El PRO intenta retomar la iniciativa política mediante una serie de medidas con el objeto de “fondear” su Gobierno y cumplir con las metas pautadas para el presente año.
El oficialismo porteño no niega que la recaudación se haya incrementado, pero tampoco deja de reconocer que lo hizo merced al proceso inflacionario que vive el país en general y la Ciudad en particular.
La mayor recaudación se volcará a sostener el aumento de los costos de los servicios que presta la administración, ya que los índices inflacionarios pautados al elaborarse el actual Presupuesto dista mucho de lo que realmente ha ocurrido a los largo de los primeros siete meses del año. En esa línea, y a pesar de haber sufrido en los últimos días una serie de reclamos por parte de alumnos secundarios por el deterioro edilicio de numerosas escuelas, se filtraron amenazas sindicales de los docentes que buscarían abrir una nueva mesa de negociaciones salariales por el desfasaje inflacionario.
Al respecto, un alto funcionario del PRO que trabaja en la elaboración del Presupuesto señaló que “preferimos tener conflictos salariales a no pagar salarios. Frente a nuevas amenazas de los gremios, el aumento salarial no es prioridad”, aseguró. “Las mejoras registradas en la recaudación fiscal deben destinarse a otros factores que exigen recursos como la infraestructura escolar, la hospitalaria y el incremento de personal docente y hospitalario”, señaló tajante el funcionario a Parlamentario.
Santa María del Plata
Mauricio Macri no está dispuesto a ceder la iniciativa, conciente de que la recaudación impositiva que se pueda lograr no podrá ser usada en nuevos emprendimientos, si está dispuesto a echar mano sobre los recursos genuinos, y para ello comenzó a estudiar -nuevamente- llevar adelante proyectos urbanísticos que genera la zona de Puerto Madero, espacio que hoy atrae todas las miradas inversionistas.
La iniciativa ya está en la Comisión de Planeamiento Urbano, bajo el impulso de la empresa IRSA denominado Convenio urbanístico “Santa María del Plata”. El grupo inversor quiere llevar adelante en la ex Ciudad Deportiva de Boca una propuesta urbanística. El anteproyecto -considerado de alto impacto ambiental- cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental. IRSA planea construir un barrio cerrado con 11 torres en un plazo de 12 años, con una inversión total estimada en 650 millones de pesos.
El dictamen técnico de la comisión reconoció a este anteproyecto como viable, pero estableció que antes de la realización de cada etapa se deberán llevar a cabo nuevas evaluaciones de impacto ambiental. Entre las cosas que se le cuestionan al documento presentado por IRSA, figura que no se observan medidas de mitigación suficientes para compensar los efectos que la construcción desencadenará sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Los ambientalistas cuestionan el proyecto por el impacto que tendrá sobre la Reserva Ecológica y se muestran en contra de la construcción de un “barrio privado” dentro de la Ciudad. Sin embargo, la presencia en el Salón Inmobiliario de sus dos principales impulsores reavivó el proyecto y demostró que la urbanización de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors está más cerca que nunca.
Lo primero que hicieron Eduardo Elsztain (de IRSA, propietario del 90% del terreno) y Jorge Pérez (The Related Group of Florida, del 10%) fue negar que Santa María del Plata vaya a ser un barrio cerrado, ya que contará con bulevares y parques públicos.
“Estará integrado a la Ciudad, como Puerto Madero”, explicaron. Si admitieron que apuntará a personas de alto poder adquisitivo: habrá docks, embarcaderos, un hotel, centro comercial, torres diseñadas por famosos arquitectos -como Rafael Vignoli y César Pelli- y complejos residenciales de hasta seis niveles. Se descartó la construcción de viviendas unifamiliares. El precio de las unidades partiría de U$S 5.000 x m2.
A diferencia de otros espacios vacantes de la Ciudad, la zona ya cuenta con un Código de Edificación, que le permite construir un millón de metros cuadrados en sus 70 hectáreas. De acuerdo con lo que confiaron Elsztain y Pérez lo que resta ahora es acordar con el Gobierno de la Ciudad las obras de infraestructura que se llevarán adelante -como el trazado de calles, espacios y servicios públicos- que representarían una inversión estimada de U$S 30 millones. En total, el proyecto implicaría un desembolso inicial de al menos U$S 120 millones. De salir todo como está planeado, su emplazamiento se prolongaría por lo menos 10 años.
La otra gran joya
La pelea millonaria por el último terreno que subsiste en Puerto Madero, que abarca una superficie de 12 mil m2 y que, según quienes atienden estos negocios inmobiliarios, su valor no es menor a U$S 15 millones, se libra en Tribunales mediante un litigio judicial para dilucidar la titularidad del mismo. Las autoridades del Colegio Nacional que tienen a lado su campo de deportes desde 1915 se oponen. Ello habría sido uno de los motivos y quizá el principal, por el que fuera separada de su cargo la ex rectora del establecimiento, Virginia González Gass. Al respecto cabe destacar que existe un proyecto para cambiar la zonificación y poder venderlo.
Pero para que eso suceda, primero la Legislatura debe cambiarle su zonificación en el Código de Planeamiento Urbano, porque la que hoy existe no permite construir allí una torre.
Es uno de los temas que figura en la agenda legislativa para la segunda mitad del año del bloque del PRO, por pedido expreso del Ejecutivo y la Corporación Puerto Madero que lo tiene entre sus prioridades, ya que sostiene que con ese dinero podría terminar con las obras que comenzaron en los años ‘90. Lo que falta es la construcción de algunos espacios verdes y el reemplazo del puente sobre Cecilia Grierson (continuación de la avenida Córdoba), entre el Dique 4 de Puerto Madero y la Dársena Norte.
El año pasado la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura aprobó un despacho que le cambiaba la zonificación al terreno de Puerto Madero. Pero el dictamen no llegó a tratarse en el recinto, entre otros motivos por la oposición de varios diputados que son ex alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, como Gonzalo Ruanova y Martín Hourest. El despacho ya perdió estado parlamentario y es una incógnita cómo el macrismo lo sacará a flote.
“Queremos insistir con el cambio de zonificación, para que en ese terreno se pueda construir. Hay que dotar a la Corporación de los recursos necesarios para que termine las obras pendientes en Puerto Madero y, al mismo tiempo, garantizar la subsistencia del campo de deportes del colegio en su localización actual”, manifestó la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Silvina Pedreira (bloque Peronista), en sintonía con el pedido de la jefatura de Gobierno.
La basura
La gestión de Macri comenzó con el proceso para licitar nuevamente el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Se trata del contrato más oneroso que paga la Ciudad y para este nuevo esquema plantea un desembolso cercano a los $ 1200 millones anuales.
El encargado de llevar a cabo el proceso es Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, quien aplicó sustanciales cambios al contrato actual para elaborar un nuevo modelo rotulado como Proyecto de Higiene Urbana para la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario comunicó la novedad a través de su página en Facebook. Desde la red social explicó que el modelo plantea un doble sistema de recolección. Uno para residuos húmedos, que será licitado entre empresas privadas; y otro para residuos secos, que quedará a cargo de una o varias cooperativas de cartoneros.
Se optó por insistir con la separación domiciliaria de los desperdicios reciclables como el cartón, plástico y vidrio; de los no reciclables u orgánicos. Para los residuos húmedos se utilizará el sistema público de gestión privada y para el de residuos secos, el sistema público de gestión social.
El nuevo esquema también incluye la distribución de contenedores por toda la Ciudad, la construcción de una planta para los residuos verdes y una agresiva campaña de concientización sobre la necesidad de clasificar los residuos en origen.
El contrato será por cuatro años con uno más de gracia y se buscará reducir el monto a pagar, por lo menos en un 30%. El criterio de pago será por zona limpia (como ahora) y las empresas tendrán que instalar containers para residuos húmedos en toda la Ciudad.
Además, las empresas que quieran participar deberán realizar fuertes inversiones en tecnología y logística. Actualmente, el negocio se reparte entre Cliba, del grupo Roggio; Aesa, de capitales españoles; Urbasur, del grupo ACS; Níttida, una UTE entre Ecohábitat y Emepa; e Íntegra, sociedad entre el grupo Pescarmona y Martín y Martín.
En el caso de los residuos secos las cooperativas de cartoneros actuarán en las 15 comunas (CGP) en las que se divide la Ciudad y serán seleccionadas por concurso público. El contrato será también por cuatro años más uno de prórroga y se aplicará un sistema de calificación al estilo del scoring.
El año pasado, la Ciudad gastó $ 970 millones en el sistema de recolección de basura, mientras que para este año estableció un presupuesto de $ 1.050 millones.
Un buen negocio
El negocio de la explotación, colocación y mantenimiento del mobiliario urbano es uno de los más rentables de la Ciudad. El mobiliario urbano incluye, entre otras cosas, diferentes espacios para publicitar en la vía pública: cara pantallas municipales, refugios de colectivos, carteles transluminados y vallas publicitarias.
Además de las ganancias que genera el negocio – sólo la explotación de espacios de publicidad reporta más de 100 millones de pesos anuales – el controlar los espacios de publicidad en la vía pública es un arma política fundamental, sobre todo cuando se acercan períodos eleccionarios.
La licitación del mobiliario urbano arrastra problemas de más de una década. Las concesiones se habían vencido hacía 8 o 10 años – dependiendo de la empresa – y ningunos de los jefes de Gobierno anteriores pudieron renovar la adjudicación. Los intentos de licitaciones se veían detenidos reiteradamente por presentaciones judiciales y presiones de las empresas interesadas.
Antes de asumir Macri, en 2007, el mercado se dividía entre cinco empresas. Telerman fue el encargado de abrir el primer sobre de licitación donde se presentaron ocho oferentes. Con la licitación en curso, durante el 2007, la empresa Spinazzola denunció a Publicidad Sarmiento ante la Justicia penal por presentar documentación fraudulenta para el concurso. Al Gobierno de Macri, le correspondió el proceso de preclasificación y adjudicación. De las ocho empresas presentadas, la comisión evaluadora estimó que sólo cuatro de ellas cumplían los requisitos.
