En la décima reunión de la comisión especial, Martín Hourest informó sobre las gestiones realizadas ante la Justicia respecto de los testigos citados. Los miembros del PRO no asistieron al encuentro.
La Comisión Investigadora que analiza las responsabilidades políticas del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en el caso de las escuchas ilegales en el ámbito de la administración, se reunió este lunes a partir de las 12. por espacio de 30 minutos, oportunidad en la que Hourest puso a consideración de los miembros las gestiones realizadas ante el juez del fuero contencioso administrativo porteño, Roberto Gallardo. Todo ello fue aceptado por los nueve integrantes presentes. Estuvieron ausentes la legisladora Gabriela Cerruti, Fabio Basteiro, Diego Kravetz y los cinco miembros del PRO.
Asimismo se resolvió que las citaciones fueran reprogramadas para quienes mostraron predisposición a prestar testimonio y las mismas ya estarán a cargo del juzgado contencioso administrativo porteño, cuyo titular es Roberto Gallardo, el que de no concurrir los citados utilizará la fuerza pública, Policía Federal o Prefectura Naval para obligarlos a prestar testimonio.
También Hourest informó a los legisladores de la comisión legislativa que además de no haber recibido los testimonios requeridos tampoco se tuvo acceso a la prueba documental –oportunamente solicitada- que el Gobierno de la ciudad debía enviar.
La próxima reunión de la Comisión Especial está prevista para este miércoles con funcionarios de la Justicia de la provincia de Misiones.
