Mucha polvareda levantó el proyecto para repartir ganancias de las empresas entre los trabajadores, y el argumento que han utilizado los defensores de la iniciativa se basan en que así lo establece la Constitución Nacional. Y señalan al artículo 14 Bis de la misma, que dice lo siguiente:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

En este marco, los diputados del GEN hablan de la necesidad de “legislar y reglamentar para hacer operativos, los derechos que la Constitución confiere a los trabajadores, para el control de la producción, colaboración en la dirección y participación en las ganancias de las empresas. Y son los mismos trabajadores, a través de los Consejos de Empresa, los que deben estar legitimados para el ejercicio de esos derechos, que no deben ser delegados en ninguna otra organización ni pública ni privada”.

El proyecto de ley fue presentado por el bloque del Partido GEN que preside Margarita Stolbizer, con la intención de impulsar el debate sobre la reglamentación del artículo14 bis de la Constitución, procurando que no se limite el mismo a la participación en las ganancias; e impidiendo la constitución de fondos especiales a través de los cuales los trabajadores pierdan el verdadero control de lo que les corresponde.

“Empresarios y trabajadores tienen intereses comunes en el funcionamiento de las empresas, en su productividad y rentabilidad; y especialmente en el mantenimiento de la fuente de empleo en condiciones de dignidad. Y para eso, el acceso a la información sobre todos los aspectos vinculados con el negocio, la producción y la economía de la empresa, es un elemento central en la estrategia compartida de preservación, crecimiento y expansión. Es necesario fomentar una relación de cooperación dentro de la empresa, que resuelva las tensiones propias de una relación desigual, y evitar cualquier interferencia externa para salvaguardar los asuntos internos que deben resolverse dentro del marco de la empresa, a través de los consejos”.

El Consejo de cada empresa, -constituido por los delegados elegidos de manera directa por los trabajadores-, es soberano para celebrar los respectivos acuerdos entre ambas partes, debiendo además resolver todos los aspectos relacionados con la relación de trabajo, y asumiendo de manera particular la situación propia del ámbito de actuación.

El proyecto reconoce el deber de consulta y de guardar secreto; así como los derechos de información, control de producción y participación en las ganancias.

El derecho de participación se extiende a: a) medidas individuales como cobertura de vacantes, categorizaciones y traslados; b) casos de despido individual o colectivo; c) todos los asuntos derivados de las relaciones individuales de trabajo (control de conducta, horarios, salarios, licencias, capacitación, etc.); d) asuntos económicos (programas de producción e inversiones, cambios en la organización empresaria, porcentajes de participación en las utilidades netas).

Los Consejos celebran los Acuerdos de Empresa, los que constituyen una fuente directa del derecho de los trabajadores.

“Estamos haciendo una propuesta integral, con el ánimo de contribuir a un debate que se debe la democracia argentina, y del que deben participar los distintos estamentos del estado, y las representaciones de trabajadores y empresarios, de la misma manera que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) discute todos sus convenios”, puntualiza la iniciativa.