Casal dijo que “sigue creciendo el robo automotor porque sigue siendo un gran negocio”

El ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires manifestó este martes en un plenario de comisiones realizado en el Senado que en la provincia se sustrae el cinco por ciento de los vehículos que se fabrican anualmente en todo el país.

El ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Ricardo Casal, señaló este martes durante un plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior de la Cámara alta que “de los casi 700 mil autos que se producen anualmente, el cinco por ciento son robados o hurtados en la provincia de Buenos Aires”.

Casal además destacó que “sumando los vehículos robados en la Capital Federal y en el resto del país, supongo que más del diez por ciento de todos los vehículos fabricados son sustraídos para su desguace, para convertirlos en autos mellizos, o para su exportación ilegal a Paraguay o Bolivia”.

El funcionario, que fue invitado para exponer en relación con un proyecto presentado por el jefe de bloque del oficialismo en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que plantea la eliminación de los desarmaderos de automóviles, sostuvo que “las estadísticas criminales indican que sigue creciendo el robo automotor porque sigue siendo un gran negocio”.

Por otra parte, Casal expresó que “la Cámara de autopartistas asegura que no existen repuestos que no se consigan en el mercado lícito en nuestro país, yo les digo a los usuarios que ese repuesto, que es más barato, en muchos casos está sucio con sangre de inocentes”.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró que “el hurto se mantiene en los mismos índices, pero el robo con arma de autos sigue creciendo en virtud de los mecanismos de seguridad que vienen en los autos nuevos”. Y concluyó: “La provincia está sumamente comprometida con esta propuesta. Se trata de delitos por encargo. Esto terminará por acorralar a aquellos que por un precio se transforman en mercaderes de la muerte”.

Al momento de hacer uso de la palabra, Pichetto defendió su iniciativa y explicó que “es de naturaleza esencialmente ilícita la actividad comercial de autopartes de automóviles usados”. Además, el legislador rionegrino pidió profundizar el “abastecimiento del mercado con autopartes nuevas”, ya que entiende que favorecerá la producción y el empleo en el país. También dijo que la pena –que es de entre cuatro y 12 años, y que está prevista para los que desarrollan la actividad- tiene que ver con sancionar una figura que está relacionada con la asociación ilícita.

No tan de acuerdo con estas posturas estuvo el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, que sugirió redactar la reglamentación del proyecto junto con la iniciativa para evitar que “la supresión de una categoría de desarmadero no habilite el funcionamiento de otros tipos de desarmaderos”.

Arslanián resaltó que la principal traba al momento de poner en práctica la regulación pasa por “acreditar la ilicitud del bien que se pretende condenar”, y sugirió que se analicen los problemas que podrían sufrir los dueños de los autos usados si se establece un “cierre abrupto” de la comercialización de autopartes para esos vehículos.

La titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, que es la senadora salteña Sonia Escudero, del Peronismo Federal, aseveró que para evitar un desabastecimiento para muchas personas habría que “ver qué políticas se pueden aplicar para quienes usan autos viejos”.

Durante la última parte de la reunión, los legisladores se abocaron a continuar con la discusión sobre los proyectos de Servicio Cívico Voluntario. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, que estaba invitado para exponer sobre el tema, volvió a ausentarse.

El rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, opinó sobre el tema de la edad permitida para que los jóvenes ingresen al programa y afirmó que “si bien es razonable establecer algún tipo de edad, también se deben establecer excepciones”, mientras que la senadora cobista Laura Montero declaró que el programa de Servicio Cívico Voluntario fue puesto en marcha en Mendoza, donde “empezó con 300 chicos, y terminó con 2.400”.

La semana próxima, las comisiones tratarán una iniciativa de la peronista federal Hilda “Chiche” Duhalde que propone declarar la emergencia en materia de seguridad, y otra de Escudero, que plantea modificar la ley nacional de armas. También se sumó al temario un proyecto del jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, Gerardo Morales, para prevenir las salideras bancarias.

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