Por Jorge Todesca
La inflación persistente no sólo tiene efectos económicos acumulativos. También afecta el funcionamiento del sistema político. Este aspecto ha sido largamente estudiado con relación a los episodios de hiperinflación, incluyendo el argentino de 1989-1990.
Pero aún sin llegar a tales extremos, la extensión en el tiempo de elevados niveles de crecimiento de precios genera disturbios crecientes en el sistema político. Esto está comenzando a ocurrir en la Argentina.
La puja distributiva no es sólo una descripción sociológica. Es, en esencia, un episodio de tensión entre empresarios y trabajadores que tiene profundos efectos económicos y políticos.
Del lado empresario, la instalación de un estado de negociación permanente absorbe energías que debieran aplicarse al crecimiento de la productividad y las interrupciones esporádicas del proceso productivo anulan los esfuerzos en la misma dirección. El conflicto genera incertidumbre y esta atenta contra la inversión.
En el sector sindical los efectos no son menores. Los dirigentes pugnan entre sí –silenciosa o ruidosamente- para ver quien obtiene los mayores aumentos para sus trabajadores. Esto coloca en crisis el sistema de liderazgos entre las organizaciones sindicales y hacia el interior de las mismas.
Los dirigentes que más consiguen o que más demandan tienden a ascender en las posiciones de conducción. Las agendas de largo plazo del sector sindical son postergadas a favor de los logros inmediatos sobre los salarios; el aspecto dominante en las relaciones obrero-patronales.
En el caso particular de nuestro país, se agrega una situación que cada día se agrava más. El liderazgo sindical se encuentra en el sector de servicios, en particular en el transporte, que por su naturaleza es no transable, es decir no está expuesto a la competencia externa.
A medida que la inflación avanza y el tipo de cambio se mantiene estable, el proceso de apreciación de la moneda nacional se profundiza y en el sector productor de bienes transables se pierde competitividad internacional.
En consecuencia, a medida que avanza el tiempo disminuyen las posibilidades de las empresas de trasladar a sus precios los incrementos de costos. Es decir, se produce una asimetría entre las firmas de servicios o de bienes escasamente transables y el resto del universo, expuesto a la competencia externa o, peor aún, con orientación exportadora.
El sindicalismo argentino tiene una muy buena percepción de los límites de la negociación en cada caso. Los dirigentes conocen su sector y cada una de las empresas.
Por lo tanto, la posición de una porción creciente de ellos es y será cada vez más compleja. No pueden quedarse atrás en los reclamos y saben que están yendo más allá de lo posible.
El escenario de conflictividad social tiende entonces a crecer, más allá de los deseos de los actores, y es probable que se coloque cada vez más en el centro de la escena política.
La estabilidad económica es un componente esencial de la gobernabilidad. El gobierno no debiera olvidarlo.
