La titular de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós, se opone a un proyecto presentado por la legisladora Silvia Cristina Majdalani (PRO), que propone diversas modificaciones al articulado sobre la educación inicial de la Ley Nacional de Educación 26.206, por considerar que el proyecto es un retroceso a los avances de garantías y derechos que se han reconocido en la ley aprobada en 2006, como es el caso de la universalización de la educación para niños/as desde los 45 días.

Para la ley 26.206 la educación inicial “constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año”.

En el proyecto de la diputada del PRO que introduce modificaciones sustanciales a los artículos 18 al 25 inclusive, que son los correspondiente a la educación inicial, ésta debería estar compuesta por dos ciclos: el jardín Maternal, que abarca la franja etaria desde los 45 días hasta los dos años y el Jardín de Infantes, que comprende de los 3 a los 5 años.

Para Puiggrós las modificaciones que propone el PRO para la ley de educación en el ciclo de inicial “es volver a la Ley Federal que interrumpe la unidad pedagógica para la formación de los niños/as, pero lo más grave es que el proyecto elimina el artículo 19 de la ley que establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de 4 años de edad”, destaca la presidenta de la comisión de Educación de la HCDN.

“En este sentido -aclara la diputada kirchnerista- entonces hay que preguntarse si la eliminación de ese artículo, no es la intención de que las jurisdicciones tengan menos responsabilidades en lo que se refiere a garantizar la obligatoriedad de la educación como lo establece la ley en su artículo 16: “La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización de la educación secundaria”.

Para Puiggrós, “una cosa es mejorar la ley 26.206 porque toda ley es perfectible, pero la eliminación de ciertas palabras y artículos va mucho más allá. Es una postura política sobre el porqué y el para qué se debe garantizar el acceso y permanencia en la educación como derecho”, finalizó.