El diputado Claudio Lozano anunció la convocatoria a una Audiencia Pública para que las organizaciones sociales y de la comunicación expresen su opinión sobre las propuestas para declarar “servicio público” el acceso a Internet y promulgar una nueva ley de telecomunicaciones, que regule la telefonía móvil y el transporte de datos.

A través de un comunicado, el diputado de Buenos Aires para Todos fundamentó la convocatoria señalando que “la desacertada decisión de establecer la caducidad de la licencia Cablevisión – Fibertel ha generado un conflicto absurdo y una discusión más absurda todavía. Lo absurdo del conflicto radica en que, a diferencia de lo ocurrido con la Ley de Medios, donde la intervención oficial aparecía asociada a una propuesta democratizadora y de desconcentración con el objetivo de reemplazar una norma dictatorial, en este caso el Gobierno confronta con uno de los actores de un mercado oligopólico, mercado que carece de toda regulación y protección sobre el usuario, agravando la situación del mismo y sin proponerse regulación alguna”.

“En estos términos la intervención oficial en el mercado queda privada de legitimidad ya que al no hacerse cargo de la defensa de los usuarios en un mercado oligopólico, solo interviene para tomar partido a favor de algunas de las empresas que participan del mismo. A su vez, lo absurdo del conflicto da lugar a una discusión más ridícula aún ya que de un lado aparece minada de legitimidad la intervención estatal en un mercado que justificaría intervenciones, y por el otro se opera una confusa y equívoca asociación entre la defensa de los usuarios y la defensa de Cablevisión – Fibertel”, puntualizó el legislador de centroizquierda.

Lozano advirtió que en el contexto actual, con un sistema de comunicaciones que combina la telefonía básica, la móvil y el transporte de datos, todo está regido por una legislación vigente que data de 1972, que sólo regula la telefonía básica. “Es decir, que los celulares y el servicio de Internet no constituyen objeto de su materia regulatoria. A la norma originaria de la dictadura de Lanusse, se le agregan como regulación general los pliegos de la privatización de ENTEL y el Decreto 764 del año 2000. Este último, esgrimido por el oficialismo para justificar su decisión se encuentra incumplido en sus objetivos regulatorios, por ejemplo, garantizar el servicio universal.

“Por lo tanto, y sin entrar a considerar si Cablevisión–Fibertel está o no ‘floja de papeles’ (aún suponiendo que el Gobierno tuviese razón parece injustificable dar de baja una licencia sin un procedimiento administrativo previo), es absurdo que el Gobierno sin proponerse un nuevo esquema regulatorio intervenga para desalojar a uno de los pocos jugadores del mercado”, sostuvo Lozano. A juicio del legislador, la asociación de esta decisión con los intereses de las telefónicas “queda flotando en el ambiente del mismo modo que ocurriera cuando en el primer proyecto que enviara el Ejecutivo sobre el sistema de medios audiovisuales se propiciaba el ingreso de las telefónicas en dicho mercado. Este intento, de sustituir un monopolio por otro, que fuera abortado por el tratamiento parlamentario, ha vuelto a hacerse presente”.

Por los elementos expuestos, e interpretando que la intervención del Parlamento en este tema no puede ni debe restringirse a la defensa de una empresa sino a la prioridad que en toda intervención debe tener el interés público es que el sector de Lozano propone suspender la medida y avanzar legislativamente en la declaración de servicio público el acceso a Internet, como así también promulgar una nueva ley de Telecomunicaciones que regule no solo la telefonía fija sino la móvil y el transporte de datos.

Para discutir todas estas cuestiones se convocó a una Audiencia Pública en la Cámara de Diputados para el próximo jueves 2 de Setiembre a las 16.30 en la sala 1 del piso 2 del Edificio Anexo.