La senadora nacional Blanca Osuna criticó el dictamen aprobado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico del proyecto que plantea el “Servicio Cívico Voluntario” y que unifica iniciativas de los senadores radicales Sanz y Montero y del peronista federal Rodríguez Saá al considerar que implica un grave “retroceso” en materia de políticas sociales y educativas.

“Este proyecto, impulsado por Cobos, es francamente discriminatorio -expresó Osuna- porque vincula a los jóvenes más pobres –a quienes se dirige expresamente- con el delito, los malos hábitos y con la criminalidad. Desde esta lógica lo que se busca no es incluir a jóvenes al sistema educativo, sino crear un sistema separado. El riesgo es claro: la medida va a profundizar su situación de exclusión, de marginación y reforzar la estigmatización en vez de brindarles oportunidades”.

“No comparto en absoluto una propuesta que estigmatiza el acceso de los jóvenes al goce de lo que les corresponde por Derecho”, aseveró e indicó que “lo que debemos hacer es justamente lo contrario: fortalecer el sistema educativo con propuestas que habiliten a todos los jóvenes de nuestro país a las mismas oportunidades -oficios, ciencia, arte, filosofía, todas- y las mismas alternativas de proyectar un futuro”.

En tanto, señaló que las Fuerzas Armadas “tienen una misión en la sociedad centrada en la defensa nacional. Su formación, por tanto, apunta a capacitar a sus miembros para que sean idóneos en el cumplimiento de tan importante tarea. No tienen entonces la formación ni las aptitudes para cumplir funciones pedagógicas y de contención, mucho menos si estas remiten a atender las complejas necesidades de los adolescentes y los jóvenes. El Estado tiene áreas con pertinencia para esa importante tarea formativa”.

La legisladora entrerriana sostuvo que la iniciativa “mantiene errores de fondo”. “Pretende crear una ´’estructura institucional’ para ’completar la educación formal y capacitarse en oficios’ (artículo 1). El tema es que esa estructura ya existe con iguales funciones: es el sistema educativo argentino”.

Por otro lado, “se superpone con iniciativas que ya lleva adelante el Estado Nacional y las Provincias, como por ejemplo los numerosos programas de Terminalidad de la Educación Obligatoria, tanto del Nivel Primario como del Secundario, Becas para Inclusión, el Plan FINeS, Programas de Formación Profesional del INET, entre otras”.

“Determina una oferta única para un universo muy heterogéneo, ya que propone una banda etaria para los posibles “voluntarios” que va de los 14 a los 24 años, esto es, desde preadolescentes a adultos”. Además, “contradice el espíritu federal y la autonomía de cada Jurisdicción para dictar sus planes de estudio cuando se afirma que es el Ministerio de Educación Nacional el encargado de “elaborar los contenidos de los cursos” (art 5) y se refuerza esta postura (art 7) que ratifica la exclusiva injerencia de la autoridad nacional en esa materia”.

En su articulado habla de “capacitación técnica”, sin mencionar otra opción, lo que atenta con la formación integral a la que todo argentino tiene derecho y no se presenta una propuesta clara de desarrollos organizativos y didácticos innovadores que serían necesarios para garantizar el cumplimiento de la educación obligatoria y el otorgamiento de las certificaciones correspondientes.

“No hay ninguna estimación sobre los costos y dimensiones de la estructura que se propone crear, aunque es posible imaginarla altamente costosa: gastos de personal, becas estímulo, servicios de alimentación, de vestimenta, adecuación de infraestructura, mantenimiento, etc. Lisa y llanamente es posible pensar en el financiamiento de un “sistema educativo paralelo” que será financiado por Nación y cada Provincia, restándole fondos al sistema educativo existente”

Por último expresó que “resulta por demás llamativo que un proyecto de ley que ya en su primer artículo se refiere al hecho de que los jóvenes completen su educación formal y que menciona al Ministerio de Educación en seis de sus quince artículos, no haya tenido como comisión cabecera a la de Educación, habiendo sido dictaminado exclusivamente por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la de Seguridad Interior, poniendo manifiestamente en evidencia este triste criterio de asociar a los jóvenes pobres con la criminalidad.”

Y señaló que “una iniciativa de estas características debería haber sido consultada previamente con los ministros de Educación y Defensa para que se expresen sobre la pertinencia y viabilidad del proyecto”, acción ésta obviada en el tratamiento en comisión y aprobación del dictamen.