El diputado nacional del bloque SI por la Unidad Popular Eduardo Macaluse presentó en marzo de este año un proyecto de ley sobre participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Al respecto el diputado aseguró que “el artículo 14 bis de la Constitución establece expresamente el derecho de los trabajadores a la participación en las ganancias de las empresas. Quienes se golpean el pecho viendo violaciones constitucionales por todos lados, deberían aceptar que los preceptos constitucionales deben aplicarse íntegramente, no sólo cuando les conviene a los intereses que defienden”.

“Está bien que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas, porque en las pérdidas los obligan a participar. Cuando una empresa entra en crisis, se le pide a los trabajadores que participen con toda clase de sacrificios y resignación de derechos: adelantos de vacaciones, suspensiones, reducción de los beneficios del convenio, despidos y rebajas salariales y postergación de los aportes que es salario diferido. Entonces, cuando la empresa obtiene beneficios, es lógico que también participen”, explicó Macaluse, para preguntarse a continuación “por qué una empresa cuando obtiene beneficios otorga elevadas bonificaciones a los altos ejecutivos y no al conjunto de sus trabajadores”.

“No es verdad que este tipo de iniciativa ahuyente las inversiones, Alemania fue pionera al tomar estas medidas y es un país con alto nivel de inversiones privadas. También hay ejemplos en los países centrales y en Latinoamérica”, aseguró el diputado.

El proyecto tiene los siguientes puntos fundamentales: participa de las ganancias todo trabajador de carácter permanente durante el ejercicio económico anual; el porcentaje de la participación deberá ser no inferior al 10 por ciento de las ganancias; quedan exentas las micro, pequeñas y medianas empresas; los trabajadores elegirán una comisión de participación en las utilidades por empresa o por grupo económico que tendrá acceso a los libros y documentos de la empresa, de modo que servirá como control de las contribuciones y aportes que la empresa debe hacer al Estado.