En los últimos años, el Congreso de la Nación fue un ámbito de constante enfrentamiento y escasos avances en ciertas decisiones de políticas públicas clave para la Argentina. Sin embargo, y aunque claramente con menor visibilidad, en los últimos meses soplan vientos de cambio alentadores. Uno de ellos es la creciente apertura a la participación de la sociedad civil en los debates actuales. Por ejemplo, organizaciones como CIPPEC, CELS y el Observatorio de la Justicia fueron invitadas a los debates sobre la reforma del Consejo de la Magistratura a aportar sus conocimientos y recomendaciones para consensuar los cambios en ese órgano.

Pero aún más notoria es la propuesta de creación de una Oficina de Diálogo, Participación y Vinculación Ciudadana en el seno del Poder Legislativo, proyecto de ley diseñado por el diputado Héctor Flores (Coalición Cívica) e impulsada por Juntos por la Sociedad Civil, un grupo de ONG, entre las que se destacan Fundación AVINA, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y CIPPEC. El objetivo principal de la oficina es facilitar la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el debate parlamentario, para aumentar la calidad, transparencia y democratización de los procesos de políticas públicas en el seno legislativo.

Actualmente, el Congreso tiene limitada capacidad técnica, institucional y tecnológica para atender las demandas y propuestas de las OSC del país. Tampoco existen prácticas para asesorar a estas organizaciones sobre los mecanismos de participación ciudadana en las comisiones y cómo presentar adecuada y oportunamente proyectos de ley a legisladores de ambas Cámaras. En este contexto, la Oficina concentraría los registros de las OSC que quisieran recibir información sobre los proyectos de ley. A su vez, brindaría asesoramiento técnico a las organizaciones, para que puedan ampliar y mejorar su participación en las discusiones legislativas.

Este proyecto de ley es consistente con experiencias internacionales, como la del Congreso Nacional de Brasil, y locales, como la de Ushuaia en Tierra del Fuego, donde se ha creado la Comisión de Información y Debate Ciudadano en el Concejo Deliberante de la Ciudad, a raíz de una propuesta de la sociedad civil. Todos los pre-dictámenes transitan por dicha Comisión, y los asuntos son publicados previa y obligatoriamente en los medios locales. Se realiza, además, un encuentro público donde se presentan a la ciudadanía los proyectos para que puedan conocerlos y opinar.

La iniciativa responde, a su vez, a un amplio reclamo social en favor del fortalecimiento de las instituciones fundamentales de la República y de una mayor transparencia en el funcionamiento del Estado.

Por último, si bien la propuesta existente es muy buena, también es necesario atender a ciertos aspectos de su regulación, para ampliar el acceso de todas las OSC a la Oficina y priorizar a las que hasta el momento se encontraban excluidas por falta de conocimiento técnico o distancia geográfica.

Iniciativas como ésta, que apuntan a facilitar la llegada de nuevas propuestas y conocimiento a los legisladores y de este modo ampliar la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en los debates parlamentarios, son clave para que todos podamos ver un Congreso más abierto y democratizado. Y que así diferentes actores de la sociedad civil puedan aportar insumos valiosos para que los debates se centren en el contenido de las políticas públicas y no en la mera confrontación política.

Directora de Sociedad Civil de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)