En la Cámara de Diputados de la Nación se halla pendiente de tratamiento un proyecto sancionado por unanimidad en el Senado de la Nación , instrumentando el régimen de Responsabilidad Penal juvenil, herramienta indispensable para enmarcar una política de abordaje serio de la problemática de la minoridad en conflicto con la ley penal.-

Es un reclamo de la sociedad y al mismo tiempo de todas las Provincias que han ido instrumentando Fueros específicos, sin tener una legislación de fondo para aplicar. Su aprobación es una deuda pendiente del Congreso de la Nación ya que el actual Régimen Penal de Minoridad, regulado por los Decretos-Leyes 22.278/ 22803 sancionados durante la última dictadura militar, desafía abiertamente nuestro ordenamiento jurídico y resultar violatorio de las garantías constitucionales consagradas tanto por nuestra carta magna como por un conjunto de tratados internacionales que a partir de la reforma de 1994 adquirieron raigambre constitucional, entre los que cabe destacar a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El sistema penal actual, puede ser clasificado en tres regímenes diferentes en razón de la franja etarea en que se encuentre el sujeto activo de la acción delictiva. A) Los menores de 16 años de edad son considerados inimputables, pero no por ello en la practica quedan exentos de la potestad de los jueces, quienes a pesar de la mentada inimputabilidad disponen medidas respecto de estos menores que llegan al absurdo de hasta privarlo de su libertad. B) Los menores que se encuentran entre los 16 y los 18 años de edad están sujetos al Régimen Penal de Minoridad y son punibles respecto de los delitos de acción pública cuya pena exceda los dos años de prisión. C) Los mayores de edad son plenamente responsables y quedan sujetos a las disposiciones del régimen penal general.

El actual Régimen Penal de Minoridad se basa en un sistema pupilar –el que virtualmente tiende a suplir la voluntad del niño- quedando el menor a la discrecionalidad del Fuero, quien es el encargado de decidir su suerte, mediante un procedimiento en el que la opinión del menor resulta irrelevante, con el agravante que carece de atributos propios para ejercer una plena defensa de sus derechos e intereses.

Los sistemas tutelares / pupilares, que tuvieron su origen a principios del siglo XX, fueron diseñados para proteger a los menores, por considerar que eran incapaces de defenderse a sí mismos y merecían ser puestos en una especie de burbuja protectora.

La legislación vigente impregnada de dicho sistema, tiene el grave problema de hacer converger en un mismo régimen a los niños que se encuentran en una situación de abandono (material o moral) con aquellos menores que están en conflicto con la ley penal. Se incriminan “estados” y no “conductas tipificadas”, y en algunos casos se los priva de libertad sin proceso, para “perotegerlos”.-

Especial consideración merece el último párrafo del articulo 1 del citado Decreto Ley en cuanto establece: “Si de los estudios realizados resultare que el menor se hallare: abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presentare problemas de conducta, el juez “dispondrá definitivamente” del mismo. Aquí se observa claramente, como en el sistema vigente, la no deseable situación de abandono se equipara con la delictual. Igual ocurre con el artículo 64 de la ley de la Provincia de Buenos Aires.-.

La discusión se centra hoy en los casos de los menores comprendidos en la franja etarea de 14 y 15 años de edad. En la actualidad y bajo la invocación del concepto pupilar del fuero de menores, lo que en realidad sucede es que a dichos menores se los somete a un virtual castigo, sin proceso y con limitadas defensas, ya que se “dispone” de esos menores y hasta se los priva de su libertad, a pesar de que son legalmente inimputables.

Si se pretende alguna medida asegurativa de sus derechos como niño, debiera hacérselo con sujeción a las normas y estándares internacionales, y no a través de penalizar lo que legalmente no es sancionable.

El proyecto con media sanción, extiende la responsabilidad penal a los menores de 14 y 15 años, actualmente no alcanzados por la legislación, pero sometidos a un régimen penal especial y siempre que el menor cometa delitos muy graves. Las sanciones también son adecuadas a la edad.

No se trata de criminalizar a los menores, como se sostiene desde una posición pseudo-progresista, por el contrario, se intenta ir hacia un modelo justo, hacia un “modelo de responsabilidad”, que se caracterice por el reforzamiento de la posición legal del menor, garantizándose los derechos y garantías, y al mismo tiempo afirmando una mayor responsabilidad del joven en relación con el hecho realizado. La idea es de conjugar lo educativo y lo judicial, aplicando un modelo garantista. Una respuesta “responsabilizante”, que enfrente al menor con el sentido de disvalor social de su comportamiento. En pocas palabras se trata de educar en la responsabilidad.

Criminalizar es lo que hoy se hace con nuestros niños y jóvenes, quienes son privados de la libertad aun por debajo de la edad de punibibilidad fijada por la legislación, sin que puedan ser sometidos a un proceso acorde a su edad que les garantice el derecho a defenderse.

El camino propuesto es el que ya han recorrido Europa y nuestra Región. Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela y Perú han disminuido su franja etarea en algunos casos hasta los 12 años, quedando nuestro país como el único que no ha adecuado ni su régimen y priva del debido proceso a una ancha franja de población..

Observatorios internacionales, como Naciones Unidas, vienen advirtiendo la grave situación de la niñez en nuestro País, reclamando un abordaje integral, con políticas sociales activas, tendiendo a evitar cualquier situación que ponga en riesgo a los menores y en los casos excepcionales en los que deba juzgarse su conducta, el resultado apunte a reinsertarlo en la sociedad.

El marco legal cuya sanción juzgamos imprescindible, debe verse como el comienzo de una política seria, necesaria para la instrumentación de instituciones especializadas de las que hoy carecemos y la articulación de una política sin consignismos, que deje de lado los clichés ideológicos y las falsas antinomias, para ocuparse seriamente de una gravísima problemática social.

Es necesario brindar al menor las garantías del debido proceso, de las que hoy carece, a través de un proceso responsabilizante, serio, con protección de los derechos integrales como todas persona merece, en el marco de una política hoy ausente.

Tunessi es diputado nacional por la UCR-Buenos Aires