El Senado sancionó este jueves, a las 4.30, la iniciativa de ley de Glaciares modificada por la Cámara baja, que ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para que comience su aplicación.

Desde las 20, y con un debate que duró ocho horas y media, el pleno de la Cámara alta trató las iniciativas relacionas con la ley de Glaciares.

Pasadas las exposiciones, se pasó a la votación. Primero, el dictamen de mayoría -avalaba la norma original de la Cámara alta- fue apoyado por 33 legisladores y rechazado por 35. Luego se trató el de minoría -la ley del acuerdo entre el senador oficialista Daniel Filmus y el diputado de diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso-, que consiguió la adhesión de 35 integrantes del pleno, mientras que 33 se opusieron. El único que se abstuvo en las dos votaciones fue el sanjuanino Roberto Basualdo.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el salteño Agustín Pérez Alsina, que aseguró que con el proyecto de Diputados “se quiso generalizar, y no es lo mismo Tierra del Fuego que Salta, hasta nuestras reservas de energía entrarían en juego”.

Pérez Alsina destacó que “la protección de glaciares y periglaciares está asegurada” con el proyecto original de la Cámara alta, y le preguntó al resto de los legisladores: “¿No sabemos las provincias cómo cuidar el desarrollo, el ambiente, la ecología?”.

El neuquino Horacio Lores manifestó que “el 21 de octubre de 2009, en este Senado aprobamos por unanimidad el proyecto de ley de Glaciares, que llegó con dictamen unánime de la Comisión de Ambiente y fue votado por unanimidad, salvo por algunas excepciones a la hora de la votación en particular, yo me pregunto por qué está denostado ahora este proyecto, parece que somos antiambientalistas”.

Lores sostuvo que “el mayor peligro de los glaciares es el calentamiento global, que es el resultado de las emanaciones de dióxido de carbono y otros gases”, y agregó: “Tenemos que cuidar el agua, pero no tenemos que olvidar los otros factores, que son los que tienen mayor peso”.

También apoyaron el proyecto del Senado los legisladores oficialistas Liliana Fellner –Jujuy-, el misionero Eduardo Torres –titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta-, y la radical Blanca Monllau, que señaló que “la responsabilidad en temas ambientales corresponde a la jurisdicción provincial en la que se localiza, mientras que la Nación debe legislar sobre los presupuestos mínimos, que es el piso”.

En la vereda contraria se mostraron el mendocino Rolando Bermejo y el chubutense Mario Cimadevilla. El primero, que representa al bloque kirchnerista, dijo que apoya la iniciativa de Diputados porque para defender “el agua, porque así defiendo la vida”, mientras que el segundo, que integra el bloque radical, aseveró “esta es la ley de los glaciares, pero vale hablar del otro tema, la defensa del agua. La cordobesa Norma Morandini se sumó a estos discursos y puntualizó que dicha ley “protege más”.

Al momento de hacer uso de la palabra, la sanjuanina Marina Riofrío, férrea defensora del proyecto original del Senado, expresó: “Hemos tenido que escuchar discusiones que son ofensivas para nosotros como provincianos. Lo único que estamos pidiendo es precisión en la terminología de las zonas a defender. Nada de lo que vino de Diputados es superador en relación con las áreas a proteger”.

En la misma sintonía que Riofrío se ubicó su compañero César Gioja, que explicó está la intención de “defender el medio ambiente, el agua, ya que es un derecho que tiene que ver con la vida, que lo reconoció la ONU, pero debemos establecer criterios para saber cómo hacemos estos postulados”.

Gioja detalló: “Hay dos proyectos, algunos dicen que son exactamente iguales, creo que hay diferencias significativas, con definiciones técnicas, con criterios jurídicos y administrativos. Por ejemplo, en la iniciativa de Diputados se eliminaron tres o cuatro partes que hablan sobre la participación de las provincias. También se habla sobre el IANIGLIA: en el Senado dijimos que se iba a controlar el proceso de inventario, pero consultando a provincias, Nación, universidades y organismos técnicos; en Diputados se elimina a las provincias y dice que el organismo hace en exclusiva dicho trabajo, entonces ahí hay una marginación”.

Por último, el legislador sanjuanino indicó que la postura de su provincia –a través de su gobernador y la Legislatura- es “no delegar en la Nación las facultades que le corresponden en relación con el manejo de los recursos naturales”.

Uno de los últimos discursos fue el del pampeano Carlos Verna, que dejó en claro su apoyo a la ley de Diputados, y añadió: “Estamos preocupados por la calidad del recurso, buscamos protegerlos. Pido que se optimice el uso del agua, hay que defender este recurso porque no sólo es para nuestra generación, sino también para nuestros hijos”.

Los dos proyectos en cuestión

Las firmas del dictamen de mayoría, que avalaba el proyecto original de la Cámara alta, son los de los senadores Eduardo Torres (Misiones), Oscar Castillo (Catamarca), Josefina Meabe (Corrientes), Liliana Negre de Alonso (San Luis), Juan Pérez Alsina (Salta), Élida Vigo (Misiones), Teresita Quintela (La Rioja), y Marina Riofrío (San Juan).

El despacho de minoría finalmente aprobado tenía –a favor de lo votado en Diputados- las adhesiones de los senadores Daniel Filmus (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Norma Morandini (Córdoba), José Cano (Tucumán), Ada Itúrrez de Capellini (Santiago del Estero), y Arturo Vera (Entre Ríos).
Pedro Guastavino (Entre Ríos).

Por otra parte, el senador kirchnerista Pedro Guastavino (Entre Ríos) fue el único integrante de la comisión que no firmó ninguno de los dos dictámenes, aunque en la sesión se sumó al de mayoría, que finalmente fue rechazado por el pleno de la Cámara alta.

Los dos proyectos que se debatieron impulsan el cuidado del agua dulce contenida en los glaciares y en su ambiente periglacial. No obstante, la Cámara baja modificó la iniciativa original para hacer más restrictiva la actividad minera en la zona glacial. También plantea la realización de un censo de glaciares y la suspensión de los permisos para la instalación de nuevos emprendimientos, hasta que el Instituto de Nivología y Glaciología de la Nación tenga finalizada una inspección de la zona en cuestión.