Virginia Linares, diputada nacional del GEN, presentó un proyecto en la Cámara baja cuestionando las publicidades televisivas con alto contenido sexual que ofrecen servicios de contenidos para SMS en los horarios de protección de la niñez.

“Este tipo de publicidades incumple abiertamente la normativa vigente en materia de horario de protección de la niñez, y es una situación que se ve agravada en las señales de los servicios de televisión por suscripción del interior, que no cuentan con los controles necesarios y suficientes por parte de la Autoridad de Aplicación vigente”, sostuvo la legisladora que pertenece al partido liderado por Margarita Stolbizer.

“Si bien en la Argentina no hay normativa específica que regule la actividad, ni ente que controle a las empresas que lucran con esto, hay un marco normativo que debe aplicarse para controlar la emisión de publicidad obscena sobre servicios de contenidos para SMS, popularmente conocidos como ‘2020’ u ‘8008’”, señaló Linares.

Y agregó: “Es claro que este tipo de publicidades no condicen con el artículo 68º de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece los horarios de Protección de la niñez y contenidos dedicados, en concordancia con lo que sostiene la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual posee jerarquía constitucional”.

“Ahora que se reglamentó la Ley de de Servicios de Audiovisuales no hay excusa por parte del gobierno de hacerse los distraídos con este tipo de publicidades, siendo que no sólo muchas de ellas son obscenas sino que además, en varios casos, resultan engañosas para quienes las consumen”.

Respecto a este último punto la diputada del GEN refirió al incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, que “protege al usuario de estos servicios en uno de sus derechos fundamentales: el de ser informado en forma clara y oportuna respecto de las características de lo que contrata, las condiciones de contratación y, obviamente, la manera en que puede decidir el cese del servicio. Señalamos esto porque numerosos son los casos en que los usuarios de estos servicios no pueden darlos de baja, y en el tiempo que les lleva hacerlo la empresa les sigue cobrando dinero por cada mensaje que le envían”.

Según Linares el principal problema es que no hay normas que regulen la telefonía móvil, “un negocio monopolizado por las cuatro grandes empresas que manejan un mercado de cuarenta millones de celulares y más de 30 millones de usuarios”.

“Es un negocio extraordinariamente redituable en el que se cometen todo tipo de abusos y en el que el Estado se viene haciendo el distraído. Lo que prolifera es la telefonía móvil, con infinidad de planes incomprensibles y con todos los negocios complementarios -como estos contenidos para SMS- en lo que el usuario se encuentra absolutamente desprotegido en sus derechos”, finalizó la diputada oriunda de Bahía Blanca.