Por Edith Skarbun

Finalmente el Gobierno porteño reglamentó la Ley N° 3254, que regula la actividad de los Administradores de Consorcios. La misma establece, entre otros aspectos, que los administradores duran en su cargo un año y para renovarles el mandato o removerlos, bastará con que los voten dos tercios de los presentes en la asamblea. Además, los obliga a presentar un seguro de caución para hacerse responsables patrimonialmente de los perjuicios económicos que produjeran.

Como coordinadora del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal fue elegida Gabriela Pilar Saldivia, quien señaló a Parlamentario las cuestiones principales en las que se hará hincapié para realizar los controles.

– Pasados los 45 días luego de la reglamentación de la Ley de Administradores de Consorcios, ¿cuál es la respuesta del sector?

– Los administradores se sienten algo molestos, pues venían trabajando desde el 2003 con exigencias mínimas. Ahora se incorporaron muchos artículos, por los cuales se les exigen más obligaciones. A su vez tienen claro que en el Registro tenemos la obligación de hacer aplicar la ley aprobada por la Legislatura porteña. Dentro de nuestras posibilidades, tratamos de brindarles la mejor atención, en una nueva oficina especialmente ampliada para ellos y con más personal. A la larga, luego de que todo se vaya regularizando, será beneficioso, e incluso estoy segura que habrá una depuración de los malos administradores y los que trabajan bien se valorizarán y profesionalizarán.

– ¿Y cuánto de beneficiosa será la aplicación de esta ley para los consorcistas, que vienen soportando prepotencias y arbitrariedades impuestas por los administradores?

– Para los consorcistas será un gran avance, tendrán más control sobre sus administradores, aunque debo decir que tenían otras expectativas respecto de esta ley, ya que los problemas con los administradores son muchos, y la ley no puede abarcar todos sus requerimientos. Creo que con su aplicación se irá corrigiendo, pero mejora mucho la anterior, la 941.

– Esta ley contempla un régimen de infracciones por las que se puede denunciar a un mal administrador. ¿Cuáles son éstas y la posibilidad de sancionarlos?

– La principal infracción es la no inscripción en el Registro creado por esta ley. La sanción es una multa cuyo monto puede fijarse entre uno y cien salarios del sueldo básico de la menor categoría de los encargados. Nosotros les estamos aplicando diez salarios al administrador que no está inscripto, tanto a los que ejercen a título oneroso como gratuito. Las primeras multas fueron de 22.000 pesos. Otras infracciones son por no cumplir con los artículos que impone la ley: contratación de provisión de bienes o servicios, la realización de obras con los prestadores; falseamiento de datos, etc. Las infracciones se sancionan con multas, suspensión de hasta nueve meses del Registro, e incluso su exclusión del Registro.

– ¿Cómo se resguardará patrimonialmente a un consorcio por el mal desempeño de su administrador?

– La ley exige que los administradores presenten una declaración jurada patrimonial al consorcio para que sea aprobada en asamblea. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de co-propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de caución o de responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Esto lo analiza la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, para darles tranquilidad a los consorcistas y garantizarles cualquier problema que pudiera tener con sus fondos.

– ¿Y los consorcistas conocen la importancia que tiene este Registro para denunciar a los malos administradores, para que cumplan con sus obligaciones? ¿Cuáles son las principales denuncias?

– Sí, conocen lo importante que será este Registro para ellos. Antes de que se inicie la aplicación de la ley, están viniendo para conocer cuáles son los requisitos para hacer las denuncias, así que por lo que advertimos serán muchos los que vendrán. La denuncia principal es que sus administradores no están inscriptos, aunque ya era un requisito de la anterior ley, la 941, pero notamos que algunos administradores, presentaron toda la documentación requerida y declaraciones juradas, pero sólo de cinco consorcios y, quizá, administran veinte; o sea, consiguieron la habilitación para esos cinco pero el certificado que les dimos lo usan para todos. Este es el principal problema que detectamos. Por eso estamos haciendo un reempadronamiento y el Registro les dará un certificado por consorcio, el cual deberán exhibirlo en cada uno de ellos. Otras denuncias son por las liquidaciones mensuales que no están claras y una muy recurrente es que no convocan a asambleas ordinarias, ni presentan rendiciones de cuentas, las cuales deben ser aprobadas por las asambleas; en muchos casos pasan años y eluden estos actos fundamentales.