Más sombras que luces

La Comisión Investigadora sobre las escuchas telefónicas no pudo aún avanzar en su funcionamiento. Su presidente Martín Hourest tuvo que recurrir a la Justicia para obligar a los testigos a concurrir a prestar testimonio. Un trámite que encierra un peligro institucional y que siembra un antecedente para el sistema de gobierno.

El haber acudido en busca de apoyo a la Justicia el presidente de la Comisión Investigadora, Martín Hourest dejó expuesto que la misma se encontraba en un callejón sin salida. Hasta ahora no recibió el testimonio de ningún testigo y menos aún la prueba documental que requiriera ante las autoridades locales.

Sin duda el paso dado por Hourest y demás integrantes -del arco opositor-de la Comisión de ir a los Tribunales con el afán de conseguir auxilio para salvaguardar a la misma de lo que inexorablemente se avizoraba que ocurriría y que consistía en un rotundo fracaso, también tiene sus riesgos y ello bien podría transformar a estos en “ángeles guardianes”, que actúan desde la política, pero por afuera del orden establecido, y que sólo logran aumentar la inseguridad jurídica y poner en peligro el sistema de división de poderes.

Con la acción llevada adelante y por más que el diputado Hourest niegue, como lo hizo ante Parlamentario, es innegable que se está imponiendo la judicialización de la política, o lo que es lo mismo, la politización de lo judicial, quizá enmarcada por la torpeza en la gestión de lo público y por la disputa en los posicionamientos de cara a 2011, pero todo ello apunta a desprestigiar y desintegrar al único poder estatal que, aun en su cerrazón corporativa, y a pesar de errores propios, se ocupa del individuo como persona, y no sólo como parte de una organización preestablecida como lo es la corporación judicial.

Nada fácil

Debe recordarse sin embargo que cuando la Comisión Especial Investigadora vio la luz, ya podía preverse que su funcionamiento no sería sencillo. Desde su inicio se desataron escaramuzas entre el oficialismo y los miembros opositores con el propósito de hacer prevalecer cada sector su criterio en la actividad del órgano.

Sino vale recordar el duro enfrentamiento que tuvo el flamante presidente del organismo Martín Hourest con el diputado del PRO Martín Borrelli, a quien sin cortapiza le espetó ante una interrupción: “Estamos dando los primeros pasos de mala manera. Si usted está planteando que hay una condición insana en los títulos de la comisión me parece obligatorio que lo diga”, dijo en respuesta a la denuncia del legislador macrista sobre la designación de las autoridades y la no existencia de una votación nominal.

En respuesta, Borrelli expresó: “Desde el PRO insistimos para que la comisión la presidiera un miembro de la oposición, pero hubiera sido más transparente que las cosas se manejaran de manera reglamentaria”.

Fue el primer indicio que la gestión de la comisión no se desarrollaría por un camino de rosas, ni nada que se le parezca. A partir de entonces se conformaron dos sectores bien diferenciados: el oficialismo representado por cinco miembros y el arco opositor que detenta una representación de doce delegados.

Con este cuadro de situación se desarrollaron todas las reuniones llevadas a cabo hasta el presente; ninguna proposición del macrismo fue aprobada y, merced al número mayoritario con que cuenta la oposición eligió la estrategia de someter a votación todas las mociones elevadas por el oficialismo. Ese clima fue una constante -hasta ahora- en el funcionamiento, y lejos está de ser el órgano que pretende ahondar en la verdad.

No es un dato menor tampoco que en las diez reuniones llevadas cabo por la Comisión Especial no se haya podido articular ninguna propuesta conjunta y menos aún unificar criterios en cuanto a los testigos a citar. Aunque es cierto, finalmente se logró suscribir una lista de testigos propuestos tanto por el oficialismo como por la oposición, los que finalmente nunca brindaron su testimonio invocando las más diversas causas.

Fueron citados a prestar testimonio 24 testigos, de ellos sólo tres desempeñan funciones en el Gobierno de la Ciudad y siete cumplen tareas en la Policía Federal o en la ex SIDE. Los demás tampoco acudieron a la comisión. “El expediente en el que obra la causa está conformado sólo por inferencias y se sabe, las mismas es poco probable que puedan ser probadas”, sostienen desde el PRO.

Por cuenta y orden

“Se está agotando el tiempo de los acuerdos de buena fe, de ocultar funcionarios y de denostar públicamente el funcionamiento de la comisión; yo los insto a que no cometamos irresponsabilidades institucionales, esto significa que esta comisión ha sido creada por el pleno de la Legislatura a los efectos de convertirse en una válvula de seguridad de lo institucional, está hecha para eso”, manifestó Hourest luego de obtener el compromiso del juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad, Roberto Gallardo de hacer comparecer por la fuerza pública a los testigos que no concurran a brindar testimonio.

Parlamentario le preguntó al legislador si ello no era judicializar la política. En forma impetuosa Hourest respondió: “En modo terminante quiero dejar aclarado que aquí no se judicializó la política, aquí es la política la que está aplicando, nada mas y nada menos, que el dispositivo de poder que le corresponde. Estamos utilizando un sistema mediante el cual respetando la libertad de los testigos para venir, pero también desde el poder político que quiere investigar interpretamos que la mediación judicial es el medio idóneo. Nosotros no podíamos por cuenta propia de la comisión hacer comparecer testigos por la fuerza”.

Consultado sobre si no era una incapacidad de la dirigencia política resolver el problema. El legislador contestó que “no es una incapacidad de los dirigentes, es algo que está establecido en la Constitución nacional. Nosotros no podemos limitar como Poder Legislativo la libertad ambulatoria de ningún ciudadano, en consecuencia requerimos del único poder que lo puede hacer, que es el Poder Judicial”, afirmó el presidente de la Comisión Especial Investigadora.

Por su parte Martín Borrelli integrante del oficialismo en la comisión señaló que “Hourest se fue a reunir con Gallardo, así como la semana pasada lo había hecho con Oyarbide, sin que mediara pedido, autorización, votación o siquiera comunicación previa al pleno de la comisión.. El reglamento no prevé en ninguno de sus artículos, que el presidente y/o la secretaria, lleven a cabo per se gestiones en nombre de la misma, sin estar autorizados. Lo de Hourest es un claro abuso de sus facultades”, afirmó el legislador macrista.

Luego dijo que “la resolución del juez Gallardo, que recién fue dada a conocer la última semana, le impone a la Legislatura la conducta a seguir, marcándole las directrices que debe cumplir, entre ellas, cómo citar a los testigos, la utilización de formas y procesos judiciales y la utilización de personal judicial”.

“Hourest le entregó la comisión a Gallardo y convirtió una comisión política en una investigación de la Justicia. Es un avasallamiento de las facultades de la Legislatura”, acusó Borrelli, para aseverar luego que “la oposición fue a pedirle ayuda a un juez fallador compulsivo en contra del Gobierno de la Ciudad, como lo es Gallardo, quien el viernes por la tarde, en sólo cinco horas, actuando fuera de su juzgado y del horario judicial, eludiendo el reglamento de sorteos de causas para poder quedarse con el pedido de Hourest, le dictó su propio reglamento a la Comisión Investigadora”.

Con estos aditamentos la Comisión deberá emitir un dictamen antes del 15 de diciembre. Hasta ahora tuvo más nubarrones que un horizonte claro.

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