Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta continuaron el debate sobre proyectos que serán votados en el recinto el 29 de septiembre.
Un nuevo plenario realizado este martes por las comisiones de de Justicia y Asuntos Penales, que preside la senadora salteña Sonia Escudero, y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta permitieron que se avance en relación con el tratamiento del paquete de medidas contra la inseguridad que serán votadas en el recinto el 29 de septiembre.
Primero se debatió sobre el proyecto presentado por el jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que pretende eliminar la actividad de los desarmaderos y la venta de autopartes usadas. Luego se comenzaron a discutir una serie de iniciativas que apuntan a reducir y a restringir el uso y comercialización de armas de fuego.
La constitucionalista Marcela Basterra, que fue invitada para exponer en relación con los desarmaderos, aseguró que había que tener especial cuidado ya que se estaba legislando sobre “delitos de peligro abstracto que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, Escudero señaló que la medida “debe ir acompañada de otras que alienten el recambio o canje de vehículos”, y pidió tener en cuenta las restricciones y frenos a la importación, en el caso de los repuestos para abastecer el mercado de autos de alta gama e importados.
En cuanto al control y restricción de la tenencia de armas de fuego, hay dos iniciativas presentadas. Una es de la legisladora salteña, mientras que la otra es la del kirchnerista Fabio Biancalani, de Chaco.
Para exponer sobre este tema participaron el integrante de la Red Argentina por el Desarme, Ricardo Río; el representante del Registro Nacional de Armas (Renar), Anastasio Siderakis; y el miembro de la Red Argentina por el Desarme, Adrián Marcenac.
Marcenac habló de una “epidemia”, y destacó que “sólo una de cada cuatro muertes por armas de fuego ocurre en ocasión de delito, el resto son suicidios, accidentes o conflictos interpersonales”, mientras que Escudero expresó que “existe la voluntad política de avanzar en un texto consensuado para avanzar con una ley moderna, que dé garantías y favorezca la registración de las armas, y que elimine la delegación del control en un ente formado por aquellos que deben ser controlados”.
