Lilita”.
Así las cosas, el futuro proyecto de ley Anticorrupción –tiene dictamen y está listo para ser tratado en el recinto- se encuentra signado por la pelea política entre los opositores. Por ende, esta situación también frena la firma del dictamen del proyecto del Gobierno.
Con respecto al proyecto de ley que modifica las penas contra los delitos tributarios, también hay inconvenientes con varios puntos. Entre ellos, los montos establecidos en el proyecto porque la oposición considera que el Ejecutivo planteó cifras “muy altas” y ahora cambió y “no quiere modificar los montos actuales”.
En definitiva, este martes a las 15 se iba a reunir la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, para decidir si el próxima martes 24 firmaban un dictamen consensuado. Pero fracasó la reunión.
Las modificaciones que se están analizando incluyen las sanciones a la evasión del pago de tributos al fisco nacional, como así también cambios en el Código Penal nacional.
La iniciativa prevé la eliminación de la probation para los delitos penales tributarios y aduaneros, conforme un proyecto enviado por el Ejecutivo. También se propone eliminar la aplicación del principio de la ley más benigna.
Los cambios al Régimen Penal Tributario incorporan nuevas situaciones para la evasión agravada y deja de lado la extinción de la acción por la cancelación.
El proyecto del Ejecutivo fue modificado en la comisión que es conducida por el diputado de la CC Juan Carlos Vega, con cambios que cuentan con el aval del oficialismo.
El proyecto prevé la ampliación de la intervención procesal de la AFIP para casos de mayor relevancia, y se incorpora asimismo como delito la adulteración de controladores fiscales y cualquier otro sistema homologado o suministrado por el fisco.
Se elimina también un instituto que hasta ahora permitía eximir de la aplicación de las penas con el pago por parte del contribuyente que estaba sometido a proceso.
