La Justicia, la ex SIDE y las compañías telefónicas son los únicos entes que intervienen en el sistema de intercepciones de las telecomunicaciones ordenados por un juez, revelaron los ejecutivos de las empresas que prestan el servicio de telefonía en el país ante la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña.
La Comisión creada por resolución de la Legislatura porteña para investigar, entre otros puntos, las responsabilidades políticas del jefe de Gobierno en la causa sobre las escuchas ilegales, mantuvo este viernes su décimosegunda reunión, oportunidad en la prestaron testimonio los ejecutivos de las compañías telefónicas, Telefónica y Telecom.
Los funcionarios de las empresas telefónicas que prestan el servicio de telecomunicaciones en nuestro país afirmaron este viernes ante la Comisión Investigadora del Parlamento porteño que según el procedimiento establecido para interceptar las comunicaciones era imposible que las mismas fueran implementadas por fuera del circuito que determina la normativa vigente y que comprende al juzgado interviniente, la Secretaria de Inteligencia y la compañía que correspondiera según el área de cobertura.
Asimismo los ejecutivos telefónicos aseveraron de que en virtud de las Auditorías que cada empresa dispone no era posible que las intercepciones sufrieran “filtraciones” por lo que afirmaron que quienes sólo tienen acceso a la información interceptada es personal de la Justicia o de la Secretario de Inteligencia.
Los directores de el área de Asuntos Jurídicos de Telefónica y Telecom, Alejandro Pinedo y Carlos Subaid, respectivamente, revelaron que las empresas realizan un promedio de cinco mil intercepciones telefónicas anuales ordenados por los Tribunales, y que el contenido de las mismas sólo es conocido por la ex SIDE.
Informaron también que existen dos sistemas para llegar a interceptar las comunicaciones: las que se refieren a teléfonos de base y las relacionadas con los aparatos de celulares; en ambos casos intervienen un número de personal muy reducido el que se encuentra obligado por ley no revelar la actividad que realizan.
En esa línea manifestaron que si bien “las escuchas” estaban ordenadas judicialmente no en todas las oportunidades éstas eran acompañadas por el oficio correspondiente por lo que en muchos casos se realizaban sin que obre la orden escrita correspondiente.
Ambos ejecutivos coincidieron en señalar que desconocían que se hicieran intercepciones telefónicas por fuera del “circuito” legal que implicaba a los Juzgados intervinientes, la Secretaría de Inteligencia y las respectivas empresas de telecomunicaciones.
