Hay cuatro proyectos presentados. Tres de ellos buscan ampliar las limitaciones que impone el artículo 86 del Código Penal. En las dos cámaras hay distintas prioridades legislativas, aunque intentarían avanzar sobre el tema.
Pese a tener en agenda otras prioridades legislativas, el Congreso comenzará a analizar cuatro proyectos sobre la despenalización del aborto.
Tres iniciativas fueron presentadas en la Cámara alta. La primera es de las legisladoras oficialistas Elena Corregido, de Chaco; Teresita Quintela, de La Rioja; Nancy Parrilli, de Neuquén; y de Ana María Corradi de Beltrán, de Santiago del Estero; y de los aliados de Tierra del Fuego, que son los senadores José Martínez y María Díaz.
El proyecto, que, ingresó el 16 de marzo de este año, apunta a que el aborto sea no punible para cualquier mujer que vea en peligro “su vida o su salud” tanto física, como psíquica y/o social. Además señala que el diagnóstico correspondiente debe ser emitido por cualquier profesional, fuese o no el que vaya a realizar la intervención, y que el cirujano tampoco podrá requerir “la opinión de ningún comité de ética”.
La segunda iniciativa es de la formoseña Adriana Bortolozzi, que plantea legalizar el aborto en todos los casos de violaciones, mientras que el proyecto de la puntana Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, intenta restringir un poco más el artículo 86 del Código Penal, ya que propone limitar las interrupciones del embarazo sólo a las situaciones en las que corre riesgo la vida de la mujer.
Fuentes parlamentarias de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta -su titular es la senadora salteña Sonia Escudero- aseguraron a Parlamentario.com que dichos proyectos no están todavía en la agenda de trabajo. El objetivo de dicho cuerpo pasa por finalizar el debate sobre las iniciativas relacionadas con la inseguridad.
En Diputados, asesores de las comisiones de Legislación Penal y de Familia ya iniciaron el estudio de un proyecto sobre la legalización del aborto que cuenta con las firmas de más de 50 legisladores de todas las bancadas: la iniciativa promueve una liberalización plena de la interrupción del embarazo, con la posibilidad que la intervención sea realizada hasta en la duodécima semana de gestación, por la sola voluntad de la mujer.
