El peronismo cordobés aprobó en la Legislatura provincial una serie de modificaciones a la reforma electoral impulsada por el gobernador Juan Schiaretti en 2008. Hubo fuertes críticas desde el radicalismo y Libres del Sur.

Los cambios tendrán vigencia a partir de la próxima elección y avanzan en la reglamentación de los mecanismos de boleta única y voto electrónico, en la creación de un fuero electoral y en la suspensión de varias normas para controlar el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales.

Aspirante a la gobernación, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Oscar Aguad, cuestionó la iniciativa del gobierno provincial de impulsar una nueva reforma política, y aseguró que se trata de un intento de privatizar el sufragio instrumentando a las apuradas y con dudosa transparencia el sistema de voto electrónico.

“Las constantes modificaciones a una reforma que todavía requería de consensos, tiempo y docencia en su instrumentación, terminan por dejar en claro dos cosas: que ya no están dadas las condiciones ni los consensos que requiere una legislación de esta naturaleza para que se ponga en funcionamiento, y que los vaivenes del oficialismo exhiben los artilugios de los que se intentan servir para ocultar la alianza con Kirchner en la provincia”, se quejó Aguad, quien recordó que “la experiencia en Marcos Juárez nos dejó que de 62 urnas electrónicas 30 tuvieron inconvenientes, la demanda de fiscales informáticos y de personal técnico con capacidad en la materia no está al alcance de las distintas expresiones políticas en Córdoba, los cambios de los plazos sin argumentación institucional alguna, la suspensión lisa y llana del título referido a la campana, financiamiento y promoción electoral y la creación del Fuero electoral de dudosa imparcialidad son argumentos suficientes para rechazar esta reforma y advertir sobre las consecuencias de su implementación”.

Para Aguad, “el gobierno busca privatizar el sufragio de los ciudadanos instrumentando a las apuradas y sin ninguna garantía el sistema del voto electrónico. La contratación con la empresa Indra pone en duda la transparencia del proceso”.

Por su parte, la diputada nacional de Libres del Sur Cecilia Merchán señaló que “la sanción de la reforma es un engaño mas del PJ y sus aliados K. Echaron por tierra todos los articulados sobre la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, para seguir manteniendo la política como un negocio”.

En este sentido, afirmó que “al gobierno provincial le interesa mantener la falta de controles sobre el dinero que se mueve en las campañas electorales antes que dar respuesta a la ciudadanía cordobesa en materia de transparencia”.

“La reforma política aprobada en Córdoba es una reforma del negocio político”, concluyó Merchán en un comunicado.