La legisladora oficialista Blanca Osuna consideró “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios, en "especial de los que pertenecen al grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa”.
“Es llamativo cómo se fue dando el proceso de habilitación en Corrientes, además de la recurrente falta de información de ese estado provincial a la Nación tras los sucesivos pedidos que el Gobierno Nacional ha hecho al respecto”, manifestó la senadora kirchnerista Blanca Osuna, que aseguró que es “inconstitucional e ilegal” el proyecto de construcción de una represa en el Arroyo Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes, para anegar 8.000 hectáreas destinadas a regar 20.000 hectáreas de arroz y soja, que impulsan las empresas Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro S.A., perteneciente al financista húngaro George Soros.
La legisladora entrerriana destacó en un comunicado al que tuvo acceso Parlamentario.com que la construcción de la represa podría tener una “impacto ambiental de grandes dimensiones” que “no sólo afectará a Corrientes y a Entre Ríos, sino a todo el ecosistema de la cuenca del Río Uruguay”.
Osuna señaló: “Este proyecto no sólo viola la Constitución porque atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; al Código Civil, al pretender avanzar en la construcción de una represa sobre un arroyo que es un bien de dominio público a partir de un emprendimiento rural privado predador; y a las leyes General de Ambiente y de Bosques Nativos; sino también a distintos tratados internacionales como el Estatuto del Río Uruguay, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre Cambio Climático refrendados por leyes nacionales”.
La senadora, que tiene la costumbre de impulsar iniciativas y acciones tendientes a la protección de los humedales y la protección medioambiental y de salud frente a la producción agrícola desmedida, adelantó que presentará en la Cámara alta un proyecto “no sólo para repudiar esta acción privada ilegal que atenta contra el bienestar y la salud de las personas, y principalmente contra el medio ambiente, sino también para exigir que se frene el inicio de las obras de construcción, en tanto se avance en la evaluación el impacto que tendría”.
Por último, Osuna sostuvo: “Es llamativo cómo se fue dando el proceso de habilitación en la provincia de Corrientes y la recurrente falta de información de ese estado provincial a la Nación tras los sucesivos pedidos que el Gobierno Nacional ha hecho al respecto”. “No hay que minimizar ni olvidar el gran poder de lobby que tienen estos empresarios cuya voracidad no tiene límites. Ellos piensan que pueden avanzar talando miles de hectáreas de bosques naturales y utilizar un arroyo, que es un bien de dominio público, como propio”.
