La discusión sobre el futuro de la producción de papel y la empresa Papel Prensa sumó un nuevo capítulo al plantearse la constitucionalidad de la participación del Estado en una empresa que produce pasta celulosa para los diarios, basado en el artículo 32º de la Constitución Nacional.

Este nuevo planteo surge de la mano del diputado demócrata de Mendoza Omar De Marchi, quien afirma que “pretendemos dar un marco de seguridad jurídica en la Argentina al hacer un llamado a licitación para la venta por parte del Estado de las acciones de su propiedad en la empresa Papel Prensa S.A.”

En otras palabras, según De Marchi, el Estado debería vender las acciones de Papel Prensa -27,64%- porque “la Constitución Nacional prohíbe en su artículo 32° el dictado de leyes que limiten la libertad de prensa”.

“No parece estar en línea con esta disposición el proyecto presentado por el Poder ejecutivo relacionado con el tema de Papel Prensa SA”, agregó el legislador mendocino.

En este sentido, De Marchi concluyó: “Creemos que la mejor forma de respetar esta disposición constitucional es evitar que el Estado Nacional participe de este negocio bajo cualquier forma jurídica”.