Las encuestas vuelven a ubicar al tema de la inseguridad en el primer lugar. Lo cual lleva a decir a los voceros oficiales -siempre propensos a ver el vaso medio lleno- que esos sondeos hablan bien del Gobierno, porque expresan que la gente está conforme en otras cosas, como el nivel de empleo. Es en cierta forma una manera de evadir la responsabilidad sobre un tema tan álgido como el de la inseguridad ciudadana. Porque en efecto, a la hora de buscar culpas, la gente le apunta al Ejecutivo. Pero inmediatamente después le apunta al Legislativo, reclamando leyes que sirvan para paliar la situación.

Sobre ese tema Parlamentario entrevistó a la titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, Griselda Baldata, una diputada de la Coalición Cívica que detalló qué está haciendo el Congreso frente a este tema que despierta tanto interés en una sociedad atribulada.

– Usted es titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, y en este momento de tanta inseguridad, la gente está preguntándose qué le podemos pedir al Poder Legislativo para paliar esta situación.

– El Congreso está discutiendo y debatiendo algunas leyes y que seguro pueden contribuir en mejorar esta situación de inseguridad tan generalizada y tan dolorosa para muchísimas familias, fundamentalmente en los centros urbanos de más densidad poblacional. Pero es evidente que aplicar una política de seguridad ciudadana es una responsabilidad no excluyente, pero sí mayoritaria del Gobierno nacional. Es una responsabilidad de gestión. Es quien administra un país el que debe, de manera coordinada con los gobiernos provinciales, generar acciones. Es evidente que no sólo con una ley se resuelve el problema de la inseguridad que debe ser abordado desde esa complejidad. Y en ese sentido, nosotros, como Coalición Cívica, creemos que son necesarias políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana y que tengan perdurabilidad en el tiempo, como políticas de Estado, que es lo que nos falta a los argentinos. Nosotros, como oposición, podemos tener responsabilidad, pero quienes han gobernado tanto tiempo la Argentina la tienen más aún.

– ¿Las fuerzas de seguridad están bien preparadas?

– Hay que avanzar también en cómo mejoramos o reformamos estructuralmente las fuerzas de seguridad. En ese sentido me parece que hay que jerarquizarlas, profesionalizarlas, democratizarlas, darles mucha capacitación. Se tiene que necesariamente avanzar en nuevos mecanismos de formación de las fuerzas de seguridad. Particularmente estoy trabajando en un proyecto que avanza en la creación de una formación universitaria, o por lo menos de nivel superior, que tenga la fuerza. Al tener una fuerza mucho más capacitada, también va a necesitar una jerarquización salarial. La verdad es que todos queremos que las personas que nos cuidan estén no sólo bien capacitadas, sino bien remuneradas. Y una tercera pata en este aspecto, me parece que es la decisión de avanzar muy fuerte en ver cómo desarticular los círculos viciosos que hay muchas veces entre la política, los negocios, la actividad delictiva, la impunidad. No vamos a decir que toda la dirigencia política puede estar teñida o sospechada de vinculación con el delito, pero sabemos que tampoco es imposible. Sabemos que se da y hay que trabajar muy fuerte en eso y en un programa muy integral de cómo iniciar una agresiva lucha contra el narcotráfico.

– Hace rato que la Argentina se ha convertido en algo más que un país de paso de la droga…

– En ese sentido nosotros vemos que tampoco se está haciendo nada. Se anunció con bombos y platillos en el 2004 un plan de seguridad muy interesante, bastante agresivo en este sentido, que incluía radarizar todo el país, fundamentalmente lo que es la frontera del norte grande. Sin embargo nada de eso se hizo: hoy no hay radarización, nuestras fronteras, tanto aérea como terrestre, prácticamente están absolutamente desprotegidas. Los mismos miembros de la Corte Suprema y los tribunales federales le han pedido al Gobierno que haga algo con el tema de la radarización, porque por ejemplo en Salta “llueve droga”…

– ¿En este marco qué es lo que está haciendo el Congreso?

– El Congreso tiene muchas iniciativas y muchas son leyes, no hay un vacío legal. Por ejemplo voy a poner el de la Ley de Seguridad Interior, que probablemente merezca ser un poco modernizada, pero tal como lo establece su articulado, hoy se debería estar haciendo algo. Por ejemplo, la ley misma establece que debe existir la conformación de un Consejo de Seguridad Interior, encabezado por el ministro del área, en este caso el de Justicia, el del Interior, los gobernadores de provincia, los ministros de Seguridad de provincia, los diputados y senadores que pertenecen a las comisiones de Seguridad, los titulares de cada una de las fuerzas de seguridad, tanto de Gendarmería como penitenciarios, más la Policía Federal y Aeroportuaria. Y la verdad que también está contemplado en ese Consejo la posibilidad de la creación de comités de crisis que nos hubiera permitido al Estado nacional y provinciales trabajar de forma articulada, utilizando todos los recursos técnicos, humanos, económicos que se pudieran estar disponiendo, para ver cómo resolvemos en la coyuntura. Pero hace falta también en el mediano y largo plazo.

– Por ejemplo con el tema de las salideras, se ha comenzado recién ahora a tratar el tema en el Congreso.

– Hay iniciativas del diputado (Gerardo) Milman, y también del diputado (Jorge) Alvarez, de la UCR, que tienen que ver con ese delito que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Eso también ya tiene medio dictamen de Finanzas, probablemente venga a mi comisión; el proyecto de Milman no ha sido girado a mi comisión, pero he pedido un cambio de giro a Secretaría Administrativa. En esos proyectos sí se puede avanzar, pero en cuanto a políticas públicas con programas integrales, eso es responsabilidad de quien gestiona. Podrá o no mandar iniciativas de ley, de alguna manera las políticas públicas tienen que tener un soporte legislativo. El Ingreso Universal Ciudadano, incompleto como está, de alguna manera eso pudo ser un avance y alguna tímida medida de inclusión educativa que se ha generado en el último tiempo, con resultados importantes y positivos pero insuficientes. Pero en el resto de lo que describimos, no se ha hecho absolutamente nada. Y es quien gestiona el que tiene la mayor responsabilidad, no el Parlamento y los jueces.

– En el Senado por ejemplo van a dedicar una sesión al tema de la seguridad. ¿Hay prevista alguna medida en ese sentido en Diputados?

– Nosotros tenemos dos proyectos de ley, uno de la diputada (Alicia) Comelli y otro que está entrando, se que lo está presentando en estos días, de la diputada (Patricia) Bullrich, que son proyectos que tienen que ver con programas integrales de seguridad, y hemos estado conversando con las diputadas la posibilidad de hacer un foro. Pero me parece que más allá de que nosotros estemos discutiendo y viendo qué se puede hacer, acá hay que tomar medidas urgentes y el Ejecutivo tiene esa responsabilidad. Nosotros estamos viendo qué es lo que se está haciendo o por qué razones hay cosas que no se hacen y en ese sentido hemos pedido la presencia del ministro Julio Alak a la comisión, probablemente logremos aprobar un proyecto en esa dirección. Nosotros podemos hacer foros, pero cuando se pidió un endurecimiento de las penas, en el caso de las leyes Blumberg, yo no estaba, hubiera votado en contra por supuesto, pero el Congreso dio una respuesta rápida, espontánea, demasiado espasmódica para mi gusto, y la verdad es que eso no sirvió de nada, porque no se debatió en serio qué hacemos nosotros con los menores, en lugar de endurecer penas. Sí pienso que estamos en déficit y es una responsabilidad que yo asumo y una autocrítica, pero la verdad es que estamos en déficit no porque no lo abordemos al tema ni no lo trabajemos, sino porque no logramos los consensos suficientes para sancionar el Régimen Penal Juvenil. Eso todos los años se discute, pero la verdad que no logramos los consensos por dos cuestiones: uno en el tema de la edad, pero hay otra cuestión de fondo, que para mí es más importante aún, que no están dadas, aun cuando sancionáramos hoy esa ley, no están dadas las condiciones ni en cuanto a recursos humanos, ni técnicos, ni edilicios, ni presupuestarios para poder aplicarlos. Porque eso significa detener a un menor y en lugar de que entre por una puerta y salga por la otra, el Régimen Penal lo que permite es darle, con todas las garantías que corresponden, por supuesto, un debido un proceso. Para que el menor también de alguna manera tenga responsabilidad, pero también para poder llegar a los verdaderos ideólogos del delito, que generalmente son mayores y gozan de impunidad.

– ¿Coincide con quiénes dicen que los jueces son demasiado laxos en materia de excarcelaciones?

– Yo no creo que el problema sea judicial, sino que es un problema del sistema y también presupuestario. Le puedo dar un dato de lo que es provincia de Córdoba, porque he visitado el Servicio Penitenciario y he visitado casi todas las cárceles de mi provincia, y el 52% de las personas privadas de su libertad son personas en proceso. Sólo el 48% tiene sentencia firme. ¿Qué es lo que nos indica eso? Una enorme falta de presupuesto, de recursos humanos, de recursos técnicos, de agilización del sistema, pero no pasa por la responsabilidad de un juez, sino que es parte de un sistema que hay que revisar, pero con todos esos elementos y herramientas que manifesté. Acá lo que ha hecho el Ejecutivo es echarle la culpa a los legisladores, por ejemplo Scioli, como si él no tuviera mayoría en su Legislatura, o a los jueces… La verdad que no escuché por ejemplo a Alak diciendo: “Miren, ustedes saben que nosotros estamos preocupados por el tema, o estamos aplicando tal o tal medida”… La verdad que ahí hay silencio de radio, no se hace nada con el tema control de narcotráfico, absolutamente nada. Entonces en ese sentido, ante un tema de esta naturaleza, quien gestiona es el responsable directo. Después, el resto tendremos responsabilidades en todo caso compartidas, pero mucho menores.