La decisión del magistrado del fuero contencioso administrativo porteño, Roberto Gallardo, fue en respuesta a un pedido del presidente de la Comisión Investigadora, el legislador del monobloque Igualdad Social Martín Hourest, para que la Justicia “auxilie” en este nuevo mecanismo de citación a testigos en el marco de la investigación del rol de Mauricio Macri en el escándalo de espionaje.

Fuentes cercanas a Hourest precisaron que el cuerpo legislativo dispondrá de tres días para comunicar al magistrado la lista de testigos, quienes serán llevados por la fuerza pública (Gendarmería o Policía Federal) en caso de negarse a concurrir a declarar en una segunda convocatoria.

“No vamos a asistir pacíficamente a la destrucción de esta herramienta institucional que es la Comisión, sobre la cual el Gobierno porteño fijó una estrategia de vaciamiento”, dijo Hourest para fundamentar su solicitud de intervención a la Justicia luego de que fuera notificado de que este lunes habría un nuevo “faltazo” de ocho testigos citados por la Comisión. Cosa que según el legislador opositor, “genera la percepción de que todo es un viva la pepa”.

Para Hourest, esta movida no implica que “la Justicia intervenga en un proceso del Parlamento, sino que opera como auxiliar de un pedido de la Legislatura para hacer comparecer a testigos”.

Puntualmente y sobre la base de los 170 testigos contemplados en la investigación, las autoridades de la Comisión deberán informar, con tres días hábiles de anterioridad, a la Justicia sobre la lista de convocados, y en las posteriores 48 horas los citados recibirán la actuación.

“Acudí al Juzgado para que concurra a los efectos de garantizar la presentación ante la Comisión porque veníamos viendo que estaban vaciando la estructura de funcionamiento sobre la base de quitar testigos y por esa declaración de Macri que recomendaba a los testigos a que no se presentaran”, sostuvo Hourest.