Días atrás, los legisladores porteños interpusieron un amparo -en los términos que disponen la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y la Ley 2145- solicitando que se suspendan los concursos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores hasta que se aclare lo referido a los recursos presupuestarios para tal fin.

El Consejo de la Magistratura, al llamar a concurso de la totalidad de los cargos de magistrado creados por ley 3318 (BOCBA N° 3340 del 14/01/10) modificatoria de la ley 7 Orgánica del Poder Judicial, no tuvo en cuenta lo prescripto en la Disposición Transitoria Segunda que establece que “los nuevos cargos deberán llamarse a concurso de acuerdo a la carga de trabajo que determine el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura conforme a la disponibilidad presupuestaria que le asigne la Legislatura” lo que claramente afecta al erario público, comprometiendo partidas presupuestarias aún no aprobadas por la Legislatura.

Ante este pedido, el Consejo respondió que los diputados no están legitimados para interponer el amparo y que a principios de septiembre enviaron el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo solicitando 450 millones de pesos más (que el contemplado en el presupuesto 2010) para el 2011 para poner en funcionamiento las nuevas dependencias. Sin embargo, Álvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, aseguró que “está comisión no tiene conocimiento sobre la existencia de imputaciones especificas al efecto”.

Están convocados a la audiencia los diputados como parte actora, la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Teresa Moya, y el presidente de la Comisión de Selección del Consejo,. Horacio Corti.