Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.-Objeto. La presente Ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos para garantizar a toda persona física y jurídica el libre acceso a la información pública y promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.

Artículo 2.-Alcance. Toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. El derecho regulado en esta ley es un derecho fundamental y como tal no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten.

Artículo 3.-Definiciones. A los fines de la presente Ley se entiende por:
a) Información Pública: toda información o conocimiento, cualquiera sea el soporte en el que esté contenida o representada, producida, obtenida, transformada y conservada por los sujetos obligados por la presente Ley, conforme a los alcances de la misma, o que haya sido total o parcialmente financiada por el erario público o que sirva de antecedente para el dictado de un acto administrativo; y
b) Unidad de enlace: órgano a cargo de procesar y dar curso a las solicitudes de requerimiento de información pública.

Capítulo II
Propósitos y principios básicos

Artículo 4.-Propósitos. Los propósitos de la presente Ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados por ésta;
c) Lograr la transparencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se toman en el ejercicio de la función pública;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados; y
f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.

Artículo 5.-Principios Básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios básicos:
a) Máxima divulgación: el cual establece la presunción de que toda información pública es accesible sujeta a un sistema restringido de excepciones;
b) Apertura informativa máxima: los sujetos obligados deben proporcionar la información en los términos más amplios posibles;
c) Transparencia activa: los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición permanente de la ciudadanía y de forma actualizada, de acuerdo con los alcances que la presente Ley establece;
d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente por ley y formulados en términos claros y precisos.
e) Principio de libertad de formas: la solicitud de acceso a la información pública debe tramitarse de manera oportuna y justa, en términos de igualdad, con la mínima formalidad que la haga procedente identificando la información que se requiere y sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna.
f) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía procesal, sencillez y eficacia en todas las instancias de tramitación de las solicitudes de requerimiento de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta debe contar con la disponibilidad de una expedita revisión judicial suficiente; y
g) Gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera una copia física de la misma, en cuyo caso los costos, que serán fijados por la reglamentación, deben correr a cargo del solicitante y en ningún caso pueden exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información. Se podrá establecer una reducción en el arancel cuando el pedido sea interpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público.

Capítulo III
Ámbito de aplicación, sujetos obligados y obligación de transparencia activa

Artículo 6.-Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados de la presente Ley son:
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central, Administración Desconcentrada, y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social;
b) Poder Legislativo de la Nación, en cuanto a su actividad administrativa;
c) Poder Judicial de la Nación, en cuanto a su actividad administrativa y reglamentaria, así como información vinculada a causas judiciales de relevancia institucional. En este último caso el acceso a la información estará sujeto a las excepciones establecidas por ley;
d) Sindicatura General de la Nación;
e) Auditoría General de la Nación;
f) Defensoría del Pueblo de la Nación;
g) Entes reguladores de servicios públicos;
h) Organizaciones y asociaciones sindicales;
i) Obras sociales y mutuales;
j) Ministerio Público de la Nación, en cuanto a su actividad administrativa y reglamentaria, así como información vinculada a causas judiciales de relevancia institucional. En este último caso el acceso a la información estará sujeto a las excepciones establecidas por ley;
k) Entes públicos no estatales;
l) Universidades nacionales, institutos y colegios universitarios;
m) Organizaciones estatales no empresariales con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio;
n) Empresas y sociedades del Estado, incluyendo también a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
o) Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad;
p) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional;
q) El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades bancarias que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley en el ámbito del Sector Público Nacional;
r) Partidos políticos; y
s) Personas a las que se les haya entregado un subsidio o aporte proveniente del Estado Nacional de manera directa o indirecta, o a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público.
En el caso de los sujetos referidos en los incisos h), i), k), r) y s) la obligación de proveer información queda restringida a los subsidios, aportes, prestaciones de servicios públicos o explotaciones de bienes públicos.

Artículo 7.-Sistematización de la información. Los sujetos obligados a brindar acceso a la información pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información para asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.

Artículo 8.-Transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición de toda persona, en forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, a través de sitios de internet, la siguiente información:
a) Estructura orgánica, funciones y atribuciones;
b) Marco normativo aplicable;
c) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen funciones en forma permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual y las remuneraciones mensuales correspondientes a cada función;
d) Los planes, programas y proyectos que corresponde ejecutar a cada área determinada;
e) Los informes y actividades realizadas;
f) El presupuesto asignado a cada área, programa y función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
g) Toda transferencia de fondos públicos y la persona física o jurídica, pública o privada, destinataria;
h) Las contrataciones públicas;
i) Los informes de auditorías o evaluaciones internas o externas;
j) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas y sus respectivos titulares;
k) Los mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
l) El nombre, teléfono, mail y dirección de contacto de los agentes encargados de gestionar y responder las solicitudes de información pública; y
m) Estadísticas de interés general, de acuerdo a la competencia de cada organismo.
Dichos sitios deben disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas discapacitadas.

Artículo 9.-Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Las oficinas de atención al público de los sujetos obligados a brindar acceso a la información pública, así como las de la Autoridad de Aplicación, deben exhibir en lugar visible el texto de la presente Ley junto con los datos de contacto de dicha Autoridad y de la Unidad de Enlace correspondiente, así como las tarifas por los costos de reproducción de los diferentes documentos.

Artículo 10.-Cumplimiento de la transparencia activa. Cualquier persona puede requerir ante el sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 8 de la presente Ley.
El sujeto obligado cuenta con un plazo de QUINCE (15) días hábiles para subsanar el incumplimiento, contados a partir de la fecha de la presentación del requerimiento, bajo apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que pudieran corresponderle.

Capítulo IV
Limitaciones y excepciones

Artículo 11.-Limitaciones y excepciones. El sujeto obligado a brindar acceso a la información pública no está compelido a realizar estudios o investigaciones para elaborar información pública que no se disponga al momento de efectuarse el requerimiento.
De conformidad con el principio de máxima divulgación las excepciones previstas para el ejercicio del derecho de acceso a la información deben considerarse de interpretación restrictiva; toda decisión negativa debe ser motivada correspondiendo al sujeto obligado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y ante una duda o un vacío legal, deberá dársele preferencia al derecho de acceso a la información.
Artículo 12.- Información confidencial. Se considera información confidencial aquella información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados siempre que:
a) Se refiera al patrimonio de la persona;
b) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica que pudiera ser de interés para un competidor; y
c) Se trate de datos personales de carácter sensible conforme los términos que establece la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales o el régimen que eventualmente la sustituya.
La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento y mantiene tal carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información.
Lo dispuesto anteriormente no rige cuando resulte aplicable la Ley 25.188 de Ética Pública.

Artículo 13.-Información reservada. Se considera información reservada:
a) La establecida por disposición expresa de una Ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero, científico o técnico; y
c) La información protegida por el secreto profesional.
Toda la información que en algún momento fue reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada y puesta a disposición del público

Artículo 14.-Clasificación de información como reservada. La decisión que clasifique determinada información como reservada debe reunir los siguientes requisitos:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) Las razones que fundamentan tal clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información;
d) El plazo previsto para que pierda la condición de reserva; y
e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario están disponibles para el acceso público.
La resolución que establece el carácter reservado de cualquier información pública debe ser adoptada en acuerdo de ministros y refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al Jefe de Gabinete de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo cualquier reserva es nula de nulidad absoluta.
En el caso de los demás sujetos obligados la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable de los mismos.

Artículo 15.-Período de reserva. La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14 de la presente Ley se mantendrá mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación. El periodo de reserva no podrá exceder el máximo de DIEZ (10) años. La información podrá ser reclasificada por un período más de DIEZ (10) años sólo cuando hubiera sido proporcionada por una fuente diplomática y dicha fuente hubiese rechazado la solicitud de levantar su reserva. La información no puede ser reclasificada como reservada si ya ha sido abierta al acceso público.

Artículo 16.-Excepción. En ningún caso podrá invocarse el carácter reservado o confidencial de la información cuando se trate de la investigación judicial de violaciones a los Derechos Humanos. Tampoco podrá invocarse el carácter de reservado o confidencial cuando la información sea relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa humanidad.

Capítulo V
De los Centros de Acceso a la Información Pública y las Unidades de Enlace

Artículo 17.-Creación. Créase en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de Acceso a la Información Pública que será reconocido por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente Ley.
En el resto de los sujetos obligados mencionados en el artículo 6 deberán crearse las respectivas Unidades de Enlace.
Tanto los CAIP como las Unidades de Enlace tendrán como objeto velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos de la presente Ley, de modo tal de lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, así como también su difusión y publicidad.

Artículo 18.-Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal técnicamente calificado.
El Director y el Director adjunto no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial debiendo garantizar en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento de lo estipulado por la presente Ley.

Artículo 19.-Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP y las Unidades de Enlace:
a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública. Dichas solicitudes solamente contarán con el nombre y apellido o razón social del solicitante, una dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto y la descripción de la información solicitada.
b) Elaborar y difundir los formatos de solicitudes de requerimiento de acceso a información pública conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su reglamentación;
c) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de requerimiento de acceso a la información pública y el refinamiento de los criterios de búsqueda;
d) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto obligado con el acceso a la información pública correspondiente e informar al requirente acerca de la respuesta otorgada;
e) Publicar los resultados de las búsquedas, en especial, de las más frecuentes;
f) Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
g) Difundir y promover el derecho al libre acceso a la información pública como un derecho fundamental;
h) Colaborar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los documentos, así como en la organización de dependencias y entidades; y
i) Cuando correspondiese, informar al público acerca de la desclasificación reciente de información;

Artículo 20.-Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por un Director y un Director adjunto designados por concurso público de antecedentes para todos los cargos y durarán 5 (cinco) años en su mandato no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será el encargado de sustanciar de forma simultánea los concursos públicos conforme a lo dispuesto por esta Ley. Durante el proceso de selección deberán realizarse audiencias públicas.
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el acuerdo del Senado.
Tanto el Director como el Director adjunto deberán ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad en la defensa del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Artículo 21.-Presunción. Recurso administrativo. El silencio, la información insuficiente o la demora injustificada en la respuesta, vencido el plazo previsto en el artículo 10, se presumen como negativa por parte del sujeto obligado con el acceso a la información pública. Una vez vencido dicho plazo el requirente podrá recurrir por vía administrativa al CAIP que resulte competente para que éste disponga que se cumpla con el requerimiento de acceso a la información en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles contados desde la referida fecha de vencimiento. Cumplido este segundo plazo, quedará habilitada para el requirente la vía judicial prevista en el primer y segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Para el caso de los demás sujetos obligados con el acceso a la información pública el vencimiento de plazo fijado por el artículo 10 deja habilitada la vía judicial directa mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 22.-Inexistencia de la información pública. En aquellos casos en los que la información requerida no existiere y el sujeto obligado no se encontrare compelido a producirla, se deberá informar dicha inexistencia al requirente mediante comunicación fundada.

Capítulo VI
Responsabilidades y sanciones

Artículo 23.-Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación, en colaboración con los CAIP y las Unidades de Enlace, diseñar los criterios de catalogación, clasificación y conservación de los documentos calificados de información pública. Dichos criterios deberán tomar en cuenta los estándares y prácticas internacionales en la materia y deberán ser actualizados periódicamente de modo tal de poder responder a las últimas exigencias de dichos estándares.

Artículo 24.-Responsabilidad del funcionario público. El funcionario público que obstruya injustificadamente el acceso a la información pública requerida, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, así como obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la presente Ley, incurrirá en falta grave a sus deberes como funcionario, resultándole aplicables las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Multa de hasta 100.000 (cien mil) pesos, dependiendo de la gravedad de la falta; y
b) Las sanciones previstas en la Ley 25.164, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder.

Artículo 25.-Responsabilidad de los entes y sujetos privados. Los entes y sujetos privados comprendidos en esta Ley, con los límites establecidos en la misma, que obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública requerida, así como que permitan el acceso a información exceptuada u obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión, el permiso, o el subsidio correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. En caso de que las normas o contratos no contaran con una cláusula referida a tal incumplimiento, corresponderá a los entes privados abonar una multa de entre 5.000 (cinco mil) y 500.000 (quinientos mil) pesos, cuyo monto específico será estipulado conforme a la gravedad de la falta.

Artículo 26.-Destino de los pagos en concepto de multas. Las multas previstas en la presente Ley se destinarán a solventar campañas de difusión y concientización en la ciudadanía de la presente Ley.

Capítulo VII
Disposiciones finales

Artículo 27.-Adecuación de los sujetos obligados. Los sujetos obligados con el acceso a la información pública deberán en un plazo NOVENTA (90) días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, tomar todas las medidas necesarias para su cumplimiento determinando en especial:
a) La creación de las respectivas Unidades de Enlace. A tal fin se establecerá la dependencia y/o los responsables encargados de recibir y dar respuesta a los requerimientos de información pública;
b) La organización, sistematización y conservación de la información pública en su poder;
c) La actualización de las bases de datos e índices de su página de Internet; y
d) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de esta Ley.
El Estado se abstendrá de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

Artículo 28.-El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, aprobado por el artículo 4° del Decreto 1172/2003, continuará hasta la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo 29.-Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley dentro de los NOVENTA (90) días corridos a partir de su sanción.

Artículo 30.-Invitase a las provincias que carecen de un marco legal específico de acceso a la información pública a adherir al régimen previsto en la presente Ley.

Artículo 31.-La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 32.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.