Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que desestima el recurso presentado por el Gobierno, la diputada nacional de Libres del Sur Cecilia Merchán sostuvo que “la Corte, por un lado, le solicita al juez Edmundo Carbone que emita sentencia sobre la medida cautelar. Pero al mismo tiempo deja claro en sus fundamentos que la demora en esa sentencia no es un impedimento para la aplicación de la ley. Con lo cual, el gobierno debería estar trabajando en la ejecución de los otros 165 artículos restantes, que son los que garantizan la pluralidad de voces, la producción nacional, etc.”.

Consultada por algún caso concreto, la diputada respondió: “Cuando se discutió la ley logramos introducir la obligación de que los canales de cable emitan las señales del Estado o aquellas donde el Estado tenga participación (art. 65 3b). Telesur, por ejemplo, que en estos días levantaron todos los canales para mostrar lo de Ecuador, tiene participación estatal. ¿Por qué, entonces, no lo vemos en los canales de cable? ¿Por qué la Autoridad Federal no pide que sea incluido?”

“Tampoco se está haciendo cumplir la obligación, tanto para TV como para radio (privados), de emitir un 60% de producción nacional. O el 30 % de producción propia que incluya noticieros o informativos locales. Aún menos se cumple o hace cumplir la emisión de un 30% de producción local independiente. Básicamente, no se ejecutando el artículo 65 que refiere a los contenidos. Ni el 81 y 82 que regulan la producción y tiempo de emisión de la publicidad”, prosiguió la diputada.

Acerca de los órganos que contempla la creación de la ley, Merchán afirmó: “La Comisión Bicameral no está funcionando a pesar de que pedimos que se reúna. Con lo cual no está creada la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo fundamental”. Del Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes, contemplado en el artículo 153, ni noticias”.

Para finalizar, la diputada Merchán concluyó: “El gobierno, al centrar el debate en el artículo 161, evita concentrarse en la aplicación de los demás artículos de la ley, que son los que hay que empezar a trabajar para garantizar la pluralidad de voces”.