En la Cámara baja bonaerense fue presentado un proyecto creando el Régimen de Inclusión Escolar, con el objetivo de reducir la deserción y promover la reincorporación estudiantil al sistema educativo.
En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue presentado un proyecto de ley creando el Régimen de Inclusión Escolar, con el objetivo de reducir la deserción y promover la reincorporación estudiantil al Sistema Educativo.
La propuesta del diputado bonaerense del FpV/PJ, Juan de Jesús, incluye la conformación de un Consejo Provincial de Inclusión Escolar que tendrá representantes del Ejecutivo de la Provincia, no sólo del área educativa sino de otros ministerios, del Poder Legislativo y de los municipios.
“Un desarrollo adecuado en la educación de los menores entre 11 y 18 años constituirá la base fundamentales de nuestra sociedad a futuro” aseguró el legislador oficialista y recomendó que “los programas sociales destinados a reducir el abandono escolar temprano deben ocupar un lugar prioritario en las agendas de los gobiernos de la región”.
La iniciativa prevé establecer el Fondo de Inclusión Escolar con destino exclusivo al financiamiento del régimen establecido en la norma que se integrará con las asignaciones que se fijen anualmente en el Presupuesto General de la provincia de Buenos Aires.
De Jesús citó dos grandes factores “expulsores” del sistema educacional: la situación socioeconómica y el contexto familiar de los niños y jóvenes “que pueden facilitar directa o indirectamente el retiro escolar”.
En este sentido encontró “conveniente la creación de un organismo a través del cual se puedan establecer cuáles son las causales en cada ámbito municipal especifico de deserción escolar y así mismo darle el justo tratamiento considerado para cada caso especifico”. Así el Consejo “tendría una doble función: estadística y de realización de actos de ejecución de actividades que permitan incorporar al menor al sistema educativo nuevamente” dijo el legislador bonaerense.
Entre estas acciones el diputado de La Costa ejemplificó con “tareas de contención social, o si se creyera necesario gestionar una remuneración o beca para solucionar su problema económico si así resultara. También el incentivo de instituciones comunales que con el apoyo del Estado o el municipio pertinente tenga a cargo el relevamiento de las causales que llevaron a los menores a desertar escolarmente y lo pongan de manifiesto a las autoridades pertinentes dando las recomendaciones que fuesen adecuadas”.
