El debate por el proyecto de ley de Glaciares que vino de Diputados tuvo que posponerse. Se tratará con o sin dictamen el jueves 30, en una sesión especial. Algunos senadores insisten con avalar lo que inicialmente fue aprobado en la Cámara alta.
La batalla por la ley de Glaciares se define sí o sí en la sesión del jueves 30: con o sin dictamen, los legisladores podrán apoyar la iniciativa que viene de Diputados o insistir con lo aprobado el año pasado, por unanimidad, en el Senado.
El secretario de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Cámara alta es el senador radical Alfredo Martínez. El santacruceño explicó a Parlamentario que “lo que hace el proyecto de Diputados es incorporar el término ‘periglacial’, que técnicamente ya está incorporado cuando hablamos de glaciares de escombro”, que son los “suelos congelados” que cumplen la función de “reguladores hídricos”, y agregó que le da “tranquilidad” que cualquiera de las dos iniciativas que avanzara “sería lo mismo” en relación con ese tema.
Martínez aseguró que la iniciativa de la Cámara baja “incorpora, con más precisión, el estudio que hay que hacer del impacto de aquellos emprendimientos que están en zonas periglaciares”.
Por último, el legislador radical aseveró que, en su provincia, “todos los emprendimientos que hoy están en funcionamiento no tendrían inconvenientes” si se llegara a convertir en ley el proyecto que nació del acuerdo entre el diputado Miguel Bonasso y el senador oficialista Daniel Filmus.
Otra mirada
Uno de los senadores que más se opone al proyecto que viene de Diputados es el sanjuanino César Gioja, que manifestó a Parlamentario que “los dos proyectos defienden a los glaciares y prohíben que actividades productivas afecten a los glaciares, la diferencia está en que el de la Cámara alta es consecuencia del consenso que se armó a partir de una cantidad enorme de audiencias públicas y tiene criterios técnicos que definen con precisión qué son glaciares, y qué son periglaciares”.
El senador kirchnerista expresó que lo aprobado en la Cámara baja incorpora “criterios que tienen más una connotación política que una respuesta técnica al objetivo de proteger a los glaciares”.
Para el sanjuanino, “una de las diferencias técnicas fundamentales es que el proyecto del Senado dice que los glaciares y los periglaciares son hielos permanentes, entonces define con precisión el alcance de la protección, mientras que el de Diputados no dice permanentes, sino que dice ‘tierras congeladas’, y tierras congeladas son la puna, la cordillera y la Patagonia, entonces genera situaciones de difícil entendimiento, incomprensibles y generadoras de inseguridades jurídicas que ahuyentan a cualquier tipo de inversor”.
Finalmente, Gioja le respondió a los legisladores que lo critican por estar supuestamente del lado de las empresas mineras: “Los que son funcionales a la Barrick son los que votan el proyecto de Diputados, porque con este mecanismo de prohibiciones e inseguridades, ningún inversor va a venir a la cordillera, y los únicos que van a quedar son los que están establecidos, los que tienen informe de impacto ambiental. Es el caso de la Barrick, cuyo informe fue otorgado por el gobierno de la Alianza, no por el peronista, y ahora tienen derechos adquiridos, van a quedar con exclusividad, fruto de que no va a haber otros inversores en la zona”.
Recursos de las provincias
La senadora Sonia Escudero también dialogó con Parlamentario. La legisladora salteña sostuvo que “en 1994, cuando se reforma la Constitución nacional, se establecen claramente cuáles son las competencias de las provincias y del Congreso nacional. El Congreso tiene la potestad de dictar una ley de presupuestos mínimos en materia ambiental, y corresponde a las provincias la titularidad de sus recursos naturales. Una ley que concentra en el poder central la decisiones en materia de explotación de recursos naturales significa un retroceso”.
Por otra parte, Escudero opinó que “la sanción del Senado garantiza plenamente la protección de los glaciares”, y puntualizó que sólo a las provincias “les corresponde las decisiones que afecten sus recursos naturales”.
Precisamente para dejar más en claro la potestad que tienen sobre los recursos naturales las provincias, los once gobernadores de provincias cordilleranas serán invitados para exponer sobre el tema el martes 21, en una reunión que realizará la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta.
La disyuntiva es tal en el bloque oficialista, que su jefe político Miguel Angel Pichetto, por orden presidencial, dio libertad de conciencia a su tropa, a sabiendas que CFK ya dijo que no vetará el proyecto aprobado.
Sin embargo, fuentes legislativas confiaron a Parlamentario que los senadores cordilleranos cerrarán filas para oponerse a la propuesta de Bonasso, lo cual dificultará su aprobación. Por ahora solo resta esperar qué proyecto avalarán los senadores en el recinto el próximo 30 de septiembre.
