“Hicimos todos los trabajos de campo y fuimos a ver a 440 mil usuarios de los 590 mil casos que tenemos como probables merecedores del beneficio, y nos dimos cuenta que le estamos errando en la actualidad en un 15 por ciento. El método funcionó, le dimos ayuda a los que necesitaban”, manifestó este martes el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, que participó de un plenario de cinco comisiones del Senado para oponerse a la iniciativa relacionada con el Régimen de Tarifa Social que trata la Cámara alta, que plantea bajar los precios de los servicios públicos domiciliarios a las personas de bajos recursos o con problemas laborales.

Cameron declaró: “Para el Poder Ejecutivo Nacional, las tarifas sociales son las que se están cobrando hoy. Las tarifas son las que se están pagando hoy. Sabemos que esas tarifas son absolutamente razonables y dan una buena respuesta a la situación”.

El funcionario dijo que el ministerio de Planificación está realizando un relevamiento “georeferenciado”, es decir, estableciendo el domicilio de los contribuyentes y su entorno, con el objetivo de establecer la situación de los beneficiarios.

Por otra parte, Cameron resaltó que el Estado está “en un techo de subsidios” del que se está, “con cuidado, empezando a descender”. Y agregó: “No queremos aumentar, queremos direccionar mejor y bajar. El principio general es que quien más puede, más paga. A los que suelen estar en una situación económica compleja hay que cobrarles lo que seguimos cobrándoles”.

El secretario de Energía explicó que “el criterio que empleó el Poder Ejecutivo es la segmentación de precios con el principio de que quien más puede, más paga”, y declaró que desde 2001, los usuarios residenciales “con bajo consumo no tuvieron aumentos”.

Cameron criticó férreamente la ley que impulsan los bloques opositores y argumentó que el subsidio para el establecimiento de la tarifa social “significaría unos 3000 millones de pesos al Tesoro nacional”. También pidió “una ley responsable” que establezca “cuál es la fuente real” de financiamiento.

Por último, el funcionario aseveró que la autoridad de aplicación no debe ser el ministerio Desarrollo Social, que es lo que establece la iniciativa de los bloques antikirchneristas, sino el de Planificación.

Vale destacar que fueron cinco las comisiones que formaron parte del plenario. Ellas son las de Derechos y Garantías; Población y Desarrollo Humano; Asuntos Administrativos y Municipales; Presupuesto y Hacienda; y Minería, Energía y Combustibles. La reunión se realizó en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Proyectos en debate

Son cinco los proyectos relacionados con el tema. Presentaron iniciativas el jefe de bloque de la UCR en la Cámara alta, Gerardo Morales; la peronista federal Sonia Escudero; el oficialista Daniel Filmus; la rionegrina María José Bongiorno; y el radical Luis Petcoff Naidenoff.

El primer artículo del proyecto de Naidenoff plantea la creación de un “Régimen de servicio Público de Interés Social con el objeto de proteger a los usuarios actuales y potenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de forma permanente o transitoria, de servicios públicos esenciales de agua potable y saneamiento, electricidad y gas natural concesionados por el Estado Nacional y por aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley”, y define que los beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS) serán “los usuarios cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, así como también aquellos con ingresos que están por encima de la línea de pobreza que no califican como beneficiarios del programa, que como consecuencia de haber atravesado una crisis laboral o de salud han acumulado una deuda por no poder afrontar el pago de los servicios.

Por su parte, Escudero destaca en su iniciativa: “La exclusión de los sectores socioeconómicamente desaventajados en la formulación de políticas públicas eficaces impide el goce de derechos humanos fundamentales. Puesto que resulta difícil pensar que un individuo pueda desarrollarse libremente sin acceder a servicios básicos y esenciales como lo son los servicios públicos, resulta evidente que la falta de políticas públicas eficaces tendientes a favorecer su acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad limita el ejercicio del principio de autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad previsto en nuestra Constitución Nacional”.

En el texto de Morales se manifiesta que “el presente régimen se financiará con “un aporte del Estado nacional cuyo monto no superará, para cada factura, el equivalente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable al beneficiario de la Tarifa de Interés Social; un dos por ciento a aplicar a todas las facturas de los servicios comprendidos en este Régimen; y por los aportes de las empresas prestatarias, que serán el 10 por ciento del beneficio otorgado en factura a los consumidores beneficiarios de la Tarifa de Interés Social, y por las tareas y costos de asesoramiento, ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso al servicio a usuarios potenciales”.

Por último, el porteño Filmus cree que la autoridad de aplicación debe ser el “Ministerio de Desarrollo Social, por entender que el régimen debe formar parte de la política social”. Y agrega: “Se definen las funciones de la autoridad de aplicación y se establecen pautas para su diseño, tales como el ingreso familiar como parámetro de inclusión, la necesidad de precisar parámetros de exclusión, la fijación de un límite superior de consumo y un plazo máximo de duración del beneficio, aunque prorrogable. Asimismo, se fomenta la participación de organizaciones de la sociedad civil a través de la creación de un Consejo Asesor”.