Luego de promover por años la implementación de una asignación universal para menores de 18 años, Claudio Lozano denunció por “discriminatorio y prejuicioso” el sistema de asignaciones familiares del Gobierno, que deja sin cobertura a 300.000 chicos porque asisten a colegios de gestión privada.

“Se suman a las otras exclusiones (autónomos, monotributistas, los que perteneciendo al sector informal y doméstico ganen un monto mayor al salario mínimo vital y móvil, los hijos de aquellos que perciban planes sociales; las familias numerosas a partir del sexto hijo, etc.) consagradas por una medida que no sólo no lanzó una política universal, no sólo no brinda la infraestructura de salud y educación para garantizar lo que exige de forma punitoria, no sólo no llega a los 2, 4 y 3, 6 millones de niños que constituyen el núcleo duro de la pobreza y que mayor presencia del Estado necesitarían; sino que ahora le niega de forma premeditada el derecho al ingreso a 300.000 chicos”, sostuvo el diputado de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur.

Para ejemplificar el nivel de discriminación que denuncia, recordó que “nadie controla si los hijos de los trabajadores formales van al colegio y se hacen los controles de salud, ni les retienen el 20% de la prestación por sospechar que los padres no cumplirán con sus obligaciones, ni les dicen a que colegio pueden ir y a cual no. El argumento falaz de que los niños pobres asisten a colegios públicos ya ha sido más que refutado: el 35% de los chicos más pobres del país concurren a colegios de gestión privada sin cuotas o con cuotas irrisorias”.