El reemplazante de Eduardo Sosa salió a resguardar su puesto en Santa Cruz y fue al tribunal internacional a denunciar también a la Corte Suprema de Justicia.
Sigue complicándose la situación planteada ante el problema institucional por el pedido de la Corte Suprema al Congreso para inmiscuirse en el conflicto desatado por la no aceptación de las autoridades santacruceñas para acatar su fallo.
Ahora es el fiscal Claudio Espinosa, aquel que ocupa el cargo del que fue echado hace quince años por Néstor Kirchner Eduardo Sosa, quien apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar a la Corte Suprema y al Congreso de la Nación por intentar removerlo.
Mientras tanto, los diputados de la oposición volverán a reunirse este jueves para analizar la situación y tratar de coordinar los pasos a seguir y ver si logran acordar un plan para cumplir el pedido de la Corte Suprema.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz presentó ante la CIDH un escrito que cuestiona al Máximo Tribunal por conculcar “flagrantemente” sus “garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad” en su desempeño como funcionario judicial y “vulnerar” su derecho de defensa.
Asimismo giró la denuncia a la Legislatura de su provincia, poniendo en conocimiento que también dirigió un planteo de medida cautelar ante el Congreso nacional.
El de Espinosa es el mismo procedimiento que en su momento desarrolló Eduardo Sosa, quien acudió a la CIDH para denunciar la falta de respuesta a su reclamo de restitución por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Espinosa dijo acudir a la Comisión Interamericana que para que los organismos involucrados se abstengan de sancionar cualquier norma que conlleve su remoción en el cargo que “ejerce legítimamente”, señaló.
Argumenta en su favor el fiscal que en 1996 la Legislatura provincial dio acuerdo legislativo a su designación como agente fiscal y que recién luego el Superior Tribunal de Justicia aceptó la inconstitucionalidad del articulo 9 de la ley 2404 que establecía la supresión del cargo de procurador y la cesantía de Sosa.
Espinosa sostiene que el fallo de la Corte que ordena reincorporar a Sosa “vulnera el sistema federal de gobierno, principio de división de poderes, autonomías provinciales, derechos público provincial” y remarcó que no puede ser desplazado “ni por una fallo de la Corte ni por una ley del Congreso de la Nación”.
La presentación ante la CIDH fue informada al Ejecutivo mediante una nota dirigida al vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
