Vea todo lo que se dijo en la sesión del 82% móvil

Parlamentario.com publica la versión textual de la reunión de más de diez horas en la Cámara de Senadores.

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Santiago del Estero Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Iturrez de Cappellini procede a izar la bandera nacional en el mástil de recinto.
(Aplausos.)

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.

Sr. Presidente. – Hay un pedido de licencia del senador Menem.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador Menem solicita licencia por razones de salud, a partir
de la fecha, por treinta días.
Acompaña certificado médico firmado por los doctores Norberto Bernardo y
Alejandro Tfeli.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de licencia, con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el pedido de licencia, con goce de haberes.1

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria realizada recientemente.1

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos pedido el tratamiento de un proyecto de
declaración acerca de la cuestión de Malvinas, que se había acordado con la Comisión de
Relaciones Exteriores. Si el texto está elaborado, procedamos a votarlo.
Creo que habían trabajado el senador Martínez y el senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se presentaron proyectos, efectivamente, del senador Martínez, la senadora Díaz, el senador Giustiniani, la senadora Parrilli y otros, senadora Osuna, senadora
Bongiorno, senador Filmus.
El texto unificado dice: “El Honorable Senado de la Nación declara su más enérgico
rechazo a la decisión adoptada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
llevar a cabo ejercicios militares en el Atlántico Sur, a partir del territorio de las Islas
Malvinas que, como lo tiene decidido el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,
es un territorio sujeto a disputa de soberanía entre dicho Reino y la República Argentina y
respecto del cual el máximo órgano internacional ha instado reiteradamente a las partes a
resolver la controversia entablando las correspondientes negociaciones, a lo cual el Reino
Unido se ha negado reiterada e injustificadamente. Agrava esta decisión de llevar a cabo
ejercitaciones militares el hecho de que en las mismas se emplearán misiles, todo lo cual es
un claro atentado contra la paz entre las naciones y un intento de militarizar el Atlántico Sur,
dando pie al comienzo de una carrera armamentista que vendría, así, a sumarse a la
permanente provocación que significa el hecho de que el Reino Unido acuerde licencias de
pesca en el área, así como también la explotación de yacimientos hidrocarburíferos. Que este
honorable Senado, además de repudiar esta conducta del Reino Unido, reitera el permanente
reclamo que, respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y aguas
adyacentes, viene haciendo la República Argentina desde el momento mismo en que se
produjo la usurpación.”
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto de declaración, según el texto unificado leído por
Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

Sr. Rached. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del S.-3517, en el que se
expresa solidaridad con el pueblo, el gobierno y con los mineros chilenos rescatados en el día
de la fecha.
Sr. Presidente. – Está reservado en mesa.
Si los senadores están de acuerdo, cambiamos el orden y se procederá a su lectura.
– Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto dice así: “El Honorable Senado de la Nación declara
su enorme regocijo y emoción por el rescate de los 33 mineros atrapados desde hacía 70 días,
a 700 metros de profundidad en una mina de Copiapó, Chile, al tiempo que expresa su
solidaridad y admiración hacia estos trabajadores y sus familiares. Asimismo, saluda al
pueblo y al gobierno de la hermana República de Chile, en su función de artífices de esta
hazaña que enaltece a la condición humana.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. –Señor presidente: he presentado una iniciativa en homenaje por el 17 de
Octubre, aniversario que se conmemorará el próximo domingo. En consecuencia, solicito que
se considere sobre tablas y apruebe un proyecto de declaración de mi autoría, relacionado con
una fecha histórica para el movimiento peronista.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). − El expediente es el S.- 3504/10, y su texto es el siguiente: “El
Honorable Senado de la Nación expresa su adhesión a la conmemoración del 17 de Octubre
de 1945, un día con historia propia, en el que la clase trabajadora argentina asume su
protagonismo en la historia, reclamando la libertad de su líder natural, el entonces Coronel
Juan Domingo Perón.”
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

Sr. Martínez (J.C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez, José Carlos.
Sr. Martínez (J.C.). – Señor presidente: solicito una preferencia con despacho de comisión
para la próxima sesión, respecto de un proyecto de ley sancionado por la Cámara de
Diputados vinculado con la prohibición de operar empresas que lleven a cabo trabajos en las
Islas Malvinas.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada por el señor senador Martínez, José Carlos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
− Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito una moción de preferencia con dictamen de comisión
para la sesión posterior al 3 de noviembre −ya que se espera para esa fecha contar con el
despacho pertinente−, respecto de un proyecto de ley que versa sobre el uso eficiente de la
energía.
Reitero, se trata de un pedido de preferencia con dictamen de comisión para la sesión
posterior al 3 de noviembre, respecto del proyecto contenido en el expediente S.-272/09.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada por el señor senador Guinle.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
− Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.

Sra. Higonet. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: no quiero dejar pasar esta oportunidad, en función de que
estamos todas las senadoras presentes.
Sabemos que fueron muchos y profundos los temas que consideramos en el transcurso
de este año. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad, reitero, para manifestar que la
Comisión Especial de la Banca de la Mujer no pudo reunirse durante este año. Creo que los
temas de género son urgentes, que nos golpean diariamente y que, por lo tanto, debemos tener
participación o responsabilidad como mujeres.
En consecuencia, solicito que, dejando de lado los temas que puedan esperar y,
quizás, atendiendo lo necesario y lo inmediato, nos reunamos mañana a las 10 todas las
mujeres senadoras, a efectos de poner en funcionamiento, nuevamente, la Comisión Especial
de la Banca de la Mujer.
Sr. Presidente. – Si están de acuerdo, la reunión podría realizarse en el Salón Gris, a las 10.
− Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consideración el plan de labor parlamentario
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día 833, 834, 836, 839, 841 a 846, 848, 850, 852 a 854, y 872 a 875.
– Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
Declaración de interés de la 8° marcha de los bombos. (O.D. N° 833/10)
Aniversario del Club Atlético Alumni de Icaño, Santiago del Estero. (O.D. N° 834/10)
Día de la Seguridad en el Tránsito. (O.D. N° 836/10)
Beneplácito por el convenio firmado para la instalación de una red de gas en la Facultad
de Medicina. (O.D. N° 839/10)
Habilitación del puente internacional que une Ituzaingó, Corrientes, con Ayolas, Paraguay.
(O.D. N° 841/10)
Medidas para concretar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en Firmat, Santa
Fe. (O.D. N° 842/10)
Pedido de informes sobre el plan de obras viales e instalaciones del Parque Nacional “El
Rey”, Salta. (O.D. N° 843/10)
Medidas para proveer de refugios en una ruta de Santiago del Estero. (O.D. N° 844/10)
Beneplácito por el anuncio de la licitación de dos tramos de ruta en Córdoba. (O.D. N°
845/10)
Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica en Santa Fe. (O.D. N°
846/10)
Medidas para la implementación de una tarifa diferencial para los pasajeros. (O.D. N°
848/10)
Ejecución de 80 viviendas programadas dentro del Plan Federal de Viviendas. (O.D. N°
850/10)
Pedido de informes sobre el Programa de Previsión de Agua Potable, Ayuda Social y
Saneamiento Básico. (O.D. N° 852/10)
Pedido de Informes sobre la implementación del Programa Nacional de Alfabetización y
Educación Básica para jóvenes y adultos. (O.D. N° 853/10)
XI Encuentro Internacional Virtual Educa. (O.D. N° 854/10)
Manifestación interés de asegurar la soberanía de la Nación sobre los recursos naturales
silvestres dentro del marco convenio sobre Diversidad Biológica. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 872/10)
Solicitud medidas para agilizar la apertura oficial del Paso Internacional Ciénega de
Paicone, Río Mojón, Jujuy.( (O.D. N° 873/10)
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Beneplácito por la promulgación del Código Aduanero para el Mercosur. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. N° 874/10)
Repudio el ataque contra una flotilla humanitaria perpetrada por Fuerzas Militares del
Estado de Israel. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. N° 875/10)

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen en el proyecto de ley venido en revisión y en el de los distintos señores senadores, por el que se modifica la ley de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, respecto de establecer el haber mínimo jubilatorio en
el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que habría que elaborar la lista de oradores.
En la reunión de labor parlamentaria habíamos fijado media hora para los miembros
informantes y presidentes de bloque y 10 minutos para cada senador.
En consecuencia, sugiero que por Secretaría se vaya elaborando la lista de oradores y
que en algún momento de la sesión se vote, y así sabremos también la hora estimativa de
votación de la iniciativa.
Sr. Presidente. – En consecuencia, serían 10 minutos para todos los oradores, excepto los
miembros informantes o autores de los proyectos.
Por Secretaría se irá confeccionando la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Martínez Alfredo.
Sr. Martínez (A.A.) – Señor presidente: estamos considerando el proyecto de ley que viene
en revisión de la Cámara de Diputados, relacionado con tres ejes fundamentales.
El primero es determinar el haber mínimo de un jubilado, que deberá corresponder
como mínimo al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.
El segundo es la cuestión de las actualizaciones, que se relaciona con la aplicación de
los casos Badaro y Sánchez, para decirlo simplificadamente en esta introducción.
Y el tercer eje está vinculado con la fórmula de movilidad en función de la
actualización semestral que ya se venía realizando sin ninguna duda en virtud del debate
mantenido oportunamente.
Con relación al haber mínimo garantizado, decimos que nunca deberá ser inferior al
82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, el que por su parte es determinado en función
de acuerdos entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, las centrales de trabajadores, tanto la
CGT como la CTA, y sectores empresariales.
En consecuencia, esta aplicación comenzaría a partir de enero del año que viene con
un haber jubilatorio mínimo de 1.504 pesos.
Los artículos 5°, 6° y 7° del proyecto tienen que ver, básicamente, con la aplicación
de los casos Badaro y Sánchez. Además, es importante lo que fija el artículo 9° cuando
sostiene que la elevación del haber mínimo garantizado, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1°, como la aplicación de la pauta de recomposición de los haberes previsionales
establecidos en esos artículos –el 5°, 6° y 7°–, no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiera corresponder por las diferencias producidas entre el haber
recalculado y el haber efectivamente percibido por el beneficiario.
Esto se vincula con aquellas cuestiones que se analizaron y con el hecho de que la
aplicación de estos mecanismos no tenga un exceso en lo que hace al reconocimiento en
virtud de los recursos que serían necesarios para afrontar estos beneficios.
Al hacer referencia a la actualización semestral o a la movilidad, lo que se plantea
mediante el proyecto de ley en consideración es una fórmula diferente respecto de la aplicada
en su oportunidad. Por aquella se fijaba un parámetro que estaba dado por la recaudación o
por el salario. Es decir, eran los dos componentes por los que se llevaba adelante la fórmula.
Ahora bien, mediante la iniciativa en consideración lo que se hace es atar el
mecanismo definitivamente al salario y no colocarle un techo en función de los sueldos de los
activos. Más allá de que se tiene en cuenta el nivel de recaudación, la diferencia es que
siempre queda atado al salario de un trabajador en actividad.
Estos son los temas más trascendentes que se debaten respecto del tema en análisis.
Para poder encarar un breve diagnóstico, me gustaría destacar que al observar los
dineros que recibe la ANSeS uno bien sabe que, por un lado, se encuentran las contribuciones
patronales y los aportes de los trabajadores. Por otro lado, el 20 por ciento del Impuesto a las
Ganancias, el 11 por ciento del IVA y también el 15 por ciento de la masa precoparticipable,
o sea, de la coparticipación que va a las provincias.
Cuando analizamos cuál es el monto de esa coparticipación, vemos que por fuera de
lo que son los aportes o las contribuciones directas, el 42 por ciento de los recursos de la
ANSeS proviene de estos impuestos y adelantos.
La iniciativa que estábamos manejando tiene distintos números. No hay coincidencias
respecto a cuánto implica el costo de estas medidas. Nosotros hemos analizado el tema y en
función también de las audiencias públicas que hemos realizado en la localidad de Rosario –
donde tuvimos el aporte de la gente de la universidad, la cual efectuó una discriminación del
presupuesto para ver de qué manera se podía financiar esto– determinamos que el costo de
estas medidas oscila entre los 27 y los 32 mil millones. De tal modo que deseamos ir
marcando este tipo de cosas.
Ahora bien, cuando analizamos las cifras oficiales, es decir, los datos de la ANSeS, de
la AFIP y del Ministerio de Economía, no obtenemos números iguales. Lamentablemente, no
hay concordancia entre dichos datos. Inclusive, hay algunas diferencias que son importantes.
Creo que esto tiene que ver, quizá, con que a veces no se toma la totalidad de la parte
contributiva o impositiva, o con que se toman distintas etapas, por ejemplo, la
precoparticipación con el 15 por ciento, que se hace en forma posterior.
Ahora bien, al analizar todo esto, nos encontramos con el inconveniente de decir: “El
mecanismo de financiamiento para estas medidas tiene que salir de tal partida”, etcétera.
Por otro lado, como concepto general, para determinar de lo que estamos hablando, o
sea, qué significa el 82 por ciento, debemos decir que no es un número mágico, ni que sale de
una ecuación matemática, ni de una actuación notarial. El 82 ciento surge de cuando se
tomaba en cuenta, respecto de un hombre en actividad –con los aportes que realizaba–, lo que
debía percibir al pasar a la pasividad, si se le descontaban esos aportes. Así quedaba,
casualmente, el 82 por ciento, porque casualmente el 18 por ciento es lo que estaba aportando
como trabajador.
Es decir que esto tiene que ver con el concepto de lograr que una persona tenga la
misma calidad de vida como jubilada, respecto de cuando estaba en actividad. Este es el
concepto básico de la jubilación, que proviene del término “jubileo”, el cual en realidad los
pobres jubilados hace mucho tiempo que no lo pueden aplicar. Quizá deberíamos cambiar el
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término, de acuerdo con las realidades que estamos viviendo.
Por otro lado, hemos analizado la lógica de tratar de mantener una relación entre el
salario mínimo de un jubilado y lo que percibía esa persona en actividad. Por eso hablamos
del 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Y con esta medida estaríamos llevando a
los jubilados –como dije antes– a un haber de aproximadamente 1.500 pesos, a partir de
enero.
Nosotros hemos tenido y analizado aportes de especialistas, como por ejemplo el que
nos ha hecho llegar el doctor Semino, defensor de la Tercera Edad, y hemos analizado que
ellos han efectuado un estudio sobre cuánto necesita un jubilado o cuál es su canasta para
vivir. Y ésta llega a 2.000 pesos; un poco más. Esto es lo que necesita un jubilado para vivir,
incluyendo el alquiler, los medicamentos, la ropa, etcétera. Es decir que con aquel monto ni
siquiera llegamos a ese mínimo que tendría que estar cobrando un jubilado. Sin embargo,
entendemos que son pasos que debemos ir dando, para llegar a una mejor situación.
Lo otro que hemos analizado tiene que ver con el estado de emergencia que se vivió
en el país. Hemos pasado por épocas de emergencia. De hecho, a este gobierno le tocó asumir
en una época de emergencia; sin dudas. Por suerte, esa situación se ha ido revirtiendo, gracias
a Dios, debido a las políticas que se han llevado adelante, algunas de las cuales compartimos.
Y si bien otras no las compartimos, reconocemos los esfuerzos que se han realizado en el área
previsional.
En tal sentido, debemos decir que independientemente de esos esfuerzos, cuando
analizamos lo que hoy se está pagando y lo que podríamos llegar a pagar, vemos que
realmente la jubilación mínima que estamos proponiendo sigue resultando insuficiente.
Y en esto no quisiera poner en mi boca algo por la que alguien se pudiera enojar, pero
hubo una mujer que dijo que cuando había una necesidad hay un derecho; y yo creo que en
esto hay un derecho de los jubilados para cubrir sus necesidades. Nosotros también
compartimos eso; y mucho más el recordatorio que hizo el señor senador Mayans, quien se
refirió a una fecha tan importante para el justicialismo como es el 17 de octubre.
Al comienzo de los 90, el 20 por ciento de los jubilados cobraban la jubilación
mínima, pero hoy ese porcentaje está por encima del 70 por ciento. Es decir que se ha
avanzado en el tema de la jubilación mínima, pero se ha ido achatando constantemente esa
pirámide. Por eso mismo, dentro de este proyecto se incorpora lo que es la aplicación de los
casos Badaro y Sánchez.
En este sentido, quiero decir con total convicción que lo que estamos estableciendo en
este proyecto de ley es algo que la política no ha podido resolver y que sí lo ha resuelto la
Justicia. Por lo tanto, creo que debemos subsanar este inconveniente que nosotros no
habíamos resuelto.
Lo que estamos diciendo es que los 400 mil juicios que se han iniciado contra la
ANSeS se tienen que pagar hoy, mañana o pasado. Eso es inevitable. Lo que pretendemos
con esta iniciativa es buscar los mecanismos de financiamiento para que estos juicios los
cobren los jubilados y no sus herederos. Creemos que la clase pasiva se merece que hagamos
el esfuerzo de buscar los mecanismos de financiamiento –que vamos a explicar más
adelante– para cumplir con esto en esta etapa. Ello permitiría comenzar a aliviar el colapso
que padece hoy el área previsional, colapsada por la cantidad de juicios que se han iniciado
en contra de la ANSeS. Así lograremos que la ANSeS no tenga que ir nunca más ante la
Justicia para apelar todos estos juicios. Cuando uno analiza los presupuestos de 2010, 2011 y
también los anteriores, observa que hay una partida de alrededor de 2 mil millones para
afrontar este tipo de pagos.
Dentro de este proyecto de ley se aborda otro tema que es el fondo de garantía de
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sustentabilidad, que fuera derogada por la señora presidenta en 2008; a través de esta
iniciativa, volvemos a recuperar ese tope.
Por otro lado, queremos plantear que con este proyecto de ley o sin él no existe
sustentabilidad en el futuro para el sistema previsional. Eso forma parte de un debate que, sin
duda, nos debemos. En esa discusión debemos incorporar también el tema de la reforma
tributaria. El proyecto que estamos tratando no modifica nada en ese sentido, pero sí nos
incentiva para que llevemos adelante una discusión sobre el sistema previsional y tributario
en forma integral.
Vemos por ahí algunos datos que resultan interesantes sobre el tema del
financiamiento: hoy, la población económicamente activa llega a alrededor de 16 millones de
personas en nuestro país y solamente 8.600.000 son las que están haciendo aportes; el resto
no aporta nada, porque están trabajando en un sistema informal, no en blanco. Si bien se han
hecho algunos esfuerzos en esta materia, hay que seguir haciéndolos para tratar de incorporar
a estas personas al sistema formal, en blanco. Eso incrementará rápidamente lo que son los
ingresos por aportes que recibe la ANSeS, a efectos de hacer frente a los diferentes
compromisos.
Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo; más aún, creo que estamos todos
contestes en tratar de encontrar la forma en que los jubilados tengan un salario digno y
puedan cobrar el 82 por ciento móvil. Realmente, creo que no pasa por ahí el eje de este
debate ni mucho menos. Creo que todos tratamos de ver de qué manera pueden estar todos
un poco mejor; quizá, estamos hablando de los momentos. Nosotros entendemos que este es
el momento de hacerlo; tal vez, hubiera sido mejor antes. De cualquier manera, creo que
nunca es tarde para poner en práctica esto, ya que estamos absolutamente convencidos de que
el financiamiento es posible y que puede ser sustentable no solamente por un plazo de un año,
dos, tres o cuatro sino que estamos convencidos también de que a partir de 2011 vamos a
tener la responsabilidad de gestionar a nivel nacional y, por lo tanto, no vamos a cometer
locuras que no podamos cumplir. En ese sentido queremos dar esa tranquilidad.
Me gusta la sonrisa de la senadora Osuna, pero la vamos a acompañar.
Vemos cuánto le tiene que pagar la ANSeS a la AFIP en función de los gastos
administrativos. En función de lo que recauda la AFIP nos cobra a cada uno porcentajes
realmente importantes.
En cuanto a la asignación universal por hijo, debo decir que estamos todos de
acuerdo; es más, queremos que se profundice, pero también entendemos que esto no puede
salir del fondo de los jubilados, tiene que salir del Tesoro. Y no vamos a desfinanciar al
Tesoro cuando vemos que haciendo la proyección de acá a fin de año en las cuentas del
Tesoro vamos a tener un superávit que va a estar en alrededor de 40 mil millones, algunos
dicen que es más. Algunos dicen que 27 mil millones fueron los números concretos y con la
proyección estaríamos en 40 mil millones. Así que de ahí se puede tomar tranquilamente este
monto.
Otra de las cosas que veíamos con claridad y varios de los diputados lo han definido y
también algunos especialistas, es que cualquier incremento que vaya a los jubilados no
significa que se refiera a cifras extraordinarias. Todo esto va a ser consumido rápidamente en
comida, medicamentos, ropa y algún otro tipo de actividad de estas características. Todas
ellas tienen el tema del IVA por sobre su cabeza, lo que significa que hay un recupero rápido,
concreto y efectivo del 21 por ciento. Cuando uno analiza la totalidad del monto que se está
llevando adelante, estamos hablando de que puede haber más de 4 mil millones de recupero
en función de lo que es la aplicación del IVA.
Cuando analizábamos los aproximadamente 10 mil millones que tienen que ver con el
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tema de la asignación universal por hijo, así como cuando hablábamos de estos 4 mil
millones que señalaba, o cuando hablábamos de las transferencias que la ANSeS le hace al
Tesoro en forma anual –esto lo vemos en el Presupuesto–, en algunos casos estuvimos viendo
cómo se compensaba todo ello, es decir, si se hacía mediante letras del Tesoro, bonos, pero
realmente no pudimos detectar demasiado.
Debo ser honesto, debe ser porque cuando cierra el ejercicio se vuelve a hacer la
operación nuevamente. Lo que vamos a detectar al final es que con el superávit que se tiene
se hace la inversión antes de que termine el año. Es decir, existe ese superávit pero ese
superávit es rápidamente llevado adelante. Por ejemplo, en el ejercicio de 2009, 11 mil
millones que tenía el superávit de la ANSeS fueron para obras públicas de distintas
provincias. Es decir, cuando aparece el superávit se transforma rápidamente en una acción
que lleva adelante una inversión. Este es uno de los ejes que fuimos viendo.
Otra de las cosas que nosotros analizábamos es aquello que se dice como uno de los
puntos débiles de este proyecto y que se refiere a que no se había avanzado en el
financiamiento del mismo y, en consecuencia, ello implicaría la nulidad al no cumplimentar
ese requisito. En esto quisiera recordar algo, mencionando simplemente tres decretos de
necesidad y urgencia. El 1275/02, si mal no recuerdo, que estableció un subsidio para
prestaciones previsionales inferiores a 200 pesos. El otro fue el decreto 391/03 de este
gobierno, que determinó un haber mínimo de 220 pesos; en ese momento fue un avance, sin
duda. Y también el Decreto 1194 que actualizó los haberes de los jubilados antes de que se
sancionaran las leyes. En ninguno de estos decretos se fija la partida presupuestaria. Esto
tiene que ver con las atribuciones que tenía y que tiene el jefe de Gabinete de Ministros para
la reorganización de partidas.
Por otro lado, si analizamos bien el proyecto que estamos considerando nos daremos
cuenta de que no se está sancionando una nueva ley con una nueva imputación sino que
estamos modificando una ley de fondo existente, que ya tiene su previo financiamiento. En
definitiva lo que tiene que hacerse es disponer un incremento de partida o no; situaciones con
las que habitualmente nos encontramos a fin de año.
Considero que de esta forma queda subsanado lo relativo al financiamiento. Por
ejemplo, el artículo 5° de la ley de presupuesto habla de la facultad del jefe de Gabinete de
Ministros para disponer las reestructuraciones. En el artículo 9° se menciona que pueden
hacerse ampliaciones de crédito. Y los artículos 34 y 36 se refieren a la cancelación de
deudas de origen previsional. En efecto, se otorga autorización para ampliar los límites del
artículo 34 para cancelar deudas previsionales.
Es decir, la ley de presupuesto contiene artículos por los que se dan facultades al jefe
de Gabinete de Ministros, para que no sea necesario el establecimiento de financiamientos
especiales.
Como dije, se trata de una actitud de absoluta justicia que los jubilados puedan cobrar
a partir del mes de enero 1504 pesos y que sus haberes estén atados al salario mínimo vital y
móvil, es decir, enganchados al sueldo de la actividad.
Los artículos subsiguientes se refieren a la aplicación de los casos Badaro y Sánchez y
es para que cobren los jubilados y no sus herederos. En este sentido, hay sentencias, es decir
que no estamos inventando absolutamente nada, ni disponiendo incrementos, sino haciendo
que se cumpla en tiempo y forma lo que disponen esos fallos, para que sean los jubilados –
como dije recién– y no sus herederos los que cobren.
Estamos hablando de la movilidad para poder llevar adelante un mecanismo atado
directamente al salario, sin un tope, como está establecido ahora.
Por otro lado, creo que hemos demostrado con mucha claridad que el financiamiento de esta medida es posible, incluso sin entrar en un debate que nos debemos y que tiene que
ver con la búsqueda de nuevos mecanismos de aportes para el Tesoro, como por ejemplo,
grabar la renta financiera, los juegos de azar y la rediscusión de los aportes patronales –por lo
menos de las grandes empresas–, por supuesto que dejando de lado –criterio que
compartimos- a las Pymes, a fin de permitir la generación de empleo.
Con estos conceptos queremos dejar sentada nuestra posición, en el sentido de que
este proyecto de ley no solamente es posible en este momento, sino que es absolutamente
financiable y además de estricta y absoluta justicia para todos los jubilados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: como siempre, es un gusto y un placer
hablar después del senador Fredy Martínez, con quien quizá pueda compartir algunos ejes
relativos, como el vinculado con la justicia social en la remuneración de los jubilados.
En realidad, considero que la sanción de la Cámara de Diputados plantea otro sistema
jubilatorio, un sistema gravoso, ineficaz y contrario al interés de todos los actores del sistema
de seguridad social.
Para adentrarnos en el tema, para poner el debate en su quicio, como decía Sampay,
me parece que debemos analizar la evolución de esta cuestión del 82 por ciento.
El senador preopinante señaló con justeza que en 1958 Arturo Frondizi estableció el
82 por ciento móvil. Pero ese sistema sólo tardó cuatro años para dar sus primeros déficit.
Claro, veníamos con toda la cuestión de los sistemas sociales de la posguerra y lo que fue el
primer peronismo, que en ese momento estaba opacado quizá por otros acontecimientos. En
ese espíritu desarrollista es que se lleva adelante este 82 por ciento móvil, pero apenas cuatro
años después de su puesta en práctica, en 1962, empieza a dar déficit.
Tengamos cuidado; estamos lidiando con un tema que no se puede tomar a la ligera y
en el que se puede expresar un excesivo voluntarismo. En Economía se puede evitar de todo
menos las consecuencias. La historia del 82 por ciento es complicada. Como decía, en 1962
empezó a dar déficit. En 1967 ya había incumplimiento de las cajas jubilatorias, con aluvión
de juicios por parte de los beneficiarios, se decreta la inembargabilidad de los bienes de las
cajas, se eliminan regímenes de privilegio, se aumentan las contribuciones y se eleva la edad
jubilatoria. En el momento que estoy citando, el 82 por ciento se restringió para los que
superaban los 30 años de aportes.
Entre 1973 y 1983 se fijó el haber ordinario en el 70 por ciento; es verdad que se
incorpora un millón de beneficiarios, pero ahí ya empezamos con el tema de las
contribuciones patronales –que quizás hubieran merecido ser puestas para justificar el
financiamiento de esta iniciativa si esa era la intención de la honorable oposición– y, al
perder estas contribuciones se desfinancia fuertemente el sistema.
En 1984 Alfonsín restauró las contribuciones patronales –es bueno decirlo–, a pesar
de lo cual se acentuó la crisis del financiamiento del sistema. Cuando lo hizo Frondizi, en
1958, había una mayor proporción de activos por pasivo, pero la pirámide argentina –en esa
etapa final de la revolución demográfica que se da en todas las sociedades con diferencia de
épocas– hizo que en 1984, durante el gobierno de Alfonsín, la relación aportante-beneficiario
fuese de 1,9, lo cual obligó a decretar el estado de emergencia del sistema previsional en
1986: disminución de haberes, suspensión de ejecuciones de sentencias, aumentos de las
contribuciones patronales. Las deudas se pagaron años después, en los ‟90, con bonos
previsionales, lo que paradojalmente –o no– contribuyó a aumentar la deuda externa.
Luego pasamos al sistema de capitalización, respecto del cual sin duda podremos
concordar acerca de sus supuestas bondades y de sus terribles resultados. Se eleva la edad de
retiro a 65 años para los hombres y a 60 para las mujeres, se aumentan de 20 a 30 los años de aporte requeridos y el cómputo del haber previsional se hace más restrictivo.
En ese momento, la tasa de cobertura alcanzaba apenas el 50 por ciento y hoy es del
89; o sea que quizá tan mal no hemos hecho las cosas en algunos rubros.
Pero, bueno, era toda esa cuestión de las AFJP, esos muchachos que en materia de
comisiones o de management fee se llevaron 12 mil millones de dólares. No es poco dinero.
Luego, en 2001, vino la crisis y con ella la quita del 13 por ciento en las jubilaciones y
haberes de empleados públicos, para cumplir con la ley de déficit cero solicitada por
organismos internacionales: el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Quizá Chateaubriand
hubiera dicho “El vicio del brazo del crimen”, pero lo cierto es que en ese momento se
procedió a hacer ese ajuste.
Entonces, como estamos hablando de dinero, me parece importante decir cómo se
compone el dinero de la Seguridad Social. En ese sentido -y quien me precedió en el uso de
la palabra lo señaló muy bien-, más del 40 por ciento de los recursos totales de la seguridad
social son impuestos pagados por todos los argentinos, incluso por los desempleados vía el
IVA; y el otro 60 por ciento corresponde a aportes y contribuciones. Por lo tanto, sin aportes
tributarios la ANSeS es un organismo que presentaría déficit; y este creo que es un punto
importante.
En el presupuesto 2010 tenemos 83 mil millones –el 59 por ciento del total– de
aportes y contribuciones y tenemos recursos tributarios por 57 mil millones –el 40,6 por
ciento–; es decir que hay un financiamiento mixto. Este va a ser un factor estructural de la
Argentina en los próximos decenios y debemos saber que será el esfuerzo colectivo de los
argentinos el que deberá sostener el pago de haberes jubilatorios; y está bien que así sea.
Quizá comparto también la reflexión en términos de repensar un sistema fiscal. Pero
la ANSeS no es únicamente de los adultos mayores; es sin duda un pilar fundamental
insoslayable –y es el que vemos todos los días–, pero también abarca a las jubilaciones,
pensiones y asignaciones familiares, las asignaciones por cónyuge, por hijo, por hijo con
discapacidad. Podemos mencionar la ayuda escolar anual y, para los trabajadores en
actividad, tenemos las asignaciones familiares. También tenemos la pensión por invalidez, la
prestación por desempleo, la asignación familiar para veteranos de guerra, las pensiones no
contributivas. Además, se financian cajas provinciales y otros gastos.
Entonces, realmente de lo que estamos hablando acá no es únicamente del tema de las
jubilaciones sino de la Seguridad Social; y por eso me parece que esta iniciativa es peligrosa,
porque instaura un nuevo sistema de Seguridad Social. Es peligrosa en cuanto a sus efectos,
en cuanto a su financiamiento y en cuanto a la defensa misma de aquellos a quienes pretende
alentar o elevar.
La cobertura de la ANSeS hoy: 5,5 millones de jubilados; casi un millón de pensiones
no contributivas; 3,7 millones de chicos en la Asignación Universal por Hijo, –que yo creo
que tiene que quedar en la ANSeS porque parece una prestación social y se paga como una
prestación social y, por lo tanto, es una prestación social–; 3,8 millones de chicos también
reciben asignaciones familiares; 140 mil chicos reciben asignación por hijo discapacitado. Es
decir que a los 5,5 millones de adultos mayores –de los cuales 2,5 millones incorporamos con
la moratoria, que tampoco estuvo mal– hay 7,5 millones de chicos que reciben un beneficio
en seguridad social por parte del Estado.
Creo que este debate también hay que enmarcarlo en la reconstrucción del estado de
bienestar. Los países desarrollados son países que tienen estado de bienestar. Como muy bien
lo señaló el señor senador preopinante, quizá podamos diferir en los modos, en las maneras y
en los momentos. Pero en el fondo –y eso lo decía Eric Hobsbawn, que tiene un nombre muy
lindo–, lo importante es saber cómo reconstruimos un estado de bienestar, que es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado.
Me parece que la Argentina, a lo largo de sus épocas, ha tenido intentos de
construcción de un estado de bienestar con los radicales de Yrigoyen, con el peronismo
después del 45. En ese sentido, basados en ese estado de bienestar que estamos construyendo
paso a paso –como diría “Mostaza” Merlo– y teniendo en cuenta que ustedes sostienen que
en 2011 tendrán responsabilidades gubernamentales, no quisiera que si esta norma se
aplicara, recibieran una ANSeS dinamitada.
Y ahora pasamos un poco al análisis de este proyecto. Supongo que estoy
usufructuando los segundos de mi ilustre predecesor. Prometo usar 20…
Sr. Martínez (A.A.). – Tan generoso no he sido.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pasemos al análisis de esta iniciativa, a la que le puse
jocosamente –y no quisiera que esto levante ningún resquemor– autopsia del proyecto. Digo
esto, porque me parce que realmente es un proyecto terrorífico.
Cuando ustedes mencionan en el artículo 1° la intención de llevar el mínimo al 82 por
ciento del salario mínimo vital y móvil, si se aplicara en septiembre o diciembre de 2010, esto
tendría un impacto fiscal de 8.800 millones. Para 2011, el costo fiscal está valuado en 31.000
millones; es decir, estamos hablando de dos puntos del Producto. Los efectos sobre la
reducción de la pobreza no parecen tampoco demasiado convincentes, al menos con las
simulaciones que nosotros hemos realizado. Efectivamente, puede haber una diferencia en las
cifras, pero creo que los órdenes de magnitud son los mismos.
Considero también importante trabajar sobre el 12 por ciento de la población de
adultos mayores que todavía no están alcanzados por la Seguridad Social. La Argentina hoy
tiene la tasa de cobertura más importante de América latina; lo cual es un buen indicio en el
avance de la construcción de un estado de bienestar. Pero falta ese 12 por ciento. De repente,
se tomó la decisión política correcta de decir: “Vamos a ampliar la cobertura antes de
ocuparnos exclusivamente de un grupo que ya estaba incluido”. Ahora hay que mejorar,
evidentemente, los haberes de todos. Por supuesto, lo que quisiéramos como gobierno es
llegar a la protección social total; es decir, seguir expandiendo esta cobertura social, lo cual
está lejos de ser claro en el proyecto que analizamos.
Pasemos al artículo 4°, referido a la movilidad de haberes. Se propone la movilidad de
aplicación del índice de salarios de nivel general elaborado por el Indec –me alegra ver citado
a este organismo en el proyecto de ley– o del RIPTE, lo que resulte más conveniente para el
beneficiario.
Ahora bien, cuando hago la comparación de movilidades, tengo que decir que la Ley
26417 le gana siempre al índice de salarios del Indec o al RIPTE. Para el período Marzo
2009, el Indec daba 9,43; el RIPTE 9,39 y la movilidad 11,69. Esa fórmula, que algunos
juzgaban esotérica, me parece que es buena, porque expresa las dos variables de donde se
nutre el haber jubilatorio.
Período Septiembre de 2009, sucede lo mismo: 5,46 el índice del Indec; 7,16 el
RIPTE y 7,34 la movilidad. Período Marzo 2010: 7,04 el Indec; 7,58 el RIPTE y 8,21 la ley
que sancionamos. Período Septiembre 2010: 10,82 para el Indec; 12,88 para el RIPTE y 16
para la ley de movilidad.
Por lo tanto, creo que está bastante bien demostrado que en materia de movilidad
somos mejores que los índices que se mencionan en la iniciativa. Repito, me parece que es
proponer a la sociedad argentina un nuevo sistema de Seguridad Social, lo cual es
absolutamente legítimo, pero quizá habría que decirlo en alguna parte.
Después están los artículos 5°, 6° y 7° y noto que han tenido mucho cuidado en que
no sean los artículos 6, 7 y 8; lo cual me parece bien. Pero las actualizaciones de los artículos 5°, 6° y 7° benefician en mayor proporción a los que mayores jubilaciones tienen. En
consecuencia, aumentan las desigualdades entre adultos mayores y vuelven insostenible al
sistema.
Hay tres fallos. El fallo Elliff, que casi desde un punto de vista matemático me
gustaría saber cuánto cuesta, porque no he podido calcularlo. Es decir, el costo tiende al
infinito. Podemos diferir acerca de si esto significa 15, 20 o 30 mil. Se nos dice que podemos
sacar diez mil de determinado lugar; bueno, pero cómo hacemos con el fallo Elliff.
Me parece, sinceramente, que el artículo 5° significará abrirle la puerta a los estudios
jurídicos especializados en el tema y a una industria del juicio que recalcule los salarios para
la jubilación. Estos estudios están esperando la sanción de esta ley.
Los artículos 6° y 7° contemplan las actualizaciones de los períodos 2002–2006 –
fallo Badaro–, y de los períodos 91–95 –fallo Sánchez– para todo el 2011, y significan 10
mil millones. Creo que en eso estamos más o menos de acuerdo.
Pero lo que pasa es que la conjunción de esos tres fallos favorece a los jubilados de
mayores ingresos, concentrados, además, en las provincias más ricas: Ciudad de Buenos
Aires, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Acá tengo una anécdota; un señor jubilado que cobraba 4 mil pesos inició este camino
y ahora cobra 33 mil pesos por mes, con un retroactivo de 2 millones de pesos.
Así no hay caja que aguante. ¿Qué impuesto vamos a tener que poner para tratar de
aguantar esa situación?
Así que cuando nosotros decimos que el costo fiscal del proyecto para 2011 es de 40
mil millones, sin fallo Elliff, 2,5 puntos del producto, me parece que estamos diciendo que
habrá que hacer un esfuerzo financiero, un esfuerzo fiscal que, de no lograrse, significará la
quiebra de la ANSES. Eso es grave.
Y como se va a hacer sólo para las jubilaciones más bajas, en un país donde uno
siempre puede apelar a la Justicia, y la Justicia a veces toma medidas que hacen, quizás, a la
función legislativa o ejecutiva, se aplicará el 82 por ciento a todo el sistema, lo que va a
superar los 140 mil millones. Entonces, cuidado. Esto es parte del debate que iremos viendo.
Digo “cuidado” con sincera convicción. Es decir, la destrucción de la ANSeS no es
buena para nadie.
Después tenemos un interesante artículo, que es el 12, que habla del valor máximo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dice que no puede superar el gasto prestacional
autorizado por ley de presupuesto. De algún modo, nos están aplicando la desinversión. Pero
el Legislativo le está aplicando al Estado la desinversión. ¿Qué pasa? Si hoy tenemos 150 mil
millones de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad que es, como su nombre lo indica, un
fondo de garantía de sustentabilidad, es decir, un fondo anticíclico, usted mencionaba las
inversiones. Y decía, “bueno, pero quizás, del dinero del FGS se pueda pasar al pago de
jubilaciones…” Pero cuando se hacen inversiones, sobre todo en el sector energético, sobre
todo en el interior del país, lo que se está creando es empleo en blanco; empleo en blanco
que, del mismo modo, contribuye a los dineros que van a la ANSeS.
Además, esta cuestión de tener un Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es algo
exótico. Francia tiene uno, desde 1816; Noruega también tiene uno.
Es un instrumento no sólo de solidaridad social sino también de promoción
económica. Porque si nosotros utilizamos un stock para pagar un flujo, no sólo estaremos
haciendo una mala operación económica sino que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se
va a acabar y precisamente lo necesitamos para seguir manteniendo el sistema –como usted
dice– en los años que se avecinan, en que sólo va a aumentar el envejecimiento de la
población, la necesidad de seguir con la cobertura social y la necesidad de aumentar esa cobertura social.
Usted también lo mencionó muy bien, señor senador: acá nosotros no estamos
discutiendo si está bien o mal aumentar las jubilaciones. Estamos viendo cómo y de qué
modo es sustentable y de qué modo en el intento, no aniquilamos a la seguridad social,
desfinanciamos el presupuesto y volvemos a una etapa de déficit crónicos.
El siguiente punto, a mi juicio, hace que el 82 por ciento no se pueda pagar con los
fondos de la ANSeS. Cuando uno analiza la ejecución presupuestaria de la ANSeS de 2003 a
2009, ve que pasamos de 25 mil millones cuando recibimos el gobierno en 2003, a cerca de
105 mil este año. Es un aumento importante. La finalidad más importante del presupuesto
nacional, que debatiremos dentro de poco; el 61 por ciento, es finalidad social.
Acá quiero decir algo, porque también se habla mucho de la ANSeS, pero cuanto más
gasta la ANSeS, o cuanto más invierte, porque sería un término más correcto, más rígidos se
vuelven esos pagos. Por lo tanto, también más transparentes. Está la Comisión de
Seguimiento de la ANSeS y están, en Internet, todos los movimientos de esta institución y
cómo se maneja, así como los reglamentos y los procedimientos que se hacen para que,
efectivamente, la seguridad social en la Argentina sea sostenible.
El superávit con el que terminó la ANSeS en 2001 fue de 3.800 millones. Esto es
menos de diez días de prestaciones, al día de hoy. Por lo tanto, al exigirle la ANSeS que
pague, como está en un artículo –páguese por la ANSeS y si no, páguese por FGS-, lo que se
va a hacer es terminar con la institución, puesto que la va a poner inmediatamente en déficit.
Y la ANSeS le va a decir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que le dé la plata. Lo que
pasa es que, por la estructura misma de este Fondo, que es donde se recibieron los haberes
que gerenciaban las AFJP, estos son poco líquidos. ¿Qué significa esto? Que no se puede
hacer el dinero de un día para otro.
Entonces, en la liquidación total o parcial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad –
suponiendo que fuera una buena idea– es de difícil realización. Más del 40 por ciento de las
inversiones del FGS son activos y líquidos. Del 60 por ciento restante, el 50 por ciento son
inversiones en activos que demandarían diez años para su liquidación, y el 50 por ciento que
queda sería entre 2 meses y más de 7 años. Es decir, no es cuestión de ir por ventanilla, con la
plata del FGS, a decir: “Déme el dinero, acá tiene los bonos.” Y me llevo la plata para
convertir, de nuevo, el stock en un flujo; y no hay que hacer esto en la casa de uno, por
supuesto.
Ahora bien, si sacamos todos los bonos del FGS que fueron heredados en las
empresas, en los diferentes bancos, si sacamos todas las colocaciones, no sólo vamos a estar
descapitalizando esas colocaciones que tienen un determinado rinde, sino que también vamos
a estar hundiendo los lugares donde el FGS tiene colocaciones.
Por último, usted sabe muy bien, señor senador que, cuando se vende una acción, la
siguiente acción que venda será un poco más barata y, después, más barata y, así,
sucesivamente. Así está hecha la ley de la oferta y la demanda.
De acuerdo con los cálculos que nosotros hicimos, de poder liquidarse del FGS así, a
sola firma, se perdería el 70 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No me
parece una buena idea. Máxime si, como usted expresó, tienen intenciones de conducir los destinos de la Patria.
Recapitalizar las utilidades del FGS a medida que se vayan realizando, de algún
modo, también contribuye a la sustentabilidad, que es el problema. Lo hemos visto con el
breve racconto histórico. El grave problema de la seguridad social es su sustentabilidad. Que
se puede mejorar el sistema, sin duda, pero sobre las bases existentes y no destruyéndolas, no
dinamitándolas. Es decir, pasar de stock a flujo o, si no –por supuesto no es la intención– mutatis mutandi. Pero era como en otra época. En otros tiempos, por suerte lejanos, se decía:
“Vendemos YPF y con eso le pagamos a los jubilados.”
No es una buena solución. Realmente no lo es, porque ese es el camino que conduce
al endeudamiento.
Luego, que las pague el presupuesto nacional. Porque, evidentemente, después de que
la ANSeS diga que quebró y le diga al Fondo de Garantía que se liquide, nos queda el
presupuesto. Dentro del presupuesto, uno de los pilares básicos de la política económica ha
sido el superávit fiscal, y eso es así desde 2003.
El superávit fiscal es –creo yo- un elemento constitutivo de soberanía porque nos
permite no depender de organismos financieros internacionales, organismos que no han
olvidado nada ni aprendido nada a atención a las recetas que proponen a los países de Europa,
otrora prósperos. Por lo tanto, conservar ese superávit, mantenerlo, es una medida de sana
gestión económica pero, también, de soberanía política.
Cuando uno ve cuáles son las cifras del presupuesto y los resultados financieros que
expone el Ejercicio 2010, advierte que representan 0,05 por ciento del Producto. De modo
que, en relación al costo –que habíamos dicho que, según algunos cálculos, es del 3 por
ciento del Producto–, estaríamos volviendo a poner a la economía argentina en déficit. Así se
van a perjudicar todos. No se trata de que el multiplicador que me permita levantar los
haberes de los jubilados me va a salvar. No se trata de que, con mayor consumo, voy a poder
seguir con la política de desarrollo industrial con justicia social. No. Se acabó. Cuando hay
déficit, empezamos a depender de los prestamistas. Y, cuando uno depende de los
prestamistas, muy bien no le va.
Esto, cuando llegue el debate del presupuesto, sin duda lo podremos ampliar un poco
más. Pero, habida cuenta del tiempo, quisiera pasar a decir que estas son cosas que el bloque
oficialista hace cuando se junta. En ese sentido, hay que ver otras opiniones. Por ejemplo,
acerca del sistema previsional, el Plan Fénix sostiene que no puede aislarse la trayectoria que
recorre la economía.
Es decir que hay un exceso de voluntarismo en el proyecto sancionado por la Cámara
de Diputados digno de mejor causa, porque no es sustentable. Es más, hasta el Plan Fénix,
que no lo considero particularmente oficialista, dice que el sistema previsional tiene que
acompañar la evolución global de la economía; o sea, no tiene que ser ni un palo en la rueda
ni un cartucho de dinamita prendido. Aclaro que esto último lo digo yo y no los integrantes
del Plan Fénix, que, por cierto, son muy serios.
Asimismo, expresan los miembros del Plan Fénix que la cobertura sería menor en 30
puntos. Directamente, manifiestan que el proyecto sancionado por Diputados no atiende la
sustentabilidad fiscal, y hablan de 4 puntos con relación al costo.
Y cuando hay déficit y crisis económica, los beneficiarios son las primeras víctimas
de la crisis fiscal, porque lo primero que se corta son los subsidios. Esto lo vimos muchas
veces en la Argentina.
¿Cuál es la conclusión del Plan Fénix? Que el proyecto generará derechos que, por
incumplibles, culminarán en la justicia. Es decir que, directamente, mandan el tema al plano
de las ideas sublunares, y a eso le suman las indeseables consecuencias macroeconómicas que
la Argentina conoció en el pasado y que siempre recayeron en la población pasiva.
Cuidado, que esto no sea como cuando uno hierve agua, que parece que hay más
volumen, pero, en realidad, es sólo vapor. Y finalmente, cuando se apaga el fuego, queda
bastante menos agua. Eso lo habré sacado de Guillermo de Ockham.
Sr. Martínez (A.A). – Pensé que eso era de Narda Lepes.
Sr. Calcagno y Maillmann. – No. Se trata de Guillermo de Ockham, un señor que hablaba de una especie de hojita de afeitar.
De todas formas, los filósofos tienen que saber cocinar. No platos indigestos, que
caigan mal y que después nos hagan más flacos de lo que en realidad fuimos.
El tema es que tenemos el informe de la AGN, denominado Estudio Especial, Deuda
Pública Contingente, Sistema Previsional Período 2007−2050, que es de abril de 2010. Es
decir que no es algo preparado ad hoc ni sobre el cual hayamos influido mediante nuestras
especialidades en nigromancia. Además −hay que decirlo−, en la AGN hay personas que
pertenecen a la Unión Cívica Radical, pero aprobó este informe a pesar de que es lapidario.
Dicho documento dice que el resultado financiero del SIPA es deficitario si se quitan los
recursos tributarios −15 por ciento de la coparticipación; es bueno marcar este punto− más
los tributos específicos, y si se financia solamente con aportes y contribuciones. Y aquí viene
lo jugoso del asunto. También se expresa que en un escenario en el que se reconociera un
haber previsional equivalente al 82 por ciento móvil, las proyecciones indican que se
incurrirá en un déficit crónico en toda la serie proyectada 2007−2050; y esto se agudizará aún
más si se le sustrae a la ANSeS el 15 por ciento de la coparticipación.
En consecuencia, considero que no es una política de déficit cero la que plantea el
proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, sino de déficit permanente, lo cual puede
llegar a crear un gran desorden.
El CIPPEC también habla en contra del 82 por ciento móvil, al igual que el
CONICET. Al respecto, nosotros hemos sobrevivido a esa época en la que se mandaba a los
científicos a lavar los platos, seguramente, por los platos indigestos que se cocinaron;
además, son los platos más difíciles de lavar. Asimismo, se hacía muy difícil saber quién
pagaba los platos rotos.
En una investigación del CONICET, Demián Panigo habla de los artículos 5°, 6° y 7°
del proyecto sancionado por Diputados, y señala que involucran un fuerte aumento de las
jubilaciones más elevadas −lo cual estira la diferencia en el sector pasivo− y que en ese
aspecto radica el achatamiento de la pirámide. Sin embargo, si se aplican estos artículos, no
habrá una pirámide chata, sino, simplemente, una trompeta dada vuelta, o sea, con mucha
gente abajo y muy poca gente arriba. En cuanto al ejemplo que cité, Panigo sostiene que
pueden haber aumentos de hasta el mil por ciento. En ese sentido, esa no es la gente para la
cual nos interesa legislar, es decir, aquellos que tienen un buen pasar, a pesar de que sin duda
se lo han ganado. Pero así como se dice en el fútbol que lo que no se consigue en la cancha
luego se logra en los escritorios, después tenemos a ese muchacho que, de 4 mil pesos,
termina con 33 mil pesos de jubilación y un retroactivo de 2 millones de pesos.
Entonces, hay que saber que cuando se quiere elevar el nivel mínimo de personas que
cobran 1.040 pesos, que antes cobraban 150 dicho sea de paso, a 33 mil parece algo
complicado.
“Por lo tanto –y cito a Panigo– esta ley generaliza estos casos haciendo que un
montón de beneficiarios de altos ingresos, que cobraban entre 3 mil y 4 mil pesos de
jubilación, pasen a cobrar 10, 15 ó 20 mil pesos, reproduciendo entre los pasivos la misma
desigualdad que entre los activos. Desde el CONICET llamamos a los senadores a
reflexionar, a confrontar científicamente y seriamente este proyecto, al cual le falta un poco
de discusión y reflexión en los ambientes apropiados.”
Esto lo dice Panigo. Nosotros tenemos toda la tarde y toda la noche para seguir
discutiendo científicamente o pasionalmente, puesto que la pasión siempre tendrá razón.
Quisiera terminar con algunas consideraciones institucionales y políticas. Es mi
profunda convicción que la sanción de la Cámara de Diputados dinamita la seguridad social
en la Argentina, nos mete inmediatamente en déficit presupuestario y nos empuja a una política de ajuste para ver qué gastos se disminuyen. No creo que la aritmética presupuestaria
–subir acá y bajar allá– sea una cuestión tan fácil y sin consecuencias. Usted sabe bien, señor
presiente, que en la economía uno toca algo de alguna parte y enseguida hay que prever
cualquier desarreglo que siga en la rueda.
Dije que quería hacer algunas consideraciones institucionales y políticas importantes.
No creo que se haya cumplido el marco normativo existente. Se ordena a la ANSeS a
hacer un pago de gran magnitud sin determinar con certeza cuál es su financiamiento. En ese
sentido, el artículo 5° me parece insuperable.
Otro tema es el de la regla de sustentabilidad. Pero el artículo 5° se lleva el triunfo.
No es el quinto mandamiento, pero en materia de cuantificar la plata involucrada no tiene
comparación.
Sí me parece que hubiera sido interesante, siguiendo la Ley N° 24.156, que los
artículos 28 y 39 aludan concretamente a de dónde se van a sacar específicamente los fondos,
más allá de decir que la ANSeS pague o se acuda al FGS.
Además, creo que la norma se contrapone con el artículo 15 de la Ley N° 25.917,
sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, e incluso con el artículo 126 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Por otro lado, hay mucha confusión en el proyecto de ley. Se mezclan conceptos
como flujos con stocks, superávit con excedentes; se proyecta el mediano plazo sobre la base
de resultados anuales puntuales. Se pretende disponer de activos que tardan años en
centralizarse como si ya estuvieran líquidos.
Es decir, es algo digno del Mago de Oz. Tratemos de que no sea digno de Martínez de
Hoz.
Entonces, solicitaría que se trate de volver a la realidad que marca la economía.
Alguien decía por allí que los hechos son tercos.
Habida cuenta de la insostenibilidad y la poca consistencia económica del proyecto en
análisis, recomiendo su rechazo porque creo que su intencionalidad es más que nada política.
Además, efectivamente, cuando uno gobierna puede tomar decisiones de gobierno, pero la
Argentina está basada en un sistema presidencialista y el presidente de la Nación, según lo
fija el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, es el jefe supremo de la Nación, jefe
del gobierno y responsable político de la administración general del país.
En este caso, una decisión parlamentaria no puede ocupar el lugar de una decisión del
Poder Ejecutivo en lo que hace a gestionar las cuentas públicas con superávit fiscal, que
constituye uno de los pilares y ejes de nuestra política económica.
La oposición debe controlar, pero no compartir el gobierno. El Poder Ejecutivo es
unipersonal.
Entonces, no me parece correcto que mediante una ley se quiera desnaturalizar un
plan de gobierno o, incluso, simplemente, hacerle daño al gobierno en una escenificación en
el que el arco opositor figura como defensor de los intereses de los jubilados y el gobierno
nacional como los malos que no quieren dar este aumento.
Sí que se quieren dar aumentos. Y este gobierno sí los ha dado. Nos sobran
credenciales en ese sentido: dos aumentos por decreto o más, cuatro aumentos por movilidad
social y se sacó la jubilación congelada de 150 pesos para llevarla a más de mil pesos. Que no
es suficiente es absolutamente cierto. Pero se quiere hacer de modo sustentable y para que
dure.
Las amenazas del sistema de seguridad social argentino hacen tanto al pasado como al
futuro.
Los apasionados vivieron, los razonables duraron. Es el tiempo de ser razonables y de rechazar la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Vera…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra al senador Pichetto; luego continuará el
senador Vera.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos con número suficiente. Pido que se lea la lista de
oradores, a fin de poder cerrarla, y que si algún senador quiere sumarse a ella, que se agregue
y se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentran anotados los siguientes senadores y senadoras:
Vera, Pérez Alsina, Viana, Monllau, Escudero, Parrilli, Mestre, Torres, Montero, Di Perna,
Negre de Alonso, Vigo, Petcoff Naidenoff, Basualdo, Mayans, Pérsico, Roldán, Corradi,
Viana, Marino, Gioja, Cabanchik, Cano, Corregido, Cimadevilla, Guinle, Romero, González
de Duhalde, Jenefes, Fernández, Sanz, Guistiniani, Verna, Rodríguez Saá, Morales y
Pichetto.
Quiero aclarar que anoté a los senadores que me dieron los asistentes de los bloques.
Me están solicitando agregar a Osuna, Artaza, Lores, Juez, Morandini y Martínez. Es decir,
faltaría incluir a la senadora Osuna, al senador Artaza, al senador Lores, al senador Martínez,
al senador Juez, a la senadora Morandini y al senador Nikisch.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien…
Sr. Secretario (Estrada). – Y también a la senadora Estenssoro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Viana fue anotado dos veces.
En consecuencia, con la incorporación de los mencionados, si hay acuerdo, se va a
votar la lista de oradores y el cierre de la misma.
– Se practica la votación
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: voy a ser muy breve, en la medida de lo posible, procurando no
reiterar lo que no hace falta.
En primer lugar, voy a comenzar con un comentario, para mí risueño, respecto de lo
que acaba de expresar el señor senador Calcagno y Maillmann, con relación a que por sus
dichos el 80 por ciento aproximadamente de la franja de jubilados que cobra la jubilación
mínima, en razón de un fallo tendrá que seguir jorobándose y percibir jubilaciones por debajo
del límite de la línea de la pobreza.
Aunque no soy oficialista, me siento desde hace muchos años un hombre público. Y
creo que es avergonzante que el Estado, hoy gestionado por el justicialismo que lidera el
matrimonio Kirchner, mantenga al 80 por ciento de los jubilados por debajo del límite de la
pobreza. Más allá de las palabras académicas, de la buena expresión y de los números –
algunos funcionales a los discursos y otros con bastante veracidad–, lo cierto es que la
Argentina no se puede dar el lujo de mantener a sus jubilados en esta situación humillante.
Asignemos la palabra que deseemos, pero esto está mal.
Si fuera cierto lo que no es, o sea, que no hay dinero para pagar salarios, sueldos o
haberes justos, es también nuestra obligación buscar los modos de impedir esta vergüenza y
humillación a nuestros jubilados. Es abusivo por parte del poder, independientemente de
quien lo ejerza, aprovecharse de la situación de quienes ya han cumplido y pasado por la
vida. Me refiero a los jubilados y en esto no mezclo el concepto con lo que ha referido el
señor senador Calcagno y Maillmann. No tienen mucho que ver los que hicieron sus aportes
trabajando con aquellos beneficiarios designados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo y que cargan sobre el presupuesto de la ANSeS.
No se puede ocultar que aproximadamente el 40 por ciento de lo que eroga la ANSeS
no se corresponde con la justa compensación que deben recibir los que aportaron al sistema.
Es una deformación y una maldad apelar a la solidaridad que todos tenemos para justificar
esa extracción de dinero que corresponde a la ANSeS. Se dirá también, como ya lo hemos
escuchado, que esa masa de dinero proviene de impuestos. ¡Por supuesto que proviene de
impuestos! Todos sabemos cuándo nació: en la década del 90, donde se modificó el régimen,
se desfinanció el sistema y hubo que generar otros recursos a través del 15 por ciento de la
masa coparticipable para devolverle financiamiento. Pero ese argumento – que es distinto a lo
que estamos diciendo – no alcanza para justificar y mantener con crueldad, sosteniendo esto
con palabras que en realidad no agregan nada, algo que todos sabemos: no se puede vivir con
800, 900 ó 1.000 pesos, cuando las demandas por salud o por lo que fueran no pueden ser
cubiertas con esa cifra. No se pueden mantener estos montos. Es indigno y humillante que los
jubilados dependan de la buena voluntad de sus hijos o de quien pueda ayudarlos. Asumamos
la responsabilidad que tenemos sobre esta franja de la sociedad, porque no está bien que nos
excusemos con expresiones de ese tipo.
Yo no discuto, porque no soy economista, cómo tenemos que arreglar estos números,
pero considero que es una cuestión moral abusar de quienes no están en condiciones de
defenderse. No pagar lo que corresponde a los que aportaron es injusto, más allá de la
inconstitucionalidad de la norma. Comprendo que puede ser difícil llegar al 82 por ciento
móvil, pero no acepto de ninguna manera que hombres que representamos a nuestra sociedad
–en este caso a los jubilados– nos excusemos por este tipo de cuestiones.
En definitiva, los senadores tenemos la oportunidad de corregir esta injusticia. Es un
agravio y es para nosotros una vergüenza. Se pide a los que impulsamos esta modificación
que digamos de dónde va a salir el dinero. Pues bien, todos los que estamos en este nivel de
la función pública sabemos a dónde puede apelarse para cubrir lo que en justicia debe pagarse
a los jubilados.
Quien les habla cree conocer al Estado, que gasta 10 donde puede gastar 5 y donde se
hacen ricos los que no lo merecen por sus méritos. Hay miles de recursos para hacer justicia
con los jubilados.
He tratado de evitar la cuestión de los números, que también conocemos, pero a mi
juicio el 80 de los jubilados que cobran la mínima, que es la mitad de lo que se precisa para
cubrir la canasta de pobreza, no puede conformarse con la excusa de que no podemos pagar.
Señor presidente: creo haber abordado una cuestión que, a mi juicio, desde el punto de
vista moral, es imprescindible rectificar con urgencia. Pues no solamente la mínima está mal,
rechazo el argumento individual – que no conozco – del senador Calcagno y Maillmann en
cuanto a que un señor con un motivo de un ajuste cobraría sumas elevadas. Pero también los
jubilados que cobran más de mil pesos no merecen cobrar haberes de miseria, de acuerdo a la
voluntad del gobierno de turno. Y no está bien que las categorías del medio o más altas, a
partir de que se retiren, cobren menos de la mitad del haber de quien está en el mismo nivel y
en actividad. No podemos mirar a otro lado, no nos hace bien a nosotros, los hombres de la
política. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré también muy breve porque hay que respetar el
uso de la palabra de los muchos oradores de hoy. Además, en los fundamentos de este
proyecto ha sido muy claro y preciso el miembro informante, senador Martínez. De modo que
en ese aspecto no hay mucho para agregar.
De todas maneras, independientemente de que se sancione este proyecto de ley, como
político quiero agregar que este tema no puede terminar con su sanción. Tenemos que seguir
discutiendo el tema jubilatorio que hace a una enorme cantidad de personas que deben ser
parte de nuestro país y estar integrados a nuestra economía. Hay muchos aspectos a los que
debemos hacer referencia y con los cuales no podemos estar en desacuerdo, pero vale el
aspecto justicia y esto de ninguna manera nos puede hacer negar que un jubilado debe tener
un porcentaje sobre los salarios formales. Hay un aspecto constitucional. Sabemos que la
Constitución lo ordena, lo manda.
Ahora bien, si tratamos el tema financiero solamente desde el modo de ver los
recursos tal cual los asignamos hoy y tal cual están hoy, podríamos llegar a decir que esto no
es viable; pero sí es viable. En el análisis de esa viabilidad debemos estudiar todo nuestro
sistema económico e inclusive seguir discutiendo el tema de la ANSeS.
Lo primero que van a decir es que el sector pasivo acompaña el crecimiento al cual
hacía referencia recién el senador Calcagno y Maillmann en un importante discurso. Creo que
en algunas cosas tenemos que mostrar nuestro desacuerdo. Si vamos a los números, vemos
que nuestros jubilados está totalmente fuera de ese crecimiento económico que hoy pudiera
haber, y lo peor es que no sólo están fuera, sino que pueden ir quedando cada vez más
postergados si seguimos con los índices que en su momento se aprobaron y que nosotros
mostramos y luego votamos en desacuerdo.
Hay una palabra que hoy no se ha mencionado y que pulveriza al sistema actual; me
refiero a la inflación. Lamentablemente, la inflación perjudica siempre al sector más
desprotegido, obviamente, a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores informales y
a los desocupados. Ese tema es otro debate que nos debemos todos.
De ninguna manera vamos a hacerle cargos políticos al actual gobierno sobre el tema
de los jubilados. Pero sí todos tenemos la responsabilidad de ir estableciendo esta discusión.
Voy a dar dos números solamente para poner de manifiesto que, si encaramos desde
otra óptica la cuestión del financiamiento, podremos ver que es viable. ¿Tenemos idea de lo
que significan cuatro millones de personas con trabajo informal? ¿Qué monto representan,
señor presidente? ¿Cómo no vamos a seguir un plan económico que apunte
a bajar ese trabajo informal? Ello significa una infinidad de recursos que no entran al sistema
y que tendrían que provenir de personas que trabajan y que no están aportando. O sea, no les
están devolviendo a los jubilados lo que los jubilados en su momento aportaron al sistema. Se
trata –reitero– de cuatro millones de personas.
El senador Martínez hizo referencia a la asignación universal por hijo. Otro tema que
debemos discutir, aunque no hoy, es la viabilidad en el tiempo de que tres millones de
personas, como dijo el senador Calcagno, que reciben esa asignación estén siendo
solventadas por nuestros jubilados.
Aclaro que la asignación universal por hijo debe seguir existiendo. Es un plan
importante. Se trata de una asistencia válida y justa. Pero debemos discutir si la tienen que
financiar nuestros jubilados. En lo personal creo que no. Es otra discusión que no estamos
dando.
Concretamente, estamos hablando ya de siete millones de personas que, de alguna u
otra manera, pueden contribuir a que el sistema de la ANSeS pueda ser mucho más fuerte.
Sr. Pérez Alsina. – Se hablaba de la posibilidad de quiebre del sistema. Me animaría a decir
que se analizamos los juicios con sentencia al día de hoy y hacemos un índice económico de
todos los juicios que se van acumulando en las puertas del Estado, si este tema no es
solucionado, sí va a quebrar el sistema. Les puedo garantizar que en ese caso el sistema no va a aguantar la cantidad de sentencias que cada uno de los jubilados actuales vaya teniendo
como crédito contra el Estado. Eso sí es industria del juicio.
Con todos los números que estamos dando, con toda la discusión que se va a ir dando,
hoy debemos aprobar esta ley porque es de justicia inmediata. Con una jubilación mínima de
1.047 pesos de ninguna manera podemos hablar hoy de una retribución digna que acompañe
al crecimiento de nuestro país.
Este sistema debe seguir siendo discutido. Pero hoy en día como senadores, como
legisladores estamos en la obligación moral, jurídica, cívica y constitucional de aprobar este
proyecto de ley que nos ha llegado de la Cámara de Diputados.
Por estas razones, adelanto mi voto favorable al proyecto en análisis.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: además de adelantar mi voto favorable al proyecto de ley
que viene de la Cámara de Diputados adhiero a las expresiones de mi par, el señor senador
Alfredo Martínez, en todo lo que hace a los argumentos técnicos que ha esgrimido.
Dicho esto, señalo que este proyecto de ley nos remite nuevamente, como tantos
otros, al mandato constitucional de los derechos sociales consagrado en el artículo 14 bis.
En la actual situación de nuestro sistema previsional hubo sin lugar a dudas una trama
de desatinos, irresponsabilidades, omisiones y, también, de complicidades.
Hay miles de ciudadanos que no eligieron trabajar en negro. Hay miles de ciudadanos
que no eligieron permanecer excluidos del circuito laboral. Hay miles de hermanos nuestros
que no eligieron quedarse al margen del sistema previsional o de seguridad social. En función
de ello, está bueno que por ellos, y por esto, tengamos un sistema solidario.
Sabemos muy bien que los ingresos de la seguridad social no se componen sólo de
aportes personales o de contribuciones patronales sino que estos fondos además se
conforman, como bien se dijo, con aportes y contribuciones del Tesoro Nacional,y también
se componen de impuestos, como el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los
combustibles, a los cigarrillos y el monotributo; con lo cual, podemos concluir que es el
conjunto de los argentinos solidariamente el que contribuye a financiar el sistema.
Masa que, en una proporción más que significativa, proviene del conjunto de los
trabajadores tanto activos como pasivos y, además, del 15 por ciento de los impuestos que
aportan las provincias.
Entonces, señor presidente, si con estos fondos podemos financiar el fútbol, la
publicidad y la propaganda oficial, empresas amigas, un gasto público exorbitante, la
corrupción y las prebendas, el sistema clientelar y el consumo de los que más tienen, el
problema no son los fondos sino su destino: qué hacemos con ellos. El problema es de
política y de voluntad política. El problema es de modelo y de prioridades. El problema es
qué subyace en el centro de las decisiones. El problema y el tema es a quién y qué financio y
a través de qué herramienta. Y en relación a esto creo que nos debemos un gran debate acerca
del esquema tributario y de la distribución de la riqueza en nuestro país.
No podemos caer en el simplismo de reducir la vida digna de nuestros mayores a la
relación costo-beneficio o a fríos cálculos económicos.
Los rostros de nuestros mayores hoy nos están interpelando. Rostros que luchan por
sobrevivir merced a la caridad familiar, en el mejor de los casos. Rostros mal retribuidos,
porque no se les reconoce lo que dieron, y que son marginados por modelos que prescinden
de los que no producen. Hay adultos mayores que se han convertido en mendicantes.
Hay un dicho famoso que circula por nuestras comunidades del Noroeste argentino
que dice que cuando el padre le da al hijo, ríe el padre y ríe el hijo; cuando el hijo le da al
padre, llora el padre y llora el hijo. Esa es la situación de dolor que hoy viven muchas
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
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familias argentinas que tienen adultos mayores que ni siquiera pueden subsistir.
Permítame señor presidente, para ir cerrando, ser testimonial.
Durante casi siete años mi madre desparramó promesas y sueños en hijos y nietos con
una expresión dolorosa que hoy golpea a muchos jubilados de nuestro país: “cuando salga el
expediente” –y venía su promesa–; ese expediente que iba y venía por caminos burocráticos,
por manos que ven papeles y no personas.
Lamentablemente los sueños y promesas de mi madre fueron enterrados en diciembre
de 2005 junto con su cuerpo.
Mi padre, que hoy tiene 82 años, retomó su lucha y alimenta ese mismo sueño.
Espero que el sueño de todos los jubilados que quieren vivir y terminar sus días de pie
y con dignidad no se trunque hoy por voluntad de los legisladores que nos encontramos en
este recinto.
Yo anhelo un país con trabajo y con trabajadores que en época de descanso, cuando
lleguen al final de sus días, tengan un haber digno.
No quiero un país de especulación. Y digo esto porque por allí parece claro a qué país
nos están conduciendo.
Esto folleto del banco “creador de dueños”, dice: “Plazo fijo. No hacés nada y
después tenés más plata”. Señor presidente, es verdaderamente lamentable esto. Nosotros hoy
tenemos jubilados que hicieron mucho y no tienen nada, mientras hay unos pocos que no
hacen nada y tienen mucho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: aquí hemos escuchado las manifestaciones de algunos
senadores que queremos establecer el 82 por ciento móvil. También hemos escuchado al
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicando por qué no se puede pagar
el 82 por ciento móvil. Escuchamos su teoría, diciendo que si se va a modificar el plan
económico es para mal. Yo creo que toda modificación a un plan económico o a una
inversión puede ser para mal si el objetivo es hacer el mal, pero si es para bien será muy
buena. No obstante, acá descalifican a toda la oposición cuando trae una propuesta: no sirve,
son demagogos.
Por eso, desafío a todos los que estudiaron el presupuesto. Soy un simple comerciante,
no soy economista. Pero, en el comercio o en el almacén –o como quieran decirle– dos más
dos son cuatro, y estudiamos las prioridades. Y en cada casa de familia, en un municipio, en
las provincias y en la Nación hay un presupuesto; y el presupuesto siempre es una sábana
corta, en todo. No importa si hablamos de una empresa chica o grande, el presupuesto es
siempre una sábana corta. Entonces, hay que establecer prioridades.
¿Qué queremos hacer? ¿Queremos pagar a los jubilados el 82 por ciento móvil o
queremos tenerlos a todos de rehenes? ¿Queremos incentivar a que los trabajadores en
actividad sigan realizando sus aportes o queremos que nadie pague? ¿Sabe cuál será el mejor
incentivo para quienes están aportando, para los que tienen nuestra edad o para los que tienen
30 años? El mejor incentivo es que les paguemos una buena jubilación. ¿Quién va a querer
hacer un aporte ahora? ¿Para qué? Mucha gente dice: “Me voy a jubilar con 1.000 ó 1.500
pesos” o “mañana, a aquellos que no aportaron nada, le van a dar la misma jubilación que la
mía”. Entonces, ¿qué clase de incentivo es ese?, ¿quién va a querer aportar? Indudablemente,
el sistema no andará bien. Por lo tanto, tenemos que buscar prioridades.
¿Por qué no evitamos un poco los subsidios? Digamos: “Señores, habrá menos
subsidio”. “Subsídiese lo que usted quiera y lo que pueda pagar”. Veamos cuáles son los
subsidios importantes que podemos hacer y cuáles son los menos esenciales. Trabajemos
sobre eso. No subestimemos a la gente, a los jubilados, a nosotros, diciendo: “Yo voy a manejar tu plata”. ¿Por qué cada uno no la puede manejar? ¿Por qué uno no puede tener un
plan que pueda ser real y se pueda discutir? En la Cámara de Diputados tenemos la
posibilidad de debatir el presupuesto. Trabajemos sobre él, discutamos, veamos qué se puede
sacar y qué se puede incluir. Es una sábana corta. Repito: siempre en el presupuesto falta
algo, pero hay prioridades. Y en esas prioridades tenemos que trabajar todos y no podemos
decir “no se puede”.
Pertenezco a la Comisión Bicameral que controla los fondos de la ANSeS. ¿Sabe lo
que hacemos? Decir si algo está mal o bien invertido; pero nadie nos pregunta: “¿Estamos
invirtiendo bien?” “¿Vamos a darle a General Motors o a las pymes?” Nadie dice a quién se
le va a dar.
Nosotros controlamos si están dados, si se los dieron o teóricamente eso está rindiendo. Nadie
dice: “También con eso le vamos a dar un préstamo a los jubilados”. Es decir, darles a los
jubilados un préstamo que no se lo cobren al cien por ciento, sino al 15 por ciento anual,
como hacen las empresas. Indudablemente, se lo vamos a cobrar porque se lo retenemos por
planilla.
Entonces, podemos hacer un montón de cosas. Eso es lo que hacemos en la Comisión
Bicameral: no sugerimos dónde invertir, sino que decimos dónde se invirtió el dinero.
– La señora senadora Osuna formula manifestaciones fuera de
micrófono.

Sr. Basualdo. – No la escucho. Si quiere una interrupción, se la puedo dar. Puedo dar
interrupciones a quienes las deseen. No hay problema.
Como decía, estamos trabajando para buscar la mejor forma de darle a todos el 82 por
ciento móvil.
De hecho, tenemos que tratar de aumentar la recaudación. Indudablemente, si usted le
da la plata al 82 por ciento esa plata va a ir al consumo. Ahí disiento con el senador Martínez
en el sentido de que recupera únicamente el 21 por ciento del IVA. ¡No, se recupera mucho
más! ¿Por qué? Porque el IVA primario es el 21 por ciento y el IVA secundario, por cada
ganancia que tiene, también es el 21 por ciento. ¡Están Los diferentes impuestos municipales,
provinciales, y aparte, el 35 por ciento del Impuesto a las Ganancias! De lo que nosotros
consumimos prácticamente el 50 por ciento es en impuestos. Entonces, ahí perdóneme
senador que disienta un poco con usted porque no es el IVA primario únicamente: ¡son varios
IVA!
Entonces, volvemos a recuperar del aumento el 50 por ciento porque no hay
capacidad de ahorro: eso va al consumo. Eso va directamente al consumo. Entonces, no le
tengamos miedo. Pongamos la voluntad, la inteligencia de cada uno de nosotros. No nos
descalifiquemos entre nosotros. No digamos: “¡Ah, este no sirve! Este está hablando mal”.
Vamos a la práctica.
Debatamos y veamos qué podemos sacar del presupuesto, qué podemos eliminar y
qué podemos hacer; pero lo nuestro es dar el 82 por ciento. ¿Por qué? Porque es el mejor
incentivo que podemos tener nosotros. Si no, ¡nosotros mismos no nos vamos a poder jubilar
nunca!
Cuántos vamos a los centros de salud, y vemos médicos que dicen: “No me puedo
jubilar porque voy a cobrar el 30 por ciento de lo que estoy ganando”.
Acá mismo, en el Congreso: no salgamos más lejos de acá. El que se jubile va a
cobrar el 50 por ciento de lo que está cobrando. ¡Nadie se quiere jubilar tampoco!
Entonces, de la única manera que podemos tener más trabajadores activos es que
podamos jubilarlos. De la única manera que podremos tener más trabajadores activos será
aumentando el consumo. Aumentamos el consumo, le pagamos más a la gente, la gente consumirá más y podremos tener más trabajadores activos. Entonces, ¡se puede, se puede!
Pongamos inteligencia. No nos descalifiquemos entre nosotros. Pongamos todo el esfuerzo y
debatamos en el presupuesto.
Ahora el presupuesto está en Diputados. Va a venir al Senado. Toda la inteligencia
debemos ponerla en decir que se puede y de dónde vamos a sacar el dinero. Hay dinero y se
puede hacer. Indudablemente que tenemos que eliminar otros gastos, ¡Por supuesto! Pero
veamos cuál es la prioridad.
Si estamos convencidos de que el 82 por ciento móvil es una prioridad trabajemos
sobre esto. Salvo que me digan: “No es una prioridad. El jubilado se merece ganar mil
pesos”. Si me dicen eso, los respeto y cambiemos de tema. Pero si todos dicen que realmente
el jubilado se merece ganar, mínimo 1.500 pesos, bueno: trabajemos para poder conseguirlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que este es un día histórico porque constituye un
hito más en el que nos acercamos a la recuperación de los derechos de los jubilados en la
Argentina.
Este proceso empezó con aquella decisión importante que fue la Ley de Libre Opción
Jubilatoria; siguió con la consolidación del Sistema de Reparto; continuó con la decisión de
tener una ley de movilidad que estableciera pautas objetivas de ajuste y que no fuera la libre
decisión discrecional del Poder Ejecutivo. En ese mismo camino, se inscribe esta ley:
recuperar una pauta mínima del 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil para los
jubilados. Asimismo, establecer también por ley lo que ya es una decisión que marcó
jurisprudencia: la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece cómo se deben
ajustar las jubilaciones. Es lo único que estamos haciendo.
¿Quién puede oponerse a esto en la Argentina? ¡Nadie! Desde ese punto de vista
quiero decir que estoy hablando por todas las organizaciones de jubilados en mi provincia;
por la ciudadanía de mi provincia, que se expresó a través de una resolución de la Cámara de
Diputados provincial por unanimidad, con la representación de todas las fuerzas políticas.
¡Todos están de acuerdo! La única objeción que algunos han manifestado es cuánto cuesta y
cómo se paga. Algo se dijo aquí y sobre eso gira el debate.
Hoy hay cinco millones y medio de jubilados y pensionados en la Argentina. De esos,
el 75 por ciento cobra la mínima: con este último aumento, 1.046 pesos. El salario mínimo,
vital y móvil está en 1.740 pesos. Lo que estamos haciendo es elevar a 1.427. Esto es 36 por
ciento apenas por encima de la inflación real y apenas por encima del aumento que
obtuvieron algunos gremios con convenios colectivos, que fue del 35 por ciento. O sea, no
estamos haciendo ninguna locura.
Llevar al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil cuesta unos 20 mil millones
de pesos que, como ya se dijo, va todo a consumo y vuelve en IVA.
Estamos en los 16 mil millones de pesos. La ANSeS tiene un superávit de 15 mil
millones, o sea que estamos prácticamente cubriéndolo con el superávit de la ANSeS.
El resto –la aplicación del Caso Badaro– según dijeron aquí Boudou y Bossio, son 10
mil millones de pesos más: según el dictamen de comisión en minoría, 20 mil millones de
pesos más.
Si fueran 20 mil millones de pesos más, más los 20 mil millones anteriores,
descontado lo que recupera en IVA porque todo va al consumo, son 32 mil millones de pesos.
La ANSeS hoy, ¿qué hace? Es caja del Tesoro. El 40 por ciento de las erogaciones de
la ANSeS no van para pagar a los jubilados: ¡no! ¿A dónde van? A asignaciones familiares;
prestaciones de desempleo; asignación universal por hijo; computadoras para los estudiantes; créditos para la compra de autos, de heladeras; colocación de obligaciones negociables en
empresas privadas; financiamiento de otros proyectos de dudosa rentabilidad. ¡Pero también
es caja del Tesoro! Este modelo decide no recurrir a los organismos financieros
internacionales. Entonces, como no queremos mostrar las cuentas al Fondo Monetario,
tomamos dinero barato de los jubilados y de las reservas del Banco Central. Ese es el modelo
que estamos apoyando, señor presidente. En Letras tenemos 1.220 millones y en Bonos
Discount 900 millones. Entonces, son 4.800 millones de pesos tomados en préstamos por el
Tesoro con la plata de los jubilados.
Además de éstos, ¿cuáles son los gastos prioritarios que tiene el Poder Ejecutivo? El
Poder Ejecutivo está montando la maquinaria de propaganda del régimen. Cuando uno llega a
Cuba, en vez de “Beba una gaseosa” ve “Beba socialismo, porque con el socialismo se vive
mejor.” Esto es lo que se está montando en la Argentina. Vemos carteles por todas partes: ¡un
gasto de publicidad impresionante!
En ese sistema de que haya una voz única, donde haya sólo medios controlados
solamente por el Estado, tenemos: el plan de decodificadores y de TV digital, 575 millones;
la TV digital gratuita, 1.500 millones; el fútbol para todos, que no nos iba a costar nada
porque iban a vender la publicidad –mentira, la única publicidad que vemos es la propaganda
del régimen–, 800 millones; vemos cómo aumenta la publicidad oficial en el Presupuesto
2011 de 800 a 1.000 millones. Aquí tenemos entonces que el total del montaje de la
propaganda del régimen cuesta 3.875 millones.
Y sigamos con los despilfarros: Aerolíneas Argentinas, 2.000 millones; subsidios,
32.500 millones; la Jurisdicción 91 –ese ministerio sin cartera; la caja chica que maneja el
jefe de Gabinete de Ministros–, 24.600 millones para 2011. Es decir que pasa de 19.000 a
24.600 millones, señor presidente.
¡Esas son las prioridades del Poder Ejecutivo; no los jubilados! ¡Para los jubilados no
hay dinero, para todo lo demás el dinero sobra!
Además, tenemos los recursos extra que tiene el Poder Ejecutivo: 60 mil millones de
pesos por subestimación de la inflación y del crecimiento. El Presupuesto, tanto en 2010
como en 2011, lo repite: estima una inflación del 8,4 por ciento para el año próximo. La
inflación estará entre el 25 y el 30 por ciento. El crecimiento lo estima en el 4,3 por ciento. El
crecimiento de este año es del 9 por ciento. Eso qué significa: que hay 60 mil millones de
pesos que el Poder Ejecutivo gasta a placer, por fuera del Presupuesto, porque son ingresos
extra: los gasta con decretos de necesidad y urgencia, con decisiones administrativas del jefe
de Gabinete y con los superpoderes que tiene el jefe de Gabinete por el artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera. ¡Hace lo que quiere, cambia partidas como quiere! Pero,
¡claro!: para los jubilados no hay plata; se desfinancia el sistema; quiebra el sistema.
Si hoy se aprueba –decíamos–, la mínima sube un 36 por ciento: apenas por encima
de la inflación real.
El haber medio previsional hoy, en la Argentina representa apenas un tercio del
sueldo medio de los trabajadores registrados. Es una de las relaciones más bajas de la historia
previsional argentina. Se ha achatado la pirámide; y eso lo sabemos.
En 2002, sólo el 9 por ciento de los jubilados cobraba la mínima. En 2010, tenemos
más del 75 por ciento de los jubilados cobrando la mínima. ¿Qué genera eso? La avalancha
de juicios a que ya se hizo referencia y una enorme injusticia, ya que el tiene recursos para
hacerle juicio a la ANSeS seguramente cuenta con un haber recuperado, mientras que el que
no los posee se tiene que conformar con vivir bajo la línea de pobreza y con vivir tal como
muy bien lo describió con esas palabras que nos emocionaron la senadora Monllau. Esa es la
realidad de la Argentina. Seguramente, los que hacen juicios son los habitantes de la ciudad de Buenos Aires,
porque además la apelación debe realizarse en la Capital Federal: la Cámara Federal de la
Seguridad Social tiene sede sólo en Buenos Aires. Es decir que sólo pueden accionar
judicialmente quienes estén en condiciones de pagar un abogado en la Capital Federal,
mientras que el interior del país jamás accede a esos recursos y reajustes de las jubilaciones.
La Cámara Federal de la Seguridad Social dice que actualmente hay 400 mil juicios
sólo por reajustes jubilatorios. En consecuencia, el sistema está colapsado. Entre 2003 y 2005
entraban 30 mil casos por años; 2006−2008, 60 mil casos por año; 2009, 103 mil; y para este
año se estima que terminaremos con 120 mil nuevos casos por reajustes.
En cuanto al costo de estos juicios, en el presupuesto para 2010 se destinaron 2.800
millones para pagar estos juicios. Pero ¿qué se paga?: sentencias, honorarios de abogados,
retroactividades e intereses. Entonces, ¿cuál es el negocio que está haciendo el sistema, cuál
es el negocio que está haciendo el gobierno?
Además, la ANSeS apela los juicios, en virtud de lo cual se viola el compromiso
asumido por la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que en
los juicios vinculados con jubilados que tuvieran sentencia y en los que ya existiera un
criterio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación −es decir, que exista
jurisprudencia−, no se apelaría. El jubilado tiene que iniciar ejecución de sentencia: más
costos para el Estado y más posibilidades de que ese jubilado haya muerto antes de encontrar
realmente que su derecho haya sido reconocido.
Como bien decía el senador Basualdo, los beneficios de este proyecto son para toda la
sociedad: no sólo para los jubilados. Los primeros beneficiados son los jubilados. Los
segundos beneficiados son esos miles de argentinos que ya alcanzaron edad jubilatoria y que
no se jubilan porque quién puede tolerar que le corten por la mitad su ingreso. ¡No se jubilan!
Si nosotros logramos esta recomposición, los argentinos que estuvieran en condiciones
de jubilarse pasarían a hacerlo. Con esto, estaríamos permitiendo la movilidad de las fuentes
de trabajo. Así, cuántos jóvenes en la Argentina podrían ingresar inmediatamente en fuentes
de trabajo.
Sólo en la Administración Central de Salta, en empleo público, tendríamos mil puestos
de trabajo inmediatamente para jóvenes si esta ley saliera. Por eso me parece, señor
presidente, que todos tenemos que apoyar que hoy sea ley.
Nos gustará más o menos la sanción de la Cámara de Diputados; pero si nosotros
introducimos modificaciones no es ley. Me parece que lo que debemos hacer hoy es dar una
respuesta: que haya ley; que se jubilen los argentinos; que los jubilados tengan una vida
digna; y que trabajemos, a continuación, en las políticas a largo plazo. Las políticas a largo
plazo son combatir el trabajo en negro.
Según los datos de la AFIP la informalidad laboral en la Argentina es: en relación de
dependencia, 35 por ciento; autónomos, 50 por ciento; servicio doméstico, 80 por ciento. En
un total 5.400.000 argentinos hoy no están haciendo aportes jubilatorios, con lo cual vamos a
tener que afrontar una nueva moratoria si no vamos resolviendo este tema pronto.
Si nosotros lográramos que el 90 por ciento de los trabajadores en la Argentina
aporten, la relación sería 3 a 1, y el sistema sí sería absolutamente sustentable a largo plazo.
Contestándole al senador Calcagno quiero decirle que él se equivoca: la Constitución
no establece que el Poder Ejecutivo hace lo que quiere. Es justamente el Congreso de la
Nación el que señala cómo se gasta el presupuesto y cómo se establecen las reglas
previsionales en la Argentina.
Pido a mis pares que se haga el esfuerzo y que se convierta en ley el reconocimiento
de derechos a los jubilados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: la verdad es que se está en una jornada bastante difícil.
Creo que en estos días se han dicho muchas verdades que no son tales.
Simplemente, quiero hacer una reflexión en virtud del tiempo y porque voy a solicitar
la inserción de mi discurso.
Que no se equivoquen nuestros jubilados. Con el proyecto de ley en consideración no
se pretende llegar al 82 por ciento móvil. Ya lo ha demostrado nuestro miembro informante,
el senador Eric Calcagno.
Lo que se dice en el artículo 1°, en realidad, queda relegado por los artículos 5°, 6° y
7° donde se muestra a quiénes se quiere beneficiar: a unos pocos que van a aumentar
desmedidamente su jubilación aumentando la brecha entre quienes más y menos tienen.
En estos días, en los que se habla tanto de la inseguridad, entre comillas, en nuestro
país, también deberíamos saber que los países con más seguridad social son aquellos en los
que la brecha entre quienes más y menos ganan es la menor posible.
Que no se equivoquen nuestros jubilados porque ha sido nuestro gobierno el que ha
dado muestras de que ha pensado en ellos.
No voy a reiterar lo que se ha dicho. Pero sí me gustaría destacar algunos elementos
que son importantes.
Del 47 por ciento se pasó al 90 por ciento de la población en edad de ser incluida
como jubilada. Se ha garantizado que todos los meses se cobre la jubilación y que se aumente
de 150 pesos a 1.000 pesos, tomando como base el salario mínimo vital y móvil que había
estado congelado durante tanto tiempo.
Me pregunto si quizá con esta norma no se busca, justamente, congelar el salario
mínimo vital y móvil.
Que no se equivoquen nuestros jubilados porque no se puede construir la realidad sino
con la verdad. Y la verdad es la que se demuestra día a día.
Creo que, fundamentalmente, con la presente norma lo que se busca es el veto
presidencial y desprestigiar a nuestro gobierno. De lo contrario, no se hubiera dicho a ver si
se animan a vetar la esperanza de cinco millones de argentinos.
¿De qué hablan si cuando había que defender la seguridad social y los fondos de
nuestros jubilados no apoyaron la reestatización del sistema jubilatorio ni la ley de movilidad
jubilatoria, que garantiza los dos aumentos anuales y, como dijo nuestro miembro informante,
ha sido mucho mayor que la fórmula que se proponía desde la oposición?
¿Qué espera el pueblo de sus representantes? ¿Cuál es el fin de la política?
Justamente, creo que el fin de la política es el arte de lo posible. Y lo posible hoy es,
justamente, garantizar que todos los meses van a poder cobrar su jubilación, que van a contar
con los dos aumentos anuales y que se va a garantizar la sustentabilidad de todo el sistema de
la seguridad social. Aquí se piensa también en los trabajadores para que todos los meses
cobren el salario familiar, el salario familiar por escolaridad y, en su caso la asignación
universal por hijo, la asignación por maternidad y por nacimiento de un hijo.
Se ha dicho que se malgasta la plata de los jubilados. ¿Pero dónde está la plata de los
jubilados? ¡No está! En el 2003 ya sabemos lo qué pasó y cómo se encontraron las arcas. La
plata de muchos de los jubilados que hoy están reclamando se la llevaron las AFJP: ¡no está!
Hay bonos: no hay plata. La plata que está hoy es la de los trabajadores que se han
recuperado a lo largo de este tiempo, donde se han ido incrementando los aportes patronales y
también la cantidad de trabajadores en el país.
Por otra parte, no solamente sostenemos las jubilaciones con el aporte de las
jubilaciones: también, cuando compramos yerba o azúcar, estamos pagando el IVA, lo cual a su vez contribuye al sistema. También se sostienen las jubilaciones con el impuesto a los
combustibles y cuando desde la ANSeS colocamos el dinero para reinvertir en una obra que
será emblemática para el país y se va a realizar en nuestra provincia, como lo será Chihuido.
De este modo, vamos a estar generando trabajo y permitiendo un círculo virtuoso.
Entonces, como dijo el general Perón, creo que la única verdad es la realidad. Creo
que lo que se busca fundamentalmente hoy es, justamente, lograr desacreditar al gobierno y
pretender el veto de nuestra presidenta, porque ningún político responsable puede avalar esta
iniciativa.
Si realmente la oposición piensa ser gobierno en 2011 le digo que va a destruir otra
vez todo el sistema de seguridad social en la Argentina que hemos reconstruido a partir de
2003.
Sr. Presidente. – Senadora Parrilli: el señor senador Cano le solicitó una interrupción. Le
voy a conceder la palabra y después, si usted quiere, le podrá responder.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para no asentir con el silencio algunas cosas que se han dicho,
quiero señalar que la plata de los jubilados está.
Voy a dar un solo ejemplo: hoy 13.000 millones de pesos están en la banca; en los
bancos Macro y Galicia. Hay plazos fijos de la ANSeS al 9 por ciento anual, que después
esos bancos -la banca privada- les prestan a los jubilados a una tasa del 33 o del 35 por ciento
anual. Así que la plata está.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, señora senadora Parrilli?
Sra. Parrilli. – Señor presidente: creo que también hay que aclarar es que son bonos. De
hecho, si usted sale a vender esos bonos -como bien explicó el senador Calcagno y Maillman-
va a desfinanciar, desacreditar y bajarles indudablemente el precio.
Esta sería una discusión muy larga. Creo que en este momento no la podemos dar;
pero tampoco podemos dejar que se engañe a la población diciéndole cosas que no son reales.
O sea, no se puede ir a la ventanilla del banco a decir: “Déme 1.000 millones, porque
tengo que pagar el mes siguiente a los jubilados.” Esa plata no está. Hay que salir a vender
los bonos para poder pagarles. Entonces, lo que vamos a garantizar si esta norma se aprueba –
esperemos que no ocurra– es que en un mes o dos se caiga todo el sistema previsional y
tengamos una gran corrida de bonos en todo el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: perdóneme, pero tenemos una lista de oradores…
Sr. Presidente. – Está bien; se había pedido una interrupción…
Sr. Giustiniani. –… El Reglamento es muy claro. Hay interrupción si se concede; pero no
hay debate. No hay contestaciones.
Cada senador brinda su visión, sus fundamentos y continúa la lista de oradores.
Porque de lo contrario la sesión será interminable…
Sr. Presidente. – Está bien; pero siempre es criterio del cuerpo…
Sr. Giustiniani. – ¡Ya había terminado la señora senadora!
Sr. Presidente. – ¡No, está bien; pero…!
Sr. Giustiniani. – Pero hay un Reglamento. Yo pido que se aplique…
Sr. Presidente. – Señor senador Giustiniani: la senadora Parrilli me hizo señas en el sentido
de que quería redondear su idea. Por eso lo dejé para el final.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: la verdad es que si bien siempre me toca exponer sobre
temas económicos quiero salirme en este debate de pensar que solamente esta discusión debe
darse en término de costos y de recursos.
La senadora Parrilli señaló que la única verdad es la realidad. Debo decir que, gracias
a la iniciativa del senador Alfredo Martínez, salimos a recorrer el país y recogimos la
expresión de muchísimos jubilados de toda la Nación.
Desde esta banca me siento representante; y, fundamentalmente, representante de los
jubilados de mi provincia. Entonces, quiero traer aquí la realidad de esos jubilados. Si se me
permite, voy a leer textualmente cosas que quiero adjuntar porque forman parte de
documentos que me dejaron los jubilados de la provincia y que, además, quedaron inscriptas
en las versiones taquigráficas: son inherentes al tema en tratamiento y al problema que
tratamos de solucionar con este proyecto de ley.
En principio, voy a leer lo que sostuvo Argentina Brizuela, que fue obstetra, máxima
categoría en su rango –8– y que cobraba un haber mensual de 1.100 pesos. Ella habló de tres
temas: uno de ellos fue el de la ilegalidad y yo voy a leer aquí un párrafo de ese segmento de
su discurso. Ella dijo lo siguiente: Esta situación es ilegal porque viola la Constitución en sus
artículos 14 bis y 75, incisos 19 y 23, que incorpora los tratados de derechos humanos. Y aquí
permítaseme destacar la hipocresía de todos los que hablan de derechos humanos.
Es hipocresía que se inicie en el más alto nivel, pasa por la ANSeS, por sus directores,
su eterno recurso de amparo, por el gabinete de ministros de Economía, de Trabajo y de
Justicia, por los legisladores, por los juristas nacionales y provinciales y por todos los que a
sabiendas, en un gran acuerdo, decidieron estafar a miles de jubilados que sí aportaron,
condenándolos a una vejez indigna, dolorosa, con haberes que no alcanzan para sus remedios
y así se aceleró su muerte, la de muchos, casi un genocidio. La convención, de la que
hablábamos, dice que sólo podrá realizarse el ideal de ser humano libre si se crean
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales,
culturales, civiles, políticos. Claramente, alude al más elemental de los derechos: el derecho a
la vida. Es ilegal porque ignoran el caso Badaro I y Badaro II.
Lo que decía esta obstetra jubilada, que se tomó el trabajo de estudiar nuestra
Constitución y nuestras normas, es que en este momento realmente siente que, por su derecho
constitucional y por los fallos de la Justicia, debemos reconocer la actualización de los
haberes.
Otro jubilado bancario decía lo siguiente: Soy jubilado bancario. Hace cinco años
tengo juicio contra la ANSeS. Cobro 1.900 pesos, un empleado que recién se inicia cobra
4.700. Yo fui tesorero de sucursal y cobro el 40 por ciento del salario mínimo de un bancario.
Hace alusión a que ha escrito a varios senadores y que no ha encontrado respuesta.
Esa es una constancia del achatamiento de la pirámide.
Voy a citar tres testimonios más para dar por terminadas estas citas. Decían lo
siguiente: Queremos hacer público este reclamo que data de mucho tiempo a los mendocinos
en general y a los gobernantes, políticos y sindicalistas en particular, que hacen oídos sordos,
indiferentes, falta de solidaridad y de respeto, por la grave situación económica por la que
estamos atravesando el 80 por ciento de jubilados y pensionados, encontrándonos por debajo
de la línea de pobreza, con un haber de 770 pesos que, dividido por treinta días, nos da la
exigua suma de 25 pesos diarios para hacer frente a todos los gastos de sustentación vital y
otros, que a muchos no les alcanza ni para los remedios, llevándonos a morir de pena
sometidos a un plan gubernamental perverso, genocida [etcétera], mientras hemos aportado
toda una vida al servicio de la Patria.
Cuando Blanca hablaba de su mamá y de su papá me parecía estar escuchando a mi
mamá y ver replicada la situación de mi papá. Porque esta es la verdadera realidad que
nosotros debemos enfrentar. No debe ser esta solamente una discusión de costos y recursos.
Porque, por otro lado, no tenemos claridad numérica, como bien decía el señor senador
Fernández, dado que los números del ANSES no están claros y todavía muchísimo menos los
del presupuesto.
Entonces, se trata de una discusión que sí hay que dar –no negar, como decía Eric
Calcagno y Maillmann– sobre la sociedad de bienestar, sobre el derecho y sobre la dignidad
de los jubilados que aportaron todo durante su vida y es momento de que tengan su
reconocimiento para que su final sea mucho más feliz y no se estén muriendo de pena, como
ocurre actualmente.
Más allá de eso, quiero decir – porque el vicio de los números siempre lleva a la
discusión de algún número – que el Presupuesto está reconociendo en la ANSeS 156 mil
millones de pesos de los cuales el 60 o el 65 por ciento irán a aportes y, el resto, a otro tipo de
programas.
Los otros tipos de programas son decisiones políticas que a veces ni siquiera han
pasado por el Congreso de la Nación; y este otro tipo de programas suman bastante más de lo
que en este momento tiene el costo de este proyecto de ley, según se aclaró aquí. ¡No hay que
discutir mucho! Bossio vino aquí con un PowerPoint y dijo lo que salía el costo del proyecto
venido de Diputados, que no son los números de Eric Calcagno y Maillman pero le podemos
admitir 10 mil millones más, como él ha citado. Esos recursos están actualmente en la
ANSeS: ¡ni siquiera hace falta tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad!
Es más; según el Presupuesto 2011 se prevé 21.500 millones de superávit. Es decir
que, entre los programas que son decisiones políticas de este gobierno sin el respaldo del
Congreso más el superávit que ya está previsto para 2011, los recursos alcanzan para
implementar esta política.
Podríamos ahondar más. De hecho, yo creo que este revoltijo generalizado de los
números en realidad apoya una falta de claridad para poder tomar decisiones reales a mediano
y largo plazo; y este es el debate que tenemos que darnos. Para eso hay que recomponer los
números del INDEC y, por supuesto, no transformar a la ANSeS en otro INDEC, en cuya
página tampoco vemos publicada periódicamente la evolución de las cifras. Hemos tenido
momentos donde hubo hasta un año de rezago en la publicación de la información de la
ANSeS.
Por lo tanto, hay otra variable que analizar: que el gobierno, con los súper poderes –
como bien decía la senadora Sonia Escudero-, realmente toma decisiones por fuera de lo que
es la voluntad del Congreso. Su mayor ocupación debería ser tratar la “ley de leyes”: aprobar
a través de un presupuesto un plan de gobierno y después controlarlo.
Resulta que en 2007 el presupuesto era de 99 mil millones: por supuesto, había
subestimación de recursos. Entonces, por decreto de necesidad y urgencia 1.856 se movieron
31 mil millones.
En 2008 había 142 mil millones: se movieron por decreto de necesidad y urgencia
1.472, por mayor recaudación presupuestaria, 40.500 millones.
En 2009 había 299 mil millones presupuestados: se incrementaron los recursos por 27
mil millones moviéndolos con el decreto 1.801.
Sr. Presidente. – Senadora, finaliza tu tiempo. Le ruego redondear.
Sra. Montero. – En 2010 la estimación ya da 50 mil millones.
– Ocupa la presidencia el vicepresidente del H. Senado, senador
Juan Carlos Marino.

Sra. Montero. – Entonces, para terminar, digo que hay que dar este paso fundamental hoy
en el Congreso de la Nación.
Hoy tenemos que sancionar este proyecto de ley porque hace un cambio estructural y
hay que dar –por supuesto, sí– un debate a futuro del sistema jubilatorio que queremos, y del
Estado o la sociedad de bienestar que los argentinos se merecen.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sr. Osuna. – Señor presidente: hoy estamos analizando mucho más que el 82 por ciento
móvil. Como bien dijo el senador Calcagno, estamos analizando el presente y el futuro de la
seguridad social argentina.
Si bien uno de los artículos del proyecto se refiere al 82 por ciento móvil, en realidad
los fondos de la ANSeS y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad están directamente
afectados a sostener el día a día de millones de argentinos: de mucho más que los cinco
millones de jubilados. También son los siete millones más que totalizan esos 12 millones que
reciben además de jubilaciones, pensiones, subsidios por nacimiento, subsidios por
fallecimiento, subsidio por desocupación; los chicos y chicas y de la asignación universal por
hijo; en fin, de esas cosas estamos hablando.
Me llama mucho la atención que, por un lado, habiendo coincidencias en que
efectivamente es necesario mejorar las jubilaciones de los hombres y mujeres de Argentina –
cosa este gobierno desde el 2003 viene haciendo de manera regular y sistemática–, haya tan
poca afectación a fundamentar cómo y por qué se utilizarán los recursos para ese propósito.
Por un lado, ratifico los aportes que especialistas en Economía nos han hecho, que
además lo hicieron público: es cuestión de dejarlos o tomarlos. Me refiero a los economistas
del grupo Fénix, de la Universidad de Buenos Aires; a los especialistas de la Auditoría
General de la Nación; y a quienes, siendo economistas del CONICET, han aportado un
análisis pormenorizado de la ley. Dejar o tomar esos aportes también significa un
desmerecimiento. En efecto, en este recinto evidentemente hay una sacada de cuerpo para
abordarlo, para profundizarlo; porque en realidad lo que aparece en las intervenciones –al
menos hasta ahora– de quienes sostienen este dictamen en mayoría son referencias a que hay
plata; a que puede ser por el presupuesto; referencias generalizadas que en realidad más
tienen que ver con una confusión o con una alta especulación que con una convicción seria
sobre las posibilidades reales que esta iniciativa tiene.
Esto es así a tal punto que en el dictamen no hay absolutamente ningún fundamento:
se plantea que los fundamentos los dará el miembro informante. Yo escuché atentamente el
informe dado por el senador Martínez y la verdad es que no puedo colegir que haya un
análisis y una propuesta debidamente fundada con respecto a dónde, cuándo y cómo es el
origen de los fondos que van a sostener todos los artículos de este proyecto. No me refiero
solamente el artículo 1°, que habla del 82 por ciento, sino de los artículos 5°, 6° y 7°, que
suponen no sólo un alto incremento o inversión para sostener lo que proponen sino además
una grave desviación en materia de injusticia distributiva. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el
resultado de su aplicación va a devenir en un fuerte respaldo y respuesta a quienes hoy,
siendo jubilados, son los que obtienen las más altas jubilaciones. ¡No hay nada más que ver la
proporción que se afecta al artículo 1° y la proporción de recursos –estamos hablando de más
de 40.000 millones de pesos- para sostener los artículo 5°, 6° y 7°!
Hay dos cuestiones más a las que quiero referirme.
La senadora Montero dijo recién –y lo diré textualmente, porque lo anoté– que no
hace falta tocar el Fondo de Garantía. No sé si lo dijo porque está convencida o porque
implícitamente en ello hay una valoración del sentido último que ha tenido la creación del
Fondo de Garantía en el Decreto 897. Se trata de un fondo que se encuentra entre los más
importantes del mundo y con un altísimo crecimiento, sobre todo en el año 2009. Pero hete
aquí que el artículo 12 del proyecto de ley que estamos analizando expresamente habla de
pulverizar el Fondo de Garantía cuando expresa que no podrá superar el importe equivalente
a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas. Si de eso concluimos que prácticamente hay que liquidar el 50 por ciento de este
Fondo de 150 mil millones en cumplimiento de esta ley, ¿de qué estamos hablando? Estamos
hablando de no proteger los intereses del Estado. Estamos hablando de desatender los
intereses de los argentinos.
Sinceramente, creo que de lo que se trata hoy, de algún modo, es que estamos al punto
de un grave hecho de corrupción. El Diccionario de la Real Academia, cuando define la
palabra “corrupción” dice “alterar y trastocar la forma de algo. Echar a perder. Sobornar a
alguien con dádivas o de otra manera. Estragar, viciar”.
Creo que, de algún modo, estas acepciones se reflejan claramente en las
consecuencias que puede traer la aplicación de esta ley; o, al menos, de este dictamen que
hoy estamos analizando. Ello es así, primero, porque busca alterar el sistema previsional; lo
echa a perder. Y lo echa a perder justamente cuando en estos últimos años estamos en una
tarea seria y sostenida de sanearlo, de fortalecerlo, de darle confiabilidad, y de hacerlo
sustentable y sostenible.
Hay corrupción cuando no se puede dejar honestamente de sospechar que atrás de este
proyecto hay una intención espuria de soborno; de seducción a un grupo social vulnerable,
como el de nuestros adultos mayores, con el engaño que todos sabemos: de que es inviable en
el tiempo.
La Argentina tiene sobradas experiencias de estallidos. En la hipótesis de la sanción
de esta ley y de su aplicación efectiva, vamos camino al estallido del Sistema de Seguridad
Social argentino.
Los argentinos, justamente, sabemos de estallidos. ¡Bien lo saben los radicales cuando
hablaban del déficit cero y, planteando la búsqueda de ese déficit cero, apretaban el cinturón
de los más pobres!
En ese sentido, sostener la seguridad social de la Argentina hoy es rechazar este
proyecto.
Y quiero hacer referencia a otro punto. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la
Argentina hoy permite, por ejemplo, la culminación de Atucha II; la construcción de la
Central Energética de Enarsa “Brigadier López” en la localidad de Sauce Viejo, provincia de
Santa Fe y el Plan de Viviendas de la provincia de Buenos Aires. Solamente nombro algunas
de las inversiones.
Son realmente propuestas que, casi en espejo con lo que otros fondos de
sustentabilidad hacen en los países más desarrollados del mundo, están en la búsqueda de
invertir, de generar más trabajo digno y de acompañar el proceso de recuperación argentino.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: adelanto mi voto positivo a la aprobación que viene de la
Cámara de Diputados, convencido de que una medida de esta naturaleza tiene una serie de
beneficios que son sumamente importantes para sectores desprotegidos de nuestra sociedad,
como lo son los trabajadores pasivos, los adultos mayores, nuestros jubilados.
Estos beneficios los podemos calificar como generadores de certidumbre sobre los
ingresos futuros de los jubilados más postergados, ya que esta posibilidad de calcular el haber
de las jubilaciones mínimas a partir del valor del salario mínimo vital y móvil será de fácil
realización y verificación por parte de cualquier beneficiario; no como la metodología actual,
que requiere de conocimientos y desarrollos matemáticos poco conocidos y ejercitados por la
mayoría de la población beneficiaria.
Considero que dejar librado el valor de las jubilaciones a mecanismos opacos o poco
transparentes de definiciones de estos montos no es útil ni eficaz. Apelo a la memoria: pasó
con el MOPRE en la década pasada, ocurre ahora con la polinómica de ajuste de valor medio de las jubilaciones, pasaba con las AFJP, con los seguros de vida y de retiro que, al fin y al
cabo, nadie entendía, y no había forma de conocer una posibilidad de calcularlos.
Este proyecto de ley también tenderá a disminuir la cuantiosa litigiosidad que existe,
la innumerable cantidad de juicios que hoy, por recálculo, tiene la ANSeS, fruto de estos
mecanismos poco claros de determinación del haber inicial. Por supuesto, esto también
merece un párrafo aparte.
Yo me canso de decir en todos los lugares a los que voy que, lamentablemente, en la
Argentina, en estos momentos ni siquiera se cumple con el artículo 1° de la Constitución. Y a
riesgo de ser reiterativo, lo voy a mencionar aquí. Esta es una iniciativa que está íntimamente
ligada no sólo con la necesidad de la reivindicación de los derechos y de la justicia de los
jubilados, sino también con los recursos, con el problema que tiene nuestro país en términos
federales que, por cierto, no es materia de discusión de esta norma. También se puede colegir
o llegar de alguna forma a evaluar de que hay una distorsión de lo que la Constitución
expresa en su artículo 1°. Este proyecto de ley permitirá cumplir con la norma con mucha
claridad, porque se establece el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.
Además, estoy convencido –como lo dije recién– de que toda medida que genere
mejores condiciones de vida para los trabajadores, y en especial para los adultos mayores, son
concepciones buenas. En definitiva, estoy convencido de que la sanción de este proyecto de
ley establecerá un mecanismo sencillo, fácil, que la gente comprenderá. Y lo más importante
es que lo podrán controlar porque, reitero, es fácil de conocer o de comparar con los datos
públicos.
Esta iniciativa, que fija el mínimo del haber jubilatorio en el 82 por ciento, también
constituye una medida de igualación hacia arriba y no hacia abajo, como aquí se ha
mencionado. Si tenemos que hablar de medidas de igualación hacia abajo, este gobierno tiene
innumerables ejemplos de políticas de distribución arbitraria de los recursos, a las cuales ya
nos tiene acostumbrados. En esta banca lo hemos mencionado en diferentes tratamientos de
leyes. Por ejemplo, en el tema de las tarifas públicas, de los servicios públicos que son
subsidiados que benefician, casualmente, a poblaciones de sectores ricos que tiene el país.
Por supuesto, viniendo de la provincia de Córdoba, nosotros vamos a seguir insistiendo en la
defensa de los recursos que corresponde a cada una de las provincias y también de los
derechos que hoy tenemos que reivindicar aquí.
Voy a pedir autorización para insertar todo lo que tiene que ver con el financiamiento.
Creo que los diferentes senadores de la bancada del radicalismo ya se han referido a ello con
mucha claridad.
También me parece que es importante no desconocer ni olvidar que este pacto
intergeneracional que implica un régimen previsional sustentado en el esquema de reparto
está hoy, en el mediano y en el largo plazo, destruido. Que no nos vengan a decir que con la
sanción de esta ley lo vamos a destruir: ya está destruido. Nosotros también nos hacemos
cargo de los errores del pasado. Pero mientras tanto, miremos el presente y miremos el futuro.
Utilicemos los recursos que son de los jubilados para poder aumentar la jubilaciones a los
adultos mayores. Hagamos justicia. No cabe ninguna duda de que toda la dirigencia argentina
debiera tener presente que el pago de las jubilaciones tiene que salir del sistema previsional.
No se puede utilizar a la Administración Nacional de la Seguridad Social como un banco de
desarrollo, porque no es un banco de desarrollo; no tiene procesos de un banco de desarrollo;
no tiene evaluación de proyectos de un banco de desarrollo. Si quieren utilizarla para las
obras de infraestructura, lleven adelante otro proceso, otro camino.
Por último, creo que con esta ley vamos a iniciar el camino para poder generar lo que
dijo la senadora Monllau, a cuyas palabras adhiero fervientemente. Para no abundar, solo diré que me pasaba algo similar con mis abuelos. Lamentablemente, hoy no los tenemos para
poder decirles que vamos a hacer justicia. Y creo que con esta ley, sin lugar a dudas, estamos
en ese camino.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: yo realmente me siento nuevamente sorprendido con este
debate. Hoy nos cuentan los padecimientos que tienen los jubilados como si esto fuese de un
desconocimiento de todos los dirigentes políticos; como si el pasado de los jubilados hubiese
sido un pasado de gloria y como si durante el proceso de este gobierno se los hubiera venido
a condenar a un ostracismo y a una marginación absoluta, castigando a los adultos mayores.
Una exclusiva responsabilidad de este gobierno, de acuerdo a las expresiones que manifiestan
los senadores de la oposición.
Me pregunto qué hubiésemos hecho, cómo tendríamos que haber actuado nosotros si
hacíamos caso a todos los planteos de la oposición, cuando se oponían a la estatización de las
AFJP. Hoy una senadora planteaba que la ANSeS prestó 4.800 millones de pesos al Estado
nacional. En ningún momento le escuché decir, ni cuando discutimos el tema de las AFJP, las
comisiones que cobraban las AFJP, que se llevaron 12 mil millones de dólares de comisión,
aparte de todos los malos negocios que le cargaron a los jubilados de nuestro país.
Si revisamos las versiones taquigráficas de lo que cada senador de la oposición decía
en el momento en que discutíamos la movilidad jubilatoria, sería bueno que cada uno haga la
autocrítica correspondiente, porque estamos debatiendo este tema en función de esos
proyectos que, por imperio de la mayoría que tuvimos en ese momento, hoy se presenta este
proyecto imposible de cumplir, que demuestra una actitud de la oposición muy difícil de
entender. ¿Cómo podemos entender, señor presidente que, a poco más de un año de la
renovación del gobierno se presente un proyecto de estas características? Ello se debe a que
no existe vocación de poder; no existe conocimiento de la realidad ni responsabilidad con
respecto a lo que puede pasar si esta iniciativa es sancionada hoy. Me refiero –en esto me
comprenden las generales de la ley- al artículo 104 de la Carta a los Argentinos de la Alianza.
Son los mismos discursos que se están planteando acá, desde la oposición. Las mismas cosas
se plantearon para los jubilados y ¿cómo terminó la historia de los jubilados en ese entonces?
¿No hemos aprendido la lección, señor presidente? ¿No tenemos la suficiente humildad para
reconocer el proceso de recuperación de los jubilados que ha hecho este gobierno, que ha
dado dieciocho aumentos y ha incorporado a dos millones y medio de abuelos? Los adultos
mayores que no tenían el beneficio de la jubilación han sido incorporados por este gobierno.
¿No tenemos en cuenta estas cosas para evolucionar favorablemente con estos aumentos,
muy superiores a los que propusieran diputados y senadores de la oposición cuando
planteaban que los aumentos se tenían que hacer en función de las variaciones del INDEC,
del salario que estipulaba el INDEC, o del RIPTE que, del 2002 a la fecha, eran del 240 por
ciento. Pero, con la movilidad jubilatoria se logró el aumento que dio el gobierno nacional y
que superó el 470 por ciento de aumento.
Señor presidente: ¿cuál es el objetivo? ¿Beneficiar a los jubilados? Honestamente, con
todo el respeto que me merece la oposición, no lo creo. Acá hubo senadores que hablaron del
régimen, como si este no fuera un gobierno democrático elegido legítimamente por el pueblo.
¿Qué conlleva la palabra régimen? ¿Qué significado tiene que un senador, en este recinto,
acuse a este gobierno y a esta época de régimen? Me parece que hace falta un poco de
humildad, señor presidente, que tomemos conciencia de que, si queremos ser oposición,
tenemos que ser serios, porque acá –con este proyecto que tiene sanción de Diputados- no
estamos tratando de mejorar la calidad de vida de los jubilados. El objetivo, señor presidente,
hay que repetirlo y dejarlo en claro, es buscar un veto de la presidenta de la Nación para lograr un rédito político y un desgaste de la figura presidencial. Mezquina objetivo utilizar a
los jubilados para lograr este propósito. Mezquino objetivo.
Por eso digo que me parece que nos falta mucho para lograr convivir en una
democracia real. Cuando se plantea que no hay diálogo y que hay crispación en este país,
creo que estos son los proyectos que generan ese tipo de crispación. Es imposible que se
mantenga un diálogo civilizado porque no hay respeto a un proyecto de gobierno, al que
pueden criticar en los modos o en un montón de cuestiones, pero no pueden criticar esta
política previsional que los jubilados reconocen. Porque si no lo hicieran, hoy, las plazas del
país, la plaza de enfrente estaría llena de jubilados, como la llenaba Norma Plá –cuando
vivía- y todos los dirigentes jubilados y agrupaciones de jubilados, cuando realmente estaban
castigados por el sistema. ¿Quién se está movilizando para reclamar por esto en el país? Esto
es porque entienden el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la Nación.
Por ello, quiero rescatar algunos conceptos, por ejemplo, los planteados por el senador
Rodríguez Saá cuando discutíamos el tema de la movilidad jubilatoria. En esa oportunidad, el
senador Rodríguez Saá expresaba lo siguiente acerca del aumento a los jubilados: hasta aquí
estoy de acuerdo, lo reconozco, al igual que el pueblo argentino. Creo que esto ha surgido de
todos los sectores, con total claridad. Ahora bien, todos sabemos que el objetivo de los
jubilados, la aspiración de los hombres y mujeres de la Argentina es lograr el 82 por ciento
móvil, pero todos sabemos, también, que no es una tarea sencilla. No se puede decir con total
irresponsabilidad que debe otorgarse el 82 por ciento móvil ya para todos, porque ello
implicaría fundir al país o sancionar una ley que no se puede cumplir. Esto decía, con mucha
responsabilidad, el senador Rodríguez Saá, quien después pidió, respecto de ese proyecto de
movilidad jubilatoria, la incorporación progresiva, en función de lograr un aumento de los
haberes previsionales.
Todos estamos de acuerdo con que los jubilados mejoren su calidad de vida. Y creo
que el gobierno más que nadie, porque la recuperación que han tenido los jubilados, desde
2002 a la fecha, es palpable, visible y hasta valorada por ellos.
Estoy absolutamente convencido de que se está buscando el veto presidencial.
Entonces, si se llega a perder la votación, le quiero decir a la señora presidenta −la primera
mujer electa como presidenta de la Nación, quien puso lo que muchos presidentes no
pusieron− que vete tranquila le ley, pues esa medida será coherente con la política seria de
recuperación del país que se está llevando a cabo.
Creo que para ser una alternativa de poder, hay que presentar proyectos alternativos
serios, y que no nos condenen a que en el corto plazo estalle el país y debamos recurrir otra
vez al 13 por ciento de descuento en las jubilaciones o a los otros sufrimientos que tuvieron
que padecer los jubilados argentinos.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra el señor senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no podemos negar la enorme reparación que para millones
de jubilados significará la aprobación de este proyecto de ley, y que la situación es
absolutamente injusta desde hace tiempo. No voy a decir que los jubilados padecen esta
injusticia a partir de este gobierno. Históricamente, los argentinos hemos tenido muchos
altibajos respecto de nuestras políticas de Estado. Sin embargo, creo que nos encontramos en
la instancia de la reparación. Es decir, no se trata sólo de una injusticia de muchos años, sino
también −ya se han referido otros senadores a esa situación− del apartamiento de la
Constitución y de los fallos judiciales, los que no se han tenido en cuenta.
¿Qué nos dicen? Muchas cosas, por supuesto. Aquí se han dicho cosas gruesas, tales
como que este proyecto es un engaño, que hay mezquindad, extorsión, corrupción, etcétera.
Fueron muchas las barbaridades que se dijeron, acerca de las cuales considero que no fue el ánimo de ninguno de los señores senadores aceptar tamaña ofensa. También se nos dijo que
no hay dinero ni recursos, y que esto sería plantear un nuevo modelo previsión. Esto último
tampoco me asusta; si esto significara un nuevo modelo previsional, en buena hora.
Creo que comparar este proyecto con la instancia en que se planteó la movilidad y
fracasó no es lógico, ya que son situaciones absolutamente distintas. En ese momento todavía
se creía que el sistema previsional podía autofinanciarse sólo a través de los aportes. Hoy
sabemos que está compuesto por muchos elementos, incluso impuestos a las Ganancias y
porcentajes de coparticipación que ya deberían ser reintegrados. En esa época, el superávit
existente tampoco fue cuidado con una serie de políticas como podría haber sido, entre otras,
la lucha contra la evasión.
La cuestión es que, más allá de que las cosas hayan fracasado en otra época, no tienen
por qué admitirse que esto tenga que pasar siempre. Creo que es una responsabilidad política
del oficialismo y de la oposición hacer justicia con los jubilados.
¿Cuál es el fondo del problema? ¿Por qué razón, entre muchas otras, el oficialismo se
opone a esta iniciativa? Porque no quiere cambiar. Hay mucha soberbia en el sentido de que
las ideas que no provienen del oficialismo no son buenas. Cuando se anuncian medidas
sociales con bombos y platillos se hace por la Patria. Pero cuando la oposición tiene ideas
para dar respuesta a los jubilados se trata de un engaño, una extorsión y una mezquindad. En
esto hay una importante asimetría.
En ese sentido, es nuestra obligación hacer propuestas concretas y hubiese sido
interesante que el oficialismo hiciera los ajustes necesarios en lo que hace a las maneras de
emplear los fondos previsionales y al modo de aplicar las políticas de subsidios, sobre lo que
ya tanto hemos dicho en lo que hace a su injusticia y a la falta de transparencia. El hecho de
que hoy en día las jubilaciones mínimas representen entre el 58 y el 60 por ciento del salario
mínimo vital y móvil es una muestra de la injusticia que se comete con los jubilados; que el
77 por ciento –cuatro millones trescientas mil personas– de los jubilados cobre el haber
mínimo es parte de esta injusticia. En 1992, el mínimo solamente lo percibía el 23 por ciento.
En el 2001, el 37 por ciento, y hoy lo percibe el 58 por ciento de los jubilados. Creemos que
esto es absolutamente injusto. Además, tampoco se trata de una suma exorbitante. Se pasaría
de 1046 pesos a 1426 pesos. No olvidemos que hay estudios –por caso, el ombudsman de la
Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires– que indican que la
canasta básica de un jubilado debiera estar en 2063 pesos; más del doble de la actual y más
del 50 por ciento de lo que resultaría de aplicarse la norma en consideración.
Se dice que no hay recursos. Pero en muchas ocasiones se alaba el superávit de la
ANSeS, consistente hoy entre 23 y 30 mil millones de pesos. Allí están los fondos ya que el
costo de esta norma –así se ha dicho– estaría entre los 15 y 19 mil millones si uno considera
el recupero por la mayor recaudación tributaria. Y si se aplicaran los ajustes relacionados con
el caso Badaro, se sumarían aproximadamente unos 4500 millones de pesos.
Entonces, si ese es el superávit, allí está la manera en que se podría aplicar.
Justamente, el sistema previsional no debiera ser el único en el cual el Estado tenga superávit.
¿Por qué no da superávit Aerolíneas Argentinas, que es pura pérdida? ¿Allí nadie hace el
ajuste? ¿Por qué entonces el ajuste es para los jubilados? Pero a estos no se les puede decir
que se los va a reparar dentro de tres, cuatro o cinco años. Creo que la reparación debe ser
ahora y esta es la respuesta, ya que la ANSeS cuenta con los recursos. Pero no quiero hablar
de que se tomen los fondos que se manejan, que son fruto de lo que se llama una garantía de
sustentabilidad, porque se han formado con los 28 mil millones que se incautaron a los
trabajadores que ahorraron en las AFJP. Pero hoy cuentan con 152 mil millones que el Estado
utiliza como un fondo de financiamiento absolutamente injusto, caprichoso y arbitrario, en virtud del cual el Estado se presta a sí mismo miles de millones de pesos en letras y hace
operaciones financieras en energía, en infraestructura y en vivienda.
Aquí se mencionó el caso de las viviendas en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué
no se financian viviendas en las provincias de Salta, Jujuy o en otras? Es definitiva, esto
demuestra lo caprichoso de la utilización de estos fondos. También se puede mencionar el
caso de empresas que se financian por esta vía, algunas formadas para obras públicas
construidas por amigos, como las centrales eléctricas o la industria automotriz.
¿Qué es este financiamiento? El país, al no tener un sistema financiero que pueda
financiar la producción, y al no contar las empresas con ningún tipo de financiamiento, deben
recurrir al Estado, porque es más fácil acudir al lobby estatal que acceder a la calificación
técnica de una carpeta. Entonces, triunfa el lobby, la arbitrariedad o el capricho. Así se
determina “esta obra sí”; “este camino sí”; “las viviendas solamente las de Buenos Aires,
donde hay votantes, total, en el resto del país la gente no protesta.”
Asimismo, hay que mencionar el tema de los subsidios. Aquí resulta que prestarle a
AySA –que es una empresa del Estado– 265 millones para el servicio de agua, equivale a
decir que los jubilados de todo el país están subsidiando el servicio de agua de la Capital
Federal y del Gran Buenos Aires, porque cabe señalar que ni siquiera estamos hablando del
servicio de agua de todo el país.
Entonces, así como ya dijimos que las provincias petroleras recibieron por el gas una
cifra ínfima durante muchos años, ahora venimos subsidiando a la zona más rica de Buenos
Aires y a los countries el consumo de gas, siendo la gente del interior la que subsidia el
transporte de la Capital y del Gran Buenos Aires. También dijimos cuando analizamos el
presupuesto, que los subsidios constituyen una cifra aún mayor que la que se pretende otorgar
a los jubilados. En efecto, son más de 23 mil millones de pesos en este presupuesto en
materia de subsidios al transporte, a la energía, al gas y a todo lo que está injustamente
subsidiado –como hemos visto– en muchos casos. Aquí no se trata de subsidios a favor de los
que menos tienen, sino de subsidios a favor de los que no pueden pagar y de los que sí
pueden hacerlo.
Entonces, debemos concluir que hay recursos hay debido al superávit de la ANSeS y a
la renta de las colocaciones financieras tipo banco de desarrollo que implementa el Estado.
También existe una posibilidad de que se recalculen los subsidios que el Estado otorga.
Por último, debo resaltar que a través de los últimos artículos del proyecto se
resolvería, aunque aquí no se quiera admitir, la litigiosidad. Hoy tenemos 400.000 juicios, y
cada vez se suman más. Ya señaló aquí la senadora por Salta lo injusto que es esto, dado que
solamente aquellos que tuvieron la paciencia, la fuerza y la posibilidad de reclamar
judicialmente se verán beneficiados con dichos juicios, mientras que la gran masa de 400.000
personas no tiene ninguna expectativa de que su situación se revea, porque los fallos son para
quienes plantean los reclamos. Por eso, este proyecto repara dicha situación
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por todo lo que se ha dicho a favor de esta
iniciativa en este recinto, adelanto mi voto positivo al dictamen de mayoría.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: desde nuestro sector vamos a apoyar firmemente la
sanción de este proyecto de ley, desde el más profundo convencimiento de que tiene que
terminar en nuestro país la enorme injusticia de que exista una ANSeS rica y jubilados en la
miseria.
Uno de los pilares de nuestra sociedad debe ser la solidaridad: el Estado debe tener
siempre una mirada hacia quienes menos tienen y en este caso hacia aquellos que tienen un
alto grado de vulnerabilidad laboral. Las personas de la tercera edad, los ancianos y los jubilados, son quienes están en peores condiciones para trabajar y generar nuevos ingresos
que les permitan llevar una vida digna. La solidaridad para con ellos se basa en esa
vulnerabilidad y no admite demoras.
Hablamos también de la necesidad de asegurar una movilidad real, no de continuar
con el actual esquema de aumentos a cuentagotas, aumentos nominales y no reales que
transforman a los jubilados en nuevos pobres. Sabemos que se pueden reducir o modificar
algunos gastos o rubros del presupuesto nacional, muchos de los cuales son innecesarios,
pero no se pueden achicar o reducir los ingresos de los jubilados que no cuentan con otras
posibilidades para procurarse nuevos ingresos.
La jubilación es el pago por haber dedicado buena parte de la vida a trabajar o a
producir. Por eso no es un gasto, sino un derecho que debe abonarse con movilidad real. Y si
no existe movilidad ello significa no sólo una falta de reconocimiento a los jubilados, sino
por sobre todas las cosas una falta de respeto que implica desconocer los valores del esfuerzo
y de la dedicación de tantos años para entregarle a cambio sólo migajas.
Consideramos que el Estado debe preservar los valores. No queremos una sociedad
sin valores. El primer paso para lograr una jubilación del 82 por ciento con movilidad real es
tener una ley como la que hoy vamos a votar, que haga activo y operativo dicho principio.
Quiero remarcar también otro concepto que juega a favor de sancionar ya mismo este
proyecto de ley, cual es que los dictámenes judiciales reconocen que se han negado derechos
de manera arbitraria. Los juzgados de la seguridad social de todo el país están abarrotados
con más de 400 mil juicios por reajustes jubilatorios contra la ANSeS. Si bien el presupuesto
estima que en el año 2011 podrían cancelarse unas 30 mil sentencias, todos los años ingresan
unos 100 mil casos nuevos, que se agregan a los 400 mil en trámite. Esto implica una deuda
que a valores actuales ronda entre 30 y 40 mil millones de pesos. En el presupuesto de este
año se prevé destinar 2.800 millones al pago de juicios. Nos preguntamos: ¿no se estará
promoviendo una industria del juicio? ¿Qué pasa con el dinero que se paga a los abogados?
¿Nadie pensó cuál es el costo de tener una justicia desbordada? Por ello, es hora de que
ningún jubilado tenga que reclamar por sus derechos. Es hora de que tengan una jubilación
digna porque se la han ganado a lo largo de su vida activa.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César Cleto Cobos.

Sra. Di Perna. – Cuando hablamos del fondo de garantía de sustentabilidad de ANSeS
sabemos que tiene 150 mil millones que el gobierno utiliza a discreción y que se destinan a
los llamados proyectos productivos que, en realidad, lo que hacen es premiar a gobernadores
aliados. Por ello, asignando el 82 por ciento móvil a las jubilaciones el Estado nacional no se
desfinancia, pero va a perder poder de discrecionalidad para premiar a los amigos.
Por otro lado, gran parte de los recursos que existen provienen de una estrategia
sistemática de subestimación presupuestaria por parte del kirchnerismo. Así se ha conseguido
que el presupuesto pierda toda relevancia como herramienta de política económica y se haya
transformado en una ficción. En última instancia se trata de otra institución que ha sido
degradada por este gobierno.
Al considerar todas la subestimaciones que tiene el presupuesto de 2011 se observa
que el gobierno nacional tiene nada menos que un margen de 117 mil millones para gastar
discrecionalmente: 35 mil millones por subestimación de los ingresos, 42 mil millones por
subestimación de fuentes de financiamiento, 40 mil millones por el margen que brindan las
mayores fuentes de financiamiento en términos de reducción del superávit primario. Con este
margen de discrecionalidad que tiene el presupuesto ¿tiene que ser la ANSeS con el dinero de
los jubilados la que financie la Asignación Universal por Hijo?
Señor presidente: ¿cuál es el único argumento del gobierno para oponerse a este
proyecto? Que no hay financiamiento. En caso de implementarse el proyecto se produciría la
quiebra de ANSeS. Este argumento es totalmente falaz. Vayamos a los números verdaderos.
El costo total es aproximadamente de 35 mil millones de pesos: 20 mil millones por el 82 por
ciento y 15 mil millones por la actualización de haberes no mínimos.
En el año 2011 el gasto público total del gobierno nacional será nada menos que de
450 mil millones de pesos, cien mil millones más que en 2010. El proyecto afecta menos del
10 por ciento del gasto público de 2011. Es decir, el gasto crecerá más de cien mil millones y
sólo se necesitan 35 mil millones para pagarle a los jubilados lo que les corresponde.
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna: la senadora Osuna le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Di Perna. – Termino, así no pierdo la ilación.
Como queda claro, los recursos están; lo único que se requiere es establecer
prioridades en el gasto.
En el año 2011 también el gobierno gastará en un esquema de subsidios a la energía y
transporte, tal como se dijo aquí, que resulta profundamente regresivo en términos sociales,
60 mil millones de pesos. ¿Cuánto es el costo del proyecto? 35 mil millones.
Si ponemos el foco en los recursos de la ANSeS, también el proyecto es
absolutamente financiable. En 2011 la ANSeS tiene un superávit estimado de 12 mil millones
de pesos. Este excedente debería ser aplicado al financiamiento del proyecto.
Actualmente, los recursos para financiar el Programa de Asignación Universal por
Hijos, 12 mil millones más, surgen de la ANSeS, cuando debería financiarse de Rentas
Generales o ser incluido en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Así se
liberarían 12 mil millones más para este proyecto. Adicionalmente, luego de la estatización
de las AFJP, la ANSeS se hizo cargo de todos los títulos que estaban en manos de las AFJP,
que pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Para 2011 se
estima que este fondo tendrá rentas por 15 mil millones de pesos, que perfectamente podrían
aplicarse a financiar este proyecto.
Señor presidente: tomando únicamente estos tres componentes –superávit estimado de
ANSeS, pasando el Programa de Asignación Universal por Hijo a Desarrollo Social y las
rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- se suman 39 mil millones de pesos, con lo
cual se observa claramente que la ANSeS tendría financiamiento asegurado para 2011,
incluso quedaría un excedente de 4 mil millones de pesos.
Para terminar, señor presidente, la Comisión de Trabajo del Senado realizó audiencias
en distintas provincias donde se paga el 82 por ciento móvil a jubilados provinciales. Una de
estas provincias fue Chubut. En nuestra provincia el promedio general del beneficio
jubilatorio a julio de 2010 es de 4.452 pesos, y sólo el 6 por ciento del total de los jubilados
provinciales se encuentra en el rango de la jubilación mínima, que en Chubut es de 1708
pesos, lo que equivale al 82 por ciento del salario mínimo.
Esta tarea se inició en el año 2003 con la decisión política de reconocer la deuda que
tenía el Estado provincial con la Caja de Jubilaciones. En primer lugar, los jubilados
recuperaron el 13 por ciento que les habían retenido en años anteriores de crisis. Luego se
conciliaron las deudas que el Estado tenía con la caja y se sancionó la ley provincial 5409 en
noviembre de 2005, definiendo un régimen jubilatorio renovado, estableciendo un valor
jubilatorio igual al promedio de los haberes percibidos durante los últimos diez años, y sobre
esta determinación el pago del 82 por ciento con movilidad directa, o sea, que cada aumento
en el sector activo se aplica a las jubilaciones.
Como podemos ver, llegar al 82 por ciento móvil es posible; requiere planificación,
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
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eficiencia y austeridad en el manejo de los fondos públicos y una inquebrantable voluntad
política de reconocer a los jubilados el derecho adquirido a lo largo de toda su vida.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quisiera chequear algún dato con la senadora que acaba de
intervenir porque un aspecto fundamental del debate de hoy tiene que ver justamente con el
financiamiento.
La senadora señaló que respecto lo que sería el Título II, movilidad de las
prestaciones previsionales, el costo es de aproximadamente 20 mil millones de pesos. Cuando
se refirió al Título III –aunque no se expresó en esos términos-, recomposición de haberes,
dijo que se necesitan 12 mil o 15 mil millones de pesos. Si es posible, quisiera saber cuál es
la fuente técnico académico de esos fundamentos, para confrontarla con la que el bloque del
Frente para la Victoria dispone. Pregunto esto porque me parece que hace al fondo de la
cuestión.
El otro tema es que respecto a la afectación de los recursos de los proyectos
financiados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad la senadora refería que tenía que ver
con el origen o la amistad de los gobernadores con el Poder Ejecutivo nacional. Entonces, en
ese sentido quiero preguntarle si usted se refiere, por ejemplo, a que ese origen tiene que ver
con la culminación de la obra Atucha II, o la central energética ENARSA Brigadier López de
la provincia de Santa Fe, o, por ejemplo, el préstamo del EPEC para la construcción de la
termoeléctrica Pilar, de Córdoba, o la culminación de la central térmica Loma de la Lata; en
fin… ¿Le consta si tienen ese origen?
Sr. Presidente. – Le pido que se dirija a la Presidencia.
Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – No es momento para que nos pongamos a debatir sobre obras. Sí puedo
decirle que la fuente de información tiene que ver con ex ministros de Economía y ex
presidentes del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: advierto que no vengo a hablar de dinero. No deja de
ser tranquilizante no tener razones financieras que a veces se usan para defender cosas
diferentes.
Cuando estrené mi banca de diputada recuerdo que los días miércoles me llamaba
siempre la atención por qué si se convocaba la sesión a las 2 de la tarde, recién se comenzaba
a las 5. Un día alguien me dijo con enorme cinismo que había que esperar a que se fueran los
jubilados porque el miércoles era el día que venía Norma Plá y estaba instituido como el día
de la protesta. Norma Plá no está. Aquel ministro ya no tiene lágrimas. Tenemos otro
ministro que tiene improperios, y sí tenemos muchas Norma Plá que tienen lágrimas pero que
no la tienen a Norma Plá gritando en la plaza por ellos.
De todos modos, entre aquellos legisladores que se escondían de Norma Plá y estos
otros que han ido a recorrer todo el país para escuchar a los jubilados han pasado casi 10
años. Lo que nos resta saber hoy es si este Parlamento se va a seguir escondiendo de sí
mismo, porque vale recordar que fue este mismo Congreso el que privatizó hasta el suspiro,
utilizó las razones financieras como justificación y, con los mismos argumentos, en un
tiempo han defendido proyectos diferentes. De modo que de lo que se trata ya no es tan sólo
que las jubilaciones se eleven al 82 por ciento del salario vital y móvil o que se cumplan los
fallos de la Corte –esto es, que se actualicen las jubilaciones que se han congelado entre 1991
y 1995 y entre 2002 y 2006– o que se cambie la fórmula con la que se calcula la movilidad
sancionada como ley en el año 2008; de lo que se trata es de saber si este Congreso dejará de
esconderse de la sociedad y si vamos a resarcir lo que esta sociedad vive como una estafa.
Es cierto que todos los gobiernos cayeron en la tentación de utilizar el dinero de la
seguridad social, lo que pertenece a los jubilados no como dádiva sino como derecho. Pero,
como no quiero cometer lo que critico –esta danza de números, los argumentos
economicistas–, quiero hablar de lo que en nombre de estos números se ha cancelado en
nuestro país: los derechos. Es ahí donde quiero centrar mi argumentación.
Voy a aprobar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados por la obligación
ineludible que tenemos de garantizar lo que nos manda nuestra Constitución y lo que nos
reclama en sus fallos la Corte Suprema.
Y en estos días nadie lo ha dicho mejor que el jurista Roberto Gargarella, y por eso le
pido permiso para tomar sus palabras, porque es bueno decirlas aunque resulte desolador
hablar a estas bancas vacías, aún cuando resulte casi una inutilidad de esfuerzo este
monólogo que se convierte ya en una prueba de la carencia de diálogo, porque lo que nos
manda precisamente la Constitución de 1994 es no postergar derechos.
Con frecuencia estos derechos se escamotean con otro tipo de argumentos: con
argumentos economicistas, o a veces, como sucede en estos días, con falsos argumentos
ideológicos que en realidad son dogmáticos. Ojalá estuviésemos en este recinto discutiendo
efectivamente de ideología, porque entonces pondríamos en el centro del debate no sólo los
derechos sino también cuál es el Estado que queremos, qué tipo de Estado queremos.
¿Queremos un Estado que no antepone el bien común? ¿Queremos que, como ha ocurrido a
lo largo de nuestra historia, se confunda tanto gobierno con Estado? ¿Queremos un Estado
que no admite la transparencia? ¿Queremos un Estado que no sabe que tiene la obligación de
garantizar derechos y eso que se ha aprobado en este mismo recinto, que es el acceso a la
información, para que podamos tener ciudadanos que con información puedan tomar mejores
decisiones?
Se ha dicho que esto siempre se ha hecho, y es cierto, porque hay que reconocer que a
lo largo de nuestra historia reciente los gobiernos han caído en la tentación de tomar lo que
les pertenecía a los jubilados, pero también hay que decir que el hecho de que haya violado
tantas veces no atenúa la gravedad de la violación.
De modo tal que tenemos que decir que cuando hablamos de derechos y de esta
Constitución reformada en 1994 que nos pone como un chaleco de fuerza esta defensa de los
derechos, también hay que decirlo: los derechos y el cumplimiento de la Constitución no
están atados al presupuesto, porque si fuera así, los derechos serían un lujo de los ricos, y
precisamente la universalidad es lo que nos permite construir una sociedad de iguales.
Justamente son los derechos el instrumento político más eficaz para igualar las
desigualdades; es ese instrumento que tiene el Estado para armonizar lo que es desigual. En
este sentido, Gargarella sostiene que los derechos no son lujos que nos reservamos para
momentos de bonanza; los derechos no residen en la periferia de las políticas públicas
exitosas. Es exactamente al revés. Los derechos están en el centro y, por eso, todo este debate
debiera subordinarse a esa prioridad. Tendríamos que preguntarnos si esta es una prioridad
para todos, que no admite ni siquiera especulaciones políticas que, a veces, se las confunde
tanto con especulaciones electorales. Tendríamos que preguntarnos si, efectivamente, es una
prioridad para todos, porque ahí sí deberíamos aunar esfuerzos, experiencia, sabiduría y
escuchar a los otros para resolver lo que es un tema de todos. Es en nombre de esa centralidad
sobre la que deberíamos coincidir, por respeto a nuestros mayores, pero también por respeto a
nosotros mismos.
Si se acepta esta centralidad deberíamos, insisto, evitar esas mezquinas especulaciones
o invalidar los argumentos que aquí se utilizan con chicanas políticas o con razones que no
respetan precisamente lo que tendríamos que tomar como un argumento. De ese modo,
veríamos que todo es mucho más sencillo, porque todo se reduciría a una cuestión de
prioridades. Y ahí sí veríamos caer como naipes todos los castillos que se construyeron con el
dinero de la ANSeS, una masa equivalente a la que manejan los bancos, sólo que sin control
y sin transparencia.
He prometido no hablar de números y no utilizar argumentos financieros. Las
manifestaciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra han mostrado
claramente cómo se trata, una vez más, de prometer castillos de naipes que espero no los
veamos caer, porque ello implicaría –como he escuchado recién, algo que también
deberíamos cancelar como argumento político–amenazarnos con nuestro futuro.
No se trata de la intervención del Estado. Y aquí quisiera referirme a esto, con lo que
se nos invalidan nuestros argumentos en un falso debate ideológico que, repito, es un debate
dogmático y doctrinario. No es la intervención del Estado la que define la mirada ideológica.
En un país en el que el Estado carga con la brutal marca del saqueo y de la estafa, y se
confunde tanto Estado con gobierno, ya es hora de que nos preguntemos con enorme
honestidad, sin chicanas políticas, qué tipo de Estado queremos: ¿uno que sea transparente,
que garantice los derechos, que anteponga el bien de todos, o el que utiliza el dinero de todos
como bien propio o el que niega la información o la maquilla o la miente?
Por supuesto, creo en la intervención del Estado, pero no en la de un Estado que
primero privatizó y quince años después dio la opción a la elección, sin garantizar antes la
información en la que se sustentan siempre las buenas decisiones ciudadanas. Primero, se
dejó en manos del marketing la publicidad de las AFJP, que prometían un pasaje al primer
mundo sin que se las controlara y a las que después se denostó por sus comisiones
exorbitantes. Pero cuando debían comenzar a pagar las jubilaciones, se las estatizó, apenas un
año después de haber dado la opción de la elección, ese cambio de reglas de juego que está en
la base del descrédito que cargamos como país.
¡Ojalá, insisto, hiciéramos un auténtico debate ideológico y no éste dogmático,
porque, entonces, veríamos que nuestro verdadero problema no es establecer, por una
cuestión de justicia, el 82 por ciento móvil, sino que la mitad de los trabajadores argentinos
sean los que realizan los aportes! En ese sentido, nos abocaríamos, entre todos, a debatir la
postergada reforma tributaria. Entonces sí, no tendríamos una bomba de tiempo previsional,
como ya se nos ha advertido.
Por supuesto, creo en la filosofía que sostiene que quien tiene más debe dar al que
tiene menos, pero no como asistencialismo ni como caridad sino como una profunda reforma
que nos encuentre debatiendo a todos, sin invalidarnos –insisto– con chicanas políticas.
De modo que voy a seguir a rajatabla el consejo del constitucionalista, que nos dice:
Cuando te digan “No tenemos dinero para los jubilados”, debemos responder “Lamento
comunicarles que es una obligación incondicional y el dinero se deberá sacar de cualquier
actividad que hoy se realice que no esté relacionada con la garantía constitucional”. Y no lo
son, ciertamente, mantener el déficit de Aerolíneas Argentinas ni sustentar el fútbol, ni
mucho menos la distribución de decodificadores, por más que el fútbol sea una pasión en
nuestro país y hoy se haya convertido en la metáfora más odiosa de nuestra sociedad.
De manera que, porque vine a hablar de derechos y no tengo razones financieras, es
que no puedo aceptar esta especie de chantaje de que se nos diga “De dónde sacamos el
dinero” cuando, en realidad, es nada más que una cuestión de prioridades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: creo que llegó la hora de la verdad. Finalmente
estamos sentados tratando el 82 por ciento móvil. Y me extraña que el oficialismo no haya
hoy hablado de los derechos humanos, cuando generalmente empiezan sus discursos diciendo
que hay que respetar los derechos humanos.
¡O qué casualidad que el tema de la ancianidad que –como dijo la senadora que me
precedió en el uso de la palabra– está incorporado en la reforma constitucional del 94 a través
del Tratado de Derechos económicos, cuyo texto dice que el Estado debe maximizar todos los
recursos como prioridad para proteger a la ancianidad, no ha sido ni siquiera mencionado en
los discursos oficiales!
¿Sabe qué pasa, señor presidente? Se termina la fiesta. Se termina la fiesta, señor
presidente. Llegó la hora en que el Parlamento se puso de pie y dijo “Cumplamos con el
derecho humano de proteger a la ancianidad”.
Recién un senador decía que había que repasar las versiones taquigráficas del debate
sobre la movilidad. Yo las he repasado y tengo absoluta coherencia en mi discurso entre lo
que dije en ese momento y lo que voy a sostener ahora, que por supuesto consiste en apoyar
este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados.
Yo sí voy a hablar de derechos y también de cuestiones económicas. Porque
indudablemente no podemos prescindir de ello en virtud del artículo 126 del Reglamento, que
nos obliga a que todo proyecto tiene que ir unido a las fuentes de financiamiento.
¿Y por qué lo voy a hacer? Porque no hay duda de que a este derecho constitucional
le sobran fuentes de financiamiento. Lo que pasa es que no hay voluntad política ni hay una
política de Estado de protección a los sectores supervulnerables de la sociedad como son los
sectores de la tercera edad. Es por eso que se dice –o se quiere decir– que no hay
financiamiento.
Voy a hacer un breve relato. La ANSeS tiene una financiación que proviene en un 60
por ciento del aporte de los activos. Indudablemente no es un sistema de reparto puro, porque
es imposible sostenerlo. Es por eso que el otro 40 por ciento de los recursos de la ANSeS se
conforman con las detracciones de la masa coparticipable, además de las detracciones, antes
de la coparticipación, de lo que corresponde a impuesto a las ganancias, al IVA y a otros
conceptos como el impuesto a los bienes personales, a los automotores, al combustible,
etcétera.
Ahora bien, ¿cuál es en realidad el primer problema que se presenta con relación a
estos ingresos? Se plantea respecto del primer porcentaje –es decir, el 60 por ciento–, y tal
como muchos senadores han dicho en este recinto, tiene que ver con la informalidad laboral.
Entonces, acá tenemos la primera responsabilidad del gobierno nacional: la informalidad
laboral, que es precisamente falta de control, falta de apertura de acciones y conductas que
lleven a que cada trabajador dignamente reciba lo que le corresponde por su trabajo, pero
además que tenga los aportes necesarios para contribuir a la equidad intergeneracional.
Según fuente del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 45 por ciento de los ocupados
del Gran Buenos Aires, y los asalariados de esa provincia, que alcanzan al 43 por ciento, se
encuentran en situación de informalidad. Y, entre los independientes, la informalidad alcanza
hasta el 54 por ciento. Lógicamente, con semejante porcentaje de informalidad en la
República Argentina, no es posible sostener este sistema solamente con los aportes.
Pero hagamos el siguiente estudio, porque he escuchado acá que ha habido una
revalorización del haber mínimo, del haber jubilatorio. Miremos lo que dicen las estadísticas
que el propio gobierno publica. En 2003, el salario mínimo aumentó un 596 por ciento y el
haber mínimo se incrementó un 376 por ciento. Asimismo, estábamos a un 88 por ciento de
lograr el 82 por ciento móvil. Hoy, señor presidente, como se ha mencionado, hay un retraso
del 28 por ciento. En 2003, estábamos en un 88 por ciento, en 2005 bajó al 54 por ciento y, en
2010, al 60 por ciento.
Entonces, en cuanto a los fondos de la ANSeS, la primera problemática es el alto
porcentaje de informalidad que existe en la República Argentina.
Pero vayamos al segundo tema –objeto de cuestionamiento y del que mucho se ha
hablado acá–, referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La inversión de este Fondo
está compuesta en un 62 por ciento, por bonos del Tesoro, que producen una renta del 4 por
ciento, cuando la inflación se encuentra entre el 15 y el 25 por ciento. Tomemos nota,
entonces, de cuál es la desinversión que existe de ese Fondo, que se conformó
fundamentalmente con los recursos provenientes de la estatización de las AFJP: 4 por ciento,
si la inflación es entre el 15 y el 25 por ciento.
El segundo rubro de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son
acciones y títulos privados. Eso da un 11 por ciento. Son acciones, obligaciones negociables,
fondos de inversión directa, etcétera.
El tercer rubro, que implica un 8,6 por ciento, son los proyectos productivos, que a su
vez se dividen en dos grandes rubros. El primero, constituido por los proyectos productivos
de infraestructura; y entonces parte del 8,6 por ciento de este Fondo se destina a la Central
ATUCHA y a ENARSA. –¿sabemos a qué se dedica ENARSA?; todavía no lo sabemos–, así
como también a los préstamos para la provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad de Río
Cuarto, al Programa Plurianual de Construcción de Viviendas en el Chaco, etcétera.
Finalmente, la otra parte de los proyectos productivos –porque esto hay que decirlo,
me refiero a dónde va la plata de los jubilados- va a incentivar a la industria automotriz. ¿Y a
quiénes les estamos prestando dinero, incentivando y ayudando? A Peugeot, Citroën,
Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat, Renault, Toyota y Mercedes Benz.
Además, se destina un 8 por ciento a depósitos a plazo fijo en diversos bancos.
Así mismo, reitero, la rentabilidad del Fondo es de un 4 por ciento, que suele ser
afectada a la Asignación Universal por Hijo cuando no alcanzan los recursos de la ANSeS.
Caso contrario, se destina a la capitalización del fondo.
¿Qué estamos diciendo? Que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS
se conformó con los ingresos provenientes de la estatización de las AFJP, es decir, con el
dinero que fueron aportando los ciudadanos de la Argentina, que estaban dentro del sistema
de capitalización. Y parte de esos recursos están financiando al gobierno nacional, lo cual no
estaría mal si éste les pagara una rentabilidad razonable a los fondos pertenecientes a los
trabajadores y que les corresponden a los jubilados. Pero el gobierno nacional se financia
pagando exclusivamente un 4 por ciento.
Recién, la senadora Morandini hizo referencia a que se trataba de metáforas o de
muletillas usadas, quizá dolorosamente. Al respecto, debo decir que muchas cuestiones
fueron usadas dolorosamente. Sin embargo, ¿cómo será la financiación? ¿De dónde se
sacarán los recursos? De las cajas negras que tiene el gobierno nacional. Por eso es que tan
enardecidamente el oficialismo se opone al proyecto en consideración; porque se les acaba la
fiesta en el manejo arbitrario de los fondos de los argentinos, a costa del hambre y del
sufrimiento de nuestros mayores.
Brindaré algunos datos. En el presupuesto para 2010 se destinan 690 millones para el
Fútbol para Todos, y luego se reforzó esa partida con 280 millones en virtud del déficit; es
decir que no alcanzaron esos 690 millones.
En cuanto a Aerolíneas Argentinas, no escuché al respecto ninguna mención por parte
del miembro informante, a pesar de que, como presidente de la Comisión, trató ese tema.
Actualmente, Aerolíneas Argentinas tiene un déficit de 6 millones de pesos diarios, o sea,
2.300 millones de pesos anuales. En ese sentido, ¿tenemos que defender la línea de bandera?
Sí, debemos hacerlo. ¿Debemos contar con una línea de bandera? Sí, señor presidente. Lo que
no podemos es destinar el dinero de los jubilados para que puedan viajar a Sudáfrica los
barrabravas, o para que los invitados VIP del señor Recalde puedan presenciar los partidos
de fútbol del seleccionado argentino en Uruguay.
Estamos en contra de eso. Entonces, creo que habría que reducir el dinero que se
destina al Fútbol para Todos, y disminuir un 50 por ciento los recursos para Aerolíneas
Argentinas.
Asimismo, hay otra cuestión que no podemos dejar de mencionar. El presupuesto para
2010 tiene un crecimiento estimado del 2,5 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional
acaba de decir que la Argentina crecerá en dicho año, alrededor de un 7,5 por ciento; este
tema ya fue explicado muy bien por la señora senadora Montero. En ese sentido, no puedo
encontrar una palabra elegante para calificar esa subvaluación del presupuesto –aquí, en
algún momento, el oficialismo utilizó el término “soborno”−; esa diferencia entre el 2,5 por
ciento y el 7,5 por ciento.
Entonces, ¿dónde está el incremento de la recaudación tributaria? ¿Quién la maneja?
Miles y miles de millones manejados en la fiesta de este gobierno de manera irresponsable,
mientras nuestros mayores se mueren.
Lamento mucho que no se encuentre presente el miembro informante. Pero no es
verdad que el aumento de los haberes no es garantía de la disminución de la pobreza.
Tampoco creo que se pueda abordar la temática diciendo que se está de onda. “Estoy de onda,
total…” No creo que el tema de los jubilados se pueda tratar de esa manera por la boca de un
senador. No se puede decir que “de onda” no es posible el proyecto en consideración.
He escuchado decir al miembro informante que hay que acompañar el plan
económico. Bueno, dicen que la Argentina ha crecido un 7,5 por ciento. Además, lo escuché
decir que el Parlamento no puede controlar ni participar en lo atinente a las cuentas públicas.
Señor presidente: esa es precisamente nuestra obligación. El presupuesto es la ley de
leyes y, en base a ello, se estableció un programa o un plan que debe ser cumplido.
Escuché decir que, como señalaba el general Perón, la única verdad es la realidad y la
realidad es que la clase pasiva no puede estar mejor.
En ese sentido, me gustaría traer al debate una apreciación que hizo por cadena
nacional el ex presidente Juan Domingo Perón el 30 de noviembre de 1973. Dijo sobre este
asunto: “Señores, ¿qué pasó después? En 1953, el Estado acuciado quizá por la necesidad,
echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí, eso
es simplemente un robo porque no era plata del Estado. Era plata de la gente que había
formado esas sociedades y esas organizaciones.”
Señor presidente: se ha dicho que el ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría
de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo en un estudio que la canasta de un jubilado ha sido
calculada en 2.063 pesos. Hoy, un jubilado gana 1.047 pesos. Entonces, ¿de qué se habla
aquí?
Señor presidente: se habla de la solidaridad intergeneracional. Se habla de la equidad
intergeneracional. Se habla de los derechos humanos de los ancianos reconocidos en el Pacto
de Derechos Económicos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de 1994.
Sra. Negre de Alonso. – Se debe acabar la fiesta y debe iniciarse una nueva etapa con un sol
que brille en los últimos años de nuestros ancianos, para que vivan y mueran con dignidad.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Solicito la palabra en virtud de haber sido aludido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: como he sido aludido y como con la señora
senadora solemos tener estos intercambios, quisiera comenzar con una puesta a punto
gramatical.
Cuando uno dice “De onda” es porque el lenguaje varía y también las sociedades. Y el
lenguaje acompaña a las sociedades ya que se trata de entidades dinámicas. No pretendí ser
irrespetuoso. Si, realmente, “De onda” quedó irrespetuoso, quisiera decir que no es así.
Como en los despachos de los senadores hay televisión y vi que la senadora se
indignó, decidí bajar “de onda”, precisamente, marcando lo que es la necesidad del debate.
Pero el “De onda” debe ser tomado como un sinónimo de buena voluntad acorde a los
tiempos que se viven.
Sin duda, luego podremos hablar, y no va a faltar ocasión cuando sin duda se discuta
el proyecto de presupuesto –dije dos veces sin duda, pero no fue “de onda”–, de la cuestión
de Aerolíneas Argentinas y los costos comparados sobre cuánto cuesta tener una línea de
bandera, qué se puede hacer para mejorarla y cuál es el costo de tener al país incomunicado,
argumentos que ya intercambiamos varias veces y creo que enaltecen la discusión.
Después, había otra cuestión que iba a mencionar, pero me olvidé.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en primer término, le agradezco al senador
Calcagno y Maillmann sus palabras. La verdad es que siempre tenemos un debate franco. Por
eso dije que lamentaba que no estuviera en el recinto. Pero ya sé que desde los despachos se
puede seguir el debate.
Acepto sus disculpas. La verdad es que sentí que sus expresiones constituían como
una disminución, una marginación o una falta de respeto hacia la tercera edad. Pero acepto lo
que él manifiesta.
Con respecto a los costos de una línea de bandera, no hay ningún costo que pueda
superar una vida. Y si no, miremos a los chilenos.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me permite el uso de la palabra, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya está, senador…
Sr. Calcagno y Maillmann. – Para eso está la vida parlamentaria, para que debatamos.
Además, es interesante debatir…
Sr. Presidente (Pampuro). – Pero ya está, senador.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: en primer lugar, creo que debemos contextualizar la discusión
sobre el proyecto de dictamen que estamos debatiendo, en el sentido de que diciembre de
2001 marcó un quiebre muy profundo en la sociedad argentina, y que a partir de ese entonces
no solamente –como siempre me gusta señalar– hubo muertos en los hechos de diciembre –en
los cuales hubo una gran responsabilidad de muchos dirigentes y partidos políticos que le
venían dando la espalda a la sociedad argentina–, sino que también se rompieron y se cayeron
instituciones y sistemas.
Por eso, creo que 2001 trajo como consecuencia que media sociedad argentina se
quedara sin trabajo y sin alternativas, no ya de pensar en acceder a la jubilación, sino
directamente de tener que crear actividades que le pudieran garantizar un alimento diario.
Entiendo que es importante tener en cuenta ese punto de partida, con relación a esta
sociedad que estamos construyendo –valga la coincidencia de las fechas– en el siglo XXI.
También es importante señalar que las recetas que recibimos de los organismos
internacionales en dicha oportunidad son las mismas que hoy se tratan de implementar en el
marco de la crisis que vivieron el primer mundo y las grandes sociedades internacionales a
partir de 2008.
Afortunadamente, creo que la orientación que desde 2003 se viene generando en la
política argentina, a cargo de una visión diferente expresada en determinados dirigentes
políticos –muchos aquí sentados–, comparte la visión de que los recursos financieros deben
ser puestos al servicio de las necesidades sociales.
En consecuencia, pienso que debemos recordar que a partir de 2005 y 2006 la política
previsional en la Argentina comenzó a transformarse.
Y justamente algunas de las cosas que hoy se están discutiendo alrededor de este
proyecto relativo al 82 por ciento móvil, son posibles porque pudimos en este recinto
transformar esos fondos que eran administrados por las AFJP y que eran aportes de jubilados.
Por lo tanto, solamente en el marco del actual sistema jubilatorio de reparto es posible que
nosotros enmarquemos esta discusión.
Por lo tanto, yo creo que de haberse buscado una recomposición del haber jubilatorio
desde el inicio deberían haberse acompañado con la eliminación de las AFJP. Hoy, nosotros
podemos consultar la versión taquigráfica de esa sesión parlamentaria, y podremos observar
que hubo un rechazo a la necesidad de pasar esos fondos administrados por las AFJP a la
administración de la ANSeS.
Es importante recordar que en el momento de la discusión de la reforma previsional se
escuchó lo mismo que hoy volvemos a oír por parte de la oposición. Mejor dicho,
actualmente es al revés: ahora se dice que estamos discutiendo una reforma previsional y que
lo que se quiere eliminar son las cajas. Sin embargo, el proceso ha demostrado que las cosas
son muy distintas…
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – La señora senadora Negre de Alonso le pide una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Vigo. – Sí, como no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: a través suyo le pido a la señora senadora Vigo si
nos puede aclarar lo que acaba de decir en cuanto a que la oposición está sosteniendo que se
quieren eliminar las cajas.
Sra. Vigo. – Señor presidente: la senadora preopinante señaló que acá hay que terminar la
fiesta, que con este régimen nuevo que se está debatiendo se termina la fiesta, por lo cual deja
entrever… No sé si tanto entrever, sino que habría que leer bien la versión taquigráfica para
determinar cuáles han sido las alusiones que ella ha hecho respecto de unas supuestas cajas o
fondos negros que se están utilizando y que generan una fiesta de la que están excluidos los
jubilados y algunos otros sectores. A eso me estaba refiriendo yo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le agradezco su aclaración.
Yo me refería a lo que se acrecentaron los recursos tributarios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Vigo.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Vigo. – Señor presidente: las patotas o los actos demasiado calurosos siempre se hacen
en la calle y yo no tengo ningún problema con ello. Yo estoy tratando de fundamentar mi
posición y quiero decir que escuché con mucho respeto a la señora senadora, por lo que le
pido que no me “patotee”.
En realidad, lo que acá está en discusión es la modificación de la ley que aprobamos
hace poco en este mismo recinto; y se quiere impulsar el 82 por ciento móvil. Ya se ha
señalado aquí que no es posible generar un sistema de recursos genuinos de los aportes y de
las contribuciones para constituir el fondo previsional. También se ha dicho que sin el aporte
de los recursos tributarios, que son mayores a un 40 por ciento, es imposible generar un
sistema jubilatorio.
Así mismo, creo que es importante señalar que el caos que estaba originado en el
sistema previsional argentino hoy está regularizado a pesar de la oposición. Vuelvo a señalar,
porque el sistema de la movilidad que también hemos votado aquí permite que hoy los
jubilados y jubiladas puedan prever que en el año tienen dos modificaciones a su ingreso
jubilatorio.
En tercer lugar, quería señalar esto, porque es para mí una cuestión muy importante.
Durante veintisiete años dirigí la Asociación Civil Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina –SACRA–, en donde hemos venido luchando para que dentro del
sistema previsional argentino también se contemplara la jubilación para las amas de casa,
teniendo en cuenta que, si bien no hacen un aporte dinerario, su trabajo permite incrementar
los ingresos cotidianos a través de una tarea absolutamente gratuita. Entonces, nos parecía
injusto que fueran las mujeres, y sobre todo aquellas que se dedicaron a cuidar a su familia,
generalmente las más humildes, que no tuvieran acceso a ese beneficio previsional.
Gracias a estas leyes impulsadas por esta reforma que se ha venido haciendo en el
sistema previsional, hoy las amas de casa también pueden acceder a la jubilación y no sin
aportes, sino que por la moratoria pueden pagar en sesenta cuotas los aportes que no pudieron
hacer en treinta años. De la misma manera que ocurrió con aquellas personas que habían
quedado sin trabajo y entonces era impensable que habiendo llegado a la edad de la
jubilación –fueran hombres o mujeres–, pudieran completar su jubilación. Por eso, creció la
cantidad de beneficiarios y beneficiarias en el sistema previsional. Eso, indudablemente,
impulsó para arriba la equidad en todo lo que eran las personas mayores de sesenta años de
edad, tomando como punto base a las mujeres.
La otra cuestión importante fue la asignación universal por hijo, que también le
corresponde a la ANSeS administrar, justamente porque es esta entidad la administradora de
los fondos de la Seguridad Social. Entonces, esto también fue una contribución para muchas
de esas familias, las que no tenían ingresos o estaban en una situación de trabajo informal; en
muchos casos, en negro aún. Creo que esto es un problema que ha sido tan estructural, que es
muy difícil resolver.
Esto lo señalo respondiendo un poco a la vehemencia de la senadora preopinante, en
el sentido de que el Estado tiene la obligación de controlar el trabajo no registrado, pero al
mismo tiempo, a veces son los propios empresarios quienes buscan formas para esquivar esos
cumplimientos.
También señalo que con el sistema actual, a través del aporte total de la sociedad por
el impuesto al IVA, se mejora la calidad y aumenta la cantidad de beneficiarios a la
jubilación.
Por otra parte, por qué el 82 por ciento y no otro porcentaje; por ejemplo el ciento por
ciento. El 82 por ciento se colocó en una oportunidad en 1958 y tuvo que dejarse sin efecto,
porque era inviable; más allá de lo que ya se dijo aquí de que hubo otros recortes de quienes
hoy se llenan la boca con la importancia de llegar al 82 por ciento móvil.
.Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora, su tiempo está cumplido.
Sra. Vigo. – Señor presidente: le solicito por favor que me dé un poco más de tiempo.
En la Argentina se desvaloriza el pensamiento de la gente; se desvaloriza el
pensamiento de los propios jubilados y de las propias jubiladas. Considero que no se puede
volver al caos de la Argentina.
El gobierno actual ha expresado su decisión de trabajar en la inclusión social y vemos
que todos los días se toman medidas importantes en ese sentido. Los préstamos que se hicieron a las empresas automotrices a causa de la crisis de 2008 fueron exclusivamente para
evitar el desempleo.
Tomo las palabras de mi compañero de la provincia de Misiones, el senador Torres,
en cuanto a que se trata de un juego político, ya que lo que se quiere es desvalorizar la tarea
profunda de cambio que se está llevando en la Argentina. Podrá haber discusiones sobre los
métodos o los modos, que a veces pueden no gustar a la oposición, pero no hay diálogo con la
oposición. En efecto, sabiendo que la administración central es conducida desde el Poder
Ejecutivo, que es quien marca las políticas económicas, la oposición no ha dialogado con el
gobierno para ver si esta iniciativa era posible o no.
Adelanto mi voto negativo a este dictamen, porque considero que se trata de una
medida provocadora que trata, nada más que desestabilizar un proceso que en la Argentina,
aunque no le guste a la oposición, estamos construyendo entre todas y todos los habitantes
que trabajamos y luchamos por una sociedad más justa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sra. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar que acompaño
el dictamen en mayoría que sostiene la aprobación de la sanción de la Cámara de Diputados,
fundamentalmente porque considero que se trata de un acto de estricta justicia con un sector
de la población que ha padecido durante muchos años los errores que se cometieron en
políticas de Estado a través de sucesivas gestiones.
Desde la reapertura democrática hasta la fecha, todos quienes pertenecemos a partidos
políticos con responsabilidad de gobierno debemos hacernos cargo de esos errores. Pero
hacerse cargo de los errores cometidos no implica solamente un acto de arrepentimiento por
lo que hicimos mal y no debimos haber hecho o por lo que se ha hecho y en definitiva había
que corregirlo. A esta altura de los acontecimientos hacerse cargo implica tener la humildad,
fuerza y convicción de avanzar con criterios de justicia para reparar estos actos injustos.
Para nosotros hacerse cargo es avanzar con esta sanción de la cámara de Diputados;
avanzar con un piso de dignidad que va de la mano del 82 por ciento del salario mínimo vital
y móvil; y avanzar con el reajuste de la fórmula de la movilidad prevista en la Ley 26.417,
para que tenga un correlato justo entre los haberes de la pasividad y los haberes de los
trabajadores en actividad, y fundamentalmente porque esta sanción de la Cámara de
Diputados va de la mano también con los criterios correctores que fueron sentados por la
Corte Suprema de Justicia en los fallos Sánchez, Badaro I y Badaro II.
Ahora bien, quizás a partir de todo lo que he escuchado apasionadamente en este
debate, la pregunta que nos deberíamos hacer en la Argentina de hoy es si se tienen que
cumplir o no los fallos de la Corte. Porque yo he escuchado acá que estos fallos, si se tratan
de reajustes de quienes han trabajado durante toda su vida y no lograron mecanismos de
actualización en función de lo que deben percibir, prácticamente merecen ser desoídos. Y yo
creo que no es así; los fallos deben cumplirse. En primer lugar, porque eso hace a la
seguridad jurídica y a la seriedad y previsibilidad de un país. Y, en segundo lugar, porque se
trata de una materia como la Seguridad Social; y cuando hablamos de Seguridad Social y de
jubilados, nos estamos refiriendo a un sector de nuestra sociedad al que se le va la vida
litigando. Estamos hablando de gente a quien la vida no le da la posibilidad de contar con una
revancha en la búsqueda de una nueva salida laboral. No tienen márgenes ni expectativas: es
el litigio o la vida que se les va.
En este sentido, cuando se trata de la Cámara Federal de la Seguridad Social o de
fallos de la Corte, yo siempre digo que los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la
gente. Y cuando se trata de los tiempos de la gente, fue muy claro el propio mandato de la
Corte en el segundo fallo Badaro, cuando no solamente advierte al Poder Ejecutivo sino
también al propio Parlamento nacional, que es el que tiene la obligación de corregir. Y en ese
sentido, creo que hoy venimos a corregir y a reparar esas injusticias.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.

Sra. Petcoff Naidenoff. – No quiero detenerme en lo que se ha dicho, y fundamentado con
mucha vehemencia, ni en los números que se han dado, para sostener que en esta materia
sobran recursos para afrontar el 82 por ciento del mínimo vital y móvil y para actualizar los
haberes en un horizonte de previsibilidad.
Ya se ha dicho cómo se componen los recursos de la ANSeS: con las contribuciones
de los empleadores y los aportes de los trabajadores, así como con los impuestos con
asignación específica, que son parte de estos fondos, como el 11 por ciento del IVA, el 25 por
ciento del impuesto a las ganancias, el 70 por ciento del monotributo y el 100 por ciento de
los impuestos a los automotores gasoleros y otros combustibles, etcétera. Pero no quiero
referirme a cuestiones que ya fueron claramente explicadas.
En realidad, me parece que lo que se está discutiendo es cuáles son las prioridades
para un Estado en materia de política y, fundamentalmente, en materia de seguridad social.
Más allá de determinados logros, los números también son claros. Así como se ha
dicho que en 1992 el 23 por ciento de los trabajadores percibía el mínimo y que en 2001, en
plena crisis, el 37 por ciento de los trabajadores pasivos cobraban el haber mínimo, debemos
decir que hoy, en 2010, y en los últimos años, con un gobierno que se ha jactado –porque los
números así lo demostraron– de tener crecimiento, el 77 por ciento de los jubilados perciben
los haberes mínimos.
Entonces, me parece que es tiempo de corregir errores, fundamentalmente cuando
somos responsables. A algunos no les toca, pero a quienes nos toca, asumimos con humildad
y responsabilidad los errores que se cometieron en el pasado. A quienes les toca por el
desguace del sistema de solidaridad y a quienes nos toca por los errores de 2001, me parece
que tenemos la obligación de mirar para adelante desapasionadamente y establecer reglas de
juego previsibles como políticas de Estado.
Lamento lo que he escuchado. Lamento algunas expresiones que, la verdad, meten un
poco de miedo cuando intentan instalar esta especie de desestabilización de parte de los
sectores que queremos avanzar en esta recomposición. Y hablo de sectores y no de la
oposición, porque también hay senadores que son parte del partido de gobierno que
acompañan el proyecto venido de la Cámara de Diputados, ya que lo ven con un criterio
reparador.
Yo solamente quiero decirles que a esta altura de los acontecimientos, y como bien
expresó el miembro informante del oficialismo cuando narró cronológicamente todas las
vicisitudes que se fueron dando en materia de política previsional desde aproximadamente
1960 a la fecha, ya es tiempo de reparar y saldar deudas con un sector de la población que ha
dado su vida trabajando para la grandeza de esta Nación. Y la reparación también va de la
mano de medidas fuertes, de medidas potentes, que si bien para algunos pueden poner en tela
de juicio la cuestión de los recursos, me parece que definen prioridades. En ese sentido, creo
que es tiempo de avanzar por un piso de dignidad ciudadana.
Aquí, y con esto quiero terminar, la intención de quienes acompañamos esta sanción
de la Cámara de Diputados no es la búsqueda de un veto presidencial, sino recuperar la
dignidad que se perdió desde hace mucho tiempo por los errores que se cometieron. Y una
dirigencia política madura, seria, comprometida con el pasado, con el presente y con el futuro
–porque si Dios nos da vida, todos nos vamos a jubilar–, merece de parte de este Senado estar
a la altura de las circunstancias.
Reitero: no vamos por el veto; vamos en búsqueda de un piso de dignidad ciudadana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: estamos tratando un proyecto por el que se pretende llegar
al 82 por ciento móvil en el sistema jubilatorio argentino. Sinceramente, si tengo que decir lo
que pienso, creo que esta es una falta de consideración y de respeto a los jubilados.
Además, pienso que es una burla y una mentira. Sin duda, es parte de una estrategia,
porque considero que la oposición tiene claro que esto es inviable. Es un proyecto que no se
puede llevar adelante. Estamos hablando de casi 50 mil millones de pesos. El presupuesto del
sistema previsional argentino es la tercera parte del presupuesto nacional, es decir, casi el 33
por ciento.
Entonces, lógicamente, todos sabemos que para que el Estado pueda conseguir esos
fondos tendría que hacer magia o alguna especie de alquimia. El sistema se nutre de dos
fondos: uno, son los aportes y contribuciones, que alcanzan al 58 por ciento; y el otro es el
proveniente de los impuestos, que alcanza al 42 por ciento aproximadamente. En
consecuencia, hay que aumentar los aportes y contribuciones; hay que incrementar los
impuestos; o hay que encontrar un tercer fondo que no se especifica, sin perjuicio de lo cual
algunos hablan del fondo que tiene la ANSeS. En ese caso, si en este momento lo ponemos a
oferta en el mercado, alcanzaría un valor menor al 50 por ciento, lo que sería una forma de
liquidar o colapsar al sistema previsional argentino.
Por eso digo que este proyecto tiene una intención que es perversa. Y la razón es
sencilla. Este proyecto es político. No tiene nada que ver con los jubilados. ¿Por qué? Porque
cuando se votó la estatización, la oposición votó en contra; cuando se votó la movilidad
jubilatoria, muchos legisladores de la oposición votaron en contra; y cuando se votó la
recuperación del fondo, también votaron en contra. Ahora, de repente, aparecen con un
proyecto del 82 por ciento móvil, a sabiendas de que esto puede hacer colapsar el sistema,
porque yo creo que si son senadores están bien informados y saben cuánto representa esto.
Tenemos 5.600.000 jubilados. Y tenemos esta ensalada ideológica en el Senado y en
la Cámara de Diputados, legisladores que dicen que son mayoría, aunque son de distintos
partidos. Realmente, no sé cómo se suman, porque son de la izquierda, de la derecha, del
socialismo; suman todo eso y dicen “Nosotros somos la mayoría”. Una ensalada ideológica,
como fue la Alianza, que quebró al país. Lo primero que hicieron fue discutir si podíamos
hacer uso de las reservas para resolver el problema de la deuda.
Llevamos seis meses en eso, con un cuestionamiento, también, a la presidenta del
Banco Central. En esos seis meses hubo todo tipo de pronósticos, incluyendo el de la
diputada Carrió, que decía que en julio venía el fin del mundo para la Argentina. Por supuesto
que estábamos ante una crisis internacional.
Decía que cuando manejáramos los fondos de las mal denominadas AFJP, que son los
fondos de los trabajadores, el Estado los iba a usar de tal manera que en poco tiempo nos
íbamos a quedar sin ellos. Esos fondos, que ascendían a 90 mil millones, hoy suman 150 mil
millones.
Todo este tiempo se pasaron discutiendo de las reservas. Las reservas aumentaron,
bajó el riesgo país, hubo momentos políticos muy importantes para la presidenta, en viajes
que ha hecho a los Estados Unidos, a China, a Alemania, y también en el ámbito del
Mercosur. Entonces, por supuesto que la gente de la oposición dice: “Hagan algo”, porque la
imagen de la presidenta está creciendo.
¿Y qué hace la oposición? Dice, “Toquemos algo que es sensible, que es el tema de
los jubilados.” Estamos hablando de 5.600.000 personas. Ello implica un impacto político.
Por eso, esto está basado en la mentira y en el engaño. Esta es una maniobra que, si avanza en
esta cámara, lógicamente la presidenta, en función de su responsabilidad, la va a tener que
vetar porque no tiene forma de conseguir estos fondos. No lo decimos nosotros. Muchos
economistas de renombre dicen que esto es una irresponsabilidad. Y absolutamente es una
irresponsabilidad.
Fíjense ustedes: todas las cajas previsionales que están a cargo de las provincias, que
tienen el 82 por ciento móvil son deficitarias. Todas las cajas son deficitarias.
Le voy a dar algunos números de las que tienen el 82 por ciento móvil. ¿Sabe quién
les da la plata para poder sostenerlas? La ANSeS.
Por ejemplo, la provincia de Córdoba, desde 2001 hasta la fecha tuvo un déficit de
casi 6.200 millones de pesos. La ANSeS le dio 4 mil millones de pesos. Si la ANSeS no le da
esa plata a la caja de Córdoba, se terminaron los jubilados de Córdoba o van a tener que
buscarse alguna forma de poder financiar esto.
La provincia de Buenos Aires tiene un déficit de 4.500 millones de pesos desde 2000
hasta la fecha. La ANSeS tuvo que darle 3.500 millones de pesos.
La provincia de Entre Ríos tiene un déficit de 1.200 millones. La ANSeS tuvo que
darle 744 millones de pesos. Así La Pampa, Chaco, Formosa, Corrientes. Diez provincias.
Casi el cincuenta por ciento de las provincias argentinas.
Digo esto para el amigo de Entre Ríos, al que hoy escuché: 744 millones de pesos le
tuvo que girar la ANSeS a la caja de esa provincia para que pueda sostener el sistema
jubilatorio de Entre Ríos con el 82 por ciento.
Por supuesto que cuando la ANSeS entra en déficit lo primero que elige son las cajas
provinciales. Porque estas transferencias ya no se van a producir. Es lógico.
Por eso, en una radio –porque existe toda una maniobra política–, me decían: “Hay
dos senadores de la provincia que votan a favor de los jubilados, y usted vota en contra. ¿Por
qué” Al contrario, dije, esto es diametralmente opuesto; 180 grados: yo tengo que buscar la
forma de que el sistema previsional argentino no colapse, en primer lugar. Cuando colapse el
sistema, la primera perjudicada va a ser la caja de mi provincia. Y ahí se terminó el 82 por
ciento móvil en la provincia. Por eso yo voto a favor de los jubilados de mi provincia, estoy
votando a favor de la ANSeS y a favor de diez provincias, que tienen un deficit precisamente
por el tema del 82 por ciento. La ANSeS tiene superávit. A veces tiene un superávit que es
mínimo de acuerdo, por supuesto, a las circunstancias de contribución y de aportes.
Pero acá hay que decir algo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en 2003, había 5
millones de trabajadores en blanco. Hoy hay 8.600.000. Ese es un mérito de este gobierno:
3.600.000 trabajadores en blanco más. Eso hace a la cuestión de los aportes.
De la ANSeS depende un millón de pensionados, lo que obedece a la política de
inclusión que tiene el gobierno. También depende de la ANSeS la Asignación Universal por
Hijo; estamos hablando de 1.300.000 beneficiarios. Algunos tuvieron críticas muy duras
acerca de este tema, expresiones realmente lamentables. Por supuesto que, cuando se entera
Alfonsín, que supuestamente es uno de los candidatos de la Unión Cívica Radical, dice que
está bien, que hay que aumentarlo al doble. Fíjense la irresponsabilidad con que lo dice.
Claro, son 8 mil millones más. Quizá se presenta un proyecto por el que se le saca el 15 por
ciento a la ANSeS, que hay que financiar; se presenta otro proyecto por el que hay que
descontar las retenciones, o sea bajar los ingresos y aumentar los gastos. Esto solamente
puede ocurrírsele a alguien que tiene la irresponsabilidad de haber quebrado dos veces el
país. Hay dos administraciones que quebraron el país, la de Alfonsín y la de de la Rúa, por
irresponsables y por ineptos. Nosotros no vamos a acompañar este tipo de proyectos que
buscan colapsar el sistema, desprestigiar a la presidenta de la Nación y que, además, no
contribuyen al sistema de previsión social de la República Argentina.
Tenemos un país que viene de un colapso como el de 2001, de un desastre que no
tiene precedentes en la historia argentina. Teníamos dos problemas centrales, la deuda
externa y la deuda interna. Hoy, esos dos problemas prácticamente están resueltos. La deuda
externa alcanzaba el 167 por ciento del PBI nacional, hoy es del 44 por ciento. Me parece que
mejoramos un poquitito. Y, por el artículo 74 de la ley de presupuesto de 2010, prácticamente
todas las provincias tienen refinanciadas sus deudas, a largo plazo. Concretamente, la
coparticipación prácticamente estaba confiscada por la usura, en este país. Y la situación de
las dieciséis provincias que tuvieron que emitir bonos fue resuelta por este gobierno. La
coparticipación, hoy, es casi diez veces superior por la recaudación que tenemos.
Queremos el 82 por ciento móvil, pero en forma responsable. La asignación universal,
la asignación básica creció el 530 por ciento. De los 150 pesos básicos pasó a estar en 1.046.
Estoy seguro de que vamos a llegar al 82 por ciento móvil, pero no ahora. Para eso tenemos
que tener más trabajadores en blanco, tenemos que corregir el tema de los que evaden
impuestos –hay grandes evasores de impuestos–, tenemos que mejorar la recaudación. Pero
no podemos resolver esta situación vaciando a la ANSeS. Además, debemos tener en cuenta
que hay diez provincias cuyas cajas son deficitarias.
Entonces, ante esta irresponsabilidad y frente a los que sostienen que hoy es un día
histórico, que es un día de cambio, tengo que decir que es todo mentira, señor presidente. Es
una maniobra política para desgastar a la presidenta. Me refiero al proyecto de la oposición,
que sostiene la misma alianza que terminó con el país en 2001. No veo la diferencia. Yo
pensaba que íbamos a tener un esquema más responsable. Pero, por supuesto, ante la caída
estrepitosa, hubo alguno que decía que para ganar en la provincia de Buenos Aires tenía un
plan. Queremos escuchar cuál es el plan. Hace un año que queremos escucharlo. Es una
vergüenza lo que hicieron.
Entonces, señor presidente, consciente de que esto va a en desmedro de los jubilados,
que no es cierto que va a mejorar el sistema previsional, que les mienten a los jubilados y a la
República Argentina y que no existen los fondos, nosotros vamos a acompañar el dictamen
que ha preparado nuestro bloque en rechazo de esta irresponsabilidad de la oposición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: el senador Mayans me hace acordar a mi suegra. Tiene una
particular facilidad para hacerme calentar de una manera increíble; sin embargo trataré de ser
prudente.
Es increíble la facilidad con la que se ofende, agravia, injuria y lastima…
Sr. Mayans. – ¡Mirá quién habla!
Sr. Juez. – Cuando te toque, hacéte cargo.
Sr. Presidente. – Por favor, no dialoguen, señores senadores.
Sr. Mayans. – ¡Mirá quién habla!
Sr. Juez. – Todavía no empecé.
En primer lugar, considero que en esta ensalada ideológica, le contestará el huevo a la
ensaladera. Yo no me fui en helicóptero, no bajé salarios, no desconté jubilaciones ni
desfinancié al Estado. Por lo tanto, no me quiero hacer cargo de esa cuestión. Aquí nos
inhabilitamos tirándonos con el helicóptero, con el pasado y demás. Pero con todo respeto,
debo decir que algunos senadores deberían darles las gracias a los 33 mineros, ya que la gente
está mirando su rescate y no esta sesión. En ese sentido, creo que a esos legisladores, al
finalizar la sesión, deberíamos proveerles de un pasamontañas, pues no sé cómo podrán
caminar por la calle. Reitero, gracias a Dios que la gente está mirando por televisión lo que
sucede en Chile, ya que hemos escuchado argumentos inverosímiles y terribles. Se ha dicho
que, en nombre de los pobres, de la justicia social y de los jubilados, les negamos a estos últimos derechos que son básicos, elementales o indispensables. Se ha argumentado eso a
través de la descalificación.
Al respecto, en este mismo recinto, en otra época, se entregaba el Estado, se vendían
las empresas, se bajaban los aportes patronales, etcétera. Había interpretaciones maravillosas
para “hacer de goma” la ley, cambiarla y poner al país en situaciones vulnerables; esto
sucedió en todos los gobiernos. En ese sentido, el que esté libre de pecado, que arroje la
primera piedra.
Hoy sí es un día histórico, porque la única forma de mejorar los haberes previsionales
es a través de dispositivos legales, y no de la discrecionalidad de quien gobierna. Puedo jurar
que no está en mi cabeza ni en la de la senadora Morandini obstaculizar a este gobierno,
ponerle trabas o llevar a que la presidenta vete, en caso de ser sancionado el proyecto, la ley;
de ninguna manera pretendo eso. Pero sí tengo la obligación y la responsabilidad de
representar a 4.800.000 jubilados, quienes deben vivir con 1.050 pesos mensuales.
El gobierno tendría que arrancar del principal valor que tiene, el cual radica en que,
después de treinta años de vaciamiento del sistema previsional, fue el que comenzó a resolver
el problema. No me pongo colorado al decirlo, y mañana seguramente alguno me querrá
chicanear planteando qué acuerdo tiene Juez con el oficialismo. Contrariamente, no tengo
ninguno, estoy en la vereda de enfrente. Pero no decirlo sería una mentira. Por eso, no
entiendo por qué este gobierno, que en 2003 fue capaz de sacar del barranco en que se
encontraba el sistema previsional, es incapaz de comprender que esa increíble masa de
jubilados −que no tienen tiempo, ganas, plata ni posibilidades para esperar la resolución de
un juicio ni para litigar contra el Estado− está esperando que nosotros, que percibimos veinte
veces más que lo que gana un jubilado, les demos certidumbre. Y la certidumbre la dan las
leyes, y no la discrecionalidad de quien gobierne. Porque hoy gobierna esta presidenta, pero
mañana puede ejercer la presidencia del país otra persona, de otro signo político. Por lo
tanto, se necesita certidumbre.
Si la energía que se pone para invalidar, lastimar y agraviar se usara para pensar, la
situación sería muy diferente. Está claro que el sistema previsional no resiste la posibilidad
del 82 por ciento móvil. Podríamos consultar con economistas, con presidentes del Banco
Central o con cualquier otro funcionario, pero no haría falta. Si solamente el 48 por ciento de
la masa laboral trabaja en blanco, está claro que este sistema no aguanta y que el Estado se
adueñó de los fondos del sistema previsional. En su momento aplaudimos cuando se les
“manoteó” los fondos a las AFJP; por eso, no me quiero hacer cargo de una chicana que no
me corresponde. Es más, en esa oportunidad planteamos el tema con los diputados por
Córdoba, y pedimos prudencia en cuanto al trato de los fondos de los jubilados.
Reitero, si la energía que ponemos para descalificarnos la dirigiéramos a pensar cómo
podrían incrementarse los recursos del sistema previsional, el tema ya estaría resuelto; hasta
consulté la cuestión con cuanto asesor se me cruzó. ¿Es descabellado que analicemos la
posibilidad de destinar al sistema previsional una parte de la renta petrolera? Pongamos
nuestra energía y peleémonos para ver cómo hacemos para que los que más recaudaron, para
los que más se enriquecieron en estos últimos años, hagan un aporte excepcional al sistema
previsional. ¿Es una locura pensar que, en esta Argentina, el sector petrolero −al que se le
renegociaron contratos millonarios− tenga un cargo fijo destinado al sistema previsional? ¿Es
un disparate, después de que escuchamos el otro día −cuando tratamos el tema de los
glaciares− lo que representa la renta minera en nuestro país, pedirles a quienes se llevan
millones de dólares de la República Argentina una contribución excepcional, para sostener el
sistema previsional? ¿Es impensado?
El otro día lo decía el senador Pichetto, de manera que me exime de mayores comentarios.
Decía que no se iban a ir las mineras si se llevan una ganancia increíble. Entonces, ¿es
impensado pedirles una contribución?
¿Es algo de locos pedirle a la renta financiera –y lo dijo claramente la senadora
Montero el otro día–, que ha tenido ganancias por 9.500 millones de pesos en los últimos
años, que contribuya con el sistema previsional?
Me encantaría pelearme en serio con el senador Mayans en una comisión para ver
cómo le encontramos la vuelta para que el juego en la República Argentina tribute al sistema
previsional.
¿Es una locura pedirle a Cristóbal López o a los que explotan la ludopatía en el país –
podría hablar de mi provincia en ese sentido– que hagan una contribución en este tema? No
es una locura.
Está claro que necesitamos dotar al sistema de recursos que no tiene. Pero para eso
hay que pelearse con alguien. Hay que decidir con quiénes nos peleamos. Claro, los jubilados
no hacen quilombo, no protestan, no queman gomas, ya casi ni pueden levantar la voz. Hay
que tomar la decisión de con quiénes nos queremos pelear.
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Juez. – Y la decisión que debemos tomar tiene ese objetivo. Esta energía que ponemos en
descalificarnos…
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción señor senador…
Sr. Juez. – No le doy bola a nadie.
Esta energía…
Sr. Mayans. – Quiere gastar la plata y no la junta. Estamos todos de acuerdo, pero que diga
de dónde saca la plata.
Sr. Presidente. – Silencio, señor senador.
Sr. Juez. – Si la cabeza nos funciona más rápido que la lengua y nos ponemos a pensar cómo
abastecemos a un sistema que está claramente complicado…
Sr. Mayans. – Hagámoslo.
Sr. Juez. – … nos daremos cuenta de que lo que hacemos hoy es fijar condiciones mínimas.
Recién decía el senador Petcoff Naidenoff que se trata de una condición básica
mínima de previsibilidad.
Cuando el senador preopinante dice que este gobierno resolvió el tema de la deuda
externa y la deuda interna, a mi me gustaría decirle que no es así. Esta es parte de la deuda
interna. Y me gustaría que no se hagan cargo ni se sientan tan encolerizados ni molestos.
Hace cuarenta años que la dirigencia política tiene una deuda interna con los jubilados. No es
un problema de este gobierno por Dios. No se hagan cargo. Se trata de un problema de la
dirigencia política que siempre le metió mano al sistema previsional.
La deuda la tenemos todos y hay que empezar a saldarla. Y este es un buen día para
empezar a honrarla.
Nadie se tiene que sentir sonrojado ni acusado ni ofendido ni lastimado ya que este es
un buen día para empezar a fijar presupuestos básicos y para que, seguramente, con el
transcurso del tiempo y no tan lejos, podamos sentarnos a discutir las modificaciones legales
necesarias para resolver la deuda. Y no me digan que como senador de la Nación estoy
inhabilitado para plantear mecanismos.
Hagamos memoria sobre las leyes que el Senado sancionó durante el transcurso de los
últimos años. Leyes espantosas que paralizaron la educación, destruyeron la producción y
enriquecieron a sectores privilegiados. Esta es la oportunidad para cambiar.
A las cuatro de la mañana veía cómo los chilenos habían transformado una catástrofe
en una bandera nacional. Cómo un desastre los tipos lo habían convertido en algo maravilloso
para mirar. Hoy leímos que había mil millones de televidentes mirando cómo los tipos
transformaron una desgracia nacional en una causa nacional.
Esta es una causa nacional. Es una causa que nos involucra a todos. Es un
compromiso que le debemos a nuestros viejos.
No es, además, un problema ideológico ni partidario. Y se los dice un tipo que viene
de cuna peronista. Mi viejo se murió hace diecisiete años, pero le encantaría verme desde esa
grada cómo peleo por lo que él murió peleando, que es la dignidad. ¡Mire por lo que pelean
esos viejos! ¡Por la dignidad! Y no importa de qué color político sea quién se la dé. Ojalá que
sea esta presidenta y que no tenga que vetar la norma. Que además sea ella quien nos
convoque a una gran discusión nacional para ver cómo financiamos un sistema complicado.
No importa que se lleve ella los laureles. La voy a aplaudir hasta que me queden las manos
coloradas porque de lo que se trata es de dignidad.
Aunque les moleste a algunos, esta es una tarde donde se discute dignidad. Y la
dignidad se discute en serio y se conquista. Y hoy tenemos la oportunidad de conquistar la
dignidad para millones y millones de jubilados al que todos, yo el primero, los sometimos al
túnel de la indignidad.
No sé cómo hacerlo, pero usemos la cabeza. Preguntémosle a los chilenos cómo
hicieron para sacar a 33 tipos a setecientos metros y veamos cómo hacemos nosotros para
sacar a 4.800.000 jubilados que se encuentran en el túnel de la indignidad.
Creo que la retroexcavadora la tenemos acá. Falta que nos pongamos a trabajar. Con
este sentido, adelanto mi voto positivo a favor de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: se me hace un poco difícil exponer después del discurso
pronunciado por el señor senador Juez, efectuado con tanta vehemencia y seguridad.
Realmente, he quedado en silencio un rato, sintiendo que todos peleamos por una dignidad.
Me hubiera gustado ver a su padre en esa grada. Si me permite, realmente quiero felicitarlo.
Yo tampoco busco el veto de la presidenta. No busco desestabilizar al gobierno, ni
efectuar un discurso demagógico, ni tirar piedras de un lado, ni del otro. Pero hace cuarenta
años que estamos con este problema. No es un problema de este gobierno en sí. Si fue la
Alianza, Alfonsín, de la Rúa o el gobierno del PJ., realmente no lo se. No se cómo explicarle
esto a los jubilados. No se si la central de Atucha, u otra, o la obra pública pueden tener que
ver con esta cuestión. No se cómo enfrentar a un jubilado de mi provincia y decirle que no
puede llegar a cubrir sus necesidades básicas. Y repito al Frente para la Victoria: esta no es
una condición para un gobierno o para el Poder Ejecutivo que hoy está en ejercicio. Tampoco
me saco de encima ningún tipo de responsabilidad. Somos todos responsables.
Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de cambiar esto. Yo fui una de las primeras
que apoyó el pago de la deuda externa con las reservas del Banco Central, porque consideré
que las deudas deben cumplirse y que, como Estado argentino, debíamos cumplir el pago de
esa deuda legítima, o ilegítima. Había que pagarla.
De igual modo, hoy acompaño el proyecto de la Cámara de Diputados en su totalidad,
porque creo que también tenemos una deuda interna que debemos cumplir. Y no debemos
sacarnos las responsabilidades. Por eso pido humildemente desde mi banca el apoyo para este
proyecto. Yo no soy de hacer ningún tipo de manifestaciones demagógicas, ni de subirme a
ningún acto triunfalista. Lo único que pido a la señora presidenta, desde mi humilde banca, es
que se sume a trabajar con nosotros. Y que no vete la ley. Yo también la voy a salir a
aplaudir, junto con el senador Juez, y le voy a conceder todos los réditos a este gobierno por
ello, como lo he venido haciendo por lo realizado desde 2003. Todos sabemos el déficit que
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
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encontró, los doce aumentos que se otorgaron por decreto y la suma de 2.500.000 de
trabajadores a este sistema. Es decir, todos conocemos el esfuerzo que este gobierno ha
emprendido, con más de un 500 por ciento de porcentaje de aumento en dichos haberes,
luego de que las jubilaciones en 2003 estuvieran en 150 pesos. Es decir, todos conocemos el
esfuerzo que se está construyendo y todo lo que estamos dando.
Pero también creo que nos llegó la responsabilidad de que trabajemos en forma
mancomunada, conjunta. No creo que este sea un discurso donde cabe hablar de la
corrupción, como dijo una senadora. No es una dádiva lo que estamos dando a los jubilados.
No es una dádiva ni es un regalo. Significa, simplemente, darles lo que les corresponde, por
los años de aportes efectuados. Porque cuando se habla de la vejez, no se habla de un pasado,
sino de un futuro, de comprender. Y es verdad: los fallos también hay que cumplirlos.
En tal sentido, me voy a permitir leer un párrafo del fallo “Sánchez, María del
Carmen c/ ANSeS”, en el cual la Corte sostuvo lo siguiente: “La Constitución Nacional exige
que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo
especial para hacer efectiva dicha exigencia, por lo que es atribución y deber del legislador
fijar el contenido que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales”.
Creo que esto me exime de cualquier otro comentario.
Me costó muchísimo decidir mi voto, realmente, porque no me quería basar en
ecuaciones económicas ni matemáticas, dado que me parecía que significaba deshumanizar
una cuestión que a mí me da vergüenza. Me hago cargo de los años que nosotros estamos con
esta deuda. Quizá no haya vivido los gobiernos de la Alianza, porque estaba saliendo del
secundario, pero soy responsable ahora. Y me hago cargo de esa responsabilidad. Por eso,
creo que hoy hablar de números o de economía, no es para mí. Lo han hecho mejor un
montón de legisladores que están hoy aquí, quienes han expuesto con mucha vehemencia y
mucho mayor conocimiento.
Sin embargo, creo que los recursos, si optimizamos las cuentas del Estado, los
podemos conseguir.
Y cuando balanceé mi voto, lo hice detenidamente. Escuchaba hablar del default, del
sistema, del jubilado. Hasta que crucé una calle y, desgraciadamente, me encontré con un
jubilado vendiendo repasadores a las 8 de la mañana. Les pido disculpas, pero estos temas me
ponen realmente mal…
Esta es una cuestión de principios y de ética: jamás voy a votar en contra de una ley
que tenga que ver con un jubilado o que vaya a favor de los niños. Jamás haré eso, por más
sistema o por más default que me hablen. Desde hace muchísimos años los tenemos
retrasados en sus jubilaciones. Llevan años de sacrificios. Siempre le pedimos a los más
débiles. Cuando yo sopesé mi voto pensé lo siguiente: esta vez el esfuerzo debe ser del
Estado en forma conjunta, más allá de todo lo que se ha venido haciendo, de la recuperación,
de las asignaciones, de los subsidios; lo comprendo, lo apoyo y lo aplaudo. Pero yo les pido
que hagamos un esfuerzo en conjunto y que trabajemos mancomunadamente el Ejecutivo y
Legislativo para buscar una solución. ¡Por favor, no veten esta ley! Llámennos y vamos a
estar al lado del Ejecutivo y del Estado para sacar adelante esta ley.
Desde ya, adelanto que me sumo al dictamen en mayoría, y por los motivos que acabo
de dar voy a votar afirmativamente el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: seré muy breve.
En principio, quiero hacer una aclaración que tiene que ver con respecto a mi
representación en esta Honorable Cámara de Senadores. Muchas veces, se me posiciona
dentro de un bloque al cual no pertenezco. Yo represento al Frente de Todos, vehículo
electoral que me llevó a esta banca de senador el 28 de junio del 2009 y que compitiera con la
Unión Cívica Radical como parte integrante de otro frente y con el Partido Justicialista como
parte de otro frente más. Por esas cosas, el favor electoral de los ciudadanos de mi provincia
me favoreció y competí con ese gran senador y digno y prestigioso dirigente político que es
“Nito” Artaza. Por esas cosas de la vida me llevaron a estar dentro del frente con el que
tuvimos la suerte de ganar y por ese motivo, junto a la senadora Josefina Meabe, represento
por la mayoría al estado de la provincia de Corrientes.
Hago esta aclaración porque muchas veces se me acusa de traidor o de alguna otra
cosa parecida y ello me agravia y me indigna, máxime cuando en este tema vengo
sosteniendo una posición que es pública y que, además, fue publicitada por medios
nacionales, provinciales y demás.
Cuando tuve que votar la transferencia y la desaparición de las AFJP, lo hice con
alegría. Lo hice con alegría porque creo y sigo creyendo que el sistema de reparto es el mejor
sistema. El sistema solidario, el sistema donde el Estado, independientemente de quién es el
que nos gobierna, le pertenece a todo el pueblo argentino. Y más razón encuentro en esta
decisión cuando sufrimos no solamente los argentinos sino el mundo entero la
irresponsabilidad de decisiones financieras, de decisiones de política económica del país más
importante del mundo. Y qué triste hubiera sido que esos miles y miles de millones que
estaban en manos de las AFJP, en su gran mayoría eran invertidos no en nuestro país sino en
el extranjero, hubieran terminado en una “cueva” de Nueva York y que se le hubiera dicho a
los jubilados que habían invertido mal y que, lamentablemente, esa plata iba a parar a un
esquema de una quiebra de un fondo de inversión o alguna otra institución.
Por eso digo que un sistema previsional no debe ser nunca más una caja disponible
para discrecionalidad de los humores políticos. Los errores que se han cometido en el pasado
no podemos repetirlos hoy para enfrentar otros abusos igual de condenables, como si con los
fondos de los jubilados se fueran a financiar cosas que no tienen nada que ver con el sistema
previsional. Pero no vamos a curar un mal con una nueva enfermedad. No nos engañemos, la
proyección de utilidades del fondo de garantía de la ANSeS para el año próximo es de 7.500
millones de pesos, contra 4.088 millones de gastos adicionales que implican el proyecto del
82 por ciento. Sólo el 40 por ciento de los fondos de la ANSeS están invertidos en activos
líquidos, mientras que el 60 por ciento restante son inversiones a largo plazo que requieren de
más de diez años de realización.
El 40 por ciento implica en la actualidad 65 mil millones de pesos. A un ritmo de
reducción de 30 mil millones de pesos por año, el fondo desaparecería en dos o tres años.
Luego vendría una nueva crisis previsional, y nuevamente entregaríamos bonos a los
jubilados. Ya vimos esa historia.
Aparte, como en todas las oportunidades en que me toca hablar en este recinto, digo
que mi objetivo y mi fin en el ejercicio de esta banca, fundamentalmente, es hacer realidad,
de una vez por todas, el federalismo en nuestro país. Todos los que están acá saben
perfectamente que desde 1996 se le distrae a las provincias el 15 por ciento del total de su
coparticipación a fin de paliar el déficit previsional, por lo que esto implica resolver la
pobreza generando pobreza. Esas son las cosas, como muy bien dijo acá el senador Juez, a las
cuales nos tenemos que abocar definitivamente para poder resolver el problema, no tapar el
pozo para saber que nuevamente en el tiempo venidero se va a volver a abrir.
Es decir, esto es una cuestión de política de Estado, de que los argentinos,
independientemente de nuestra pertenencia política, tenemos que abocarnos a dictar una ley
que sea sustentable y que le dé respuesta real a los jubilados, que en el catálogo de los
excluidos de nuestro país es un grupo muy importante, pero tenemos que decirlo, el Estado argentino trata muy mal a sus ciudadanos, no solamente a los jubilados.
En este sentido, considero que los jubilados merecen tener una mejor jubilación, pero
para ello tenemos que abocarnos a ver realmente cómo y con qué podemos aumentarles las
jubilaciones.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, senadora Sonia Escudero.

Sr. Roldán. – Por ejemplo, el presupuesto del gobierno nacional propone la prórroga del 15
por ciento. Me pregunto qué vamos a hacer en este sentido. Es decir, si de una vez por todas
podremos lograr que las provincias recuperen ese 15 por ciento, con todo lo que ello implica,
o si vamos a seguir distrayendo ese 15 por ciento a fin de paliar el déficit previsional de la
caja de la ANSeS.
Por todo ello, adelanto mi voto negativo al proyecto que viene de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señora presidenta: lo primero que quiero analizar es el artículo
1° de la sanción de la Cámara de Diputados porque considero necesario realizar una
aclaración.
En todo momento se está hablando de que este proyecto busca que se establezca el 82
por ciento móvil en la jubilación mínima del sector pasivo. Pero del análisis textual del
artículo me surge una duda, dado que la norma dice que el haber mínimo garantizado será
equivalente al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la
promulgación de la presente ley. Aquí radica mi duda; el salario mínimo vital y móvil vigente
al momento de la promulgación de la presente ley me obliga a situarme en el salario mínimo
vital y móvil vigente, que es de 1.740 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar al año próximo
cuando el salario mínimo vital y móvil crezca? Gracias a Dios, el salario permanentemente
está creciendo porque se ha posibilitado la discusión de salarios. La ley congela el 82 por
ciento a este momento, o sea, al momento de la promulgación de la presente ley.
Cuando me surgió la duda comencé a analizar proyectos de senadores que habían sido
girados a distintas comisiones del Senado. Tengo aquí dos proyectos de senadores que
establecen claramente que el espíritu del proyecto es la movilidad del 82 por ciento que, a mí
criterio, no prevé la sanción de la Cámara de Diputados que estamos analizando.
Hay un proyecto que expresa que esta movilidad se actualizará automáticamente con
cada incremento del salario mínimo vital y móvil. Vale decir, que el espíritu del legislador es
que cuando el salario mínimo vital y móvil se mueva, el 82 por ciento también lo haga junto
con el salario mínimo vital y móvil.
Otro proyecto, que considero que tiene el mismo espíritu, establece que la
recomposición del haber jubilatorio mínimo se hará hasta alcanzar el 82 por ciento del salario
mínimo vital y móvil en consonancia con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que
justamente menciona el salario mínimo vital y móvil, garantizándose –a mi criterio– el
espíritu de la norma de asegurar la movilidad del 82 por ciento.
Considero que es necesario clarificar este punto porque durante toda la tarde a través
de los distintos medios de comunicación –es lo que los jubilados están percibiendo- se dijo
que hoy vamos a sancionar una norma que va a posibilitar que se establezca el 82 por ciento
móvil. Pero a mí no me queda claro eso. Creo que es necesario que se clarifique porque las
normas tienen que ser claras para todos, no tienen que ser ambiguas, ya que de sancionarse y
promulgarse esta ley, muy posiblemente su aplicación pueda acarrear litigios en contra del
Estado.
Ese es mi primer análisis.
Pero si consideramos que el espíritu es el 82 por ciento móvil, tal como han venido
expresando los distintos senadores, debo sostener que de acuerdo con los análisis que hemos
venido haciendo, no solamente en comisión sino que también hemos tenido en cuenta los
estudios realizados en la ANSeS y los análisis realizados por la Auditoría General de la
Nación, y los senadores que me han precedido en el uso de la palabra han mencionado
estudios científicos realizados en este sentido, y en todos los casos se ha establecido que la
aplicación de una ley como esta no es sustentable en el tiempo.
Esto nos obliga a concentrarnos en lo que son los recursos de la ANSeS, y podemos
concluir que actualmente de los recursos de la ANSeS sólo el 58 por ciento son genuinos;
solamente el 58 por ciento proceden de los aportes y contribuciones. Esos son los aportes de
los activos que, solidariamente, contribuyen a este sistema que en un principio se ha
considerado como solidario y contributivo para hacer frente a las jubilaciones y que, hasta el
momento, es insuficiente para hacer frente a los gastos de jubilaciones y pensiones. Esto
obliga a la ANSeS a tener que recurrir a otros recursos en un 42 por ciento formados por
recursos tributarios como Ganancias, IVA, Monotributo, cigarrillos, combustibles, y también
por el 15 por ciento que aportan las provincias por el régimen de coparticipación federal.
Ante esta situación, y después de clarificar bien la situación, porque no es que –como
se ha dicho aquí– estamos utilizando los fondos de los jubilados para asignarlos a otros
gastos, ya que solamente el 58 por ciento es aporte y contribución –y esto no lo digo
solamente yo sino que lo hemos dicho muchos–, tenemos que sentirnos obligados a pensar –
como dijo el senador Juez– en qué vamos a hacer para hacer sustentable el sistema
previsional argentino.
Pero lamentablemente me he puesto a analizar –coincidiendo en esto con el senador
Juez– cuáles son los proyectos presentados por muchos de los senadores que hoy están
apoyando el proyecto que vino de la Cámara de Diputados y que busca aumentar el gasto de
la ANSeS para incrementando el mínimo al 82 por ciento y, paradójicamente, ¿con qué
realidad me encuentro? Me encuentro con que los proyectos de quienes apoyan hoy el
incremento del gasto de la ANSeS por otro lado buscan disminuir sus recursos.
Por ejemplo, tengo un proyecto que obliga a la ANSeS a devolver a las provincias el
15 por ciento de la coparticipación desde el año 2005, ascendiendo a un gasto de 78.790
millones. Hay otro proyecto que obliga a la ANSeS a devolver el 15 por ciento de la
coparticipación desde 2009 hasta 2010, ascendiendo el gasto a 47.000 millones. Otro
proyecto pretende que la ANSeS devuelva el 15 por ciento de coparticipación para el
próximo ejercicio utilizando un fondo de 20.000 millones de pesos. Otro proyecto que busca
coparticipar totalmente el Impuesto al Cheque a las provincias, que significa un gasto de
9.800 millones. Otro proyecto busca elevar el mínimo no imponible sobre las ganancias,
produciendo un incremento en el gasto de 4.100 millones de pesos. Otro proyecto busca
eliminar las retenciones que significa un gasto de 12.300 millones de pesos. Otro proyecto
pretende la jubilación anticipada para quienes cumplan 55 años de edad y 30 años de aporte
con un 50 por ciento de la jubilación mínima. Totalmente en contra de lo que están realizando
y pensando los países que están afrontando situaciones parecidas a la de la República
Argentina con una crisis en su sistema previsional.
Otro proyecto, reduciendo alícuotas a los derechos de exportación; otro proyecto,
exceptuando de IVA a determinadas carnes y derivados; otro proyecto, imponiendo el 82 por
ciento móvil para jubilados, únicamente para la mínima.
Digo esto porque se comprueba que la decisión, el impulso o el interés que se tiene y
que se manifiesta aquí, de que queremos solucionar el problema de los jubilados, no va de la
mano con una ayuda al Poder Ejecutivo nacional, a fin de contar con los recursos necesarios
y suficientes para hacer frente a este gasto. Esto es una muestra de que no es un trabajo
responsable, no es un trabajo serio. No es un compromiso que se asume con seriedad. Hay
otras intenciones. A mi entender, lamentablemente se busca un rédito político con un tema
muy sentido para todos, como es el de los jubilados.
Creo que no debe haber una persona aquí que piense que no estamos en deuda con los
jubilados, y que no esté valorando lo que durante mucho tiempo estamos haciendo por ellos.
Seguramente, falta muchísimo por hacer; pero los pasos hay que darlos en firme.
Sra. Presidenta (Escudero). – Señora senadora, se le terminó el tiempo. Concluya, por
favor.
Sra. Corradi de Beltrán. – Ya termino.
Coincido con que es necesario cumplir con los jubilados, yendo por la misma línea
que marcó el senador Juez al pedirnos que pensemos. Bueno, yo he estado pensando.
Considero –y ojalá coincidamos muchos– que hay que analizar como una alternativa el gasto
tributario, que son los montos de ingresos que el fisco deja de percibir por la aplicación de
determinadas medidas.
En ese sentido, he presentado proyectos, por ejemplo para terminar con la exención
del impuesto a las ganancias de jueces y magistrados. ¿Por qué los jueces y los magistrados
no van a aportar con el impuesto a las ganancias, si cualquier otro empleado que tiene un
haber mínimo tributa? ¿Por qué no tenemos en cuenta la capacidad contributiva de todos los
habitantes? Siguiendo la línea del senador Juez, ¿qué nos cuesta trabajar para que también los
jueces y los magistrados aporten el impuesto a las ganancias?
Sra. Presidenta (Escudero). – Señora senadora, se le terminó el tiempo.
Sra. Corradi de Beltrán. – El tema de las rentas financieras también es un dato y un buen
aporte que se podría hacer.
Vamos a continuar trabajando para implementar políticas de empleo formal, porque
sabemos que la formalidad en el empleo se construye a través de distintas medidas
impulsadas por este gobierno y contribuirá a que recuperemos un sistema previsional que, en
un principio, era contributivo, porque en 1958 existían diez aportantes por cada jubilado…
Sra. Presidenta (Escudero). – Senadora: lo acordado fue diez minutos por cada senador.
Está quebrando las reglas del acuerdo.
Sra. Corradi de Beltrán. – Dos minutos más y finalizo, señora presidenta.
No podemos dejar de tener en cuenta este dato, este detalle. Durante muchos años se
ha destruido el sistema previsional argentino. No voy a repetir argumentos, pero es necesario
que no olvidemos la historia del sistema previsional argentino y lo que ha pasado en otros
gobiernos. No se trata de hacer chicanas, sino de no cometer los mismos errores.
No podemos dejar de considerar que estamos en una situación en donde se ha hecho
evidente un envejecimiento poblacional. Ya no tenemos cuatro o diez aportantes por cada
jubilado. Hoy hablamos de 1,4 aportantes por cada jubilado.
Este gobierno ha venido trabajando en medidas para mejorar la situación de los
jubilados. No son suficientes, pero hemos incrementado la jubilación mínima. Hemos
incorporado nuevos jubilados…
Sra. Presidenta (Escudero). – Gracias senadora, gracias senadora.
Sra. Corradi de Beltrán. – Hemos…
Sra. Presidenta (Escudero). – Gracias senadora.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: voy a decirles en forma directa a quienes reclaman de modo
permanente cómo vamos a financiar este aumento del 82 por ciento, que he presentado un
proyecto, gracias al trabajo con mi bloque en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que incluye a las sumas no remunerativas: porque de cien convenios veintiséis tienen sumas no
remunerativas homologadas por el Ministerio de Trabajo.
Eso significa, para dar simplemente un ejemplo, que en Comercio deja de recaudar la
ANSeS 4.000 millones de pesos anuales. Eso es lo que no perciben la ANSeS ni el PAMI.
Solamente para el convenio de Empleados de Comercio. Esto, con una salvedad: después de
mucho estudio que hemos hecho dentro del bloque y con los asesores, resulta que tanto la
CAME –Cámara Argentina de Comercio– como el Sindicato de Mercantiles, sí tienen sumas
remunerativas. ¿Saben de qué monto estamos hablando? De unos 2.800 millones de pesos.
Entonces, 4.000 deja de percibir la ANSeS, y 2.800 millones de pesos son de la cámara y del
sindicato, nada más que en este convenio colectivo de trabajo homologado por el Ministerio
de Trabajo. Reitero: se dejan de recaudar 4.000 millones de pesos para la ANSeS y para el
PAMI. Ahí tenemos un financiamiento, porque de cien convenios colectivos en veintiséis hay
sumas no remunerativas. ¡A ustedes les parecerá un número enorme! Sí, señores: ¡4.000
millones de pesos!
Es del caso mencionar que he presentado un proyecto que está a punto de tener
dictamen. Ahora bien; muchas veces hablamos de que no tenemos propuestas. Lo cierto es
que, durante toda la historia, hemos visto que cada vez que un gobierno pretende perpetuarse
mucho dice que la oposición no tiene propuestas.
Quiero ser absolutamente claro: ¡estamos ante una situación injusta! En tal sentido,
dos casos en la Corte Suprema de Justicia ya establecieron doctrina: me refiero a los casos
Polimat y Lapacó. En ellos, se indica que no debe haber sumas no remunerativas. Además,
está la gravedad que significa que cámaras y también algunos sindicatos perciben como
remuneración mucho dinero, mientras que el resto de los trabajadores queda afuera. Estamos
demostrando con números, simplemente, que hay una propuesta, y ahí nomás -al alcance de
la mano y de este Senado de la Nación- para financiar la ANSES. Si lo multiplicamos por
otros convenios colectivos, ¡imagínense los miles y miles de millones de pesos!
Me ha tocado representar a un sector de la sociedad golpeando cacerolas afuera de
este Congreso. Hoy tengo el honor de representar a mi provincia y de tratar de incidir sobre
algunas políticas públicas. Me parece que tenemos que reflexionar, colegas, señora
presidenta, sobre cuáles son las prioridades: los privilegiados y las prioridades.
¡Bien hemos hecho en este último tiempo, con idea quizá de la oposición y finalmente
lo hizo el gobierno por decreto, la asignación universal para niños! Asignación que, quizás,
todavía no es universal. ¡Deben ser las prioridades los niños, que todavía no pueden, y los
ancianos, que ya no pueden, más allá de cualquier número que estamos haciendo aquí! ¡Esas
deben ser las prioridades cuando analizamos un presupuesto nacional!
Entonces, si ese dinero es de la ANSeS –¡no nos pidan además financiamiento,
cuando ya está!– se utilizara pura y exclusivamente para jubilaciones y pensiones,
seguramente podríamos aumentar a los jubilados.
Estoy absolutamente seguro de que, de los setenta y dos senadores, todos queremos y
trabajamos para mejorar las asignaciones de los jubilados. En ese sentido, es bueno reconocer
también que este gobierno tal vez ha hecho esfuerzos para aumentar a los jubilados aunque
haya sido absorbido por la inflación. ¡Seríamos injustos si dijésemos que alguno de ustedes
no les quiere aumentar! Pero acá hacen falta pocas palabras, como en casi todo lo que
venimos encarando últimamente: ¡voluntad política de hacerlo!
La sociedad se pregunta si los ancianos, que han esperado durante años, que se han
muerto sin encontrar justicia, son la prioridad o no son la prioridad.
Hoy la sociedad se está cuestionando. Creo que este proyecto que viene de Diputados
resulta muy difícil para algunos colegas. ¡Veo que han hecho un trabajo social en sus
provincias, son militantes de muchos años cada uno de los senadores que hoy no apoya esta
iniciativa! Les resulta muy difícil reflexionar y elaborar argumentos en contra de este 82 por
ciento de los jubilados.
Más allá de las órdenes que se reciban de un jefe político, creo que hoy nuestra
obligación es volver a reivindicar la política al servicio de los ciudadanos: ¡de los derechos
ciudadanos! Vamos a reivindicar la política dándole justicia, como muy bien sentara doctrina
la Corte Suprema de Justicia para los casos Badaro y Sánchez.
Por eso, este dictamen que viene de Diputados resuelve casi cuatro situaciones.
Primero, la movilidad, que queda equiparada al salario mínimo, vital y móvil. Porque los
jubilados, los ancianos, muchos que se jubilaron a los 60 ó 65 años y que hoy rondan 80 años
no tiene la capacidad de lobby, no tienen las paritarias, no tienen sistema de lucha y de
presión sobre los poderes del Estado para reclamar mejoras en sus haberes. Entonces,
tenemos que atarlos al mínimo vital y móvil. Además, resuelve el tema de la asignación de
jubilaciones en el futuro y también la situación de los que han quedado retrasados más allá de
los 1.000 pesos.
Resuelve también el tema del litigio. ¡Ya superan los 400 mil y habrá más, porque
cada vez todo es más rápido! ¡Pueden llegar a ser 90 mil millones de pesos y un negocio
enorme para los abogados que hoy están mirando este debate! Un negocio enorme porque
seguramente los jubilados terminarán nuevamente pagando a los abogados como ocurrió con
los ahorristas, que todavía siguen reclamándole a los bancos.
¿Tenemos una fuente de financiación? Ya la tenemos: la ANSeS. ¡No se toque nunca
más ese dinero de la ANSeS que es para los jubilados! ¡No lo direccionemos para otro lado!
Y si quieren financiamiento, acá está mi propuesta: la que acabo de hacer. ¡Multiplíquenla
por otros convenios colectivos y multiplíquenla por empleados estatales! Esta es una
propuesta absolutamente clara de financiamiento.
Quiero decir también que este tema resuelve otra cuestión. Creo que resulta
absolutamente prioritario que pensemos quiénes son los privilegiados, quiénes deben ser los
privilegiados.
Sin embargo, en esta discusión, celebro que hoy hayan dado quórum. Eso habla de
madurez por parte del oficialismo. Además, había senadores que presentaron sus iniciativas y
tenían que defenderlas; pero se va cerrando el círculo. ¡No es posible que dejemos sin gravar
el juego; que todos los días nos roben recursos pesqueros; el petróleo, la minería y,
finalmente, también las sumas no remunerativas! Se va cerrando el círculo en este Senado,
donde tenemos que tratar esas cuestiones de fondo para salir del subdesarrollo.
¡Ahí están los recursos! Cuando hablamos de la minería, los propios mineros saben
que todavía pueden aportar más a la Nación; que ese negocio todavía da, como ocurre con el
petróleo o con la pesca; esa riqueza pesquera que nos roban todos los días.
¡No tenemos que pelearnos con los chacareros o con la gente del campo! ¿A ver si
tenemos coraje para pelearnos con los que nos pusieron la plataforma submarina: con los
ingleses, que nos siguen robando el petróleo en nuestra cara? ¡Con ellos tenemos que
ponernos firmes y demostrar coraje!
Ustedes han mencionado muchos números en este recinto. Han sido muy claros. Creo
que existen recursos. ¡No he venido a este Senado de la Nación para terminar hocicando
frente a un reclamo que he acompañado durante años! Este mismo gobierno le ha pagado al
Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares sin quita. Porque, ¿saben a quiénes
se les hizo la famosa quita de la deuda externa? A los futuros jubilados de las AFJP. Sentados
Lavagna, Kirchner y Alberto Fernández firmaron que las AFJP, con todos los banqueros que
las administraban, aceptaban el canje de la deuda. ¡Ahí se bajó la deuda! Pero al Fondo
Monetario Internacional, después de tanta alharaca, le terminaron pagando al contado y sin
quita, antes que a los jubilados, antes que a los docentes, y antes que cualquier otra deuda que
pudiera contraer la Argentina; y vamos a seguir pagando.
¡Hemos pagado BODEN a los banqueros…!
Sra. Presidente (Escudero). – Senador: se le terminó el tiempo.
Redondee, por favor.
Sr. Artaza. – Gracias, señora presidenta.
Finalmente, creo que vamos a reconciliar la actividad política con la sociedad y los
derechos de los argentinos. Seguramente, esta noche será histórica.
Para no terminar hablando de números, bajando un poco mi tono y desdramatizar el
debate, me permitiré leer fragmentos de una hermosa canción de Joan Manuel Serrat que
cuando habla de la vejez dice, entre otras cosas: Si se llevasen el miedo / si nos dejasen lo
bailado / para enfrentar el presente (…) // Y después de darlo todo / –en justa
correspondencia– / todo estuviese pagado / y el carné de jubilado / abriese todas las puertas. //
Quizás llegar a viejo / sería más llevadero, (…) // Si el ayer no se olvidase tan aprisa. / Si
tuviesen más cuidado en donde pisan. // Si se viviese entre amigos / que al menos de vez en
cuando / pasasen una pelota. / Si el cansancio y la derrota / no supiesen tan amargo. (…) // Si
la veteranía fuese un grado. (…) // Y del pedazo de cielo / reservado para cuando / toca
entregar el equipo, / repartiesen anticipos / a los más necesitados. // Quizás llegar a viejo /
sería todo un progreso, / un buen remate / un final con beso. // En lugar de arrinconarlos en la
historia / convertidos en fantasmas con memoria. // Si no estuviese tan oscuro / a la vuelta de
la esquina. / O simplemente si todos /entendiésemos que todos / llevamos un viejo encima.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: creo que debates como el que estamos encarando hoy
enriquecen profundamente a la sociedad argentina, en todo su conjunto, pues aquí también se
están diciendo muchas verdades acerca de cómo solucionar algunos problemas que sufren los
argentinos y las disparidades que se producen en nuestro país.
Estamos hablando de un incremento en las jubilaciones del 82 por ciento, y de la
realidad que vivimos los que estamos más alejados de la Capital Federal: falta de recursos y
de la calidad de lo que perciben nuestros jubilados.
Haré mención especial −porque creo que tiene mucho que ver− de la necesidad que
tenemos de buscarle una salida al problema. En ese sentido, creo que hay que hacer un
llamado a la reflexión. Escuché atentamente a todos los oradores, y con varios tuve muchos
puntos de coincidencia. Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo, si todos peleamos por lo
mismo y si todos estamos a favor del 82 por ciento móvil, ¿qué nos falta para lograr esa
coincidencia, y hacer que lo que decimos sea sustentable y aplicable? Caso contrario, ninguna
ley sirve.
En ese sentido, reitero lo que dije en su oportunidad con relación al impuesto al
cheque. Cuando personalmente solicité que el proyecto volviera a comisión para encontrar un
punto de coincidencia, se insistió y, finalmente, ¿qué sucedió? El proyecto volvió a la
Cámara de Diputados y las provincias nos quedamos sin el recurso. En este caso, quiero que
el recurso llegue a mi provincia y que los jubilados tengan realmente una solución. Por eso
estoy aquí.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.

Sr. Viana. – Represento a mi provincia, y sus habitantes me piden respuestas. No me piden
discursos encendidos a favor de una u otra política. ¿Cómo no voy a estar a favor de actualizar las jubilaciones a través del 82 por ciento? Sin embargo, también debe reconocerse
−tal como se dijo aquí− que este gobierno hizo más que cualquier otra gestión en la historia
en cuanto a los jubilados. Hemos avanzado bastante en el tema, pero todavía falta mucho por
hacer.
Se ha avanzado con las AFJP, a pesar de que algunos dijeron que era una enormidad o
una falacia. Sin embargo, muchos votamos a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo porque
estábamos convencidos de que la caja previsional debía ser manejada por el Estado. En mi
provincia no transferimos la caja jubilatoria, y hoy tenemos problemas graves.
Entonces, cuando denunciamos que queremos el 82 por ciento estoy totalmente de
acuerdo; pero también estoy de acuerdo con lograr una norma que me garantice que se puede
pagar ese 82 por ciento. Si se trata de sancionar una norma para que sea vetada por la
presidenta, no me van a tener a favor. Pero sí voy a estar a favor si me dicen de dónde se va a
sacar la plata.
Estoy de acuerdo con las manifestaciones del senador Juez. Es decir, por qué no se
discute que la renta bancaria o el sector del juego mediante diversos mecanismos mantengan
el sistema previsional. Además, me gustaría que se analizaran determinadas cuestiones
vinculadas a ciertos gastos de la ANSeS con los que, realmente, no estoy de acuerdo.
No coincido con varias cosas que lleva adelante la ANSeS, pero sí estoy de acuerdo
con el esfuerzo que hizo el gobierno para actualizar semestralmente las jubilaciones. Sin
embargo, no quiero generar una iniciativa de inviable ejecución.
Señor presidente: estamos a un mes de aprobar el proyecto de presupuesto. Y habrá
una pelea importante en lo que hace al 15 por ciento cedido en su momento cuando existían
las AFJP a raíz de las distintas situaciones de las cajas. Creo que ese porcentaje hay que
recuperarlo por diversas razones.
Me gustaría explicar la realidad de mi provincia. Allí, el 50 por ciento del salario de
los empleados es en negro. Y un jubilado cobra cuatrocientos pesos. ¿Por qué? Porque tiene
el 50 por ciento de su salario en negro y cuando se va a jubilar, su básico es una mentira.
Entonces, ¿qué sucede? Renuncian a la jubilación del Estado de 400 pesos y se
inscriben en la ANSeS por una jubilación mínima de 700 y pico de pesos. Eso es lo que
ocurre en Misiones. Es la disparidad de un país donde suceden cosas totalmente diferentes. Es
nuestra lucha en Misiones con los jubilados donde el gobierno mira para otro lado.
Además, se le ha colocado un tope a las jubilaciones. Allí, un jubilado no puede
cobrar más de tres mil pesos en virtud de una emergencia previsional sancionada por decreto
del gobierno nacional.
Entonces, fíjense cuál es la realidad del conjunto de jubilados de mi provincia. Esa es
la pelea por la dignidad.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo con una iniciativa de 82 por ciento? Pero quiero
saber y tener la seguridad de que existe la posibilidad de pagarlo.
Pero no hay demasiadas alternativas para quienes queremos acompañar esta
iniciativa si a los treinta días o a los 120 días hay que manotear el presupuesto por no contar
con la debida resolución financiera.
Entonces, debo pensar que no es un proyecto con voluntad política de ser aplicado. Y
digo esto más allá de que estoy totalmente de acuerdo en ratificar algo que sea en beneficio
de todos los jubilados.
No obstante, los senadores debemos plantarnos en que ese 15 por ciento cedido en su
momento vuelva a las provincias con un destino específico relacionado con el mejoramiento
de las cajas de jubilaciones provinciales que no fueron transferidas a la Nación.
Son muchos los desafíos que se tienen que discutir y llevar adelante.
Por un lado, cuando escucho la defensa acérrima en algunos temas por parte del
gobierno y, por el otro, a la oposición plantear cuestiones que están en el otro extremo, en
realidad, veo coincidencias. De ahí que creo que se acerca un momento en la Argentina
donde tendremos que buscar la solución racional que satisfaga a todos los argentinos.
En ese sentido, no puedo acompañar la iniciativa de la Cámara de Diputados porque
considero que no es sustentable en lo que hace a su financiación, sí en el objetivo central.
Inclusive, he hablado con otros colegas. Lo hice con el senador Verna –que está acá,
atrás mío-, quien ha presentado un proyecto que tenía características importantes. Inclusive,
decía que tomaba ese 15 por ciento de la masa coparticipable para poder obtener
financiación, que se distribuiría a las provincias y que buscamos otro mecanismo: ¡claro que
sí!
También resulta interesante lo que mencionó el senador Juez en el sentido de obtener
financiamiento a través de algún tipo de impuesto. Creo que ese es el mecanismo; y no
estamos lejos de hacerlo. Creo que eso significaría acompañar en decisiones trascendentales
al gobierno, sin mirar quién se lleva el rédito político en decisiones de estas características.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: ayer recibimos aquí, en el Senado, con los integrantes
del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara de Diputados, a un grupo muy amplio de
representantes de asociaciones de jubilados, quienes recolectaron en los últimos dos meses
100 mil firmas reclamando que este Senado apruebe el proyecto de ley que hoy estamos
considerando y que ya cuenta con sanción de la Cámara baja.
Las cajas con las 100 mil firmas se las entregamos a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social para que quede así documentado este reclamo unánime de todo el país
efectuado por los jubilados a fin de que se aumente la jubilación mínima al 82 por ciento del
salario mínimo, vital y móvil: para que se cumpla con la recomposición de los haberes
jubilatorios que fueron indebidamente congelados y licuados durante los años 2002 a 2007; y
para que se los recomponga como estableció la Corte Suprema de Justicia.
Hoy en la Argentina tenemos cuatro millones de jubilados que perciben el haber
mínimo: o sea, 1.046 pesos. Esto, de acuerdo con el INDEC o investigadores independientes
está encima o sobre la línea de la pobreza. Sin embargo, esos cuatro millones de jubilados,
que son el 70 por ciento de los jubilados de nuestro país, viven una situación de gran
vulnerabilidad económica y social de gran exclusión. Por su lado, el 30 por ciento restante no
llega con sus haberes jubilatorios en muchísimos casos a recibir el 35 o el 40 por ciento de lo
que percibían en actividad. Por eso hay 400.000 jubilados que se han visto obligados a
presentar reclamos judiciales contra la ANSeS por haberes que han sido liquidados
inadecuadamente.
Hace exactamente un mes –el 14 de septiembre– la Comisión de Trabajo y Previsión
Social llevó a cabo una audiencia pública en Rosario, la cual tuvo una convocatoria
impresionante. Fue muy bien organizada por el presidente de la comisión, el senador Alfredo
Martínez, y por el senador Giustiniani, quien ha presentado uno de los proyectos relativos al
82 por ciento móvil, y también por el personal técnico de la comisión.
Una de las cosas que me llamó la atención –la audiencia pública duró unas cinco o
seis horas– fue que muchísimos de los que hablaron dijeron que eran justicialistas, que eran
peronistas, pero que no estaban de acuerdo con la política previsional de este gobierno. Uno
dijo claramente: “No queremos poner palos en la rueda a nadie; queremos que se respeten
nuestros derechos.” Otro manifestó: “Vivimos en una injusticia tremenda. Con 1.000 pesos
pagamos el alquiler: ¿me quieren decir con qué pagamos el resto: los remedios, la comida?”
Una señora dijo: “El que no tiene una familia que lo ayude, no come: se muere de hambre o
de angustia.”
A mí me llamó la atención un señor de 88 años que estaba en la audiencia pública y se
llamaba Tomás, quien había sido contador de Ferrocarriles Argentinos, que dijo que su
jubilación representaba hoy el 32 por ciento de lo que debería cobrar. Y se preguntaba lo
siguiente: “¿A dónde va la diferencia de nuestra jubilación?”
Al final una mujer –realmente fue muy conmovedora, porque estaba indignada y a la
vez también desesperada– manifestó: “Estoy casi ciega; no tengo para comer. Mi marido
tenía una empresa con diez obreros que pagaba todo en blanco, pero hoy no pudo venir
porque cuando fue a cobrar su jubilación vio que todavía cobraba 895 pesos y le agarró un
ataque de epilepsia. A mí se me están paralizando las piernas. No me quiero morir así”, dijo,
y empezó a revolear la muleta con mucho enojo pero también con mucha desesperación.
Estos testimonios figuran en la versión taquigráfica de la reunión de comisión y a mí me
pareció importante compartir lo que se dijo con ustedes para que comprendamos que estamos
hablando de personas, de seres humanos, y no de números.
Muchos dirán que esto pasó siempre en la Argentina: que los jubilados necesitan de
algún familiar que los ayude; que la plata de las cajas de jubilaciones desaparecieron. Es lo de
siempre. Lo que pasa es que desde hace seis años la Argentina, al igual que el resto de los
países de Latinoamérica, está viviendo una situación excepcional: estamos creciendo no a
tasas chinas sino a tasas latinoamericanas porque Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Argentina,
Colombia, tienen economías que han estado creciendo al 6, 7, 8, 9 y 10 por ciento anual. Es
una situación excepcional que se debe a los precios de las materias primas y de los alimentos
a nivel internacional.
En este contexto, no se puede comprender que el 70 por ciento de los jubilados de la
Argentina viva debajo de la línea de pobreza y que el otro 30 por ciento se vea discriminado
por un Estado que, en lugar de protegerlo –como dice el artículo 14 bis de la Constitución–,
le niega la proporcionalidad de su jubilación y la movilidad que le corresponde.
Como decía, venimos creciendo desde hace muchos años a tasas latinoamericanas y
por eso tenemos a una ANSeS rica, superavitaria; pero, a la vez, jubilados pobres. Mientras
tanto, la ANSeS le presta plata al Tesoro nacional, a las empresas públicas e, incluso, a los
bancos privados a efectos de que den créditos al consumo para la compra de plasmas y para
otro tipo de cosas.
Yo me pregunto cómo se justifica esta contradicción. ¿Por qué disponiendo de
recursos la ANSeS mantiene a los jubilados con jubilaciones deprimidas, por debajo de lo
que podría pagar? Este es el corazón del debate que estamos teniendo en esta sesión.
El gobierno dice que es el que más ha hecho por los jubilados; pero cuando
analizamos la evolución de los haberes previsionales en términos reales –no nominales– y
corregidos por inflación –porque ha habido inflación– veremos lo siguiente: si aplicamos el
índice de aumento de precios nivel mayorista del INDEC, vamos a ver que hoy la jubilación
media en nuestro país es un 8 por ciento inferior a lo que era en el año 2000. O sea que ha
habido una reducción de la jubilación media del 8 por ciento.
Si tomamos las jubilaciones que en el año 2000 eran superiores a 1.000 pesos
observaremos que hoy han perdido el 40 por ciento de su valor.
Es verdad que la jubilación mínima aumentó un 600 por ciento en términos
nominales; pero en términos reales ello significa un 70 por ciento porque la inflación según el
índice mayorista ha sido del 310 por ciento en el mismo período.
Otra cosa que es real es que hace una década solamente el 30 por ciento de los
jubilados cobraba la jubilación mínima y ahora es el 70 por ciento: o sea que se les ha sacado a unos para darles a otros. Esto parece muy bien en términos de justicia redistributiva; pero la
Corte Suprema de Justicia ha establecido en sus fallos que esto viola la doctrina justamente
del sistema de reparto. El sistema de reparto se basa en una movilidad igual para todos, así en
la proporcionalidad de los haberes en relación a los aportes realizados y al salario que tenía el
trabajador durante su vida activa.
Tarde o temprano la ANSeS va a tener que pagar esta deuda previsional que se está
acumulando. De hecho, este es uno de los problemas muy importantes que esta sanción de la
Cámara de Diputados viene a resolver hoy, cuando los recursos están disponibles, antes de
que el problema se agrave y de que la ANSeS destine esta plata para otras cosas.
En la Coalición Cívica nosotros creemos que realmente tenemos que atender estos
problemas: debemos aumentar la jubilación mínima para sacar a estos 4 millones de jubilados
que viven bajo la línea de pobreza y también cumplir con los fallos de la Corte Suprema de
Justicia para evitar este pasivo contingente que se viene acumulando.
Ahora viene la pregunta que todos hacen: ¿de dónde se va a financiar? Y le respondo
al senador Viana que ahora no está, pero el artículo 11 dice claramente de dónde se va a
financiar: de los propios recursos que tiene la ANSeS.
De hecho, si analizamos el presupuesto 2011 que ha enviado el gobierno nacional, se
estima que para el año que viene la ANSeS va a tener un superávit de 21 mil millones de
pesos. Si se aumentan los haberes, como dice este proyecto, el mínimo se recompone.
Entonces, por recuperación de IVA la ANSeS va a tener unos 4 mil millones de pesos
adicionales: serían 25 mil millones. Además, ya sabemos que siempre el gobierno ha
subestimado el presupuesto nacional: este año la subestimación ha sido de 47 mil millones de
pesos. Esto ya no es que lo decimos los integrantes de la oposición: lo han admitido los
propios funcionarios del gobierno. Bueno: ¡lo mismo va a pasar con el Presupuesto 2011! Así
que esos otros 5 mil millones de pesos que necesitan están en el presupuesto del año que
viene. O sea que este proyecto, que es integral y que viene a reparar un montón de problemas
y desviaciones en el sistema previsional, lo puede financiar la ANSeS claramente con sus
propios recursos.
Lo que sí va a cambiar, si aprobamos este proyecto, es que la ANSeS ya no va a poder
seguir financiando al Tesoro Nacional, a las empresas públicas o a las empresas privadas. Por
ejemplo, desde 2008 la ANSeS le prestó al Tesoro Nacional 37 mil millones de pesos y a las
empresas públicas 11 mil millones de pesos: 48 mil millones de pesos; ¡y nadie ha dicho que
eso no es sustentable, que no es responsable! O sea que ese tipo de cosas no va a poder
seguir.
La mayor garantía de que este proyecto es sustentable, además de los datos del propio
presupuesto nacional, es que al menos los integrantes de la Coalición Cívica –y estoy segura
de que los miembros de los otros bloques de la oposición– todos tenemos la voluntad, la
vocación de ser gobierno a partir de diciembre de 2011. En tal sentido, la mayoría de los
analistas políticos dice que es muy probable que haya un cambio de signo de gobierno en la
Argentina. Entonces, sería totalmente irrazonable que nosotros promovamos un proyecto de
ley que dentro de uno o dos años no vamos a poder cumplir. Sería un bumerang que nos
vendría en contra.
De modo que este proyecto es financiable. Es parte de nuestra plataforma en la
Coalición Cívica. Estaba en nuestra agenda legislativa para el período 2009/2011. También
estaba el proyecto del ingreso ciudadano a la niñez, que cuando hace ocho años Elisa Carrió y
Elisa Carca manifestaban que por ley teníamos que establecer un derecho y una dignidad
básicos para todos los niños de la Argentina, decían que no era sustentable, que era inviable:
que no se podía financiar. Después de ocho años muchos bloques de la oposición
comprendieron que era importante para sacar a grandes sectores de la sociedad de la pobreza.
Finalmente hace un año, cuando estábamos por aprobarlo, la presidenta Cristina Kirchner se
adelantó con un decreto. ¡Se terminaron los reparos de que no se podía financiar!
Estamos convencidos de que lo mismo va a ocurrir con este proyecto de ley. Que si
lo aprobamos, nos vamos a dar cuenta que va a ser un paso muy significativo en cuanto a
justicia social, justicia redistributiva y calidad de políticas públicas en la Argentina, y que
millones de personas van a empezar a salir de la pobreza y de la indignidad.
Finalmente, quiero decir que para nosotros este es un punto de partida; que en
realidad el sistema de reparto, como vemos en los debates que hay ahora en Europa, está en
crisis. Lo que nosotros proponemos -y eso también está en nuestra plataforma- es un modelo
de tres pilares, como propone la OIT: un ingreso universal a todos los adultos mayores de 65
años; un subsidio, como el de la niñez, pero para todos los argentinos que cumplan 65 años;
después, el sistema de reparto para que los que trabajen hagan sus aportes; y luego, para
quienes quieran hacer un ahorro adicional voluntario, que se pueda tomar un seguro de retiro
de la banca estatal o privada. Ese sería el modelo al cual la Argentina tiene que ir.
Estamos en un contexto económico para que empecemos a dar estos pasos
importantes hacia una Argentina mucho más justa y mucho más previsible.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Estenssoro.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: hemos escuchado muchas afirmaciones en el sentido de que
hoy es un día histórico, de que es un día importante, de que es día significativo porque
estamos tratando uno de los objetivos centrales de la política social, que es devolver al
sistema previsional el 82 por ciento móvil. Será un día histórico e importante en la medida en
que seamos racionales; inteligentes en responder a las posibilidades concretas de hacer cierto
este proyecto.
Estamos tratando una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados, de la que
comparto muchos aspectos: fundamentalmente el objetivo de dar al sistema previsional
respuestas que la contingencia está reclamando.
Hago un planteo que espero sea resuelto durante la consideración en particular con
relación a la metodología con la que tratamos de superar y dar respuesta financiera a la
iniciativa.
Todos hemos dicho acá que estamos de acuerdo con el 82 por ciento móvil. ¡Me hace
acordar un poco a lo acontecido con la ley de glaciares! Todos estábamos de acuerdo con que
había que defender el medio ambiente; con que había que defender los glaciares; pero había
cuestiones metodológicas que nos diferenciaban. En el tema de los glaciares las provincias
andinas de alguna manera vimos afectadas nuestra capacidad de decisión en un tema de
recursos naturales que nos corresponde. Espero que en este caso no pase lo mismo.
Planteo las objeciones que tenemos respecto del modo en que se va a resolver la
financiación del sistema que planteamos.
El 14 de marzo de 2006 he presentado un proyecto por el que se establece un régimen
de movilidad de los haberes previsionales y estableciendo el 82 por ciento como mecanismo
de adecuación del sistema. En los fundamentos decía que el Estado argentino tiene la tarea
impostergable de reconstruir el sistema previsional público. Esto es, de alguna manera, una
afirmación de que el sistema no estaba reconstruido.
Coincido con muchos de los oradores que me precedieron en que éste es el gobierno
que más ha hecho por los jubilados; pero lo ha hecho con una metodología distinta a la que
plantea el proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Este gobierno tuvo inicios muy difíciles, con problemas sociales muy complejos.
Había gente que tenía hambre, muchos obreros sin trabajo, muchos argentinos de edad que
estaban marginados de toda vinculación con la sociedad. Hoy podemos decir que cada uno de
esos problemas fue resuelto gradualmente. Podrá haber actualmente algún bolsón de gente
con hambre, pero ese no es el tema. Hubo 3.400.000 planes de jefas y jefes de hogar que
dieron una respuesta a la coyuntura.
Podemos decir que hay obreros desempleados; pero evidentemente el desempleo ha
bajado y hoy está en niveles compatibles con una Nación que está creciendo, que se está
desarrollando, que no ha llegado en plenitud en su estado de bienestar pero va avanzando en
esa dirección.
Podemos decir que hay muchos argentinos que están incorporados al sistema
previsional: 2.500.000. Podemos decir, finalmente, que hoy hay un sistema previsional
funcionando; que paga los haberes en tiempo y forma; que tiene una obra social que da
respuesta a las necesidades del jubilado; que ha incrementado a la familia de nuestros
mayores la posibilidad de que, a través de la jubilación del ama de casa, ingresen dos aportes
previsionales a la familia.
Todo esto ha sido hecho con un criterio de desarrollo y de evolución gradual
ajustando mecanismos; permitiendo que a través del tiempo, y en función de un desarrollo
económico y social importante en la Argentina -que ha acompañado el sistema previsional-,
se fuesen dando recursos y posibilidades de dar respuestas a la cuestión social. Yo creo que
este es el método.
Cuando leo el proyecto estoy totalmente de acuerdo con su contenido; pero totalmente
en desacuerdo con la forma en que se plantea.
El artículo 2° del proyecto dice que el monto del haber mínimo deberá pagarse en 30
días corridos a partir de la promulgación de la ley. Me parece un plazo muy perentorio e
incumplible.
El artículo 8° establece que los beneficiarios recibirán los valores que corresponden a
las actualizaciones que plantean los artículos 5°, 6° y 7° dentro de los 120 días corridos desde
la promulgación de esta ley. Debo advertir que genera una imposibilidad de cumplimiento
habida cuenta que el presupuesto que tenemos vigente y el del año que viene no plantean
recursos necesarios en orden a dar una respuesta satisfactoria a esta exigencia que es
absolutamente legitima, porque nadie lo puede discutir. Entonces, yo planteo la necesidad de
adecuar la concesión de estos recursos a una mecánica de respuesta gradual que haga factible
en el tiempo la solución que nosotros necesitamos.
Por lo tanto, cuando tratemos el proyecto en particular, voy a plantear la modificación
de los plazos y agregar un artículo que obligue al Poder Ejecutivo a establecer un cronograma
operativo de respuestas a los planteos que esta norma contiene. Lo haré en la inteligencia de
que será un plazo perentorio y de que esas exigencias deban ser cumplidas en no más de 3
años. Me parece que ese es un tiempo prudencial para dar posibilidades de encontrar los
recursos que todos reconocemos que deben incorporarse al sistema previsional.
Creo que este es un tema muy importante; que el sistema necesita de nuevos recursos.
Todos hemos dicho que el sistema de reparto está en crisis, y no sólo en la Argentina sino en
el mundo entero. Si no veamos lo que está sucediendo en España y Francia, con sus
dificultades previsionales. Entonces, creo también habrá que darse una tarea de reemplazarlo
por un mecanismo idóneo.
Creo que el Estado se tiene que hacer cargo del sistema previsional en su conjunto y,
del mismo modo que resuelve el tema de las asignaciones familiares, debe brindar una
respuesta adecuada a quienes están comprendidos dentro el sistema. Asimismo, buscar los
mecanismos financieros adecuados que permitan satisfacer plenamente esta obligación que tiene para con nuestros mayores.
Creo que este acuerdo en orden a los objetivos debe servir para que discutamos
menos, para que acordemos más, para que dejemos de hacer de cada uno de estos temas una
pulseada política. ¡Porque terminamos en eso, señor presidente! ¡Hoy también hay una
pulseada política y me parece que eso no es lo que quieren nuestros jubilados! Nuestros
jubilados quieren soluciones. No quieren saber quién ganó: si el gobierno o la oposición; si la
oposición o el gobierno. Entonces, plantear el tema en esos términos me parece incorrecto.
Tenemos que buscar respuestas concretas. Tenemos que dar respuestas técnicas, no
políticas. Tenemos que dar soluciones concretas y no discursos que –insisto- no solucionan el
problema de nuestros jubilados.
Apuesto, entonces, a que es necesario establecer políticas de Estado vinculadas en el
tiempo con respuestas a nuestro crecimiento y a nuestro mejoramiento social. Y lo tenemos
que hacer en un marco de respuestas graduales. Debemos hacer un salto cualitativo que
implique eficacia en la respuesta; porque si saltamos demasiado haremos un salto al vacío y
terminaremos perjudicando el mecanismo de solución a los problemas de la tercera edad.
Señor presidente: la idea es replantear, en la ocasión que corresponda, la posibilidad
de modificar el esquema con el que se plantea el financiamiento en el proyecto en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: a veces, las sociedades están por delante de la política y,
a veces, la política por delante de la sociedad. Quizá podemos entender el tema que estamos
considerando, sobre el que estamos debatiendo este proyecto, como un síntoma para la
sociedad argentina.
Recuerdo haber leído un trabajo de un gran ensayista y escritor argentino, Héctor
Álvarez Murena, que en 1957, en un texto sobre la crisis argentina, hablaba que es típico de
la sociedad argentina vivir sin tiempo, es decir, cortar los lazos del presente con respecto al
pasado y al futuro. Una sociedad que convierte al pasado en mito y al futuro en inexistente es
una sociedad sumergida en la actualidad del presente, en lo inmediato.
Creo que todavía nuestra sociedad es un poco así. Debemos presentar la cuestión de si
la política será un instrumento de la evolución de nuestra sociedad y de nuestra cultura hacia
una mayor madurez, que establezca tiempos y puentes sólidos entre el pasado, el presente y el
futuro, o vamos a insistir en persistir en este sumergirnos en la actualidad del presente, como
si fuéramos niños, como si tuviéramos solamente el instante.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Juan Carlos Marino.

Me parece que hoy tenemos una discusión política en serio. A veces, la agenda del
Congreso Nacional está muy lejos de las expectativas de nuestra sociedad. Hoy estamos muy
cerca de la sociedad. Hoy estamos en medio de la sociedad. Estamos realmente
representándola, tanto quienes estamos a favor como quienes están en contra y van a votar así
la aprobación de Diputados. Estamos discutiendo la agenda de todos, porque el destino de
prácticamente seis millones de beneficiarios del sistema jubilatorio y previsional argentino es
un tema de todos. Tenemos que darnos tiempo. La política tiene que estar a favor de esa
madurez de la sociedad.
Me refiero a lo mejor de la política cuando se reconoce una necesidad, se la traduce en
derecho y si sanciona una ley para satisfacer ese derecho. Es lo que vamos a hacer. ¡Quién
puede discutir hoy que hay una necesidad objetiva de nuestros mayores, de nuestros viejos –
tomando esta palabra en el sentido más cariñoso y más alto–, que estamos reconociendo una
necesidad! Todos reconocemos esa necesidad. ¿O acaso el hecho de que la mayoría de los beneficiarios –beneficiarios suena casi a una ironía– del sistema de jubilaciones y pensiones
en la Argentina esté en la línea de pobreza y perciba un salario de pobreza puede no ser una
necesidad para todos nosotros? Hay necesidad. Debemos convertir esa necesidad en derecho
o sancionar esa necesidad como derecho y responderle desde la ley, desde la política. Eso es
lo que planteamos aquí.
Podríamos evaluar si este gobierno –entendiendo por “este gobierno” a las gestiones
del ex presidente Kirchner y a la de la actual presidenta– ha estado por delante o por detrás de
la sociedad, respondiendo a esta necesidad o síntoma del que hablaba: el presente respecto
del pasado y del futuro. Y en algunas cosas me gustaría decir que no me anoto en aquello que
dijo alguna señora senadora preopinante, en el sentido de que esto es solamente un esfuerzo
para hacer que la presidenta quede mal parada ante la sociedad al vetar lo que hoy tal vez
consagremos como ley. No es ese mi juego. Creo que no es el juego de nadie bien
intencionado, como tampoco el de ninguno de los señores senadores y de las señoras
senadoras que proponemos votar favorablemente lo aprobado por Diputados. Más allá de los
matices que pudieran introducirse en la discusión en particular todos estamos de acuerdo en
que estamos bien orientados.
Tal vez algunas de las medidas, algunas de las políticas del Poder Ejecutivo nacional,
han estado delante de la historia. A través de un decreto, por cierto, la asignación universal de
la niñez, tal vez no tan universal como debiera ser, hoy es una realidad efectiva que debe ser
perfeccionada, incluso profundizada por una ley del Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo
ha hecho esfuerzos por mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados; ha atendido a
algunos sectores de la población que estaban muy postergados: de hecho, ha incluido
alrededor de 2 millones 300 mil personas –argentinas y argentinos– en el beneficio jubilatorio
a través de una moratoria, en donde no había aportes. Podemos decir que en esas cosas el
gobierno nacional se puso delante de la historia como un instrumento para reconciliar el
presente con el pasado y el futuro. Entonces podemos decir que ahora estamos discutiendo
esto gracias, tal vez, entre otras cosas, a esas políticas y a la madurez de una oposición que
siempre ha estado proponiendo planes de acción, políticas de Estado, convocando a ese
diálogo para hacerlo juntos. Me parece que hoy es una oportunidad para eso.
Ahora, yo le quiero decir al oficialismo, a la presidenta, que siga delante de la historia,
que no se ponga detrás. Hoy la historia, la sociedad argentina, a través de la representación en
el Congreso Nacional, a través de las manifestaciones en las calles, de las audiencias que,
como ya se dijo, fueron celebradas en distintas partes del país, se ha puesto delante de la
historia y está llevando a la política hacia donde debe estar. Entonces hoy, para estar con la
gente, para estar con nuestro pueblo, tenemos que hacer ley el 82 por ciento, que no es sino
darle la dignidad a nuestros mayores. Estamos hablando de 1.500 pesos mensuales, casi el
cincuenta por ciento de aumento en todas las jubilaciones mínimas. Eso por lo menos da algo
más de dignidad. La sociedad se ha hecho cargo de nuestros mayores; las familias. ¿Cuántos
de nuestros jubilados y pensionados estarían realmente muriendo de hambre de no ser por sus
grupos familiares, que han podido sostenerlos? Es el Estado el que tiene la obligación de
darle la satisfacción a alguien que ha aportado con su trabajo, con su salario tantos años para
luego, en los últimos, disfrutar como corresponde de su ocio, de su tiempo libre.
Creo que todos estamos de acuerdo en esto y en que esta discusión es política en el
más alto sentido de la palabra. Tenemos que definir prioridades. El Poder Ejecutivo nacional
y su representación aquí en el Congreso Nacional está tratando de continuar ciertas
prioridades que definió y que hoy no son las prioridades de la sociedad. Al menos eso es lo
que interpretamos los que estamos a favor de dar este paso que puede constituir un hito en
estos años, y en tantos años… Porque ¿hace cuánto que está este reclamo? La senadora Morandini recordó a Norma Plá, a las lágrimas, que unos tenían auténticas y otros, de
mentira. Y, bueno, son las lágrimas de muchos de hace muchos años. Qué triste, ¿no? Los
miércoles de Rivadavia y Callao, tantos años de nuestros jubilados reclamando, siendo parte
del paisaje urbano de esta ciudad, sin ser escuchados por nadie. Tener la oportunidad
histórica de estar escuchándolos, aunque sea un poco tarde –pero más vale tarde que nunca– y
darles una respuesta hoy, esto nos enaltece y enaltece a la política.
Llamo a eso, llamo a no quedarse dogmáticamente en una posición previamente
asumida de “si sale la ley la veto; esto desfinancia y destruye la economía nacional y no es
sustentable en el tiempo”. De números también se ha hablado. Una controversia política
también puede cambiar la matemática. Podemos recordar aquel experimento extraño del
Congreso de los Estados Unidos, en donde se pretendió, por una ley, fijar los decimales del
número pi. Eso pasó en la historia del mundo. Así que imagínense cómo la política quiere,
incluso, torcer la matemática.
Pero pongámonos de acuerdo en los números, y hay muchos números que se han
tirado sobre la mesa. Cada uno puede enfatizar unos números en lugar de otros. La plata está.
Hay que decidir cuáles son las prioridades. Puede ir a buscarse más plata, como dijo el
senador Artaza, en todas las cifras no remunerativas que cobran aquellos que están en
relación de dependencia, en blanco, por así decirlo; también blanqueando la economía en
negro se logran mayores aportes contributivos; también haciendo reformas impositivas que
no se encararon: en tantos años no se ha encarado una seria reforma impositiva para ir
redireccionando ese 15 por ciento –que aquí se mencionó– de las transferencias de las
provincias a la Nación; tal vez, reponiendo las cargas patronales que desaparecieron en 1993,
por aquel de las lágrimas falsas.
Entonces, por qué tenemos que seguir cargando –en lugar de cargando con el viejo
que tenemos, como dice el bello verso de Serrat que citaba el senador Artaza–, con esas
malas políticas de tantos años y no hacemos, todos juntos, una ruptura con ellas. Creo que eso
sería estar a la misma altura que nuestra sociedad, que hoy se pone delante de la política si no
damos este paso.
Digo que tenemos los números, que tenemos la plata, que podemos mejorar el sistema
de recaudación y definir distintas prioridades, dejar de subestimar el gasto. Estamos por
discutir el presupuesto. ¿Por qué no incorporamos esta ley que, hoy, ojalá sancionemos en la
discusión presupuestaria? Eso es lo que tendríamos que hacer racionalmente. Me parece,
señor presidente, que tenemos todos los elementos para dar este paso. En la matemática se
pueden torcer un poco las interpretaciones, pero no puede ser tan diferente que el número
positivo de unos sea el número negativo de otros. Pongámonos de acuerdo en algunos
presupuestos mínimos en esta materia.
Es claro que la ANSeS deriva fondos que debieran ser para nuestros jubilados y
pensionados en cosas que no tienen por qué salir de la caja de esa institución. Me parece que
es hora de cambiar la prioridad. Tal vez hasta aquí funcionó con un esquema de economía
política que se dio, con todo derecho, el Poder Ejecutivo nacional y el oficialismo porque
para eso fue votado, pero hoy el Congreso nacional tiene nuevas mayorías. Hoy se expresa
otra voluntad política. Hoy queremos estar en este punto y creemos que estamos
representando realmente la voluntad popular al hacer esto. No lo hacemos para provocar un
veto y que quede mal parada nuestra presidenta. Imagínense que si eso fuera cierto
igualmente ustedes estarían concediendo que –de vetarlo– quedaría mal parada; por lo tanto,
es una manera de conceder que no promulgar la ley sería algo contrario a la voluntad popular,
si no, ¿cuál sería el costo de ello?
Finalizo mi intervención citando a un gran político de la Argentina, que en su momento fue ministro de Economía, quien dijo: “Les hablé con el corazón y me respondieron
con el bolsillo.” Le digo a la presidenta que no responda con una manera de interpretar el
bolsillo de las arcas nacionales, que escuche el corazón del pueblo, que responda también con
el de ella y –si hoy tenemos la suerte de llegar a la ley– la promulgue, como corresponde, de
estar con la voluntad popular.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el senador José Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar quiero hacer referencia a algunos conceptos
vertidos por el senador Calcagno con respecto al informe de la AGN. Me parece que vale la
pena hacer una lectura completa de ese informe cuando habla del impacto que tiene el trabajo
informal, otra de las variables que pesa en el sistema previsional: además de requerir que
haya trabajo, ese trabajo debe ser registrado para que pueda traducirse en aportes al sistema
previsional. Este es un problema de larga data en la Argentina.
Digo esto porque el senador Artaza hizo referencia puntualmente a uno de los
convenios colectivos, al sindicato de los mercantiles. Pero también existe –como dijo el
senador Viana–, en el caso de las provincias argentinas, un gran número de empleados
públicos cuyos salarios tienen un alto porcentaje no remunerativo. En algunos casos, como en
mi provincia, este porcentaje de haber no remunerativo trepa hasta el 50 por ciento para los
empleados públicos.
Cuando hablamos y empezamos a debatir temas como el federalismo o la
coparticipación de impuestos que corresponde a las provincias, me parece que también hay
que debatir este tema de manera tal que el gobierno nacional financie a las provincias con
recursos que les corresponden. Me parece que a partir de la asunción del kirchnerismo el
gobierno se ha transformado en uno de los más unitarios que ha tenido la democracia.
Entonces, es bueno tocar los temas de la informalidad y de las retribuciones no
remunerativas.
En el bloque habíamos acordado hacer referencia al proyecto de ley sin entrar en
actitudes que tiendan a descalificar o a tener una mirada hacia el pasado. Pero,
verdaderamente, se escucharon en este recinto algunas manifestaciones que considero que
merecen algunas reflexiones. Se habló de los errores que pudo haber cometido el radicalismo,
como partido político, en el marco de la Alianza, de los cuales, obviamente, nos hacemos
cargo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en un contexto de país
totalmente distinto. Vale la pena recordar que el kirchnerismo asumió, en 2003, con un
presupuesto nacional de 67 mil millones de pesos, y que el presupuesto ejecutado para 2010,
seguramente, trepará los 320 mil millones de pesos. Pero apelando también a la memoria,
tengo en mi poder un decreto de 1992, firmado por Carlos Zannini, Néstor Carlos Kirchner
−en ese momento gobernador de Santa Cruz−, por el rey de los retornos, el ingeniero Jaime, y
Alicia Kirchner, por medio del cual se dispone, por cuestiones financieras de la provincia, no
pagarles todo un sueldo completo del mes de diciembre y el último sueldo anual
complementario a los empleados de Santa Cruz. Este decreto fue instrumentado en toda la
provincia, salvo en Río Gallegos, cuyo intendente era el actual senador Alfredo Martínez.
Aquí se habló de los errores del radicalismo. Aquí hay un senador que habla de la
Alianza, pero resulta que hace 27 años gobiernan una provincia que tiene los peores índices
de pobreza y de indigencia de la Argentina. Por lo tanto, creo que deberíamos plantearnos
realizar una sesión, para que los políticos nos hagamos cargo de los errores que venimos
cometiendo, de que existen en el país 14 millones de pobres y de que la gran deuda de la
política es social. De esto último se trata el tema que hoy estamos considerando.
Además, hablan de progresismo y de estatización quienes propiciaron, en la década
menemista, los proyectos que ellos denuestan. El matrimonio Kirchner declaró visitante ilustre de El Calafate a Menem, y decían que acompañaban las transformaciones del caudillo
de La Rioja. Sin embargo, hoy lo denuestan. Entonces, ¿por qué no nos hacemos cargo,
cuando se tuvo alguna responsabilidad en el gobierno, de los errores y aciertos que
cometimos? Digo esto porque se instala la hipocresía como un eje o una constante en la
política argentina, situación contra la cual me rebelo.
A través de mi alocución no pretendía posicionarme en el rol de opositor ni de
oficialista, sino buscar algún argumento que, desde la lógica política, me permitiera sustentar
una posición que me hiciera votar en contra de una iniciativa a través de la cual el Estado
dejará de condenar a 4.700.000 jubilados, quienes aportaron toda su vida, a vivir por debajo
de la línea pobreza; que permitirá que el 80 por ciento de los jubilados dejen de percibir 34
pesos por día. Eso es lo que percibe un jubilado en la Argentina, un país que vivió un ciclo
económico inédito. Por lo tanto, a través de este proyecto de ley lograrán un incremento de 12
pesos por día. Caso contrario, deberemos buscar una solución o algún cambio de paradigma,
en función de que los jubilados, para que puedan vivir con 40 pesos por día, se levanten a las
12 del día y se acuesten a las cuatro de la tarde. De otra manera, es imposible que, con un
ingreso de estas características, puedan vivir con dignidad quienes aportaron toda su vida.
Considero que debemos interpretar lo que es el constitucionalismo social. La
recepción de los derechos sociales o de los llamados derechos de segunda categoría −en los
ordenamientos constitucionales del derecho comparado− ha sido denominado el
constitucionalismo social, que en la Argentina tuvo su máximo punto de expresión en la
Constitución de 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, la que posteriormente fue
derogada con el golpe de 1955.
¿Cuál es la situación real que hoy viven nuestros jubilados, nuestra clase pasiva?
Reciben bajos ingresos que vuelcan a la compra de productos básicos; son los más
perjudicados por la inflación, y los alimentos se encarecieron un 25 por ciento entre enero y
agosto, una inflación superior a la del índice de la totalidad de los bienes y servicios. ¿De
quién dependen hoy los jubilados, como bien decía el senador Cabanchik? Dependen de la
ayuda de familiares, de seguir trabajando y, en algunos casos, de sus ahorros. Por lo tanto, la
propuesta en consideración plantea llevar al 82 por ciento el salario mínimo, vital y móvil.
No se les da a los jubilados un aumento que inmediatamente los hará vivir en la opulencia a
partir de la iniciativa en consideración. Simplemente, dejarían de estar bajo la línea de
pobreza.
La verdad es que se han escuchado distintos tipos de calificativos, como que estamos
prontos a cometer un hecho grave de corrupción. Por ejemplo, la irresponsabilidad del
ministro Boudou no me sorprende porque está claramente identificado con la UCEDÉ y el
neoliberalismo; pero sí me preocupa que lo hagan quienes dicen formar parte del progresismo
en la Argentina. Además, la inflación se ha convertido en una aliada del gobierno ya que lo
ayuda a ajustar las cuentas públicas. Ello está reflejado en los primeros cinco meses de este
año. Algo más de la mitad del incremento de la recaudación se explica por el incremento de
los precios y solamente el 19 por ciento por una mejora en la actividad económica. La
recaudación impositiva ha crecido un 44 por ciento.
Se habla de la viabilidad y de la sustentabilidad. El costo de ajustar las jubilaciones al
82 por ciento móvil asciende a 20 mil millones de pesos al año. Con un salario mínimo vital y
móvil de 1.700 pesos la cifra ascendería a 28 mil millones de pesos. ¿Cuáles son las fuentes
de financiamiento? Utilizar el superávit financiero de la ANSeS. En el 2010, él será de 9.500
millones luego del pago de la Asignación Universal por Hijo. Por otro lado, la utilización de
los excedentes de la recaudación presupuestada que en julio ya llega a los 50 mil millones de
pesos. Esa ha sido una lógica permanente del gobierno de los Kirchner. Una mayoría automática en ambas cámaras, un presupuesto dibujado, la subestimación presupuestaria y
facultades delegadas por las cuales el jefe de gabinete de ministros distribuye las partidas con
absoluta discrecionalidad. Seguramente, ha de venir un decreto de necesidad y urgencia con
una nueva partida de 50 mil millones de pesos. Allí habrá recursos para atender estas
necesidades. En definitiva, como aquí se ha dicho, se trata de ver de qué manera se asignan
los recursos.
En cuanto a la sustentabilidad, no se trata de un problema de recursos sino de qué
manera se asigna el gasto político.
En lo que hace al tema de las jubilaciones, el gobierno plantea el default o que se
quiebra la caja de jubilación. Sin embargo, nada dijo cuando decidió, sin estar previamente
presupuestado, disponer de diez mil millones de pesos para la Asignación Universal por Hijo,
3500 millones de pesos para la compra de computadoras o cuando decretó la moratoria fiscal
que incorporó a dos millones de jubilados al sistema. Reitero, en esos casos no planteó que
era una medida irresponsable con la que se podía entrar en default. Incluso, nada dijo cuando
se modificó la relación de 1,5 activos por jubilado y hoy es lineal. Desde ya que hay que
replantearse el sistema jubilatorio para que sea sustentable.
Se dice que la ANSeS no tiene recursos. Pero no es verdad. En la banca hay 13 mil
millones de pesos a plazo fijo al 9 y 11 por ciento. El Grupo Macro, cuyo presidente es Jorge
Brito, un aliado estratégico de los Kirchner, maneja fondos de la ANSeS al 9 por ciento
anual, y el mismo banco Macro les presta a los jubilados a una tasa del 35 por ciento.
Entonces, ¿por qué no discutir en el ámbito del Congreso de la Nación alguna fórmula para
que la propia ANSeS le preste al 9 por ciento a los jubilados, si es que se quiere discutir
justicia social y que exista una verdadera redistribución?
La ANSeS, el organismo que administra el sistema jubilatorio, tuvo un superávit en
julio pasado de cuatro mil millones de pesos. Y la cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta
que de esta manera acumula un resultado positivo de once mil millones de pesos. Con estos
recursos excedentes, el gobierno tendría más que cubierto el costo de pagar jubilaciones que
alcancen el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Sobre la base de los resultados de
la ANSES, se calcula que el organismo acumularía este año un excedente mayor a los 15 mil
millones de pesos. Esto incluye el pago de la Asignación Universal por Hijo.
Para terminar, señor presidente, el proyecto de presupuesto de 2011 prevé un ingreso
de 156 mil millones para la seguridad social y tan sólo ha pagado este año una suma de 104
mil millones. Ello significa que habrá un ahorro de 52 mil millones teniendo a nuestros
jubilados con necesidades insatisfechas.
Quiero apelar a la memoria y marcar la hipocresía con que se habla cuando se hace
referencia a la Alianza y se esgrimen argumentos como si no se hubiera tenido ninguna
responsabilidad en la historia reciente de la Argentina. La verdad es que he buscado
argumentos sólidos como para poder sintetizar lo que pienso con respecto a este proyecto de
ley, y había escrito algunos comentarios. Pero me voy a permitir leer algunas reflexiones que
se publicaron en el diario de mayor tirada de Tucumán en octubre de 2005, cuando un
dirigente político de mi provincia planteó: No es una medida electoralista. Que la oposición
diga lo que quiera. Yo hago lo que siento, porque los jubilados no pueden seguir esperando
más tiempo. La existencia de numerosos planteos judiciales de jubilados que vieron
conculcados sus derechos constitucionales podría ocasionar un grave perjuicio económico
para la provincia. Cada vez que salgo a la calle escucho a los jubilados que me piden una
solución para este tema. Por eso es que no podía esperar que la Nación se hiciera cargo del 82
por ciento. Nosotros tenemos una obligación moral con ellos, por la realidad que viven. Esto
lo decía el gobernador de la provincia de Tucumán, Alperovich, en 2005. Para terminar, quiero citar una frase que dice que cuando la hipocresía comienza a ser
de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: en realidad, comparto con el senador Cano que aquí en
el Senado es donde se debería discutir en profundidad una reforma del sistema previsional
argentino para dar solución a los jubilados, a los que se van a jubilar y a los que nunca se
podrían jubilar.
Provengo de una provincia donde la pobreza es muy alta, al igual que el trabajo en
negro. Hay muchos hacheros; ya casi no quedan cosecheros, pero están los que lo fueron y
que no se pueden jubilar.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Corregido. – Me parece que nosotros deberíamos estar discutiendo un proyecto de ley
que asegure el ingreso a la previsión de todas aquellas personas que trabajaron y que no
tienen aportes.
Por supuesto que como peronista estoy de acuerdo con aumentar los ingresos de los
jubilados. Me gustaría que pudiéramos discutir esto ampliamente, pero estamos por votar a
libro cerrado un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados. Sin embargo,
me habría encantado que en las comisiones pertinentes se hubieran tratado, por ejemplo, los
proyectos del senador Lores, del senador Verna y del senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Pero no fue así.
La verdad es que hay que reconocer que este gobierno fue, después del de Perón –me
animo a decir– el que más ha hecho por los jubilados y por la inclusión. Y aquí se ha
reconocido durante la tarde, incluso, que hoy existe una gran cantidad de personas mayores
que hoy tiene cobertura previsional, así como una gran cantidad de niños que se ha
incorporado en la escuela debido a la Asignación Universal por Hijo. Todo esto proviene de
los fondos de la ANSeS, porque nuestro sistema previsional tiene un principio solidario, que
tiene que seguir siendo así.
También se dijo en este recinto que los fondos de la ANSeS no provienen solamente
de los aportes y de las contribuciones, sino también de los impuestos. Y la verdad es que un
chiquito que limpia los vidrios de un auto y que cobra una monedita, cuando va a comprar un
alfajor o un chupetín también está haciendo su contribución a los fondos de la ANSeS.
Por eso me parece que este proyecto de ley adolece de una falta grave, que es la de no
contemplar la asignación universal por la vejez. Me parece que no podemos hacer una
modificación, si no tenemos en cuenta el principio solidario que debe tener nuestro régimen
previsional para todos aquellos que han aportado, trabajado y que están fuera del sistema.
Asimismo, se mencionó aquí lo que opina el CONICET sobre los artículos 6° y 7°,
que en realidad aumentan la brecha de injusticia entre los jubilados pobres y los jubilados
ricos. He leído el informe de CIPPEC, que es una ONG de control de políticas públicas, para
nada amiga del gobierno, que sostiene que este proyecto es inviable. En verdad, a mí me
encantaría, ya que en este Senado estamos tan preocupados por una mejora en los ingresos de
los jubilados, que nos constituyéramos en comisión y que discutiéramos este proyecto, sin
que nos importe que vuelva a la Cámara de Diputados, si es justo, equitativo e inclusivo de
todos los mayores que viven en la pobreza o cerca de la línea de la pobreza. Así que yo
quiero proponer que por supuesto voy a votar a favor del 82 por ciento móvil, pero siempre y
cuando se supriman los artículos 5°, 6° y 7°, que son los que aumentarían la brecha entre los
pobres y los ricos. A su vez, quisiera tomar del proyecto presentado por los senadores de
Tierra del Fuego Díaz y Martínez los mecanismos de financiamiento para poder aumentar las jubilaciones, que tienen que ver con el impuesto a las transferencias financieras, hasta el 20
por ciento de las exportaciones de soja, hasta el 20 por ciento de lo recaudado por el impuesto
a los cigarrillos, los recursos provenientes de la eliminación de las excepciones en el pago del
impuesto a las ganancias, mayores ingresos determinados por el incremento en la recaudación
del IVA y, a la vez, agregar la restitución de las contribuciones patronales a los niveles de
1993 para que este sistema pueda incluir a todos y ser justo, equitativo e inclusivo. A todo
ello, agregaría la prestación solidaria para la vejez, que propuso el señor senador Martínez y
que también propone el CIPPEC, como una manera de proteger a todas las personas mayores
que han trabajado, que no se pueden jubilar y que no pueden quedar al arbitrio de la voluntad
del Poder Ejecutivo de que puedan cumplir con la moratoria o no.
Esta es mi posición, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: a esta altura de la tarde y del debate algunas cosas han
quedado claras. Aquí se ha hecho un análisis de cómo ha ido evolucionando el sistema
previsional argentino desde el año 1957 o 1958 a la fecha, cómo se fue desfinanciando, cómo
los activos no pueden con sus aportes pagar la jubilación a los pasivos, cómo para ello se
fueron incorporando impuestos y parte de la coparticipación federal.
Por parte del oficialismo se habló mucho de la falta de financiamiento o de la
imposibilidad de pagar este 82 por ciento móvil. A ese argumento de la falta de
financiamiento se lo adornó con algunos calificativos realmente hirientes: falta de seriedad,
mentira, etcétera. Pareciera que los únicos preocupados por los jubilados fueran hoy,
precisamente, quienes se oponen a una mejora salarial en un país donde las autoridades del
gobierno se la pasan hablando del crecimiento y del desarrollo, y es en ese país, donde todos
los índices son buenos todos los días, donde a los jubilados les decimos que no.
En este cuadro de situación todos han coincidido en que nos debemos un debate más
profundo para la reformulación de un sistema previsional pensado para una situación que ya
no es tal. Pero lo cierto es que la posición que unos y otros adoptemos, a favor o en contra
de este proyecto, marca una prioridad política; obviamente, que la marca, porque más allá de
la coincidencia en la falencia del sistema y de la necesidad de una nueva discusión todos aquí
coincidimos en la necesidad del mejoramiento de los salarios de los jubilados. Pero,
curiosamente y a pesar de esa coincidencia, hay algunos que van a preferir las cuestiones
numéricas, las cuestiones presupuestarias, a las necesidades de los hombres y mujeres de la
tercera edad en la Argentina. Y esto marca claramente como primera conclusión una gran
diferencia en cómo ve el problema el oficialismo y cómo lo vemos desde la oposición.
Sobre la necesidad del ajuste de las jubilaciones ya se ha expedido la Corte Suprema
de Justicia, se ha expedido la Cámara de Diputados, está por expedirse la Cámara de
Senadores. Creo que el Ejecutivo no puede desconocer el pronunciamiento y la voluntad de
los otros poderes del Estado. No dejo de reconocer que durante la gestión del presidente
Kirchner se pudo haber mejorado la situación de los jubilados, seguramente que sí. También
es cierto que las condiciones económicas en las que le tocó gobernar, luego de la
devaluación, fueron distintas a las situaciones económicas que tuvieron que afrontar
gobiernos anteriores.
Señor presidente: creo que se puede pagar el 82 por ciento móvil. Aquí se ha dicho
que si los fondos de la ANSeS se destinaran pura y exclusivamente al pago de las
jubilaciones y no al financiamiento de otras cuestiones, el 82 por ciento móvil sería
perfectamente posible de pagar. Si a esto le sumamos una optimización del gasto y le
hiciéramos caso a ese gran filósofo, Luis Barrionuevo, que hablando en primera persona y
dirigiéndose a sus compañeros del gobierno, dijo alguna vez: si nos dejáramos de robar, alguna vez podremos solucionar los problemas de este país. Si todo esto se diera, se podrían
tranquilamente pagar las jubilaciones.
Además, considero que es necesaria la sanción de este proyecto de ley. Esta es una
lucha equiparable. Algunos jubilados en mi provincia la equiparaban a otras luchas que se
han dado en la Argentina con el voto, la igualdad de las mujeres, el propio matrimonio gay,
que no hace mucho discutimos acá.
Durante el debate de este proyecto de ley, a lo largo y a lo ancho del país, algunos
jubilados nos hablaron sobre las desventajas que ellos tienen para reclamar, pero dejaron en
claro la madurez y responsabilidad para llevar adelante el reclamo. Me voy a permitir aquí
leer lo que dijo un jubilado en mi provincia: A los que estamos al frente de los centros de
jubilados a veces se nos hizo muy difícil contener, como se dice, a las bases, porque les
puedo asegurar que a pesar de los achaques y todo lo demás, como está de moda cortar rutas,
tomar plantas, romperle la cabeza a algún trabajador, no permitirle el acceso a los
yacimientos, no permitir el acceso a empresas, y tantas cosas más…, y usted ve que cuando
esto sucede, a los tres o cuatro días consiguen absolutamente todo. Entonces, pareciera que a
algunos les interesa el Estado de derecho de esa manera. Nosotros no queremos de ese Estado
de derecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando prácticamente a los jubilados nos
exigían que vayamos a tomar la planta, a cortar las rutas y todo lo demás, dijimos no,
nosotros tenemos que dar el ejemplo, somos personas grandes. Tenemos que enseñarle a la
juventud cómo se debe reclamar, cómo se debe respetar y cómo hay que cuidar un Estado de
derecho. De última, estamos pidiendo que se cumpla con nuestra Carta Magna. Ustedes,
fíjense, cuando uno escucha, yo les puedo asegurar que hasta tuve problemas, porque me
negué a hacer eso. ¿Por qué? Porque quiero vivir en un Estado de derecho.
Señor presidente, pese a las necesidades y las desventajas que tienen a veces para
imponer planes de lucha, fíjese con qué responsabilidad y con qué madurez nos hablaba de
cómo hay que encarar los reclamos. Lástima que el señor Moyano no estuvo presente, pero
este un buen ejemplo para que sindicalistas como él lo imiten.
En este contexto, la necesidad de abonar el 82 por ciento móvil no constituye un
problema de recursos sino un problema de decisión. Termino este análisis contextualizando
en qué situación está el país discutiendo el 82 por ciento móvil. A esto le quiero agregar un
análisis sobre el escenario político que hoy vivimos en la Argentina. No es precisamente el
ejemplo de quienes nos gobiernan un ejemplo de honradez, austeridad, que realmente los
habilite para pedir a los jubilados un nuevo esfuerzo. Quiero leer textualmente cómo se han
descripto situaciones políticas como la actual en la Argentina, en cuadros similares. Alguien
dijo: No hay República, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay
administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa. El
presidente de la República ha dado el ejemplo, viviendo en la holgura, haciendo la vida de los
sátrapas con un menosprecio inaudito por el pueblo y con una falta de dignidad que cada día
se ha hecho más irritante. Ni en Europa ni en América podrá encontrarse en estos tiempos un
gobierno que se le parezca; la codicia ha sido su inspiración, la corrupción ha sido su medio.
Ha extraviado la conciencia de muchos hombres con las ganancias fáciles e ilícitas, ha
envilecido la administración del Estado obligando a los funcionarios públicos a
complacencias indebidas y ha pervertido las costumbres públicas y privadas prodigando
favores que representan millones. Su participación en los negocios administrativos es notoria,
pública y confesada. Puede decirse que él ha vivido de los bienes del Estado y que se ha
servido del erario público para constituirse un patrimonio propio. Su clientela le ha imitado;
sujetos sin profesión, sin capital, sin industria, han esquilmado los bancos del Estado, se han
apoderado de las tierras públicas, han negociado concesiones y se han hecho pagar su influencia con cuantiosos dineros. Hasta ahora habían logrado constituir un Congreso
unánime sin discrepancia de opiniones, en el que únicamente se discute el modo de
caracterizar mejor la adhesión personal, la sumisión y la obediencia pasiva. El régimen
federativo ha sido escarnecido; los gobernadores de provincia, salvo rara excepción, son sus
lugartenientes; se eligen, mandan, administran y se suceden según su antojo: rendidos a su
capricho. Terminaba esta nota diciendo: Esta breve reseña de los agravios que el pueblo
de la Nación ha sufrido está muy lejos de ser completa. Para dar idea exacta sería necesario
formular una acusación circunstanciada y prolija de los delitos públicos y privados que se han
cometido contra las instituciones, contra el bienestar y el honor de los argentinos. El pueblo
lo hará algún día y requerirá su castigo para que no se pueda gobernar una República sin
responsabilidad y sin honor.
En este cuadro, señor presidente, cuando se ha pagado una deuda pública eterna, cuya
legitimidad no se ha examinado; cuando se ha pagado deuda a los bancos con la plata del
pueblo, es muy difícil decirle a los jubilados que no vamos a votar el 82 por ciento móvil.
El senador Pichetto con legítimo orgullo dijo que las universidades argentinas eran
gratuitas. Eran gratuitas porque quienes hoy nos están pidiendo el 82 por ciento móvil,
trabajadores, asalariados, pequeños comerciantes, pequeños productores, con su trabajo
contribuyeron a que nosotros pudiéramos estudiar. Yo soy un hombre agradecido. No puedo
menos hoy, con mi voto, que devolver a esos jubilados parte de lo que ellos me dieron.
No quiero terminar sin decir quiénes fueron los que escribieron esto que acabo de
reseñar sobre el cuadro político de la Argentina. Fueron nada más y nada menos que Leandro
N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Mariano Goyena, Juan José Romero y
Lucio V. López, el 26 de julio de 1890, en la manifestación de la Revolución del Parque,
cuando nacía nuestro partido. Aquella vez, como en esta ocasión, los hombres de la Unión
Cívica Radical estamos en el lado correcto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: creo que cuando tocamos temas tan importantes y tan caros
como este y como otros tantos temas importantes de la política hay dos formas de hacer la
política: una es pararse en la realidad, en las situaciones reales, y actuar; y la otra es sumarse
a la teoría, analizar las formas normativas y creer que con eso vamos a llevar nuestros sueños
a la realidad. Y creo que este país ha tenido los dos sistemas de gobierno siempre: el de
aquellos que creían que la única verdad es la realidad y aquellos que creían que con la
normativa y la teoría podían cambiar la realidad.
Yo estoy acompañando al gobierno nacional porque creo que desde el año 2003 se
paró en la realidad, se analizó la crítica situación que dejaron otros gobiernos que teorizaron y
nos llevaron al derrumbe y se empezó a trabajar para que todo el país, en un modelo que
tiende a la igualdad y a la distribución de la riqueza, mejorara.
Realmente no puedo olvidar que quienes defendemos siempre a los trabajadores
estamos viviendo en la etapa más larga de la historia en lo que hace a negociaciones
colectivas de trabajo. Cada 6 meses el gobierno nacional llama a paritarias –algo que ahora
algunos pocos gobiernos provinciales están imitando– para llevar el salario de los
trabajadores a un lugar digno.
No podemos dejar de recordar que cuando muchos agoreros de los modelos
internacionales que eran manejados por el Fondo Monetario Internacional y que tomaban al
dólar como base de moneda de este país y hablaban del 1 a 1 llevaron a nuestros jubilados a
cobrar 150 pesos, que serían 150 dólares. Hoy el dólar cuesta 4 pesos, y pero los jubilados
cobran mil y pico, o sea casi cuatro veces más que lo que cobrarían si tuviésemos ese modelo
neoliberal. Creo que esto indica algunas cosas. Esto indica que el modelo popular y nacional se
para en la realidad y tiene un sueño que va a cumplir: que nuestros adultos mayores estén
mejor, que nuestros trabajadores tengan trabajo y que se tomen acciones o normas que sean
un derecho de todos. Pero esa realidad se puede romper cuando se gobierna con teorías o
normativas que terminarían destruyendo nuestro sistema jubilatorio, y por eso desde el
bloque del Frente para la Victoria hoy estamos defendiendo la postura del gobierno nacional.
Cuando asumí esta banca como senador empecé a trabajar en varias leyes para
mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados. Uno de los últimos proyectos que presenté,
hará un año o un año y medio, proponía elevar el piso de la movilidad al 70 por ciento. Si
bien en algunos casos eso me parecía que era algún exceso desde el punto de vista de
conseguir los recursos, era importante llevarla a ese piso del 70 por ciento dándole un tiempo
al gobierno para que aplicase las normas correspondientes y viese las formas de conseguir los
recursos para llegar a ese punto.
Recuerdo que en su momento me junté con uno de los primeros presidentes de la
ANSeS, Sergio Massa, un hombre muy ejecutivo, y le planteé la situación de muchos
jubilados de mi provincia, de docentes y de otros sectores, que me planteaban la cruel
realidad que ellos vivían, que es muy difícil y que todos queremos solucionar. Y él me dijo
que habían recibido una madeja muy enredada y que, paso a paso, íbamos saliendo de esa
problemática, generando acciones y logrando mejorar la calidad de nuestros adultos mayores,
que era nuestro sueño.
Cuando él me dijo eso, hará aproximadamente 4 ó 5 años, yo lo entendí; pero,
además, he visto que esos pasos se han dado –se vienen dando y se van a seguir dando– para
ir solucionando este problema. De hecho, pensemos cuántos aumentos dio nuestra presidenta.
Podemos hablar de la movilidad jubilatoria, del traspaso de las AFJP y de muchas medidas
que incluso hemos aprobado en este Congreso, que han sido pasos adelante. Y esas son
medidas basadas en la realidad; es decir, medidas que se han dado con políticas de gobierno y
con acciones concretas que permitieron hacer eso y que se siguen tomando.
A nosotros, en verdad, esta norma nos pone en un compromiso político, porque ¡quién
no quiere el 82 por ciento para nuestros jubilados! ¿Cómo les voy a decir a los jubilados de
San Luis que no quiero darles el 82 por ciento? Sería políticamente injusto, pero no puedo ser
hipócrita ni hacer acciones que, por politiquear, terminen perjudicando a los jubilados.
Y voy a dar un ejemplo clarísimo de lo que sucede en mi provincia. Yo la represento
y tengo que contar la realidad de mi provincia. Digo esto porque, seguramente, los senadores
por San Luis hoy van a querer quedar bien con los jubilados y votarán a favor y yo en contra
de este proyecto de ley. Actualmente, en San Luis hay casi cincuenta y dos mil jubilados. La
ANSeS, es decir el gobierno nacional, envía a la provincia más de 1.200 millones de pesos
para pagar los haberes de esos jubilados. Tengamos en cuenta que la provincia tiene un
presupuesto de más de tres mil millones de pesos. Ahora, ¿qué hace el gobierno de San Luis?
Cuando empecé a trabajar, hace unos veinte años, tenía unos veinte mil empleados públicos.
Ahora los sigue teniendo, pero tiene cinco mil solamente en blanco; los otros quince mil están
en planes de inclusión, son empleos en negro. Y así como eso debe tener otros quince o
veinte mil empleos en negro. Se dieron cuenta de que sacarle plata a la Nación es un buen
negocio para la provincia. ¡Es una hipocresía para nuestros jubilados! ¿Cómo vamos a exigir
a la Nación que pague el 82 por ciento móvil mientras la provincia no aporta para que
nuestros jubilados cobren haberes dignos y para que los que están trabajando se jubilen en un
futuro? Hoy tenemos un doble problema.
Ayer, en Villa Mercedes, una señora me dijo que hace doce años que está trabajando
de no docente, por un subsidio de desempleo de 580 pesos. ¡Doce años que no aporta, que no tiene vacaciones! Este es un ejemplo de mi provincia, pero sé que en las demás pasan cosas
parecidas, porque llegan a dar el 82 por ciento pero también con el financiamiento de la
Nación. Entonces, es fácil hablar y teorizar, pero sentémonos en la realidad y trabajamos
todos juntos para que nuestros abuelos logren una mejor jubilación. ¡Quién no va a querer
que su madre, que cobra el mínimo, o que su tía, cobren bien! Por supuesto, queremos eso,
pero debemos hacerlo parados en la realidad. Somos de los que pensamos que se gobierna
desde la realidad y que la única verdad es la realidad.
Señor presidente, no quise hacer un análisis del proyecto de ley ni de los artículos
porque veo que muchos senadores de mi bloque lo criticaron correctamente. Hay muchas
barbaridades, especialmente en cuanto a las posibilidades de la industria del juicio, entre otras
cosas. Solicito a quienes tienen ideas lindas y teóricas que se las guarden para cuando
gobiernen y que lleven a la Argentina hacia una Argentina grande, que es la que todos
soñamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: con su permiso –y a manera introductoria– voy a leer algunos
de los fundamentos de un proyecto que presenté en abril de 2006 y que marca mi concepto en
esta cuestión.
En el artículo 14 bis decíamos, en ese momento, que la Constitución Nacional
expresamente establece que el Estado otorgará jubilaciones y pensiones móviles; y por
imperio del esquema legislado en la década pasada, tal movilidad hoy aparece condicionada y
subordinada a las previsiones de la ley de presupuesto que, en la práctica, han determinado la
inmovilidad de una gran cantidad de beneficios previsionales que en más de quince años no
han tenido movilidad alguna. Sobre la base de estas premisas, y abrevando los recientes
pronunciamientos de la Corte –decíamos en 2006–, que con absoluta contundencia sostuvo la
obligatoriedad del Estado de proveer la movilidad en las prestaciones del sistema previsional,
es que he elaborado este proyecto de ley teniendo presente que –como lo dijo la propia
Corte– la salida de la convertibilidad cambiaria a comienzos de 2002 alteró dramáticamente
las condiciones de estabilidad de las diversas variables económicas, acelerando el
envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones; circunstancias estas que no
ameritaron, excepto en las prestaciones mínimas, ningún reconocimiento de movilidad en los
haberes; autos “Postiglione, Roberto Severio contra Poder Ejecutivo Nacional”.
De conformidad como lo vienen sosteniendo los tribunales, esa necesaria movilidad
debe estar vinculada a un índice. Decíamos en ese momento que la propia autoridad de
aplicación consideraba apropiado y vinculado al sistema el denominado ISBIC –Índice de
Salarios Básicos para la Industria de la Construcción–, que en realidad tuvo una escasa
movilidad durante la década pasada y que permaneció inalterable durante 1997 y hasta
comienzos de 2003.
Así, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los fallos del
fuero de la Seguridad Social, se ha sostenido que “dicho índice, aparece como el más
apropiado -en cuanto seleccionado por la ANSeS- para adecuar los haberes jubilatorios a la
nueva realidad existente y como cumplimiento de la manda constitucional en materia de
movilidad de las remuneraciones, habida cuenta que los haberes de los activos se han
incrementado significativamente a partir de mediados del año 2003 sin que dichos aumentos
se hayan visto reflejados en el haber del actor. Autos “Zagari, José María c/ ANSeS s/
Reajustes Varios”. Fallo de marzo de 2006.
Esto decíamos en 2006. Han pasado más de cinco años y, más allá de la movilidad
otorgada en 2008 por la Ley 26.417, el achatamiento de la pirámide provocado a raíz de lo
que estos fallos ya estaban reflejando, no fue abordado. No fue ni siquiera marcado un sendero de recomposición que permitiera atender aquellas jubilaciones que quedaron entre
los 900 pesos, en ese momento, y los 2 mil pesos, que no se movieron; que se quedaron luego
comidas por la mínima.
Es cierto, este proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados contiene
básicamente cuatro puntos; y tiene una normativa que, desde lo que implica la
recomposición, uno puede decir que es amplia. En efecto, está llevando el haber mínimo
garantizado, previsto en la Ley 24.241, al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil
fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil; establece la movilidad en todas las prestaciones previsionales,
con aumentos en marzo y diciembre; toca el índice fijado por la Ley 26.417 y adapta el índice
de salarios nivel general del INDEC o el RIPTE, el que resulte más beneficioso; y dispone la
recomposición de haberes mediante el recálculo del haber inicial. Y es cierto, porque al
recalcular el nivel inicial, en realidad está haciendo base en una resolución 140/95 de la
ANSeS, que establece la actualización de las remuneraciones pero hasta el inicio de la
convertibilidad.
Es decir que le quita, de alguna manera, ese límite temporal y aplica sí el criterio, que
como bien dijo el miembro informante del dictamen en minoría, la propia Corte decidió en el
caso Elliff, además de avanzar luego sobre la base de ese haber inicial recalculado en un par
de ajustes. Así, aplica el criterio de Sánchez, en el ajuste de 1991 a 1995 y aplica el fallo
Badaro II, a partir de lo que es una deuda que se ha ido generando desde esos precedentes
jurisprudenciales que estábamos mencionando: 2002 a 2006.
Acá hay que hacer una primera afirmación. La han hecho todos. No cabe duda de que
tanto un haber jubilatorio mínimo, del 82 por ciento del salario mínimo del activo, como es
en este caso, y la actualización de los haberes conforme estos criterios que estableció la Corte
y otros fallos del fuero de la Seguridad Social, constituyen reivindicaciones absolutamente
justas que hacen sin duda a una política pública que debe impulsar la sustentabilidad
económica, financiera y social del régimen previsional, entendido este como un bien público
y como una política de Estado.
También está claro que hoy podemos discutir este 82 por ciento y este proyecto con
ajuste y movilidad asentada en estos fallos que han sido pilares, refrendados por la Corte, en
virtud de que el Estado ha recuperado el manejo de la caja previsional a partir del proceso de
estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Cuando uno escucha algunos discursos –y en esto no voy a apelar a chicanas ni voy a
historiar la cuestión con algún sentido parcializado o sesgado, porque está lejos de mi ánimo–
, no sabe bien si se está tomando esto como algo positivo o negativo. En realidad, se habla de
haber expropiado los haberes, pero por otro lado no estaríamos hablando de esto si el Estado
no hubiese avanzado en la estatización de los fondos de capitalización. Así mismo, tampoco
podríamos haber avanzado en la cobertura de esos 2.500.000 ciudadanos que fueron
receptados dentro del concepto de solidaridad social del sistema de reparto.
En realidad, cuando en 1991 se deja el concepto de Instituto Nacional de Previsión, el
sistema pasa a ser de Administración Nacional de la Seguridad Social y los aportes al sistema
jubilatorio ingresan a este sistema de seguridad social en un conjunto, en un portafolio,
conformado por el impuesto al trabajo, es decir, aportes y contribuciones –aportes de los
trabajadores y contribuciones de las patronales, de los empleadores-, y por afectaciones
específicas de los impuestos nacionales, directos o por coparticipación.
En consecuencia, el concepto de autofinanciación compensatoria, que estaba basada
en la solidaridad de los trabajadores activos con los pasivos, se va diluyendo. A su vez,
también se disipa aquella idea de que los fondos previsionales son exclusivamente de los trabajadores aportantes, es decir, aquello de que era la plata de los jubilados. Y digo que se va
diluyendo, porque en realidad cuando uno mira el proyecto de presupuesto del año próximo,
está claro que la recaudación pura que se prevé para la ANSeS, por contribuciones y aportes
previsionales, asciende a los 104.518 millones de pesos, con un déficit primario previsto en el
orden de los 63.803 millones, que se cubren con impuestos directos, indirectos y con aportes
del Tesoro. Esto es que sólo poco más del 55 por ciento del sistema se financia con impuestos
al trabajo, esto es aportes y contribuciones; y cada vez es más significativo el peso de los
recursos tributarios.
El año pasado, algún amigo senador reflexionaba –y se lo escuchaba con mucha
atención–, acerca de que había un nuevo jugador, un nuevo participante en el esquema de
coparticipación de Nación y provincias. Decía que, en la Argentina, hay un nuevo jugador,
que hay que percibirlo; que no es de ahora sino de hace años. Así, se refería al sistema de la
Seguridad Social, al sistema previsional argentino, que algunos definían, en aquel momento,
como la provincia veinticinco. Y, en realidad, mirando los números, ¡otra que provincia
veinticinco!; mucho más que provincia veinticinco.
Entonces, todo esto va revelando lo complejo que es el tema previsional, que es
multidimensional; integrado por una serie de factores. En realidad, poco tiene que ver que
uno haga prevalecer la cuestión economicista, sino que tiene que ver con conceptos que se
deben tomar para poder atrapar el sistema previsional, como ser la cuestión demográfica, la
calidad, la organización del sistema público de salud, la distribución del trabajo según el
sexo, la rentabilidad de los fondos previsionales, la accidentología y esto que tan raramente el
miembro informante de la mayoría decía como la matemática actuarial, que permite hacer
proyecciones y definir masa de acumulación, renta financiera e ingresos al sistema, a los fines
de la determinación de los modelos de equilibrio y sustentabilidad.
Ahora bien, existe una premisa básica: sin trabajo futuro será muy difícil −por no
decir imposible− garantizar jubilaciones del presente. Por supuesto, es absolutamente válida
la movilidad jubilatoria plena; yo la reivindico. Creo que, entendida en el sentido de que los
jubilados deben percibir el equivalente de la renta del trabajo que cobra un trabajador activo,
es un objetivo de justicia social y de equidad distributiva con el que, seguramente, todos
estaremos de acuerdo. Pienso que eso está fuera de debate. La pregunta es cómo lograrlo.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.

Sr. Guinle. – Inicialmente, iremos por la negativa. Está claro que las fuerzas del mercado no
lo lograrán. Las fuerzas del mercado, en esta última crisis financiera, en el Occidente
desarrollado, perdieron aproximadamente el 40 por ciento de los fondos previsionales. En
realidad, no sólo porque operan sobre transacciones activas de la producción, sino porque, en
realidad, el mercado está muy lejos de entender el concepto solidario de un salario diferido,
que implica garantir recursos a futuro, es decir, una visión de largo plazo, una visión de la
economía casi sociológica. Justamente, los actores del mercado no están en condiciones de
ofrecer eso.
Entonces, ¿qué es necesario? Una planificación global y sustentable, con acuerdos
políticos y sociales que aglutinen a los factores de la producción, tales como los empresarios,
trabajadores, etcétera. De allí la importancia de una política pública que impulse una suerte
de pacto de sustentabilidad global, más allá de los discursos viscerales de uno y otro lado. Me
refiero a la sustentabilidad económica, financiera y social de un régimen previsional que debe
ser entendido como bien público y como una política de Estado.
Evidentemente, aparecen las contradicciones; y no me referiré a las contradicciones
en los artículos del proyecto vinculados con el financiamiento o la sustentabilidad, sino a la de los discursos.
En ese sentido, se me fijó un concepto expresado con mucha claridad por el diputado
Macaluse. Él manifestó que no pueden haber, por un lado, restricciones presupuestarias
exigidas al gobierno −planteando, por ejemplo, retenciones cero−, y por el otro, exigencias
sociales que plantean que los jubilados deberían ganar más. Y yo agrego: ¿es lógico plantear
que las provincias puedan detraer el 15 por ciento de fondos coparticipables, para aportarlos
al sistema de Seguridad Social argentino, cuando se está discutiendo un proyecto por el que
se impulsa la actualización de las jubilaciones en un 82 por ciento, y con movilidad?
Creo que no lo es; se trata de conceptos absolutamente contradictorios. No se le puede
sacar al sistema, en medio de una discusión por recursos, que deben mantenerse y asegurarse
para prever las contingencias y la sustentabilidad para el futuro. Al respecto, y sin ningún tipo
de dudas, deben asegurarse los recursos que hoy existen. No puede pensarse en detraer
absolutamente ninguno de los recursos que maneja la ANSeS, cuando se trata de proyectos de
estas características.
En este sentido, tal como lo planteaba un grupo de diputados –aunque a mi juicio es
una medida insuficiente−, creo que debería avanzarse con el incremento de las contribuciones
patronales. Considero que hay que hacerlo, que hay que apuntar a iniciativas que le den
mayor sustentabilidad al sistema en el corto, mediano y largo plazo.
Leo algunas versiones taquigráficas de discursos de conspicuas diputadas que, en
realidad, decían que el sistema en estas condiciones es inviable –coincido con ellas; pero en
realidad ya era inviable– y que lo que habría que hacer es aguantar un año. Ahora bien, yo me
pregunto, cómo es esto de aguantar un año. El sistema debe ser viable siempre. Hay que
asegurarle fondos para darle sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Pero para eso
hay que hacer los acuerdos políticos y sociales absolutamente necesarios para garantizar
dicha sustentabilidad.
Así, hay que avanzar en la suba de las contribuciones patronales. Y creo que lo
marcaban de manera insuficiente, porque para atender el concepto de sustentabilidad y definir
el concepto de movilidad en realidad hay que avanzar sobre aquellos jubilados que
cumplieron con los aportes y con los que no cumplieron con ellos. Es necesario avanzar en un
proceso de blanqueo y de remuneraciones plenamente contributivas, tal como bien lo
marcaba el señor senador Artaza.
En ese sentido, hay que contar con el compromiso de las organizaciones sindicales, en
el sentido de avanzar en dichas iniciativas, así como con el de los propios estados para nutrir
de fondos a las cajas de jubilaciones.
Por otra parte, ¿por qué no pensar en un impuesto a los beneficios extraordinarios de
aquellas empresas que se manejan en mercados concentrados; y que alguna vez ya fueron
aplicados?
En realidad, con relación a los recursos creo que el proyecto se queda absolutamente
corto. Sinceramente, me parece que cumple de manera aparente con la exigencia de dotar de
mayores fuentes de financiamiento para atender los mayores gastos presupuestarios previstos.
Solamente se limita a mencionar los recursos de la ANSeS para cumplir con los gastos a los
que está obligado.
En el mismo sentido, creo que es un equívoco limitar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad al establecer que su valor acumulado no puede ser superior al importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ANSeS en el
presupuesto.
Me pregunto el por qué de esta limitación. ¿Por qué la limitación a lo que debe ser
una acumulación y una posibilidad de mayor renta? ¿Por qué se va a utilizar un recurso de capital cuando en realidad lo que se debe prever es la utilización del flujo? De lo contrario,
esto también será poco sustentable en el tiempo. Además, tampoco puede preverse una
pérdida de valor de estos recursos en caso de liquidarse de manera intempestiva y con
repercusiones negativas en el conjunto de la economía.
Al contrario, como bien decían algunos senadores, debe delimitarse lo que es flujo y
lo que es stock, a los efectos de que no se mezcle la característica del recurso. En
consecuencia, debería capitalizarse el propio sistema de Seguridad Social con la renta que
produce y, a su vez, debe fortalecerse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque
reinstala el concepto de solidaridad intergeneracional. De ahí que debe constituirse de una
manera más fuerte que la actual.
Algunos legisladores han planteado –y creo que han puesto algunas cosas sobre el
tapete en proyectos que no fueron tratados–, como es el caso del senador Verna, volver a
comprometer como asignación específica el 15 por ciento de fondos coparticipables que no
deben detraer las provincias. Mediante la iniciativa del senador Verna dicho porcentaje tenía
como asignación específica la atención del 82 por ciento móvil. Creo que este es uno de los
temas que no se debe soslayar, porque no se puede detraer ningún tipo de recursos de este
sistema, debido a su naturaleza.
Voy a acompañar en la votación en general este proyecto, porque en realidad uno no
puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Estoy convencido de que, pese a las
falencias que he marcado –y que creo que pueden constituirse a mediano y a largo plazo en
una trampa difícil o en una estafa–, la iniciativa debe ser acompañada. Pero debe ser
mejorada, modificada y atendida, porque para no ser declarativo, un derecho social debe ser
sustentable. Y para hacerlo sustentable, hay que asegurarle el financiamiento a corto, a
mediano y a largo plazo; de lo contrario, los derechos sociales se tornan declamativos. Y
todos los derechos sociales tienen una base material para su ejercicio. Dicha base material
para el ejercicio de esos derechos, seguramente la constituye la necesidad de proveer más y
mejores recursos al sistema de la Seguridad Social de los argentinos.
Señor presidente: más allá de mis observaciones a los artículos 11 y 12, voy a
acompañar en general este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: todos los argentinos, y sin duda alguna todos los que nos
dedicamos a la política, desearíamos que se aprobara un proyecto de ley que otorgara o
restituyera el 82 por ciento móvil a todos nuestros jubilados.
Pero existe una Argentina real y también una ideal, que es la que proponen los
partidos de la oposición, que no tienen la responsabilidad de gobierno y que, entrando en un
año electoral, proponen otorgar a todos nuestros jubilados el 82 por ciento móvil.
Esta iniciativa tiene un costo aproximado de 30 mil millones de pesos; y en el
proyecto de ley no se precisa en forma clara de dónde se van a obtener los recursos para el
pago de ese 82 por ciento, dejando de lado así una norma constitucional básica que es que
quien tiene la administración es el presidente de la República –en este caso la presidenta–,
correspondiendo al Congreso de la Nación el control acerca de cómo se utilizan los recursos.
Sin embargo, la Argentina real es la que nosotros, los partidos que componemos el
gobierno, proponemos a todos los argentinos; que implica actuar con la responsabilidad de
gobernar, con los recursos reales con los que cuenta el gobierno para afrontar cada uno de sus
gastos.
Nuestro gobierno, y principalmente toda el área que maneja la economía de nuestra
administración, se ha expresado en forma reiterada en el sentido de que es imposible cumplir
con el pago del 82 por ciento móvil a nuestros jubilados y de que, de aprobarse el proyecto de ley que ha venido en revisión al Senado, otorgando ese 82 por ciento móvil y el pago
retroactivo de los haberes que se le deberían a los jubilados, nos enfrentaríamos con la
destrucción del sistema previsional, con déficit fiscal, con endeudamiento, con el quiebre del
sistema financiero y bancario, con más desempleo, con recesión, con una mayor inflación y,
fundamentalmente, dilapidando el duro trabajo que este gobierno nacional ha realizado en
materia previsional desde 2003.
Este gobierno ha hecho mucho más en materia previsional que muchos otros
gobiernos desde 1983 en adelante. Para justificar lo que acabo de decir, simplemente indicaré
que ha aumentado la jubilación mínima de 150 pesos a 1.046 pesos; que ha aumentado la
cantidad de jubilados en un 66 por ciento, permitiendo que 2 millones de argentinos que
tenían los años necesarios, pero no los aportes, como consecuencia de las distintas crisis
financieras que sufrió nuestro país a raíz de la política de privatización de muchas empresas
públicas, pudieran acceder a través de la sanción de una ley al beneficio jubilatorio; que ha
otorgado a maestras y maestros el 82 por ciento móvil; que ha dictado la Ley 26.417, que
cumple con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Badaro, fijando la
movilidad jubilatoria y permitiendo que esa movilidad se efectúe en dos oportunidades al
año.
Si tenemos memoria, señor presidente, recordaremos que el 82 por ciento móvil nace
con la Ley 14.499, siendo presidente de la República el doctor Frondizi. Pero cuando se pone
en práctica esto, como consecuencia de no prever de dónde se obtendrían los recursos, se
produce una crisis fenomenal en el sistema que obligó a que se aumentara la edad para
jubilarse y los aportes que debían efectuarse para obtener la jubilación.
En igual sentido, ustedes recordarán que en 1986 el entonces presidente Alfonsín
dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 2.196/86, por el que se dispone la emergencia
previsional y la suspensión del pago de todas las sentencias judiciales. Para ser sincero, debo
decir que, curiosamente, en esa ocasión la prensa no dijo que se estaba afectando la
institucionalidad de la República Argentina por el no cumplimiento de las sentencias, sino
que alegando un estado de necesidad y urgencia, un estado de emergencia que vivía nuestro
país, se avaló ese decreto disponiendo la emergencia previsional.
Durante el gobierno de Menem se privatizó el sistema jubilatorio que, luego, este
Congreso y este gobierno dejaron sin efecto, por entender la mayoría de los legisladores que
ese sistema había sido un robo a todos los argentinos y que, principalmente, había fracasado.
En el gobierno de la Alianza se dispuso un recorte del 13 por ciento a los haberes
jubilatorios de todos los argentinos.
Por ello, yo digo que debemos pensar en una Argentina real y no en una Argentina
ideal. Por supuesto que en la Argentina ideal todos los legisladores de todos los partidos
políticos quieren, sin duda alguna, otorgar el 82 por ciento móvil a nuestros jubilados.
Pero en la Argentina real, fundamentalmente los legisladores del oficialismo –que
somos quienes tenemos la responsabilidad de gobernar la República Argentina y apoyar la
política económica que ha fijado nuestra presidenta–, tenemos que actuar con responsabilidad
y no con demagogia.
Por ello, y en base a esa Argentina real, es que desde ya adelanto mi voto de rechazo,
tanto en general como en particular, a este proyecto de ley, recordando que hoy más que
nunca se me hace presente lo que expresaba Baglini, quien decía que cuando se es gobierno
cada vez nos acercamos más a una realidad y a una necesidad de gobernar. Y cuando somos
oposición, cada vez nos alejamos más de esa Argentina real y cada vez más nos acercamos
más a una Argentina ideal.
Sin duda alguna, nos gustaría otorgar el 82 por ciento móvil, pero lamentablemente en este momento no están dadas las condiciones económicas como para acordarlo y, por ende,
voy a rechazar en general y en particular este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J.C.). – Señor presidente: hay algunas definiciones o preconceptos que se han
ido mezclando durante este debate. Para eso tenemos que entender qué es la Seguridad Social
y cómo ha evolucionado.
Acá muchas veces se mezcla Seguridad Social y Previsión Social. Previsión Social es
uno de los aspectos de la Seguridad Social. Los orígenes de la Seguridad Social moderna
arrancan a fines del siglo XIX con los seguros obligatorios de 1883; el canciller Bismark
tenía un concepto que era capitalización individual. Al que tenía posibilidad de trabajar, se le
retenía parte de su salario, el que se difería a futuro para que cuando llegara la contingencia
de la vejez, la invalidez o la muerte, cobrara un equivalente a lo que había aportado. Era la
lógica del sistema de capitalización individual; un sistema que le daba cobertura al trabajador,
al individuo, pero no al colectivo; tanto aportaste, tanto cobrás.
Estos seguros estuvieron desde finales del siglo XIX y tuvieron su debacle y
destrucción con la crisis financiera de 1929 y con la Segunda Guerra Mundial. Los ahorros se
esfumaron, el sistema financiero se los chupó. Fueron denominados normativas de primera
generación.
A partir de esa situación, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a
ver cómo se reconstruían los países y los sistemas que dieran cobertura a las contingencias a
las que todo ser humano está expuesto, y que tanto angustia a futuro, es decir, ¿qué va a pasar
cuando me ponga viejo?; ¿qué va a pasar si me enfermo?
Así, en el marco de una nueva corriente económica que ya salía de la lógica del
liberalismo –de que cada uno a través del juego del mercado hacía su ahorro–, parte una
nueva lógica planteada por Keynes, por Beveridge en 1942 –lo que después se denominó el
Plan Beveridge–, que dio origen a los sistemas de reparto y solidario. Allí la lógica ya era
otra, era solidaridad intergeneracional. Esta generación pone su ahorro para bancar a la
generación pasada, que ya está en la pasividad; y cuando esta generación activa pase a la
pasividad, la nueva generación va a solventar su seguridad social. Y no era “tanto puse, tanto
recibo”.
Ahora bien, esta lógica estaba basada en un esquema imperante a mediados del siglo
XX, en un marco de políticas activas de los gobiernos de pleno empleo, en la que toda la
clase activa aportaba; en una lógica de tasas de nacimiento altas, o sea, una pirámide
poblacional caracterizada por familias con varios integrantes y con una expectativa de vida
baja.
Entonces, se idearon los sistemas de seguridad social de segunda generación, que ya
tenían una lógica solidaria y para el colectivo trabajador, o sea, para el colectivo aportante.
A mediados del siglo XX empezaron a darse cuenta de que, por distintas
circunstancias, el sistema ya no era tan sustentable y, así, se fue avanzando. Entonces,
llegamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, en la que ya se
plantea el derecho de todas las personas a la Seguridad Social, es decir que el beneficio no era
sólo para el colectivo trabajador sino para todas las personas.
Por su parte, el Convenio 102 de la OIT, de 1952, que hace muy poco ratificamos acá,
planteaba las normas mínimas que los países firmantes tenían que ir cubriendo en materia de
Seguridad Social. Allí se define todo lo que es Seguridad Social: la prestación salarial por
hijo, las prestaciones para salud, desempleo, accidente de trabajo, etcétera. Y define también
la contingencia de la vejez, la invalidez y la muerte. Se trataba de normas mínimas a la que
los países firmantes tenían que ir accediendo. Así mismo, el Convenio 128 de la OIT, de 1967 –que nuestro Parlamento aún no ha
ratificado– complementó el Convenio 102. Y aquí se incluye el concepto de que todo
ciudadano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a la cobertura de la Seguridad Social. Ese
es el punto de partida de las normas de Seguridad Social de tercera generación, que se
empezaron a implementar a finales de los 70, 80 y 90 y que dieron muy buenos resultados en
materia de seguridad en la Comunidad Europea, permitiendo una excelente cobertura a todos
los ciudadanos. Como dije, este sistema ya tenía el concepto de no sólo cubrir al aportante.
Aquí entra a jugar otro concepto: los aportes a los organismos de la Seguridad Social
se conformarían con aportes de los trabajadores, contribuciones patronales y rentas generales.
Partían de otra lógica. Como la cobertura era más amplia, la aportación también tendría que
serlo. Además, el fondeo a los sistemas de reparto con aportes y contribuciones no alcanzaba,
porque la pirámide poblacional empezó a darse vuelta, puesto que ya había una población
envejecida y un desempleo creciente, producto de la globalización y de los sistemas liberales.
Este fue el marco de desarrollo de la Seguridad Social en el mundo. Ahora bien, ¿qué
pasó en la Argentina? Nuestro país siguió un poco ese mismo derrotero. Los sistemas de
seguro obligatorio de capitalización individual de primera generación vinieron al país y se
empezaron a discutir a finales del siglo XIX, con los inmigrantes, tanto socialistas como
anarquistas de Europa, que venían con este lineamiento. La discusión se instaló en la
Argentina, con lo cual creo que fuimos pioneros en América latina.
Y pasó algo parecido a lo ocurrido mundialmente a mediados del siglo XX, con los
planteos del socialismo del año 30 y después con la llegada del presidente Perón, en que se
empezó a discutir la tendencia mundial de los sistemas de Seguridad Social de segunda
generación, en cuanto al sistema solidario y de reparto, que tuvo su apogeo legislativo en la
época de Frondizi, como aquí ya lo mencionaron.
Después nos encontramos con los „70, lo que también se explicó acá y no voy a
repetir, y empezamos a involucionar; no evolucionamos como el resto del mundo. Tan así es
que en la década del 90, más precisamente en 1994, se involucionó y volvimos a los sistemas
de primera generación. Se privatizó el sistema de la Seguridad Social. Volvimos a
capitalización individual. Retrocedimos cien años en materia de Seguridad Social; y fue este
Parlamento el que ocasionó esa involución del sistema.
Hay muchos actores actuales, como el dirigente de la CGT Barrionuevo, que fue uno
de los principales responsables de esa involución, y que ahora plantea que hay que volver al
82 por ciento móvil, cuando no solamente fue parte de esa involución sino que, además,
participó del negocio siendo propietario el gremio gastronómico de una AFJP. Eso, como se
dijo acá cuando se reestatizó el sistema, fue un robo y algo que destruyó la Seguridad Social
en materia de previsión en la Argentina.
De esta senda que lamentablemente se inició en 1994, recién pudimos salir hace poco,
cuando se reestatizó el sistema; y estoy orgulloso de haber participado de ese debate.
A partir de la recuperación económica de estos últimos años, que le reconozco al
gobierno nacional, se empezaron a discutir normativas de tercera generación; y la Asignación
Universal por Hijo es un claro ejemplo de cómo, por el sólo hecho de ser ciudadano, se tiene
derechos.
Evidentemente, producto del quiebre del sistema previsional también se evolucionó
en cómo se solventa la seguridad social. Con la privatización se rompió el pacto generacional
y se dijo “A partir de ahora, señores, los trabajadores de esta generación se van a hacer su
propia jubilación en una AFJP”; y los viejos que habían aportado se quedaron sin nada.
En ese entonces hubo una discusión y las provincias fueron citadas para decirles
“Señores, hay que solventar el sistema de la Seguridad Social residual”, tal como lo llamaban en aquel entonces. Ahí fue cuando se discutió el tema del 15 por ciento de la
precoparticipación y algunas provincias dijeron “Ah, bueno, si voy a aportar, hacéte cargo de
mi déficit” y, así, transfirieron sus cajas, y resignaron lo que no habían resignado en la
Constitución, que era la Seguridad Social para sus pueblos. Otras provincias no lo hicieron. Y
ahora se está empezando a discutir el tema de que se les devuelva ese 15 por ciento.
Hay una incoherencia en el planteo del financiamiento y también hay una
incoherencia en decir “Tanto aporté, tanto me tenés que dar”.
Si uno hace un cálculo de cuánto es el aporte personal actual, podemos decir que se
trata del 11 por ciento del salario en blanco en algunos casos y del 13 por ciento en otros; y
las contribuciones patronales están disminuidas. Pero supongamos que entre aportes y
contribuciones se llegue al 20 por ciento, ello significa que un trabajador activo aportaría un
haber previsional cada aproximadamente 4 meses de trabajo. Por lo tanto, en un año aportaría
tres haberes previsionales y en 30 años aportaría noventa haberes previsionales. Sin embargo,
la Seguridad Social no le dice: “Bueno, te pago noventa meses de jubilado y si vivís más es tu
problema”. No, porque es un sistema solidario.
En este sentido, en los países en que se han implementado las normas de tercera
generación, se discute primero qué nivel de cobertura se tendrá para sus adultos mayores, es
decir, el piso mínimo de ciudadanía, independientemente de si aporta o no. En esos países, se
llega a cierta edad y se tiene este derecho.
Entonces, definido el universo y el nivel de ingresos que debe tener ese adulto mayor,
se determina cuánto se pondera, cuánto sale. Así, se hace una proyección actuarial a treinta
años, es decir, cómo va a salir y cómo se va a seguir y a partir de allí se dice: “La población
que aporta, contribuye con tanto, pero falta otro tanto”. Y se discute cómo de rentas generales
se cubre ese déficit a lo largo del tiempo, a lo largo de por lo menos treinta años. Esa es la
discusión que en la Argentina no se da; y es lo que nos ha llevado a la debacle permanente de
los últimos cuarenta años, que ya se mencionó acá.
Dicho esto, creemos que este dictamen en mayoría que viene de la Cámara de
Diputados adolece de todas estas cuestiones, es decir, de una proyección a futuro, del
consenso necesario para que sean políticas de Estado y que los próximos gobiernos las
sostengan en el tiempo.
El 29 de julio nosotros propusimos un proyecto de ley que, a nuestro criterio, es
superador de esta iniciativa y sigue los preceptos a los que hacía mención anteriormente. Al
respecto, primero sostenemos que debe haber una prestación complementaria, que
denominamos “Prestación Solidaria para la Vejez”, a fin de que los adultos mayores que
están en los sistemas nacional, provincial, municipal o de profesionales –que aún quedan en
la Argentina– y que no llegan a una prestación mínima equivalente al 82 por ciento del
salario mínimo vital y móvil, cuenten con este complemento. Con esto garantizamos que
todos tengan ese piso de ciudadanía.
Pero lo que acá no se mencionó –o se lo hizo tangencialmente– es que los datos
oficiales que aportó la gente de la ANSeS indican que la cobertura nacional, provincial y
municipal de nuestros adultos mayores es del 90 por ciento, es decir, la más alta de
Latinoamérica.
Eso está bien, pero hay un 10 por ciento que está fuera del sistema, y que son adultos
mayores que en su gran mayoría –como decía la senadora Corregido– han trabajado durante
toda su vida en condiciones precarias, inhumanas, en los montes del Norte del país, en la
zafra y en las estancias de la Patagonia. A ellos nunca les hicieron los aportes y, en
consecuencia, quedaron a la deriva. Es cierto que se puede decir que hay pensiones
contributivas, pero esos sectores no tuvieron acceso a ellas, ya sea por la lejanía, por no tener un gestor, un abogado o por no contar el Estado con políticas activas. En ese sentido, la
moratoria previsional, que es una muy buena medida que apunta a las normas de tercera
generación de la Seguridad Social, tampoco los alcanzó.
Entonces, decimos que esta prestación adicional complementa a los que sí ya tienen
una; y al que no la tiene y no posee otro ingreso, se la da, por el derecho que tiene y por la
obligación del Estado argentino por estos pactos internacionales que hemos firmado.
Esta primera parte, ¿cómo se financia? Porque ahí está la otra discusión. El 15 por
ciento tiene que seguir estando en manos de la ANSeS.
Disiento con algunas provincias que están haciendo los planteos de devolución de
estos montos, pero digo también que se puede usar el impuesto a las transferencias
financieras –la Ley del Cheque–. Un 20 por ciento sería algo razonable; lo ponemos todos;
precoparticipable, es decir, antes de coparticipar la Nación a las provincias. Entre todos,
porque esta prestación complementaria es para todos los habitantes del país.
El impuesto a las exportaciones de soja; esta actividad que tiene una renta
extraordinaria, ¿por qué no va a aportar al financiamiento de un piso de ciudadanía para
nuestros adultos mayores equiparable con nuestros niños?
Del impuesto al cigarrillo también podría tomarse un 20 por ciento. También podría
hablarse del aporte de los sectores que tienen demanda contenida y que lo van a volcar
rápidamente al consumo, con lo cual habrá mayor recaudación de IVA y Ganancias. Ese
excedente se puede calcular y se puede agregar para financiar.
También están los excedentes de aportes del Tesoro Nacional, que estuvimos
discutiendo cómo se repartían, y que finalmente van para cancelación de deudas a las
provincias.
Hay formas de financiar. Creemos que se puede hacer y que se puede poner este piso
de ciudadanía para nuestros adultos mayores; que es de estricta justicia y, como dije, después
de varios años de crecimiento, creo que es una discusión pendiente en la Argentina.
Claro, falta otra parte. Los que están por encima de la mínima. Lo que se discutió hoy:
los fallos Badaro I y II y Sánchez. ¿Cómo se hace para recomponer esa pirámide? Creo que
ahí también hay que sacar esa discusión del contexto electoral que estamos viviendo; que
tiene que haber políticas de Estado para poder solucionar este tema definitivamente. Y creo
que la Argentina tiene que ir a una discusión de reforma integral del sistema previsional.
La OIT ya ha planteado que recomienda a los países sostener un sistema universal,
que lo estaríamos cumpliendo con esta prestación, como primer pilar para todos.
Un segundo pilar obligatorio de reparto y por el Estado, para los que tienen la
posibilidad de tener un poco más de ingresos y pueden aportar a ese sistema.
Un tercer pilar, optativo, que puede ser un caja complementaria, que puede ser
sistema de capitalización financiero privado o estatal.
Tenemos que ir a esa discusión. Pero esa discusión no se va a hacer ni en la coyuntura
ni un solo partido lo va a llevar adelante.
Entre las experiencias mundiales que ha habido en materia de reformas integrales de
la seguridad social, que han tenido un desarrollo muy importante, puedo citar el caso español,
que venía de un sistema fragmentado, desfinanciado, injusto, de la época del franquismo y
que no sabían cómo resolver. Fruto de discusiones serias entre todos los partidos políticos,
los sectores del trabajo, los jubilados y los sectores empresariales llegaron a un acuerdo que
se denominó Pacto de Toledo. Así, el sistema español pudo avanzar muchísimo y sanearse
después de ese descalabro. ¿Por qué no podemos nosotros plantear algo parecido?
Más cerca en el tiempo, apenas asume la presidenta Bachelet, en Chile, convoca a una
comisión de expertos, que se denominó Comisión Marcel, para desarrollar algunas reformas que necesitaba urgentemente el sistema previsional chileno. Fueron experiencias que
sirvieron.
Entonces, lo que proponemos para solucionar el tema de las actualizaciones
jubilatorias y de la reforma necesaria del sistema previsional argentino, es generar una
comisión con un plazo acotado de un año, integrada por el Poder Ejecutivo nacional, el Poder
Judicial –que no puede estar ajeno a esta discusión–, el Poder Legislativo obviamente,
sectores del trabajo, sectores de jubilados, sectores empresariales, universidades y expertos en
el tema. Además, sacarlo del contexto electoral y poder plantear, definitivamente en la
Argentina, políticas de Estado perdurables en el tiempo que den satisfacción a las
expectativas de nuestro pueblo. De lo contrario, seguiremos siempre en la coyuntura
poniendo parches que no sirven y que llevan a frustraciones de nuestro pueblo.
Por eso, señor presidente, no creemos que el dictamen en mayoría cumpla con estas
premisas que nosotros sostenemos. Tanto la senadora Díaz como yo no vamos a acompañar
el dictamen en mayoría.
Tampoco estamos de acuerdo con el dictamen en minoría. Con respecto al planteo del
Poder Ejecutivo, expresado por el ministro Boudou, que dio a entender que lo que se ha
hecho es lo que se puede hacer y no se puede hacer más, nosotros creemos que se puede
hacer más.
Queremos hacer nuestro aporte, tanto si se convierte en ley y, como se dijo por ahí,
esa ley es vetada –creemos que puede ser una alternativa superadora–, como si no se
convierte en ley y se puede retomar la discusión a partir del proyecto que hemos puesto en
consideración y que, lamentablemente, no fue incorporado en la discusión de la Comisión de
Trabajo.
Lamentablemente –repito– este bloque, que integraba esa Comisión, luego del reparto
de comisiones de este año quedó afuera. Y no hemos podido aportar esto que creemos que es
superador en esta disputa que se plantea, en cierta forma, como un Boca-River, pero que no
cumple con las expectativas de nuestro pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente:…
Sr. Presidente. – ¿Me disculpa, senador? ¿Qué sucede, senador Verna?
Sr. Verna. – El senador Giustiniani habla como presidente de bloque. De acuerdo con el
Reglamento, habiendo terminado de hablar los presidentes de bloque –creo que el senador
Martínez también lo hizo como tal–, los miembros informantes del dictamen en mayoría y en
minoría tienen derecho a hacer uso de la palabra. Creo que, si lo van a hacer, éste es el
momento para hacerlo y, si no hablan ahora, que callen para siempre.
Sr. Presidente. – Senador Martínez, ¿usted desea hablar?
Sr. Verna. – Primero, tiene que hablar el miembro informante de la minoría, de acuerdo con
el Reglamento.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – ¿Senador Calcagno?
Sr. Calcagno y Maillmann. – No por mucho tiempo. (Risas.)
Sr. Mayans. – No va ese tema de la minoría.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Verna. – No. Pero Calcagno quería hablar y ya lo dejaron afuera.
Sr. Presidente. – El senador Calcagno dijo que, si hablaba el senador Martínez, el hablaba.
Si no hablaba Martínez, él no lo haría. Así que estamos supeditados a lo que decida el
senador Martínez. ¿Va a hablar, senador Martínez?
Sr. Martínez (A.A.) . – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, habla primero el senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Se ha establecido, de paso, este diálogo. Y esa amable
observación del senador Verna es para tomarla en un sentido constructivo y positivo, como
algunas –no todas– las reflexiones que hemos escuchado aquí, hoy, por una parte.
Por la otra, el diálogo sostenido a viva voz con el senador Morales también tiene que
ser entendido con la misma óptica. Cuando me dice: “Hable usted, que es de la minoría”,
también hay una cuestión de afecto parlamentario, podríamos decir.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador José Juan B. Pampuro.

Sr. Morales. – No quise ofenderlo.
Sr. Calcagno y Maillmann. – No. Lo que pasa es que, como se me criticó mucho el humor,
estoy tratando de fomentar eso. Porque el humor es una buena arma, sobre todo cuando uno
puede no tomarse en serio. También permite evaluar las cuestiones quizá desde otro punto de
vista.
Recomiendo la lectura de “La Risa” de Henri Bergson, precisamente lo que distingue,
según ese gran filósofo, a los seres humanos del resto del resto de los animalitos de Dios, de
la Creación.
Sin embargo, de todos los debates, de todo lo que ha surgido hoy, debo decir que me
quedo con una sensación un poco de vacío, en cuanto a la cuestión del financiamiento. A
través de los discursos del arco opositor no se me aclaró la duda en cuanto al artículo 5°, es
decir, a la forma de financiamiento. Considero que muchas veces ha vuelto, como un leit
motiv, la cuestión de la voluntad política. Quizá, más que de voluntad política, de lo que se
trató fue de voluntarismo. Y ese es un “ismo” peligroso, que está entre aguas un poco
complicadas: el pasado de nuestro sistema previsional o de seguridad social, y su futuro, en
caso de prosperar el proyecto.
También, me sorprendió un poco que se haya dicho que la asignación universal por
hijo no debe ser pagada por la ANSeS. Si la asignación para los hijos de los trabajadores
formales se paga mediante la ANSeS, ¿por qué no debería pagarse también la de los
trabajadores informales? Esa es una duda que me queda picando, y que los discursos y
apreciaciones de la oposición no han despejado.
Asimismo, con todo respecto, me permito cuestionar la idea de que los otros gastos de
la ANSeS, es decir, los llamados gastos figurativos, tales como las pensiones no
contributivas, las transferencias a las cajas provinciales, militar, policial, etcétera, tengan que
financiarse con recursos del Estado nacional y no de la ANSeS. Contrariamente, considero
que deben financiarse con los recursos de la ANSeS. Pienso que eso es parte del universo de
la seguridad social, en un sentido amplio. Sin embargo, el proyecto sancionado por la Cámara
Diputados propone un nuevo sistema de seguridad social.
La iniciativa en consideración impulsa una transformación profunda. No se trata de
“mejoremos un poco lo que existe”, sino, por el contrario, de “dinamitémoslo y hagamos otra
cosa”. Pero cuidado, porque la dinamita es peligrosa.
Me parece que se ha atacado con mucho ahínco el fondo de garantía de
sustentabilidad; con un ahínco y una pasión que, quizá, merecerían una causa mejor, una
pertinencia más fuerte. Fondos de garantía de los sistemas previsionales o de seguridad social
existen en muchos países −creo haberlo mencionado−, y son el sostén, el pilar o el reaseguro
de la sustentabilidad. En cambio, la idea de que “acá hay un stock, usémoslo rápidamente
para compatibilizarlo con nuestros deseos legislativos”, implica quedarse rápidamente sin
ese fondo de garantía, gastarlo muy rápido. Asimismo, creo que hubo muchos prejuicios
cuando se habló del fondo de garantía de sustentabilidad; algunos hasta lo tildaron de “banco de desarrollo”, como si eso fuera un pecado, como si estuviese mal sostener la actividad
económica de los trabajadores y de las empresas. En ese sentido, se habló de las
automotrices y se mencionaron varias marcas, pero sólo el 0,21 por ciento del FGS está
dedicado al sector de los automotores. Incluso, algunos préstamos se están devolviendo más
rápido.
Considero que el trabajo que desarrollamos en la Comisión Bicameral de Control de
los Fondos de la Seguridad Social merecía un poco más de respeto en cuanto al trato, pues si
hay algo que la caracterizó fue la total apertura y transparencia con que llevamos adelante el
debate. Incluso, algunos participantes plantearon sugerencias en cuanto a la política de la
ANSeS que fueron recibidas. La Comisión es un espacio de discusión y de construcción, no
es una cosa que haya que tirar por la borda alegremente.
Con relación al FGS, otro de los prejuicios dominantes es el famoso inciso q),
relacionado con las inversiones productivas. Pero eso ya estaba de antes; lo que sucede es que
las AFJP lo incumplían. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es cumplir con la ley. Además,
¿qué tiene de malo que podamos sostener el empleo? ¿Qué tiene de malo que, frente a una
crisis internacional, el Estado pueda intervenir de una manera correcta, preservando,
precisamente, el trabajo y asegurando que las contribuciones a la seguridad social sigan
creciendo. Me parece que algunas veces surgió, entre las bancas, algo de pensamiento
mágico, algo de taumaturgia, algo casi de mantra, como si se considerara que bastaba con
sacar esta ley, para que todo devenga en una especie de paraíso para los adultos mayores.
Contrariamente, me parece que las cuestiones hay que construirlas, con buenas intenciones.
De eso no le ha faltado a nadie, ni de un lado ni del otro. Pero las buenas intenciones, para
que sean viables, deben ser cuantificables. Desgraciadamente, es el rol que nos toca, es el rol
que asumimos y que, además, nos gusta. Tratar de decir cuánto cuesta y, si cuesta tanto, de
dónde va a salir el dinero. Y esa imprecisión en las cifras me parece que hace a la propia
seriedad y rigor legislativo del texto.
Evidentemente, vamos a recomendar el rechazo de la sanción de la Cámara de
Diputados porque, en el fondo, lo que se cuestiona es un modelo económico que ha
recuperado la vieja senda de la industrialización de la Argentina; proceso que puede tener
algunos momentos de detenimiento o de avance, pero que nos permite reencontrarnos en un
modelo económico integrador.
Por supuesto que eso se va a expresar en el proyecto de presupuesto cuando sea
tratado y se vean cuáles son las acciones de gobierno.
Creo, y lo digo con todo respeto por los señores senadores, que hay una cuestión algo
mágica de decir que se apruebe el proyecto y luego se ve cómo se financia porque, de todas
maneras, la plata está. Pero si la plata está, ¿por qué no se indica en el articulado? Y si hay
que bajar determinados gastos –la idea del ajuste también ha sobrevolado en el recinto–, hay
que decirlo directamente. Es decir, “deberían bajarse determinadas partidas o nos parece que
esto debiera ser así.” De esa forma, se ingresaría a una cocina presupuestaria aritmética que
no sé si llegaría a satisfacer a unos y a otros y, sobre todo, no sé si a los adultos mayores.
En el fondo, hay que tener presente que la sanción y aplicación de la ley nos
devolvería a los déficits crónicos en materia previsional. Y los déficits previsionales llevan
rápidamente a déficits presupuestarios. ¿Y cómo se sale de estos? ¿Con endeudamiento, con
venta de activos, sacrificando el trabajo pasado de los argentinos como la venta de activos
públicos o sacrificando trabajo futuro de los argentinos a través de endeudamiento? Me
parece que esos son caminos que no se deben recorrer nuevamente.
Recordemos que en la Argentina los déficit previsionales llevaron a déficit
presupuestarios y luego a déficit estructurales. Y eso termina invariablemente en una crisis económica.
¿Se pueden hacer las cosas mejor? Sin dudas. Pero por el camino de la sustentabilidad
y de la consistencia económica.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: luego de haber escuchado exposiciones durante
varias horas, llegamos a la conclusión de que esto debe avanzar y se deben llevar adelante los
mecanismos de aceptación de la sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no somos
tan rígidos al punto de no tener la intención de que, una vez que se vote en general, estemos
dispuestos a analizar algunas modificaciones en ocasión del tratamiento en particular.
En ese sentido, queremos dejar sentada la posición de estar abiertos a esa posibilidad
que, como he dicho, significa discutir modificaciones a determinados artículos.
Insistimos en que, realmente, es de estricta justicia avanzar en el mecanismo de que el
salario mínimo de un jubilado sea como mínimo el 82 por ciento del salario mínimo vital y
móvil. También es verdad que he escuchado en más de una oportunidad a colegas que se
refieren permanentemente al 82 por ciento como si fuera el 82 por ciento de toda la escala
cuando no es así. Lo que se hace es avanzar, simplemente, en la ejecución de aquellas
cuestiones que la Corte Suprema de Justicia ha determinado con absoluta claridad; es decir, la
aplicación de la actualización en función de los fallos Badaro y Sánchez.
Entonces, no se trata de la aplicación del 82 por ciento a la totalidad de la escala. Lo
que hace es que estas cuatrocientas mil sentencias de la ANSeS sean afrontadas hoy, mañana
o pasado.
Reitero lo dicho antes, nuestra intención es que esas sentencias sean cobradas por los
jubilados y no por sus herederos. Esto es de estricta justicia.
Así que nosotros vamos a insistir, por supuesto, en la aprobación en general de este
proyecto, pero volviendo a reiterar que tendremos la apertura necesaria para discutir en el
tratamiento en particular algunos artículos una vez que sea sancionado en general el proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que hemos llegado a un punto en el tratamiento de
este proyecto de ley –que brinda respuesta a 5 millones y medio de jubilados y a sus
familias–, que constituye el punto más lejano al que se ha llegado en el tratamiento del 82 por
ciento móvil. Por lo tanto, considero que estamos en presencia de la ley más importante de
los últimos años en la República Argentina.
No se si estamos ante un hecho histórico, porque éstos se constituyen y se valoran
después, a través del tiempo. Luego de un tiempo se puede saber si un hecho fue histórico o
no; es muy difícil saberlo en este momento. Pero lo que efectivamente me consta, es que este
proyecto de ley tiene un gran impacto social. No solamente se refiere a 5 millones y medio de
jubilados, sino a sus familias. O sea, toca a casi 20.000.000 de personas, que hoy están
pendientes de este proyecto de ley. Esta es una realidad que tenemos que valorar desde esa
perspectiva, porque si bien es muy difícil saber cuántos son los pobres en la República
Argentina, porque los indicadores sociales hoy están muy cuestionados y se hacen distintas
especulaciones, efectivamente sabemos que el 80 por ciento de los jubilados es pobre. Y
también sabemos que 4.000.000 de jubilados son pobres.
Por lo tanto, un proyecto de ley que aborda este problema y que avanza un paso al
determinar que los 1.040 pesos actuales serán llevados al 82 por ciento del salario mínimo,
vital y móvil de los trabajadores en actividad, constituye un hecho positivo. Porque importa
llevar dicha jubilación a 1.470 pesos. Y cuando el salario mínimo, vital y móvil en enero
aumente de acuerdo a lo pactado en el Consejo del Salario, dicha jubilación va a subir 400
pesos más.
Es decir, que estamos resolviendo un problema muy importante, como fue expresado
aquí, y constituye un piso de dignidad para los jubilados de la República Argentina. De tal
modo, que esto no es poco; es muchísimo. Por supuesto que no resuelve el problema del
sistema previsional, pero establece un piso de dignidad para las jubiladas, para los jubilados y
para los pensionados de la República Argentina.
Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los miles de jubilados que hoy ya no están,
pero que mantuvieron esta lucha presente.
Se equivoca de lectura quien afirma que este es un proyecto de la oposición. Yo soy
autor de varios proyectos sobre este tema; incluso uno llegó a tener dictamen de comisión. He
presentado otros años muchos proyectos como diputado nacional y también como senador de
la Nación, pero todos pasaron al cajón del olvido, porque siempre se dijo lo mismo: tiene
razón, pero marche preso. Tienen razón los jubilados en su reclamo; es justo. Hasta se dijo
que lo que reclaman es un derecho constitucional, pero no se puede; no hay plata. De este
modo, siempre se afirmó que no se puede llevar a la realidad, lo que expresa la norma
constitucional.
Por eso, quiero efectuar este homenaje. Fueron 966 las marchas que se hicieron aquí a
la vuelta, en Rivadavia y Callao. Son 966 semanas, 241 meses y 20 años. Repito: hace 20
años que los jubilados vienen movilizándose con frío, con lluvia, en verano o en invierno,
durante todos los miércoles, para que esta ley o una ley con estas características sea tratada.
Por ello, vaya mi reconocimiento a las organizaciones sindicales que nunca hicieron cálculos
y que siempre, coherentemente, llevaron adelante esta lucha, lo mismo que a los centros de
jubilados de todo el país. Porque si esta noche tenemos ley del 82 por ciento móvil no será
por un proyecto de la oposición, sino que será por ellos.
Entonces, fueron millones de firmas. Hemos visto las mesas que se ponían en los
distintos lugares del país, donde los jubilados firmaban con una adhesión absoluta, muchas
veces descreyendo que esto pudiera llegar a ser alguna vez verdad, después de tantos años y
de tantos gobiernos que nunca les dieron respuesta. Por ello, este no es hoy un problema entre
el oficialismo y la oposición; este no es un problema de este gobierno, sino que estamos
hablando de una ley que puede dar un importante paso adelante para empezar a discutir una
política de Estado y llevar justicia social a quienes siempre se les ha negado. Yo no tengo
ninguna duda en cuanto a que esto es un paso adelante. Por ello, precisamente, presenté un
proyecto que establece el 82 por ciento para la jubilación mínima.
Por otro lado, lo que se busca es dar respuesta a ese otro mecanismo perverso de decir
“tienen razón” pero el camino que les queda es iniciar el juicio. Como consecuencia de ello
se acumulan 400 mil juicios contra el ANSeS, que a través de un mecanismo perverso – me
refiero al ANSeS de todos los tiempos y no sólo al de ahora – viene estableciendo una
mecánica de chicaneo para demorar los juicios, sabiendo que se juega con el tiempo de
quienes no tienen tiempo. Y eso golpea a cada uno de nosotros, porque seguramente tenemos
a algún familiar que atraviesa esta situación; a lo mejor, nuestros padres. Porque esta es una
situación que se extiende por toda la República Argentina. El problema de los jubilados es
nacional.
Por supuesto que esto se expresa en números. ¿Cómo no se va a expresar en números?
Equivale a un tercio del presupuesto – no sólo el de hoy, sino el de todos los que venimos
discutiendo durante los últimos años. Entonces, creo que la respuesta a este problema de
ninguna manera es simple, sino que es compleja.
En este tema siempre nos ha empujado más el testimonio de los propios jubilados que
los fundamentos del derecho constitucional o los argumentos jurídicos o económicos que se
han dado para avanzar en esta temática. Esos testimonios fueron recogidos en audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué nos expresaron los jubilados? Algo que les da
contundencia a su pedido: con palabras simples nos decían “vivan ustedes con 1.040 pesos
unos meses y después conversamos”. Esto es lo contundente.
Hoy estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y estamos
recogiendo lo mejor de nuestra tradición de justicia social. Por eso es importante este
reconocimiento en este recinto, en este tiempo histórico que nos toca vivir. Este es el sistema,
solidario, de reparto, de solidaridad intergeneracional. Esto nos mejora como sociedad. No
como en los tiempos del neoliberalismo donde todo era la apuesta al mercado, donde lo
económico regía el destino de la sociedad y donde no era sólo el mercado, sino que la
economía del mercado se transformaba en sociedad del mercado, porque el trabajo era
mercancía, la educación, era mercancía y la previsión social era mercancía que había que
poner en la timba financiera a través de las AFJP.
Entonces, este es el punto que hoy estamos discutiendo y hoy vamos a dar un gran
paso adelante si podemos sancionar este proyecto. Porque ello resuelve dos cosas; la primera
es el piso de dignidad. ¿Por qué atar al 82 por ciento el mínimo, vital y móvil que fue una
parte de debate importante en la Comisión de Trabajo? Por la sencilla y simple razón de que
los jubilados no tienen quién los defienda. Y los sindicatos pueden hacer bien o mal su
trabajo, pero saben que tienen que defender a sus bases y esa pelea en ese instituto que es el
Consejo del Salario, que realiza la CTA y la Confederación General del Trabajo junto con los
empresarios y con el Estado nacional a través del gobierno significa una evolución del
mínimo, vital y móvil del trabajador en actividad. Y esto representa un piso importante –
atarlo al 82 por ciento– para los sistemas previsionales al relacionarlos de manera automática
con los aumentos de los trabajadores en actividad.
Por eso hablamos de piso, por eso hablamos de la automaticidad del aumento de los
trabajadores en actividad, porque son las dos cuestiones que la ley de movilidad no resolvió.
La Corte nos obligó a discutir una ley de movilidad; pero la cuestión no se terminó cuando
vimos los 1.040 pesos. Porque cuando vemos que no se elevó ese piso para aplicar la
movilidad, es obvio que cuando se aplica un 10 por ciento en cien pesos, son diez pesos y lo
que cuenta para el jubilado no es un 10 por ciento; son diez pesos en el bolsillo del jubilado.
Por eso hay que aumentar el piso. Aunque reúnan adherentes en el Salón Blanco y hablen de
un 19 por ciento de aumento como un hecho espectacular, lo contundente son los 1.040
pesos.
Este es el tema fundamental, porque los sindicatos son muy contundentes. Así, dicen
que no negocian con el INDEC sino con la góndola del supermercado, y en función de eso se
sientan y discuten. Por eso hay que atar la cuestión a esa movilidad. Es la primera medida, y
es importante hablar también con nuestros testimonios, lo que se logró en la provincia de
Santa Fe cuando iniciamos el gobierno provincial. Me refiero a atar la automaticidad de cada
aumento salarial de los trabajadores en actividad al aumento de los jubilados. Y también
como testimonio del 82 por ciento, porque a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo
mismo, en realidad, hablamos de distintas cosas, de distinta materialización de ese 82 por
ciento.
Tenemos que coincidir en que no hay que explicarle a los jubilados qué queremos
decir cuando nos referimos al 82 por ciento móvil, porque esto se ha establecido como una
consigna, como una reivindicación. Y una consigna no se explica, no se fundamenta; se hace
carne en la gente, y la gente sabe de qué se habla cuando se habla del 82 por ciento móvil.
Porque el jubilado y la pensionada comparan lo que hoy están percibiendo como
haber jubilatorio con lo que percibe el trabajador en actividad, con el trabajador que está
haciendo el trabajo que ellos hacían, y se dan cuenta que ese trabajador en actividad gana cinco, seis o siete veces más.
Por eso la consigna del 82 por ciento móvil se ha extendido y se ha tomado como una
bandera que no hay que explicarla, que en sí lleva la reivindicación de mantener una
proporcionalidad con el salario en actividad, como lo dice la Corte en su jurisprudencia. Lo
expresa de manera clara y contundente y en relación con el derecho constitucional del
artículo 14 bis, relativo a la movilidad.
Entonces, de manera simple –no porque la haya hecho un creativo publicitario, no
porque un pícaro de un partido de oposición se la adjudicó– esa consigna se encarna en las
mayorías populares. Por eso se reclama a lo largo y ancho del país el 82 por ciento móvil.
No creo que sea imposible el 82 por ciento móvil. Por eso estamos en esta parte del
debate.
Hablando de los testimonios, quiero contar que en la Municipalidad de Rosario desde
hace varias décadas existe el 82 por ciento móvil, existe la automaticidad de los aumentos en
jubilaciones cuando se dan aumentos a los trabajadores en actividad, en el mismo porcentaje.
La Ciudad de Rosario es gobernada por nosotros, los socialistas, desde hace veinte
años. Tuvimos tiempos difíciles, como los del país, de vacas muy flacas. Otras veces no
tanto. Hubo crisis económicas muy fuertes. ¡Mire, presidente, si en los últimos años no
hemos tenido crisis! Pero nunca se discutió el 82 por ciento móvil. ¿Sabe lo que se discutió,
presidente? Se discutió cómo se hacía un esfuerzo mayor para poder seguir pagándolo. En
Rosario funciona un instituto con un directorio integrado por representantes del Sindicato
Municipal, del Centro de Jubilados Municipales y del Poder Ejecutivo municipal. Hubo
momentos de debate muy fuertes sobre cómo se salía del déficit de la caja. Los trabajadores
en actividad dijeron que iban a aportar un poco más y, por otro lado, el Poder Ejecutivo hizo
su aporte. Entonces, en los momentos de vacas flacas, en los momentos de crisis se siguió
pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados municipales en la Ciudad de Rosario. Nunca
se lo dejó de pagar.
Sé que son dimensiones diferentes. Claro que lo son. Estamos hablando de un poco
más de 9500 aportantes ante un universo de 5.500.000 jubilados del país. Pero también la
dimensión de los recursos es diferente. Las posibilidades y las herramientas son diferentes.
Se trata de una decisión política, y como bien se dijo acá, de una política de Estado.
Nosotros somos firmantes del dictamen en minoría en la Cámara de Diputados porque
estábamos de acuerdo con el reintegro de los aportes patronales que en los 90 se permitió a
las grandes empresas. Eso significaba un ingreso de 15.000 millones de pesos anuales más.
Cuando se empiezan a hacer cifras, advertimos que hoy estamos en un contexto
económico favorable, que tiene dos aspectos. Uno de ellos es el contexto económico
internacional en que todos los países de la región expresan hoy un crecimiento económico
importante. Por eso es importante la democracia continuada; que los pueblos puedan expresar
la voluntad popular en la democracia continuada. Entonces, hay crecimiento económico
sostenido. Por eso se habla de políticas sociales de la región. Y por eso es importante hablar
de políticas sociales en la Argentina, porque en ese contexto estamos dando este debate.
En ese contexto no se puede decir “no se puede”. Porque yo les hago la pregunta
inversa: cuando nos hablan de las pocas alternativas o propuestas que hace la oposición le
quiero preguntar al gobierno cuál es la propuesta superadora que está haciendo en este tema,
y la respuesta es “Quédense con los 1.040. No se puede.” Esa es la respuesta.
Hablan de demagogos e irresponsables. Le están diciendo demagogos e irresponsables
a los jubilados. ¿No se dan cuenta?
¿No se dan cuenta que ese terrorismo verbal que se hizo durante todo este tiempo no
funciona, que no se lo creen? Porque en el mismo momento que se dice que esta medida tiene
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
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un costo de 40 mil millones de pesos desde el gobierno se publicita que sólo este año va a
haber un excedente de recaudación de 42 mil millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos
hablando?
Un día dicen que se va a pagar al Club de París de un saque; se hizo un anuncio sobre
eso.
Se pagó de un saque, como decisión política que no comparto pero que otros
comparten, deuda al Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares, que son
40 mil millones de pesos; la misma cifra. Entonces, ¿es una cifra tan terrible para discutir?
Discutámosla en partes.
Como se dijo acá, nadie quiere terminar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
salvo que entendamos cosas que no se dijeron. Está bien que haya un fondo de garantía de
sustentabilidad, pero ese fondo tiene una rentabilidad anual. ¿Qué se hace con esa
rentabilidad? Porque es una rentabilidad millonaria.
Estamos con una ANSeS que tiene superávit, pero tiene superávit porque se pagan
jubilaciones bajas. Y sí, es un sistema asistido, pagamos todos los argentinos; una parte los
trabajadores en actividad.
Esa lógica que docentemente explicaba el senador Martínez de cómo funciona un
sistema de reparto no alcanza. Ese dinero que el trabajador saca de su bolsillo y lo pone para
que vaya al bolsillo del jubilado hoy. Y esa característica de la solidaridad intergeneracional
hace cobrar más importancia todavía que ese dinero que entra a la ANSeS no se debe tocar
para otros fines, porque es plata del jubilado que debe ir a su bolsillo hoy. Esa es la
solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema de reparto. Prioritariamente ese dinero
tiene que ser para pagar jubilaciones.
Estamos en un momento en el que aparecen recursos de la propia ANSeS, tal como se
expresa en el proyecto en tratamiento.
Y, como analizaba el gobierno, el elemento virtuoso de la asignación por hijo es que
genera -y que se planteó también acá- un recupero por IVA de 5.600 millones de pesos, los
cuales vuelven al Estado en materia de IVA por la aplicación de un aumento de estas
características a los jubilados.
Eso pone en evidencia la deuda pendiente de este Congreso, y seguiremos insistiendo
en cambiar este perverso, retrógrado y anacrónico sistema tributario de la República
Argentina, porque son los más pobres los que más pagan, y los que más tienen y más ganan
son los que proporcionalmente menos pagan.
Si tomamos por deciles de pobreza vamos a ver en la recaudación que el impuesto que
más recauda es el IVA y que el 70 por ciento de los que aportan al IVA son los más pobres.
Es como eso que decíamos en el barrio de poner un peso cada uno para juntar una
cierta cantidad de dinero, pero después es difícil juntar un peso de cada uno. Bueno, ellos se
lo sacan de esta manera a los más pobres, y como éstos son mayoría, ese 21 por ciento es el
pilar de la recaudación en la República Argentina.
Entonces se puede, señor presidente: se puede. ¡Claro que se puede! Con decisión
política, se puede. Y se puede hacer con toda la voluntad de discutir este sistema junto con un
sistema tributario más progresivo, porque existe una vinculación entre ellos. Por ello, soy
autor de un proyecto de ley que grava la renta financiera, porque no hay explicación posible
para que a los sectores populares se les cobre el 21 por ciento por todo lo que consumen o de
lo que recaudan por una changa o por trabajo, y al que especula en la Bolsa no se le cobra
absolutamente un peso de impuestos.
En consecuencia, creo que debemos dar un paso adelante. Y este paso adelante
significa sacar a los jubilados de la pobreza, darles un piso de dignidad, porque una parte de sentido común de la mecánica perversa de los juicios es aplicar la escala de Badaro a las
restantes jubilaciones. Por nuestro sistema institucional, sabemos que un fallo de la Corte es
definitivo. ¿Cómo sigue la película de los cuatrocientos mil juicios? Sabemos que por cada
juicio que paga la ANSeS, por más que demore, le entran diez juicios más. Por eso, hay un
Badaro I, un Badaro II y después habrá un Badaro III, IV, V hasta el infinito.
Por lo tanto, este proyecto de ley da una respuesta en ese sentido y considero que es
positiva. Por eso, acompaño esta propuesta siendo autor de varios proyectos en la misma
dirección y consciente de que debemos discutir el sistema previsional en profundidad.
Siempre se discute cómo incluimos a ese diez o doce por ciento de excluidos que, por
supuesto, trabajaron toda su vida y no tienen ningún tipo de percepción a esta altura, de
quienes quedan a mitad de camino.
En el caso de Francia, el hecho de aumentar la edad jubilatoria de 60 a 62 años ha
producido movilizaciones que prácticamente ocasionaron el parate del país, y no se sabe
cómo sigue la cosa. Sin duda, la discusión de los sistemas previsionales en Europa ha
determinado que se ganen o se pierdan elecciones. Por supuesto, cuando aplican la política de
ajuste, siempre pierden las elecciones, porque la gente defiende sus derechos, es decir, que no
se corte siempre el hilo por lo más delgado.
En ese sentido, la exigencia de nuestro sistema jubilatorio es durísima, porque
requiere juntar treinta años de aportes para jubilarse a los 65 años de edad. Ahora bien, yo
pregunto: en el horizonte de un mercado laboral donde el 50 por ciento del trabajo es en
negro –a pesar de todo lo que se ha avanzado–, salvo los trabajadores del Estado, que tienen
estabilidad: ¿qué porcentaje juntan los trabajadores en la actividad privada en sus treinta años
de aportes? Vemos que la economía crece y el mayor porcentaje de trabajo que se genera es
en negro. Es decir, ¡cómo cuesta el trabajo decente planteado por la OIT! ¡Cómo cuesta el
trabajo en blanco! Esos son los temas pendientes.
Para finalizar, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que un sistema
previsional de reparto, solidario, no es sustentable en el tiempo pagando jubilaciones bajas.
La sustentabilidad en el tiempo del sistema de reparto sólo se da combatiendo el trabajo en
negroy mejorando la relación trabajadores activos con pasivos, que hoy está en una relación
de 1,6 ó 1,7 a uno. Esa es la manera de generar un piso de inclusión hacia los que hoy están
afuera absolutamente de todo: los ancianos –los abuelos que no tienen absolutamente nada–,
que seguramente son los que pueblan las villas miseria a lo largo y a lo ancho del país.
Esta es la forma de completar un sistema previsional donde se haga justicia con
quienes trabajaron toda su vida e hicieron sus aportes; de garantizar un piso de dignidad y de
inclusión; en definitiva, para que con esta ley, esta noche, no solamente le demos dignidad a
los cinco millones y medio de jubilados y a sus familias sino que, sin ningún lugar a dudas,
esta noche vamos a tener un país más digno.
Sr. Presidente. – Ingeniero Verna: tiene la palabra.
Sr. Verna. – Señor presidente: estamos debatiendo el dictamen en mayoría en los proyectos
de ley que han presentado diversos senadores y el que ha venido en revisión de la Cámara de
Diputados con respecto a establecer un mínimo jubilatorio que sea el 82 por ciento del salario
mínimo, vital y móvil.
Como no pertenezco al bloque del Frente para la Victoria, lo primero que creo que
vale la pena hacer es reconocer al gobierno del doctor Kirchner y al gobierno de la presidenta
Cristina Fernández lo que han hecho por los jubilados. Como acá se dijo, han aumentado los
haberes previsionales. En agosto de 2002 la mínima era de 200 pesos; en julio de 2003 se
elevó a 220; en enero de 2004 a 240; en junio de 2004 a 260; en septiembre de 2004 a 308; en
junio de 2005 a 350; en septiembre de 2005 a 390; en junio de 2006 a 470; en enero de 2007 a 530; en septiembre de 2007 a 596; en marzo de 2008 a 655; en julio de 2008 a 700; y,
luego, con la aplicación de la ley que votó el Congreso, se llevó en marzo en 2009 a 770, en
septiembre de 2009 a 827, en marzo de 2010 a 895 y en septiembre de 2010 a 1.046. O sea
que ha habido un crecimiento de los haberes.
Además durante el año 2008 –la presidenta era la doctora Cristina Fernández– se
sancionó la Ley 26.417, que establece la movilidad de marzo y de septiembre, pero que no
resolvió la desconexión entre el haber mínimo previsional y el salario mínimo.
Además, se dictó la ley que determinó la estatización de las AFJP, que permitió la
creación del SIPA –Sistema Integrado Previsional Argentino– y que fijó la creación del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, integrado por el traspaso del dinero que tenían las
AFJP además de los aportes que por disposiciones anteriores se había obligado a hacer a
aquellos que no pertenecían al sistema de las AFJP.
Se aumentó la cantidad de jubilaciones. Con la ley que dictó el Congreso de la Nación
se aprobó una moratoria. Quienes entonces éramos gobernadores firmamos convenios con el
doctor Kirchner y en nuestras provincias pudimos tener oficinas donde, conectados en red
con la ANSeS y haciendo desde las provincias los aportes de los dos primeros años que había
que hacer para entrar a la moratoria, pudimos jubilar a mucha gente que –como han dicho
varios señores senadores– trabajaron toda su vida en actividades que no son en blanco.
Los hacheros y los puesteros de mi provincia generalmente trabajan y al final de su
vida útil deben ser sostenidos por sus hijos. Y, como dijo la senadora Monllau, “cuando un
padre ayuda al hijo, ríen el padre y el hijo; pero cuando el hijo ayuda al padre, lloran el padre
y el hijo”.
Creo que el hecho de permitir estas jubilaciones no resolvió el problema de cuál es el
haber mínimo. Hoy, con lo que los jubilados ganan de mínima –con los 1.040 pesos– no
pueden pagar los alimentos, no pueden pagar los medicamentos y no pueden pagar los
servicios.
Pienso que es bueno que por ahí demos alguna precisión sobre cuáles son los recursos
que tiene la seguridad social. Porque, como explicaba uno de los senadores preopinantes, no
son sólo las contribuciones y los aportes patronales y al trabajo sino que hay mucho de aporte
a través de impuestos.
Les recuerdo a los señores senadores los recursos tributarios que hoy se le pagan al
SIPA. La ley 24.699, en su artículo 5º, inciso a), se dispone el pago de 120 millones anuales
en función de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Por la ley 24.621, artículo 1º inciso a), se le paga el 20 por ciento del Impuesto a las
Ganancias.
Por la ley 23.966, del Impuesto al Valor Agregado, se le paga el 11 por ciento.
Por las leyes de las que se ha hablado, y en las cuales profundizaremos más adelante –
la 24.130 y la 25.235–, que ratifican los pactos fiscales I y II, se paga el 15 por ciento de
todos los recursos tributarios posteriores al resto de las detracciones.
Se le paga, además, el impuesto al gasoil, al diesel, al kerosene y al GNC en un 100
por ciento.
Por la ley 24.699, artículo 2º, se le paga el 21 por ciento de naftas, solventes y
aguarrás.
Se sostiene también al SIPA con el impuesto a los autos gasoleros –artículo 3º de la
24.699– y con el impuesto adicional de emergencia de cigarrillos.
Nosotros, desde nuestro bloque, presentamos un proyecto propio que preveía pagar el
82 por ciento del salario mínimo vital y móvil como jubilación mínimo. Para ello
prorrogábamos la ley 25.239 que prevé la precoparticipación del 15 por ciento.
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
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En realidad, hubo una discusión en la Comisión de Coparticipación cuando se
analizaron los proyectos de reintegro del 15 por ciento porque hay provincias que entienden
que este recurso –que, repito, fue creado por los pactos fiscales I y II; ratificado por la ley
24.699 y por la ley 25.063– fijaba que se prorrogaba hasta el 31 de diciembre del 99 el
acuerdo de pagar el 15 por ciento de precoparticipación.
En la ley 25.235 se prorrogó la masa de impuestos. Y, finalmente, en la 25.239, todo
lo que estaba prorrogado por la 25.063 y la 24.699 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de
2001.
Por la 25.400, lo que vencía en 2001 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005,
aclarándose que el artículo de la 25.239 –es decir la precoparticipación– se hacía conforme al
artículo 75, inciso 3) de la Constitución Nacional.
Finalmente, se prorrogó por la ley 26.078 del Presupuesto de 2006, por cinco años –
hasta el final de este año– lo establecido en ese artículo. Aclaro esto porque, cuando se
discutió en la Comisión de Coparticipación, hay provincias que han demandado al Estado
nacional porque entienden que esta prórroga no es legal, es inconstitucional, dado que se trata
de la prórroga de un pacto federal y requiere del acuerdo previo de las provincias. En
consecuencia, hay provincias que no adhirieron a este acuerdo: sobre todo a la prórroga que
fijó la Ley de Presupuesto de 2006.
En esa discusión hubo senadores del Frente Para la Victoria que sostuvieron que esta
prórroga no era necesaria. Es más, cuando discutimos, dijeron que era habitual que quienes
no somos abogados de profesión no leamos toda la Constitución. Por eso, nos acusaban de
que no conocíamos la constitucionalidad de la norma y que no era necesaria la prórroga.
Hace unos días le recordaba a mi amigo, el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que evidentemente el ministro Boudou es como yo −tampoco es abogado−
y que tampoco ha leído la Constitución porque él mandó el artículo 29 del proyecto de
presupuesto que prevé la prórroga del 15 por ciento de la precoparticipación. En decir: el
ministro reconoce que es necesario prorrogar el recurso para el sistema de jubilaciones y
pensiones.
Mi amigo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tiene el
argumento de que Boudou tampoco es abogado y, por lo tanto, lo envió de esa manera. Sin
embargo, quien firma la elevación del presupuesto sí es abogada y, además, presidió por años
la Comisión de Asuntos Constitucionales. En consecuencia, no me caben dudas de que tengo
razón cuando planteo que es necesario discutir la prórroga de esta asignación.
Asimismo −lo planteamos en nuestro proyecto de ley− no coincido con la redacción
del presupuesto. Digo esto porque hay que aclarar, para evitar la discusión que se dio, si se
trata de un acuerdo federal −en cuyo caso, habrá que invitar a las provincias a adherir− o de
una asignación específica. En este caso, deberá determinarse con precisión que se hace en el
marco del artículo 73, inciso 3), de la Constitución Nacional fijándose que el valor es del 15
por ciento y que plazo será el que se decida en el Congreso. En ese sentido, la propuesta del
Poder Ejecutivo es por cinco años.
Por ello, cuando hablamos de la prórroga de esta asignación específica, propusimos
un artículo específico que decía que en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo
75, inciso 3), de la Constitución Nacional, fíjase como asignación específica la establecida en
el inciso a), de la cláusula primera del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, ratificado por la ley 24.130 y sus modificaciones, desde el 1° de enero de 2011
hasta el 31 de diciembre de 2013. Ese era el período que proponíamos. Además,
precisábamos el 15 por ciento para solventar el financiamiento del Sistema Integrado
Previsional Argentino. Caso contrario, es habitual que los ministros de Economía pongan el 15 por ciento en las aplicaciones financieras –no entre los recursos tributarios–, lo que les
permite pagar otros gastos tales como los déficit de las cajas militar y de la Policía Federal,
que en mi concepto deben ser pagados con fondos del Tesoro nacional.
La pregunta que me hago es la que reiteraron muchos senadores. Si todos estamos de
acuerdo con que es necesario aumentar las jubilaciones, si todos estamos de acuerdo con que
ni siquiera el sistema que hoy estamos considerando como dictamen en mayoría es
sustentable a lo largo del tiempo, así como tampoco lo es el sistema actual −porque como
bien explicó el senador por Tierra del Fuego–, no el miembro informante, el sistema actual
requiere del aporte de los trabajadores y, también, del pago de los impuestos asignados a esta
finalidad−, si comparto el criterio de que tiene que haber una prestación básica universal a la
vejez, una parte de aporte de los trabajadores y que debe permitirse el aporte voluntario de
aquellos que quieran constituir un sistema de retiro o un seguro; entonces, si estamos todos de
acuerdo con esto, la pregunta es por qué votamos distinto.
Al respecto, el bloque del Frente para la Victoria considera que votamos distinto
porque no hay fondos. En ese sentido, me permito recordar que, en el dictamen en mayoría, el
artículo 1° establece que el haber mínimo garantizado de la Ley N° 24.241 equivale al 82 por
ciento del salario mínimo vital y móvil. Por su parte, el artículo 2° dice que lo garantizado
por el 1° se aplicará dentro de los treinta días corridos.
Si se sesiona en octubre, y se debe aplicar dentro de los treintas días corridos,
significa que lo que se debe pagar por la elevación del haber mínimo son los meses de
noviembre y diciembre y la parte proporcional de aguinaldo.
El cálculo que ha hecho el bloque del Frente para la Victoria dice que esto cuesta
8.800 millones según el dictamen en minoría. En realidad, ellos lo dicen porque involucran
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Como solamente se trata de
noviembre y diciembre, implica que el costo asciende a 4.400 millones de pesos.
El superávit de la ANSeS para el presente año según la ley de presupuesto asciende a
15 mil millones. Esto quiere decir que no se requiere financiamiento extra; ya está previsto en
el presupuesto de la Nación. La ANSeS tiene superávit y debe destinarlo a pagar el aumento
de las jubilaciones mínimas en lo que resta del año.
La pregunta es ¿cómo se financia el año que viene y cómo se financian los reajustes
de haberes de los casos Sánchez, Badaro I y Badaro II, contemplados en los artículos 5º, 6º y
7º?
Los artículos del proyecto de ley en consideración dicen que los recálculos de los
haberes recompuestos deberán abonarse dentro de los 120 días corridos de la promulgación
de la ley. Es decir que se habla del 2011.
Entonces, en primer lugar, no hay ningún motivo para decir que no hay dinero para
votar la norma porque hay plata para ello en el 2010 según lo sostiene el actual presupuesto
de la Nación.
Vamos a la discusión de dónde sale la plata para el 2011.
En esto hay discusiones en lo que hace a los montos. La consultora a la que pertenecía
el director ejecutivo de la ANSeS dice que elevar el mínimo cuesta 26.634 millones de pesos
por año. En el bloque hemos aceptado ese valor.
En lo que hace a los reajustes de Sánchez y Badaro II, los que están por debajo del
mínimo, cuesta 8.768 millones de pesos. Como este cálculo fue efectuado antes del último
reajuste, lo hemos bajado en un diez por ciento y creemos que, por lo tanto, lo que está por
debajo del mínimo va a implicar anualmente 7.981 millones de pesos.
Los reajustes que están por sobre el mínimo, implica la suma de 23.731 millones,
cifra que hemos aceptado.
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
Pág. 108
Estos números coinciden aproximadamente con lo que expresó el licenciado Bossio.
Cuando estuvo Bossio en el Senado dijimos que el costo de la actualización a los
valores del mínimo ascendía a 19.400 millones y el licenciado dijo que ascendían a 20.600
aproximadamente. Es decir que el cálculo que hicimos tomando la escala de cuánto ganan los
jubilados por segmento y proyectándolo se ajusta bastante a la realidad. Esto implica que
habría que conseguir financiamiento por 58.255 millones de pesos.
Por supuesto que al discutirse en la Cámara de Diputados se refirieron a cifras mucho
más bajas, alrededor de 23 mil a 26 mil millones de pesos, salvo el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda que, al igual que el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del
Senado, sostuvieron que esto supera los 70 mil millones de pesos. No es mi cuenta.
Yo lo que digo es que si el costo total anualizado es de 58.255 millones por encima de
lo presupuestado; que si el superávit de la ANSeS, según el proyecto de presupuesto que
elevó el Poder Ejecutivo para 2011, es de 21.530 millones; que si la asignación universal por
hijo –que debe ser financiada por el Tesoro Nacional– es de 10.083 millones; y además
tenemos el Plan Conectar –que debe ser financiado por el Estado nacional–, todo ello
determina que se necesite incorporar como nuevo superávit la suma de 34.000 millones de
pesos. Es decir que frente al superávit que ya existe de 21.000 millones, se requiere un
financiamiento mayor al presupuestado de 23.442 millones de pesos. ¿Cómo lo podremos
pagar en 2011?
En 2011, la rentabilidad prevista que surge en el Cuadro de Fuentes y Aplicaciones
Financieras, página 103 del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio de 2011 elevado
por el Poder Ejecutivo nacional, es de 18.284 millones de pesos. Nosotros, además
proponemos en el presupuesto incorporar un artículo que establezca que se sustituye el
artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por
el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modificatorias, por el siguiente: Las utilidades que no
sean capitalizadas se utilizarán para un Fondo de Reserva General y para los Fondos de
Reserva Especiales hasta que los mismos alcancen el 50 por ciento del capital del banco. Una
vez alcanzado ese límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas a los fondos de reserva
deberán ser transferidas a la Administración Nacional de Seguridad Social para financiar el
Sistema Integrado Previsional Argentino.
Es decir: lo que estamos proponiendo es que las utilidades del Banco Central, en vez
de ser giradas al Tesoro nacional, formen parte de los recursos del sistema previsional
argentino.
Entonces, como las ganancias estimadas en el presupuesto para el Banco Central para
el año que viene son de 10.000 millones nosotros sumamos 5.000. La rentabilidad, más los
5.000 arroja 23.284 millones de pesos frente a un requerimiento de 23.442 millones de pesos.
¿Qué decimos con esto? Decimos que si discutimos en el proyecto de ley de
presupuesto los artículos que nosotros estamos proponiendo de asignación específica para el
15 por ciento, de asignación específica para el 50 por ciento de las utilidades del Banco
Central, podemos financiar el próximo año con el ajuste que está proponiéndose en el
proyecto de ley que viene aprobado por la Cámara de Diputados.
Además, está pendiente la posibilidad que han planteado diversos senadores en el
sentido de aumentar las contribuciones patronales al valor que tenían en 1993.
Al respecto, quiero recordar que en aquellas regiones en las que se realizan
descuentos, los descuentos de las contribuciones no pagan menos por la contribución: pagan
la contribución y lo que corresponde de descuento se toma a cuenta del IVA. Esto constituye
una contribución de las provincias al sostenimiento del sistema, cosa que nosotros no
proponemos. O sea: no proponemos desfinanciar a la ANSeS para otros gastos.
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
Pág. 109
Sin embargo, me podrían plantear que lo que estamos proponiendo va a impactar,
porque si la Asignación Universal por Hijo y el Plan Conectar los tiene que pagar el Tesoro
esto significa que hay 13.000 millones de pesos que hay que financiar. En tal sentido, cabe
señalar que la ley de presupuesto prevé un 4 por ciento de crecimiento y un 8 por ciento de
inflación. Eso significa que el recurso está claramente subestimado porque la economía va a
crecer más y, por lo tanto, va a haber mayores recursos porque además la inflación va a
crecer más. En consecuencia va a haber aumentos de salarios, porque yo no he visto que
Moyano esté discutiendo la paritaria con los números de Moreno. ¡Él mismo dijo que lo
discute con los números de los supermercados! Entonces, creo que va a haber una mayor
cantidad de ingresos.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para capturar esos ingresos? Mi estimación es que el
presupuesto está subvaluado en 40 mil millones de pesos. Puede ser que me equivoque, pero
se puede corregir fácilmente: hay que hacer un artículo que diga que todo lo recaudado que
exceda lo previsto en el presupuesto será asignado al sistema integrado de jubilaciones y
pensiones. De esa manera no va a aparecer a fin de año un DNU o una resolución
administrativa del jefe de Gabinete diciendo que esos 40 mil millones se van a gastar en
“esto”, en “aquello” o en “lo de más allá”. No será así.
Este año estaba previsto recaudar 297 mil millones de pesos y se van a recaudar 347
mil millones de pesos. Quiere decir que si ese artículo se hubiese incluido en la ley de
presupuesto del año pasado ya tendríamos el problema resuelto, porque en el sistema habría
50 mil millones de pesos más destinado a pagar jubilaciones y pensiones.
¿Qué quiero decir con esto? Que si hay voluntad política tenemos el financiamiento
del 2010 asegurado, tenemos el financiamiento del 2011 asegurado y podemos dar el debate
que proponía el señor senador por Tierra del Fuego a efectos de discutir sobre un sistema que
tenga sustentabilidad en el tiempo. Tenemos un año para hacerlo, pero debemos abocarnos a
ello. Creo que todos somos conscientes de que ese es el compromiso que debemos asumir.
Frente a ello están quienes dicen “discutamos y después cambiemos”, y están quienes
decimos que los jubilados no pueden esperar: si tenemos el dinero para 2010 y para 2011, no
podemos decir a los jubilados “esperen, que nos vamos a poner de acuerdo; esperen, que
vamos a discutir”. Me parece que es el momento de tomar una definición al respecto.
Por otro lado, en el dictamen de minoría se hacen algunas observaciones con respecto
a las leyes que, teóricamente, se infringen en el dictamen de mayoría. Al respecto, aclaro que
voté en disidencia parcial porque yo sostenía el 15 por ciento con asignación específica, pero
al aparecer en la ley de presupuesto ese debate hay que darlo cuando llegue el momento de
tratar dicha iniciativa.
De cualquier manera, creo que en el dictamen de minoría hay un error cuando citan el
artículo 28 de la Ley 24156, de administración financiera. Ese artículo se aplica cuando se
debate el presupuesto; no se puede aumentar el gasto en la discusión del presupuesto sin decir
dónde está el recurso. Pero sí, en cambio, se aplica el artículo 38 que establece que toda ley
que autorice gasto no previsto en el presupuesto general debe especificar la fuente de los
recursos a utilizar para su financiamiento. Nosotros vamos a votar una ley que tiene el
recurso para su financiamiento en 2010; está en el superávit aprobado por el Congreso de la
Nación, a través de la aprobación de la ley de presupuesto. Yo les recuerdo que el ejercicio
2010 tiene un superávit previsto de 15.840 millones. O sea que los fondos están en la ley de
presupuesto y, por lo que dicen, la recaudación viene excediendo lo establecido en esa norma.
Por lo tanto, no estamos infringiendo el artículo 38.
Lo que me parece que es un exceso es cuando hablan de la Ley 25917, de
responsabilidad fiscal, y citan el artículo 15, que establece que el Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán
durante la ejecución presupuestaria aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado
siempre que se tenga asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención,
agregando que asimismo no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o aplicaciones
financieras. ¡Es cierto! El Poder Ejecutivo no lo puede hacer; el Congreso, sí. El Congreso
puede reordenar la partida y pasar de Gastos de Capital a Gastos Corrientes. Quien no lo
puede hacer es el Poder Ejecutivo, aunque a veces el jefe de Gabinete lo hace a través de
algunos decretos de necesidad y urgencia, o alguna disposición administrativa.
El artículo 126 del Reglamento del Senado dice que todo proyecto que importe gastos
incluirá en su fundamento la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de
financiamiento. Nosotros lo estamos diciendo: la fuente de financiamiento está en el
superávit de la ANSeS y está en la discusión del presupuesto del ejercicio 2011. Eso lo
estamos cumpliendo.
Yo no estoy planteando ajustes. Acá dicen que los que votemos esto estamos tratando
de provocar una crisis económica que obligará a un ajuste fiscal. ¡No, no! Yo no propongo
ajuste alguno: propongo repetir las partidas del presupuesto y mandar el superávit a los
jubilados porque considero que hay una subestimación. Sólo eso propongo; no propongo
ajuste, ni sacar nada a nadie.
Finalmente, el otro argumento que se ha utilizado, por lo menos en las discusiones de
la comisión – digámoslo de alguna manera – ha sido el de la chicana política. Así,
evidentemente, cada vez que venía algún funcionario, como por ejemplo el más adepto a este
tipo de cosas, el ministro de Economía, y el senador Sanz le preguntaba educadamente por
una ejecución de alguna partida presupuestaria, porque quería saber cuál era la recaudación,
lo chicaneaba diciendo que cuando estaba la Alianza se bajaron los sueldos y las jubilaciones
en un 13 por ciento. Les aclaro que no me siento involucrado porque, todo el mundo sabe que
soy peronista, milité siempre en el peronismo, nunca anduve por la UCeDé y nunca fui
profesor del CEMA. Fui profesor en la Universidad Tecnológica Nacional, que es la
universidad que creó Perón para los trabajadores. O sea que, evidentemente, tenemos
historias distintas. Desde esa legitimidad es que sostengo que la única verdad es la realidad y
que los fondos están en la ley de presupuesto. No hablo de una Argentina virtual, hablo de
una Argentina real.
Además, cuando yo era gobernador de mi provincia firmé un convenio de
homogeneización de objetivos -de “armonización”, decía la ANSeS- con el presidente Néstor
Carlos Kirchner. Por ese convenio nosotros bajamos los aportes, por ejemplo, de la caja
policial, porque hicimos coincidir los aportes que se pagaban en La Pampa con los aportes
que se pagan en la Nación. Así, modificamos la edad de jubilación llevando los valores a los
mismos valores que tiene la Nación. A cambio de eso, el gobierno se comprometió a
financiar el mismo monto que le paga a los trabajadores públicos nacionales y, si la caja tenía
déficit, lo cubría.
Nuestro Instituto de Seguridad Social tiene un funcionamiento muy similar al que ha
descripto el senador por Santa Fe. La caja de mi provincia no fue transferida. Es manejada
por un instituto que tiene un directorio con representantes del gobierno, de los jubilados y de
las distintas cajas: de la caja policial, del sistema docente y de los trabajadores públicos. Esos
fondos constituyeron un fideicomiso, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el
cual los intereses que producen nosotros los usamos para llevar el haber al 82 por ciento.
Hoy en La Pampa se paga el 82 por ciento móvil; y cada vez que hay un aumento de
la masa salarial el mismo aumento se traslada al sector pasivo. O sea que es móvil en serio, no el mínimo. Además, el mínimo en mi provincia es de 2.268 pesos, el doble del que tiene
actualmente el sistema previsional nacional.
Por eso, digo al senador por Formosa -que decía, y bien, que la caja tiene déficit- que
tiene déficit porque firmamos un convenio con el gobierno nacional por el que bajamos el
nivel de los aportes, modificamos la edad jubilatoria de acuerdo con el gobierno nacional sin
transferir la caja, y cubrimos con fondos propios la diferencia para llegar a pagar el 82 por
ciento, que es lo que se paga en mi provincia.
Por eso, cuando hablan de Finlandia quizá sería mejor decir La Pampa.
Considero que la discusión es sólo la decisión política de votar aquí y ahora y
reconocer a nuestros mayores que lo que están ganando no les permite pagar, como decía al
principio, los alimentos, medicamentos y servicios.
Sí es cierto que hay que discutir un sistema sustentable. Tenemos todo el año que
viene para hacerlo. Si ponemos que los excedentes de recaudación en los sucesivos
presupuestos van al sistema, tenemos más tiempo.
No me siento aludido cuando dicen “son irresponsables”, porque nosotros estamos
diciendo de dónde se saca la plata y ofrecemos soluciones.
Reitero: alcanza con agregar un artículo que diga que el excedente de la recaudación
está destinado al SIPA.
Por eso, en un día histórico para el mundo, en que el pueblo y gobierno chilenos, en
un esfuerzo que ha dejado maravillado al resto del planeta, han rescatado a 33 trabajadores
del socavón de la mina, sería bueno que el Senado de la Nación rescate a millones de
jubilados del socavón de estar por debajo de la línea de pobreza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en primer término, debo abordar una cuestión previa.
El senador por Misiones hizo referencia a la posición que yo fijé en oportunidad de
tratarse el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, y lo hizo con exactitud, en cuanto al
espíritu de lo que había dicho. Pero debo completar qué es lo que dije en esa oportunidad.
Continuaba la frase diciendo: Por eso propusimos en la Comisión –los que asistimos, no los
que leyeron los diarios de sesiones- que se incorporara una cláusula que estableciera un
gradualismo hacia el objetivo al cual se debería llegar cuando fuera posible. Pero el objetivo
debe ser reafirmado.
Sin embargo, no lo logramos. Estaban ausentes.
Ese día finalicé la exposición diciendo: Una ley tiene que ser justa, equitativa,
igualitaria, realista, responsable y clara. En este caso destaco dos cosas. En primer lugar, la
falta de claridad de la norma -lo decía por aquella ecuación que tenía un signo que se prestaba
a cualquier arbitrariedad-. En segundo término, la necesidad de que se ponga el objetivo en
forma responsable y gradualista en el cumplimiento del sueño de todo los argentinos, que es
el 82 por ciento móvil, el cual puede establecerse a través de plazos amplios, graduales y
condicionados a la recaudación.
Ante la negativa de tratarlo, hoy tenemos una opción. La mejor opción es esta, que
tiene una gradualismo. Si este gradualismo no era agradable, debimos sentarnos en la mesa,
discutir, acordar, encontrar los consensos, porque estamos ante un problema que no es
nuestro sino de los jubilados que pasan enormes necesidades.
También debo referirme a lo que planteó el senador Pérsico al referirse a mi
provincia.
Yo no sé cuánto recibe la ANSeS para pagar, pero del discurso del senador se
desprendía como si fueran las jubilaciones provinciales lo que se paga. Lo que paga la
ANSeS son muchas jubilaciones: las jubilaciones de los bancarios, de los empleados de
comercio, de los profesionales, de los técnicos, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal,
de las universidades nacionales y de cualquier ciudadano jubilado en cualquier provincia que
pertenezca al régimen nacional, porque si cambia su domicilio a San Luis cobra en San Luis
y si se va a vivir a otra provincia le pagarán en esa otra provincia, pero no son los jubilados
provinciales. Los jubilados provinciales forman parte de la masa. Y también paga la ANSeS
la prestación universal por hijo. Por eso, creo que la cifra no se corresponde con lo que quiso
plantear el senador.
Por cierto, el Plan de Inclusión Social es una gran y fantástica tarea humana que llevó
a cabo el gobernador actual, que asumió en el año 2003, hace 7 años. Entonces, un
beneficiario del Plan de Inclusión mal puede tener 12 años de antigüedad, tendrá 7. Y esos
beneficiarios tienen que cumplir una prestación. No sé dónde la cumplen, y tal vez eso pueda
ser un reclamo, pero no son trabajadores en negro.
Con referencia a eso de que haya solamente 5.000 empleados públicos, le quiero decir
que debe de haber 5.000 docentes, 2.000 ó 3.000 judiciales y alrededor de 20.000 empleados
públicos. Entonces, los datos no tienen nada que ver con la realidad.
También quiero hacer una aclaración sobre una apreciación que hizo la senadora
Negre de Alonso, ya que, en su entusiasmo, cometió un error. Cuando leyó lo que hacía
Perón sobre las cajas de jubilaciones y dijo que se había echado mano a las cajas de
jubilaciones, dijo que eso fue en 1953. Pero, en realidad, se refirió a un hecho que ocurrió no
en 1953 –cuando él era presidente– sino en 1956, cuando la llamada “revolución libertadora”
asumió el gobierno y se financió echando mano a las cajas de jubilaciones y apoderándose
del dinero de los jubilados.
Desde aquel momento hasta ahora, en diferentes momentos, los jubilados fueron
sufriendo vaivenes y siempre fueron víctimas de ineficientes, malas, incorrectas y
equivocadas administraciones. Y justamente eso es lo que estamos tratando de reparar. Sin
mirar tanto el pasado miremos el futuro; veamos cómo lo reparamos.
En ese sentido han sido sumamente claras las exposiciones, tanto del miembro
informante como de la mayoría de los senadores que han defendido el proyecto de la
mayoría; y, al final, el senador Verna, por La Pampa, ha hecho una exposición sumamente
clara respecto de que la financiación es absolutamente posible.
No estamos ante un hecho irresponsable ni tampoco estamos ante esa descalificación
de que somos la Alianza. La Alianza es un hecho del pasado, y quienes pertenecieron a ella,
se harán cargo. Yo, el senador Verna y el bloque que represento somos peronistas y no
tuvimos nada que ver con la Alianza, que es otra época, otro momento, y sí estamos de
acuerdo con el 82 por ciento móvil.
Hemos encontrado puntos de acuerdo con integrantes de otros bloques, tal como
corresponde en un Parlamento, para tratar de tener una mayoría que esta noche dé al pueblo
argentino la gran satisfacción de haber recuperado una bandera histórica de lucha, como es la
del 82 por ciento móvil.
El déficit de las cajas, casi crónico, se produjo porque el Estado siempre echó mano a
ese recurso.
Lo señalado por la senadora Negre de Alonso, cuando analizaba que de los fondos de
la ANSeS y del Fondo de Garantía se sacan los fondos y se pone un bono o un vale, me hace
acordar a los almacenes de los pueblos, cuando uno no llevaba el envase y le entregaban un
papel que decía: “Vale por un envase de Coca”. (Risas) Algo más o menos así: un bono, un
pagaré o una “pagareola”, “tal vez”, “quizá”, “algún día”.
Se habla del 4 por ciento cuando la inflación es del 25 al 30 por ciento. Obviamente,
se está vaciando la caja porque no se va a devolver lo que se sacó. Además, lo va a devolver otro, en otro tiempo. Lo que nosotros tratamos de hacer es pagar ese dinero a los jubilados
ahora.
No vi tanta preocupación en la administración correcta de los fondos cuando tratamos
el tema de Aerolíneas Argentinas. Aquí se señaló que tiene un déficit operativo enorme –
¡enorme!-, pero hubo quienes argumentaron que iba a costarle cero peso al Estado. ¡Lo
sostenían casi hasta desafiantes! “Nos vamos a quedar con Aerolíneas Argentinas y vamos a
pagar el valor de un peso”. Eso es lo que decían: un peso. Veremos qué sucede cuando
termine el juicio, el arreglo o lo que no se sabe qué es, y un día los argentinos quizás nos
despertemos y estemos endeudados en muchos, muchos cientos o miles de millones de pesos
o de dólares que deberemos de indemnización, por la pérdida de un juicio o no sabemos qué.
Digo esto porque no creo que Aerolíneas Argentinas cueste un peso; no lo creo. Y no quiero
hablar más sobre el tema.
Tampoco hay mucho cuidado cuando el país se endeuda en forma comprometedora.
Debo reconocer que, con relación al producto bruto interno, debemos menos que
antes, pero en términos reales de valor la Argentina de 2001, en el momento de la suspensión
de los pagos, se debían 150 mil millones de dólares -repito, 150 mil millones de dólares-, y
hoy…
Sr. Mayans. – 180 mil millones.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cómo?
Sr. Mayans. – 180 mil millones.
Sr. Rodríguez Saá. – Bueno, 180 mil millones; la cifra era medio difusa. Era muy grande,
pero admito el concepto de que pueden haber sido 180 mil millones.
Nos perdonaron 70 mil millones y hoy se deben 156 mil millones, sin imputar la
deuda no canjeada, que queda en un capítulo de nebulosa, es decir que se debe pero que no se
debe. Quiere decir que si nos perdonaron 70 mil millones debe de ser simple: si volvemos a
deber la misma cifra, nos hemos vuelto a endeudar en 70 mil millones de dólares. ¡Y no hay
ninguna preocupación! Lo he planteado muchas veces con más precisión que con la que lo
hago esta noche. Sin embargo, eso no tiene importancia. ¡Son cifras mucho más grandes que
la que debemos a los jubilados!
Sr. Presidente. – El señor senador Pérsico le solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – No se la concedo.
Creo que, además, tenemos que discutir un programa, un profundo programa.
El Primer Mundo se sorprende cuando piensa que somos latinoamericanos y ve a los
chilenos –que no son rubios de ojos azules– que hacen una operación de rescate admirable –
¡admirable!– con técnicos que no son rubios de ojos celestes sino morochos
latinoamericanos, pero que son ingenieros, matemáticos, médicos, trabajadores, operarios que
realizaron una tarea que ha tenido al mundo entero mirándolos sorprendido, con admiración y
respeto. Solamente se veía la bandera chilena. Un motivo de unidad nacional enorme.
Nosotros tenemos otras formas para actuar profundamente. Si en el Primer Mundo –
en Grecia, España, Italia y Francia– hay conflictos por los sistemas jubilatorios es porque
requieren reformas, y seguramente nosotros deberíamos discutir reformas en nuestros
sistemas para evitar que, con el tiempo, se tornen insostenibles.
Hoy hemos hecho alusión, salvo en un caso, a la actualización de una jubilación
sumamente grande, de 30 mil pesos. Pero creo que hay sistemas de jubilaciones de privilegio
que se pueden corregir, que se pueden mejorar; se puede prever cómo, en el futuro, todos
tengamos derecho y que nadie pueda llevarse el trofeo. Pero también, además de la deuda
externa y de la deuda interna, tenemos gastos de la ineficiencia, gastos de la corrupción,
gastos de los sobreprecios, gastos de los subsidios a empresas que son, por lo menos,
discutibles. Todos estos gastos, mal orientados, muy discutibles, sumamente polémicos,
respecto de los cuales debemos hacer un esfuerzo para corregirlos, nos permitirían financiar
no solamente el 82 por ciento para la mínima, sino seguramente para todo, y cumplir, en los
plazos que correspondan, los fallos judiciales.
Para finalizar, voy a apelar a lo que he apelado en muchas reuniones como ésta, con el
permiso de la Presidencia, a leer dos frases del general Perón, que las dijo al inaugurar el 82º
período legislativo en el Honorable Congreso de la Nación, el 1º de Mayo de 1948, en otro
contexto. Se estaba tratando de llevar adelante la revolución social, que en el mundo ya había
avanzado y que en la Argentina estábamos atrasados y la estábamos llevando adelante. Por
supuesto que con inconvenientes, con oposiciones, con gente que se negaba a hacerlo.
Entonces, Perón dice: Lo mismo cabe decir con respecto a los derechos de preservación de la
salud, de seguridad social, de protección a la familia, de mejoramiento económico y de
defensa de los intereses profesionales. Mientras ellos no tengan plena aceptación en el
consenso general y en la letra de la ley, será inútil pensar en la pacificación de los espíritus y
en la terminación de las luchas de clase.
Dice después –y acá finalizo–: como consecuencia de esto, en tales condiciones no es
de extrañar que las masas obreras defraudadas secularmente en sus legítimas aspiraciones se
vuelvan indisciplinas y anárquicas o se dejen seducir por el señuelo de organizaciones
económicas y sociales que contradicen, incluso, la esencia humana. Es muy fácil y es muy
cómodo sentirse conservador y actuar como elemento de orden cuando la posición pecuniaria
permite llevar una vida carente de dificultades y de molestias. Pero es muy duro pedir
resignación a quienes carezcan de cuantos regalos ofrece la civilización y frecuentemente de
lo indispensable para cubrir las necesidades elementales. El tugurio infecto, la esposa
famélica y envejecida por la labor agobiadora, los hijos despauperados y la falta de higiene
representan el ambiente propicio para la germinación del odio y, con él, de la violencia.
Invertid los términos. Poned en la vida de los trabajadores higiene y belleza, comodidad y
cultura, y veréis como la oposición de clases se convierte en colaboración fraterna; el odio, en
amor, y la lucha, en paz. No creo –decía Perón- que mi visión sea utópica. Es solamente
difícil de lograr, pero la grandeza del bien merece la pena de no darse jamás por vencido en el
empeño.
Por eso somos peronistas y por eso vamos a votar el 82 por ciento móvil, como
propone el dictamen en mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: una cuestión prioritaria o, tal vez, primaria, a plantear en
este momento de conclusiones tiene que ver con una expresión que aparece redactada en el
dictamen en minoría para poner el punto en relación a las competencias del Congreso, es
decir, si el Congreso realmente puede abordar este debate de hoy o no.
El miembro informante de la minoría lo ha planteado en su informe, y está escrito en
el dictamen en minoría, que los proyectos analizados tienen una importante implicancia
institucional y política. En primer lugar, constituye una transgresión al sistema
presidencialista que nos rige. Luego expresa que si el arco opositor tiene un programa
económico y financiero alternativo, podrá aplicarlo si alguna vez gana –siempre hay alguna
vez, presidente, es un poco soberbio pensar que siempre se gana; en la vida, se gana y se
pierde–, pero el texto dice: si la oposición alguna vez gana las elecciones presidenciales;
mientras tanto, en un régimen presidencialista, pueden controlar, pero no pueden compartir el
gobierno. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Otra posibilidad al alcance del arco opositor
consiste en que promuevan una reforma constitucional para implementar un régimen
parlamentario. Está claro que nuestra Constitución establece un régimen presidencialista.
Pero esto no significa que solamente tenemos la facultad de controlar desde el Congreso. Me
parece que se han caído los conceptos de cómo funciona un sistema republicano de división
de poderes. Nosotros, como representantes de uno de los poderes del Estado, particularmente
del Congreso, estamos legitimados y tenemos la facultad; y no sólo la facultad, sino la
obligación de producir este debate. Entonces, de previo y especial pronunciamiento hago esta
aclaración de neto corte institucional, porque no podemos soslayar ni convalidar esta
interpretación de que el Congreso no puede acudir a este debate en torno a las jubilaciones.
Me parece que es un poco complicada esta concepción, por eso quería dejarla en claro
primero.
El otro tema que me parece de fondo, presidente, tiene que ver con lo que ha
planteado el senador Martínez por Tierra del Fuego, pero también el senador Guinle por el
Chubut, y algunos otros senadores, y se relaciona con la necesidad de una reforma de fondo
del sistema previsional, sin perjuicio del último cambio que se ha producido, pero a partir de
una nueva conceptualización de las políticas públicas y de los sistemas de seguridad social en
el mundo. Ha dejado de ser un parámetro para medir la posibilidad de sustentabilidad de un
sistema la relación entre trabajadores activos y pasivos. Es sabido que en nuestro país, desde
hace varias décadas, tenemos dos trabajadores activos por uno pasivo. Actualmente, la
relación está en 1,4 trabajadores activos por uno pasivo. Por lo tanto, en cuanto a los
regímenes previsionales, se ha terminado el sistema bipartito de aportes en el mundo. Han
caducado los sistemas previsionales que, tradicionalmente, funcionaban con el aporte de los
trabajadores y las contribuciones de los empresarios. Actualmente, el mundo adoptó el
sistema tripartito. Hoy en día, en cualquier país del mundo el sistema previsional se basa en el
aporte de los trabajadores, en las contribuciones que tienen que pagar los empleadores y en
el aporte del Estado, a través de los impuestos, que en nuestro sistema está claramente
establecido. En ese sentido, recién el senador Verna hizo un análisis detallado de cuánto se
aporta por impuesto a las ganancias, por IVA y demás tributos, y también mediante el 15 por
ciento de la coparticipación sostener el sistema previsional.
¿Por qué este cambio? Porque la estructura de las sociedades se ha modificado en el
mundo, y también la nuestra. Estamos dejando aceleradamente de ser una sociedad de tipo
piramidal, es decir, con una base muy ancha −que abarca a los niños y a los trabajadores
activos−, y con una punta que engloba a los habitantes de entre 65 y 80 años. Esto se debe a
los cambios demográficos y en la expectativa de vida; y porque en la década del 50, la
relación entre los argentinos de entre 60 o 65 años respecto de la población activa −de entre
20 y 40 años− era del 6 por ciento, y ahora es del 16 por ciento. Esa modificación
demográfica se está acelerando y, en veinte años, los argentinos de entre 60 y 65 años
representarán el 30 por ciento de la población. Por ese motivo, la conceptualización de los
cambios demográficos se vincula con el debate del régimen del sistema previsional en
términos de política pública, el cual se da en todo el mundo bajo el concepto del
mejoramiento de la calidad de vida y en términos de políticas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, no estamos planteando un debate −como aquí se dijo− relacionado con la
demagogia. Se dijeron muchas cosas, respecto de las cuales, por quienes las manifestaron, no
creo que sea el pensamiento de quienes las expresaron. Se habló de hechos de corrupción, de
que se trataba de seducir y de actuar con engaños y demás. Verdaderamente, no puedo creer
que se haya expresado eso, pues nosotros vinimos con una propuesta que creímos viable y
con un planteo de política pública a partir de los cambios socioculturales y demográficos. En
consecuencia, nosotros pretendemos un franco debate respecto de este punto. Se ha producido
un gran cambio. Ha cambiado el paradigma y se modificó la conceptualización. Por lo tanto,
ese es el debate que proponemos, a más de la cuestión puntual que contiene el proyecto de ley.
Planteamos que hay que rediscutir las cuestiones relacionadas con las prioridades y
con las decisiones políticas en materia del gasto público. Por eso se produce este debate
vinculado con el 82 por ciento móvil y las implicancias del fallo Badaro, cuestiones que
figuran en el proyecto.
Antes de considerar las posibilidades de financiamiento, quisiera plantear unos temas
relacionados con las responsabilidades de todos. Está claro que los partidos políticos, o sea, el
partido justicialista en sus diversas versiones −el justicialismo puro y el Frente para la
Victoria o como se lo quiera denominar− y la Unión Cívica Radical, claramente, tenemos
responsabilidades históricas por las decisiones tomadas en los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales. Y nosotros no vamos a eludir las responsabilidades históricas que
nos incumben.
En lo que hace a la reducción de las jubilaciones en un 13 por ciento durante el 2000 y
2001, más allá de no estar de acuerdo, por formar parte de un gobierno y de tratarse de una
decisión de un gobierno de nuestro partido con otras fuerzas políticas, obviamente nos
hacemos cargo de lo que aquello ha implicado. Es la mejor actitud para aportar en lo que hace
a la construcción de proyectos desde nuestras fuerzas políticas. Para recordar los hechos,
quiero decir que se trató de una decisión tomada por decreto para reducir determinados
haberes a partir de un piso de mil pesos de remuneración. Es decir que quienes cobraban
menos de esa cifra no estaban sujetos a la reducción. Hasta hace dos meses, el 80 por ciento
de los jubilados no llegaban a los mil pesos. Después del aumento del mes de setiembre, los
jubilados cobran 1.030 pesos.
Esta decisión fue revocada por el ex presidente Duhalde, a cargo de un gobierno
parlamentario. En efecto, por el Decreto N° 1819 no solamente se revoca aquel decreto, que
fue injusto y quienes formamos parte de la Alianza nos hacemos cargo de aquella decisión,
sino que, además, se devuelve esa cifra mediante títulos públicos. El mencionado decreto
fue firmado por el ex presidente Duhalde, los ex ministros Atanasof, Lavagna, Matzkin,
González García, Camaño, Álvarez, Doga, Jaunarena y Giannettassio, a través del cual se
produjo una reparación sobre una medida injusta. Dicha medida también había sido tomada
por otros gobiernos y no descalifica al Frente para la Victoria o al Partido Justicialista para
hacer los planteos sobre las modificaciones de políticas públicas que sean oportunas.
El ex presidente Néstor Kirchner, en oportunidad de ser gobernador de su provincia
en 1992, dictó el Decreto N° 309 por el que produjo una reducción de la remuneración de los
trabajadores en un 15 por ciento, según consta en aquel decreto ya mencionado en el debate
en comisión. En aquella oportunidad nuestro partido se opuso a esa medida, al punto que el
presidente actual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el hoy senador Alfredo
Martínez, siendo intendente de la capital de la provincia, se opuso a esta disposición y pagó la
totalidad de los haberes. No obstante, esto no inhabilita al ex presidente Néstor Kirchner y
menos al Frente para la Victoria a producir un debate sobre estos temas. Tampoco al
Justicialismo al modificar la Ley N° 24.241 y dejar sin efecto el parámetro del 82 por ciento
para todos los jubilados. Entonces, con todas las responsabilidades con las que llegamos las
distintas fuerzas políticas, es oportuno hacer el debate en esta ocasión.
Señor presidente: adherimos al análisis que ha hecho el senador Verna respecto de las
posibilidades presupuestarias para implementar esta decisión que lleva nuestro impulso.
Además, hay un tema que se vincula con el análisis de los ejercicios 2009, 2010 y la
proyección del 2011, bien realizado por el señor senador Verna.
El superávit de la ANSeS durante el 2009 fue de 27.500 millones de pesos
computando todas las erogaciones y los ingresos, aun aquellos que tienen que ver con la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Social. Hasta la fecha, presidente, en el
ejercicio del 2010, el superávit de la ANSeS está en el orden de los 22.800 millones de pesos,
si es que se descuenta el pago la Asignación Universal para la Niñez y el pago del Programa
“Conectar Igualdad.com.ar”…
Sr. Presidente. – Pido silencio en la sala, por favor.
Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Para el caso del análisis que ha hecho el senador Verna con el presupuesto
2011, me permito agregar los siguientes conceptos, que no han sido tenidos en cuenta.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad genera una rentabilidad anual del orden de
los 19.300 millones. Es decir, que esos 150 mil millones de pesos invertidos en títulos y en
acciones, depositados en plazo fijo, generan una ganancia anual de 19 mil millones. La
ganancia que está computada para el presupuesto 2011 está en el orden de los 7.500 millones.
O sea, que se están acumulando anualmente, de esos 19 mil millones de pesos, 12 mil
millones de pesos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también son utilidades con
las que hay que incrementar a las utilidades del sistema previsional. Es decir que para el año
2011 el superávit del sistema previsional planteado por la ANSeS…
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Continúe en el uso de la palabra, senador.
Sr. Morales. – El superávit previsto para el ejercicio 2011 está en el orden de los 34 mil
millones de pesos, más 11 mil millones que constituyen la ganancia que tiene el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, de intereses que se van acumulando en los títulos y acciones, que
se van a liquidar a diez, quince o veinte años. Pero la ganancia específica de flujo de fondos,
el superávit específico de flujo de fondos para el año que viene es de 34 mil millones de
pesos.
En lo que disentimos con el senador Verna, es en el cálculo del costo de esta decisión,
que seguramente vamos a tratar de ajustar cuando debatamos el presupuesto, porque el
senador Verna ha tomado como el costo de aumentar el 82 por ciento el haber mínimo
previsional para todos los jubilados, más el capítulo que tiene que ver con la adopción del
fallo “Badaro”, por el orden de los 53 mil millones de pesos. Nosotros tenemos un costo del
orden de los 32 mil millones de pesos, porque como bien se ha dicho, 19.400 millones cuesta
la decisión del 82 por ciento para el haber mínimo previsional; y el costo que tenemos
nosotros, que significaría la decisión de adoptar el fallo “Badaro”, está en el orden de los 10
mil millones o de los 11 mil millones de pesos. Sin perjuicio de esto, se han planteado varias
alternativas. Por ejemplo, la alternativa de que el 50 por ciento de las ganancias del Banco
Central vayan asignadas en el presupuesto al sistema previsional, es una buena propuesta.
Asimismo, la alternativa de que el superávit de recaudación –que este año 2010 ha
sido de 50 mil millones de pesos y para el año que viene está previsto en 75 mil millones de
pesos– vaya también asignado al sistema previsional, constituye otra buena propuesta.
Seguramente, lo vamos a discutir cuando debatamos el presupuesto.
En consecuencia, ¿puede afrontar el Estado esta decisión política que podemos tomar
hoy de incrementar en 400 pesos el haber de cada jubilado con una jubilación mínima, o sea,
para el 80 por ciento de los jubilados? Es posible. ¿Hay recursos en la ANSeS para afrontar
esta decisión? Hay recursos. ¿Es sustentable esta decisión política? Es sustentable, señor
presidente. ¿Puede la ANSeS afrontar también la decisión que surge del caso “Badaro”?
Puede hacerlo la ANSeS con los recursos superavitarios que tiene.
Entonces, no hay ninguna razón que justifique la aseveración del oficialismo de que
es irresponsable la medida que estamos impulsando. El planteo es claramente sustentable y
puede ser financiado por el superávit que tiene la ANSeS. Y en todos estos datos, inclusive en la remisión del presupuesto realizada por parte del Poder Ejecutivo, existen algunas
erogaciones que nosotros queremos plantear, porque en ellas no sólo hay una valoración de
tipo política o en cuanto a la oportunidad del gasto y si la ANSeS debe pagar la asignación
universal o no, sino que el problema es que la ANSeS no puede pagar la asignación universal.
El señor senador Eric Calcagno ha planteado bien un distingo en cuanto a las
inversiones que se realicen con el fondo de la ANSeS para, por ejemplo, realizar algunas
inversiones como las centrales nucleares y algunas inversiones en obras públicas de fondos
que la ANSeS le presta al Estado en títulos y que son préstamos al Estado, por lo cual este le
paga un interés al fondo y se compromete a devolverlo. Esto lo puede hacer el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, porque está dentro de la normativa del SIPA, Sistema Integrado
Previsional Argentino establecido por la ley 26.425.
Podemos hacer un análisis y podemos discutir sobre la oportunidad de la decisión y,
tal vez, no compartir las decisiones que tome Bossio y la presidenta de la Nación relativas a
este tipo de inversiones. Pero lo que no puede hacer la ANSeS es gastar en otras erogaciones
que no sean las que figuran en el artículo 8° de la ley, que dice claramente que la totalidad de
los recursos únicamente podrán ser utilizados para el pago de los beneficios del Sistema
Integrado Previsional Argentino. Lo que no puede hacer la ANSeS es pagar otras erogaciones
que no tengan que ver con el régimen previsional. Y lo que están haciendo con el pago de la
Asignación Universal por Hijo es pagar otros gastos, porque no hay un compromiso de
devolución de parte del Estado con una tasa de interés. Entonces, hay algunos centros de
jubilados que están por hacer planteos judiciales por incumplimiento de la ley. El gobierno
nacional no puede pagar de esta manera la Asignación Universal por Hijo. Se están previendo
para el año 2011 diez mil millones de pesos para la Asignación Universal por Hijo que prevé
un incremento del orden del 20 por ciento, porque en el año 2010 se van a pagar 8 mil
millones de pesos; eso está previsto en el presupuesto, pero no lo puede hacer la ANSeS
porque está incumpliendo la ley. Esto surge no sólo de la decisión que ha tomado el Poder
Ejecutivo por decreto, sino también de la propia ejecución del gasto: en la planilla de gastos
correspondiente al mes de mayo de este año se indica que se han pagado 6.400.000 beneficios
que le costaron al ANSeS 7.200 millones y por Asignación Universal por Hijo 535 millones,
indebidamente e incumpliendo la ley, y también se están pagando 99,5 millones de pesos por
año en concepto de subsidios a jefes y jefas de hogar, según lo que surge de esta planilla.
Sumado a todo ello, también se están pagando desde la ANSeS prestaciones por desempleo,
que deberían pagarse con recursos del Tesoro y no del sistema previsional.
Entonces, acá hay un punto que todavía no se ha planteado y que tiene que ver con las
facultades que tiene la ANSeS para pagar determinadas erogaciones o no. Puede hacer
inversiones, pero no puede pagar otros gastos. Todo el fondo de garantía de sustentabilidad y
toda la recaudación mensual que tiene la ANSeS deben ser afectadas al pago de jubilaciones
y pensiones del sistema previsional argentino. Este es un tema que a mi entender el Poder
Ejecutivo no puede soslayar, porque es una de las cuestiones que está en debate. Aquí cabe
señalar que no sólo estamos de acuerdo con el pago de la Asignación Universal por Hijo sino
que hemos sido autores de proyectos en tal sentido, porque consideramos que debe ser
establecida en una ley para universalizar realmente esta asignación para la niñez y para que
sea pagada con fondos del Tesoro.
¿Puede el Tesoro pagar la Asignación Universal por Hijo? Puede hacerlo. Este año el
Tesoro ha tenido un superávit de 50 mil millones de pesos y, aparte, ha recibido 23.500
millones de pesos de ganancias del Banco Central y 20 mil millones de reservas que han sido
transferidas para el pago de la deuda pública. Es decir que de la predicción presupuestaria que
había para el año 2010, el Tesoro ha recibido más de 90 mil millones de pesos que no estaban previstos en el presupuesto. ¿Puede el Tesoro afrontar la Asignación Universal? Puede
hacerlo. ¿Puede hacerlo el año que viene? Lo puede hacer. La subestimación que bien ha
planteado el senador Verna, por los parámetros macroeconómicos que se han establecido, con
una inflación de un 8 por ciento y un crecimiento de 4 puntos del producto bruto, se prevé
que la subestimación de los recursos que van a ingresar el año que viene está en el orden de
los 75 mil millones. Es decir que el gobierno nacional se va a encontrar de pronto en 2011
con 75 mil millones de pesos que no están en el presupuesto. ¿Pueden pagar la Asignación
Universal? Lo puede hacer. ¿Puede pagar el Programa Conectar Igualdad.com.ar? Lo puede
hacer. Para 2011 se ha previsto pagar 3.100 millones de pesos. Bossio hace algunos días ha
entregado trescientas computadoras.
Acá hay otro problema, presidente: como la ANSeS es la que pone la plata, es la que
administra la Asignación Universal quitándoles facultades al Ministerio de Desarrollo Social,
porque la Asignación Universal tendría que ser administrada, ejecutada y gestionada por los
ministerios de Desarrollo Social y de Educación. Y no es cierto lo que dice el Poder
Ejecutivo de que desde la implementación de la Asignación Universal se ha recuperado la
matrícula en un 25 por ciento. Un informe oficial tuvo que salir a aclarar que la recuperación
de la matrícula está en el 7,5 por ciento y, en realidad, por impacto de la Asignación
Universal la recuperación de la matrícula está en el 1.8 por ciento. Esto no desnaturaliza y no
desvirtúa la Asignación Universal como un eje central de la política social, el problema es
que está mal gestionada. Y si está gestionada por la ANSeS, que lo único que tiene que hacer
es pagar jubilaciones y pensiones, entonces las cosas salen mal. Quien tiene que administrar,
ejecutar la Asignación Universal es el Ministerio de Desarrollo Social juntamente con el
Ministerio de Educación para que allí se cumpla la pauta del pago de la asignación y el
vínculo con una política educativa.
Acá está todo dado vuelta. No puede ser que Bossio tenga que estar entregando
computadoras. El programa de acceso a Internet y a las comunicaciones para los chicos de la
secundaria tiene que ser ejecutado por el Ministerio de Educación. Entonces, no sólo hay un
problema en la asignación de fondos; también se están subvirtiendo la jurisdicción y las
facultades que tiene cada una de las áreas del gobierno. Este es el planteo que trae también,
entre otros temas, el debate del 82 por ciento y el debate del fallo Badaro. ¿Y por qué el
debate del fallo Badaro? Porque hay 400 mil juicios. Cada uno de los juicios que están
saliendo con este fallo de la Corte da una suma de 200 mil o 250 mil pesos por jubilado. Hay
que ponerle un corte. Hay que tomar una decisión política. En algún momento hay que
hacerlo y el momento para hacerlo es ahora. Por eso es que los dos temas que plantea el
proyecto de ley tienen que ver con reparar la situación de los jubilados que están en la
mínima, para que en lugar de 1.030 pesos cobren 1.430 pesos, y para resolver el tema del
fallo Badaro, que tiene que ver con el ajuste entre el mes de enero de 2002 y diciembre de
2007; es el universo de los jubilados argentinos que no ha tenido actualización alguna durante
este período. Estas son las dos decisiones que trae este proyecto de ley y que nosotros
acompañamos. Decimos que es claramente factible. Las responsabilidades del pasado y las
responsabilidades que seguramente tendremos en el futuro no nos inhabilitan a plantear al
oficialismo este debate de políticas públicas. No sólo podemos hacerlo, sino que tenemos la
obligación de hacerlo. Estamos obligados a plantear estos temas que tienen que ver con
llevarle justicia a más de 4 millones de jubilados, señor presidente, que están por debajo de
los valores que indican el nivel de la pobreza. Y este gasto de 32 mil millones de pesos, esta
decisión que podemos tomar hoy, va a volver, seguramente, como acá se ha planteado, en
impuesto al valor agregado. Porque no es que este aumento de 400 pesos a los jubilados va a
ir para que ellos se compren una casa o un auto o para que ahorren, va al consumo directo de bienes y servicios; y el promedio de recupero del Estado de 30 mil millones de pesos que van
al consumo es por lo menos de un 25 por ciento. Por eso es que un gasto de 30 mil millones
de pesos, si es que tomamos esta decisión, le va a reportar el Tesoro el año que viene 7.500
millones de pesos adicionales de recaudación.
Esta es la composición presupuestaria. Estas son las posibilidades que tiene la
ANSeS, que puede afrontar esta decisión que estamos tomando. No es una decisión
irresponsable. No estamos hablando de la movilidad previsional para toda la escala, como se
ha planteado en este informe del cálculo actuarial que han hecho en la ANSeS. La hipótesis
que se ha planteado la ANSeS y la Auditoría General de la Nación tiene que ver con el 82 por
ciento en términos de la ley 24.016, que es el sistema de movilidad establecido para el sector
docente, que es el 82 por ciento en toda la escala.
La decisión que vamos a tomar hoy tiene que ver con el 82 por ciento móvil para el
haber mínimo previsional, para que tenga un vínculo el haber previsional mínimo con el
salario mínimo, vital y móvil, que garantice un nivel mínimo de subsistencia a los jubilados
argentinos. ¿Podemos tomar esta decisión? Podemos hacerlo.
Estos son los argumentos que habilitan este planteo y que justifican la decisión que
tenemos que tomar en la fecha. Por eso es que vamos a votar favorablemente el dictamen en
mayoría y esperamos que hoy pueda ser convertida en ley esta decisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto, último orador.
Sr. Pichetto. – Presidente: quiero comenzar mi exposición ratificando y reiterando una
observación, una impugnación planteada ya en el ámbito de la Cámara de Diputados, relativa
a una violación a la ley 24.156, de Administración Financiera de la Nación, en los artículos
28 y 38, que dicen claramente que para todo incremento del gasto presupuestario se tiene que
prever de dónde van a salir los recursos que se van a utilizar para aplicar a ese nuevo gasto
que hoy, con mucho voluntarismo, los senadores de la oposición están planteando incorporar
en el gasto del sistema previsional argentino.
Reitero, entonces, que estamos frente a un proyecto de ley que no tiene el contenido,
el fundamento que establece la ley de Administración Financiera de decir que un gasto tiene
que tener asignado un recurso claro y expreso en el marco de la ley.
No voy a conceder interrupciones, presidente. Fue un largo debate, cargado de
muchos deseos de buena voluntad, con muchos discursos emocionales. ¿Quién no tiene un
familiar, un anciano jubilado en la familia? Hemos escuchado todas las exposiciones con
mucha atención. De manera que me gustaría poder realizar el cierre del debate sin
interrupciones y expresar los fundamentos de nuestra posición, que fueron manifestados
también a lo largo de la tarde por nuestro bloque.
Estamos frente a un proyecto que tiene un fuerte contenido de carga electoral, de
demagogia política. Se plantea desde la oposición una sobreactuación, una sobreoferta de las
posibilidades concretas porque, indudablemente, se están asumiendo como un partido que no
va a gobernar la Argentina, porque si pensaran con cierta vocación de ser poder en el
próximo período electoral de 2011, no estarían planteando este tipo de leyes que tiene, repito,
un fuerte contenido de irresponsabilidad.
En primer lugar, el mundo va hacia otro camino. Todo el proceso previsional de
Europa y de Estados Unidos va hacia el alargamiento del período que se requiere para poder
jubilarse, lo cual implica un mayor nivel de aportes a los sistemas previsionales, porque la
mayoría de esos países tienen un sistema desfinanciado. Basta ver lo que está pasando en
Europa en el marco también de un proceso económico conocido –nosotros lo vivimos en el
2001– con los sistemas previsionales en el corazón del debate. En España está en pleno
debate la terminación del Pacto de Toledo, que era un sustento previsional básico de todas las fuerzas políticas, siguiendo el ejemplo que ya tomaron Alemania y Francia, de aumentar a los
67 años de edad el requisito para poder acceder al beneficio jubilatorio. ¿Qué implica esto?
¿Tienen una intención maliciosa esos gobiernos?
Hace muy pocos días, en un reportaje, Zapatero dijo que estaban siguiendo el ejemplo
de Alemania, que también ha aumentado el requisito de edad jubilatoria a los 67 años, y se
considera imprescindible esta reforma para no colocar a los sistemas previsionales europeos
prácticamente en una situación de default o de falta de sustentabilidad en el tiempo. Esto lo
acaba de afirmar el presidente Zapatero en el marco del debate que tuvo con Rajoy en el final
de la discusión de la ley previsional.
Por lo tanto, el mundo va hacia un proceso de ajuste del sistema previsional; hacia un
sistema que, además, también va de la mano de un dato que muy pocos han mencionado: el
aumento de la edad de vida. La expectativa de vida actual ya no son los 60 o los 65 años. Hay
envejecimiento de la población mundial. Y la prolongación de la vida también implica que el
Estado asigne mayores recursos al sistema previsional, porque tiene que pagar durante mucho
tiempo los sueldos previsionales. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha crecido al
compás de la evolución de la ciencia, de la preservación de la vida.
Estos son datos que han estado ausentes en este debate voluntarioso en el cual nos han
contado que viejitos vendían trapos de piso en la puerta y que eso los conmovió y por eso van
a votar a favor. Sí, está bien, pero nadie dice de dónde venimos, y venimos del peor de los
mundos. Venimos de los años 2001 y 2002 en los cuales se produjo la quiebra del sistema
previsional y en los cuales había sueldos previsionales que no llegaban a los 150 pesos.
Además, muchos de los que han hablado han formado parte de un gobierno que descontó de
los haberes previsionales el 13 por ciento. Por otra parte, les recomiendo la lectura de los
grandes medios argentinos, porque es muy interesante. No es que nosotros tengamos un
problema con los medios, pero es interesante ver cómo cambia la opinión de medios de fuerte
contenido liberal en la Argentina, de diarios que además han hecho la defensa del ajuste fiscal
y del descuento a los jubilados en el año 2001 afianzando el valor de la autoridad presidencial
de de la Rúa y diciendo que, indudablemente, el presidente se había puesto en jefe del
gobierno –esto lo decía el redactor del diario La Nación– y que era muy importante que la
política en la Argentina actuara con responsabilidad, porque había que cuidar el orden fiscal
del Estado argentino.
Y hoy vemos algunos titulares y algunas editoriales que parece que son titulares y
editoriales del Frente Farabundo Martí, porque quieren que aprobemos el 82 por ciento. Están
todos con la bandera del 82 por ciento. Es increíble. Diarios que tienen una historia
fuertemente conservadora, defensores del ajuste fiscal de Cavallo y del descuento a los
jubilados y a los empleados públicos con editoriales publicadas, hoy alientan el 82 por ciento.
También el gran medio argentino viene sacando titulares diciendo “Cuidado. Están
por llegar al 82”. Todos alientan al 82 por ciento. Es el aliento a la destrucción del sistema.
Es el aliento a ver cómo derrotamos al gobierno. Es el aliento a ver cómo se derrota a la
presidenta, de qué manera le hacemos pagar el costo político. Es muy importante esto en la
Argentina de hoy. Ni siquiera hay principio de responsabilidad institucional. Ni siquiera les
preocupa la sustentabilidad futura. Plantean además, como una perla para el debate –que lo
mencionó el senador Calcagno al pasar– el tema de la desinversión del Fondo de Garantía
Sustentable de la ANSeS, que no puede tener más de lo que determina un presupuesto,
estimativamente 97 mil millones. Con lo cual, debería estar vendiendo las acciones
rápidamente, desinvirtiendo, en un período de 30 días. Entonces, lo que le niegan al gobierno
en el sentido de llevar adelante procesos de desinversión en las empresas de medios en el
término de un año, acá hay que hacerlo a partir de los treinta días de sancionada esta norma. Es algo muy interesante, realmente muy interesante. Además, son cosas que se sostienen
como si fueran verdades absolutas y que se plantean en el debate de una manera increíble, en
una Argentina que hace muy poco tiempo sufrió una gran crisis. No pasaron veinte o treinta
años, estamos sólo a cinco o seis años de aquellos tiempos.
No quiero actuar con malicia, pero cuando uno repasa alguno de los discursos que se
dieron durante el debate de la movilidad, hubo importantes senadores de este cuerpo que
sostuvieron la inviabilidad de avanzar en el modelo del 82 por ciento. El senador Rodríguez
Saá lo dijo claramente cuando discutimos la ley de movilidad, que era imposible avanzar en
el 82 por ciento. También la senadora Estenssoro hizo reflexiones en este terreno de la
sustentabilidad del modelo previsional, de la responsabilidad con que había que actuar para
reconstruir el sistema. Hemos escuchado un desarrollo muy interesante que hizo el senador
por La Pampa, casi al pasar, casi como diciendo “bueno, el gobierno ha hecho algunas
cosas”, casi despectivamente diría. ¡Ha recuperado y reconstruido el sistema previsional! ¡Ha
hecho acuerdos con las provincias a las que financia cajas que están desfinanciadas! Senador
Verna: su caja está desfinanciada. Y las razones que usted ha dado no se ajustan a la verdad.
Está desfinanciada y el Estado nacional la ayuda a pagar los sueldos previsionales en su
provincia.
Mencionan que hicieron un esfuerzo, como si el esfuerzo hubiera sido de los Estados
provinciales. ¡Hemos ayudado a pagar los aportes a los viejitos para que se puedan jubilar!
Desde el gobierno nacional hemos terminado con años de ignominia, de mucha gente que
estaba marginada, que estaba en la calle, que no podía vivir, que vivía de la dádiva o del
asistencialismo o que vivía de un familiar. A mucha gente le hemos dado el ingreso al
sistema jubilatorio sin haber hecho el aporte. ¿Por qué? Porque muchas empresas
desaparecieron en la Argentina; muchas quebraron, muchas no aportaron, especialmente en el
sector agropecuario, donde la estructura rural argentina tiene una historia. ¡Tanto han
defendido a los sectores del campo! ¡El campo es la Patria y es la bandera celeste y blanca! Y
es el espacio con mayor trabajo en negro de la Argentina.
Allí, en esos lugares de trabajadores rurales, de peones de campo, de mujeres que
trabajaron en fábricas que se cerraron y se fundieron; de trabajadores que fueron despedidos
del sector público o de empresas que fueron privatizadas, y que tenían incapacidades y que no
pudieron volver a ingresar al mercado laboral. A todos esos hombres y mujeres en la
Argentina, con un esfuerzo extraordinario, los hemos jubilado.
En términos de habitantes, la Argentina es el país con mayor espacio en materia
previsional. Es uno de los países más igualitarios de Latinoamérica. Y esto es un dato casi
menor, casi como que “bueno, sí, le concedemos esto al gobierno”, “lo hizo porque era una
obligación”, “los Estados provinciales ayudaron”. No ayudaron nada. El esfuerzo fue del
Estado nacional. Y aquí también se da algo que muchas veces sucede en el debate argentino.
Cuando la presidenta hablaba de la distribución del ingreso, se le burlaban o decían que no se
aplicaba. Y es precisamente el sistema previsional el que tuvo un aumento extraordinario, de
más de 2.300.000 jubilados nuevos. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la
Nación en 2003, el sistema previsional no llegaba a los dos millones de trabajadores. Esto era
por el proceso de ajuste que hacían las AFJP, que no jubilaban a nadie. Mucha gente en la
situación que he comentado no se habría podido jubilar nunca. Muchos que perdieron el
trabajo, en el espacio de las jubilaciones privadas no se habrían podido jubilar nunca; o, si se
jubilaban, la ecuación económica de esas jubilaciones era miserable. Después me voy a
referir también a ese tema, que fue la recuperación de los fondos de las AFJP.
Entonces, tengamos una mirada un poco más razonable, presidente. El proceso de
reconstrucción de un sistema previsional hay que hacerlo por la positiva. ¿Cómo debería sostenerse una política previsional? Con el crecimiento del empleo en
blanco. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo están indicando que en este país hay más
de tres millones y medio de trabajadores en negro, que no aportan en el sistema previsional.
Tenemos una relación que no es simétrica y que no podría sostener ningún sistema en el
mundo: 5.500.000 jubilados –que se sumaron a los 2 millones que ya había– y 8.300.000
trabajadores activos. Esto imposibilita seriamente armar una ecuación previsional seria y
responsable que tenga sustento si no hay fondos del Tesoro nacional con impuestos
financiando el sistema.
¿Cómo se logra un proceso de ordenamiento, de expectativas serias, responsables, de
mejoramiento de los jubilados argentinos? En la medida en que también hagamos crecer el
empleo en blanco en la Argentina; que la economía del país siga creciendo; que podamos
tener muchas empresas que se radiquen en la Argentina; que haya inversiones en todas las
provincias; que haya trabajo en blanco, empleo que signifique aportes para el sistema
previsional argentino. Esa es la única manera.
Una relación de 15 millones de trabajadores activos contra 5 millones de pasivos: 3 a
1 es la ecuación del sistema que puede permitir una factibilidad para empezar a elaborar
propuestas como estas, que son justas. ¿Quién puede decir que no son justas? ¿Por qué un
trabajador que ha trabajado toda la vida no tiene derecho a cobrar el 82 por ciento de su
salario? Claro que lo tiene. Pero tenemos que actuar con seriedad
¿Sabe qué pasa, señor presidente? Acá hay procesos políticos que funcionan mediante
el mecanismo de la destrucción, de la demolición. Mire, le voy a decir algo. En defensa de
este Senado le voy a hacer un comentario positivo al proyecto del senador Giustiniani, que
era mucho más razonable que esa iniciativa inviable e irresponsable que votaron en la
Cámara de Diputados, alentados por la diputada Carrió; haciéndole “seguidismo”.
Muchos sectores de la vida política argentina, que deberían estar trabajando en el
afianzamiento de partidos políticos serios en este país, hacen “seguidismo” al mecanismo de
la destrucción.
En los artículos 5°, 6° y 7° –que nadie lo dice o que lo han señalado así ligeramente–,
incorporan fallos de la Corte. Así, el que hace referencia el artículo 5° desconocemos el
monto; es inconmensurable. Estamos hablando de un gasto público que va a andar rondando
los 40 mil millones de pesos. El proyecto de Giustiniani era moderado. Establecía un
aumento de los mínimos.
Así mismo, voy a decir otra cosa. La verdad es que también tenemos que aprender a
estudiar Derecho en la Argentina; hay que saber de Derecho en la Argentina. Algunas
facultades son muy pobres en nuestro país. Tengo que decirlo esto también.
Pero digo la verdad: en la Argentina rige el principio de igualdad ante la ley; artículo
16 de la Constitución. Cuando se da un aumento a un sector mínimo, por un principio de
igualdad, todos los actores del sistema tienen derecho a reclamar lo mismo. No puede usted
discriminar y decirle sí a los mínimos y no a los otros.
Por otra parte, señor presidente, el proyecto que votó la Cámara de Diputados dispara
fuertemente el salario de los sectores medios; los levanta a niveles inconmensurables. Ni
siquiera cumple con el objetivo de ayudar a los mínimos. El universo de los mínimos está
contemplado, pero fuertemente, en los artículos 6°, 7° y 8°, están, indudablemente los
principales beneficiarios de los aumentos que va a recibir el sistema.
Es fundamental, señor presidente, plantearse un acto de responsabilidad, de actuar con
seriedad. Creo que el escenario de esta Cámara, señor presidente, lo vuelve a colocar a usted
en un lugar de definiciones. Sinceramente le digo, estamos empatando aquí. Esta es mi
impresión. No sé si me fallan los números, pero probablemente usted tenga que volver a
desempatar acá.
Esa responsabilidad, señor presidente, lo tiene que llevar a pensar. Usted, cuando
gobernó la provincia de Mendoza en 2006, aplicó un veto a la Legislatura de su provincia,
que determinaba el aumento de los docentes en el 82 por ciento. Y lo hizo considerando que
esto implicaba una situación compleja para el Estado mendocino. No estoy haciendo más que
darle lectura al decreto. Me refiero al Decreto 71, de Mendoza, del 11 de enero de 2006. Lo
hizo en ejercicio de una responsabilidad de gobierno que usted tenía. Nadie discute esa
decisión.
Lo que digo es que, si usted tiene que volver a definir esta cuestión aquí, me parece
que puede reparar incluso un hecho inconveniente de la historia, en orden a los roles de los
vicepresidentes en la Argentina: una institución con dificultades, que precisa de una fuerte
autoridad moral, señor presidente.
Además, requiere estar alejado de las tentaciones. Tiene que tener una estructura de
personalidad muy importante, muy fuerte, para no tentarse con situaciones que lógicamente la
vida política lo lleva a tener que resolver. Y el vicepresidente tiene que estar al lado del
presidente, porque ha sido elegido en la misma fórmula.
Esto que parecería de manual de Derecho Constitucional, o de Instrucción Cívica, vale
la pena recordarlo esta noche. ¿Sabe por qué? Porque esta noche puede volver a repetirse el
mismo escenario de la 125. Por eso, señor presidente, digo esto en términos de reflexión
positiva, sin agravios, sin ofensas, sosteniendo que probablemente tenga que definir
nuevamente una situación que volverá a afectar al Estado nacional. Si usted decide votar a
favor de esta ley del 82 por ciento, lógicamente que va a afectar fuertemente al gobierno de la
Nación y al funcionamiento económico del principal organismo que se ha recuperado en la
Argentina, que es la ANSeS.
Indudablemente, también va a provocar un fuerte daño en el proceso de credibilidad
económica, porque si tuviéramos que vender los títulos y las acciones de FGS, es decir, del
Fondo, ocurriría algo muy interesante. Algunos medios hoy alientan mucho para que esta
iniciativa se apruebe, pero ustedes saben que la ANSeS es socia importante de medios de
difusión; tenemos acciones en Clarín, en espacios de televisión y en muchas empresas
argentinas que, rápidamente, verían afectado el valor de sus acciones por una venta
apresurada, una venta obligada por esta norma que yo califico de nefasta.
Así, la ANSeS se tendría que desprender rápidamente de 50 mil millones de pesos,
porque la ley obliga a tener un tope que no puede superar los 97 mil ó 100 mil millones de
pesos. Esto indudablemente provocaría un grave daño al Estado nacional y lesionaría
fuertemente también al capital accionario de muchas empresas en la Argentina.
Pero este tema no se analiza. Como tampoco se analiza el comentario de muchos
economistas que no comparten para nada el gobierno ni su política. Cuando uno lee a
Melconian, a De Pablo, a Broda –son economistas que tienen una trayectoria–, sabe que
tienen identificación con una línea de pensamiento económico y que nunca han compartido
pensamientos cercanos a la política del gobierno. El propio Cavallo el otro día escribió un
artículo; y la verdad es que no debería escribir nada.
Concretamente, muchos de estos economistas califican a este proyecto como
fuertemente irresponsable y a esta actitud como muy complicada y de contenido demagógico.
Y esto no lo digo yo; si quieren, les leo, pero no quiero aburrirlos. Tengo por acá todos los
recortes que han salido en los medios gráficos de la Argentina. No vale la pena volver a
leerlos; ustedes también los han leído.
Creo que este proyecto tiene un fin muy menor; y que hay muchos hombres y mujeres
que pertenecen a un partido como la Unión Cívica Radical, o como el propio socialismo, que
se van a arrepentir de votar esta iniciativa.
No creo que tengan la posibilidad de gobernar la Argentina el año que viene. No creo
que la Argentina los vuelva a votar, porque no están demostrando responsabilidad frente a lo
que significa la actitud de gobernar este país. Además, si tuvieran que hacerse cargo del
gobierno, no podrían sostener el sistema previsional. Entonces, ¿qué sucedería? Un nuevo
ajuste, un nuevo descuento a los jubilados y, probablemente, la insolvencia.
También, quiero reafirmar que estamos actuando con una gran responsabilidad, a
través del mecanismo de la fórmula de variación. En ese sentido, tengo en mi poder algunos
discursos de cuando se dio ese debate en esta Cámara, que realmente son muy interesantes.
No quiero mortificar a nadie, pero aquí se sostuvo que el aumento de la variabilidad iba a
estar en el 4 por ciento, que era una medida destinada a hacerles trampa a los jubilados y que
nos quedaríamos con su plata.
Fue el mismo discurso que escuchamos cuando debatimos el tema de la recuperación
de las AFJP. Partidos importantes de la Argentina, que habían votado en contra del sistema
de privatización, por el solo hecho de oponerse al gobierno ese día votaron a favor de la
defensa de los intereses financieros de la Argentina. Fue increíble. Pero así funciona el
sistema político en nuestro país. Es un sistema reactivo, que hace seguidismo mediático, que
sólo le importa ver qué sucede el día de mañana con el titular del diario, que no tiene
propuestas y que trabaja sólo sobre el esquema de “A ver qué piensa la opinión pública”. Sin
embargo, a veces hay que estar en contra de la opinión pública. Gobernar significa eso, es
decir, a veces no ir a favor del agua que corre del lado de la opinión, porque a veces la
opinión pública se puede equivocar; o se puede equivocar la opinión publicada, que muchas
veces es contraria a los grandes intereses populares.
Por los motivos expuestos, nosotros rechazaremos este proyecto de ley, porque
conlleva una fuerte irresponsabilidad institucional, porque no determina el financiamiento, y
porque vulnera la ley de financiamiento y el sistema constitucional argentinos.
Y quiero volver sobre un tema que planteó el senador Morales. Le aclaro al presidente
de la bancada radical que nuestro sistema de gobierno es presidencialista y no parlamentario.
Por lo tanto, el diseño del presupuesto está a cargo del Poder Ejecutivo y la señora presidenta
es la jefa de la administración, conforme artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional. El
sistema de gobierno de la Argentina no es parlamentario. En consecuencia, no se puede
modificar alegremente el gasto, o el Congreso imponer un nuevo modelo presupuestario, o
modificar el presupuesto a mitad de año o faltando dos meses para la finalización del
ejercicio.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Esta vez no concederé ninguna interrupción, senador Morales.
Continúo, señor presidente.
El sistema de gobierno es presidencialista. Por lo tanto, si ustedes ganan las
elecciones tendrán derecho a imponer su modelo económico y previsional. Mientras tanto, no
lo pueden hacer.
Y piensen también lo que harán con el presupuesto, ya que la ley de presupuesto es un
diseño del Poder Ejecutivo, que se determina en función de los recursos y de los gastos. En
este sentido, este Congreso −históricamente−, aún en los peores momentos o ante las
situaciones de más debilidad de los gobiernos –y aquí hay senadores que estuvieron en
diversas etapas, ya sea en el final de la presidencia del doctor Alfonsín; en los últimos dos
años de gestión del doctor Menem o en el período más dramático de la Argentina, que fue el
último año del doctor de la Rúa−, nunca dejó de aprobarle el presupuesto al Poder Ejecutivo.
En efecto, siempre se hizo el esfuerzo y se actuó con un nivel de responsabilidad importante por parte de los legisladores, ya sean de uno u otro color político, y se lo ayudó a gobernar al
poder de turno. Por lo tanto, reitero: piensen la decisión que adoptarán cuando se debata el
proyecto de presupuesto.
El futuro, indudablemente, siempre tiene las mejores intenciones; siempre está
cargado de las mejores emociones, de los mejores cuentos para niños, de fines loables y
demás. Ahora bien, gobernar y administrar una nación, con la complejidad que representan
los países emergentes de América latina, con sistemas previsionales desfinanciados y
sostenidos por el Tesoro nacional, únicamente es posible porque hay aportes del Tesoro y
buena recaudación. De lo contrario, no funciona ningún sistema previsional en el mundo.
Además, porque realmente las ecuaciones económicas no dan para pagar el 82 por ciento.
Se trata de un proyecto a lograr en la medida en que la Argentina crezca, haya
trabajadores en actividad, crezca el empleo en blanco y haya actividad e inversión
económica. Sigamos con el rumbo que viene llevando adelante la presidenta de la Nación. Y
muchas de las cosas que ocurren en el debate en la calle y en los medios, la realidad
económica las coloca, al poco tiempo, en el verdadero espacio de la verdad.
En enero el país parecía que se caía del mundo e íbamos a robarnos los fondos del
Banco Central. No se podía pagar con reservas, pero luego el Senado de la Nación actuó
responsablemente y se pagó con las reservas, hecho que fue bien receptado por el mercado.
Todos los indicadores económicos van para arriba en la Argentina, por más que le
pese a la oposición, y todo va mejor. La gente en la calle también tiene otra expectativa de
vida. Piensa que le va a ir mejor en el futuro.
Estas cosas no coinciden, a veces, con esta discusión y este debate. Uno esperaba de
la oposición un debate constructivo y un aporte positivo a la recuperación de la Argentina.
Creo que hoy la estructura del proyecto en consideración apunta, fundamentalmente, a
provocar daño y tiene un fin muy mezquino, muy pequeño: ver cómo la presidenta de la
Nación veta el proyecto de ley y se le provoca un daño político al gobierno.
La verdad es muy lamentable, muy pequeño, de bajas expectativas y demuestra que
las fuerzas políticas no están a la altura de lo que la Argentina requiere.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
¿Hay alguna solicitud de abstención? Ninguna.
Debo hacer una aclaración. Ha habido un problema de electricidad en el tablero,
entonces, es muy probable que no se identifique la cantidad ni la especificidad de los votos.
Nos dicen que sale impreso, pero se va a verificar.
Si lo desean, la votación se puede hacer nominal..
Varios Señores Senadores. – Nominal.
Sr. Pichetto. – ¿No hay posibilidades de probar el tablero?
Sr. Presidente. – Se puede probar.
Sr. Pichetto. – Justamente ahora que hay una votación ajustada no anda el tablero. Es una
cosa bastante compleja.
Sr. Presidente. – Anda el tablero y la identificación. Lo que digo es que no va a aparecer allí
la identificación. Por eso, hay que verificar.
¿Hacemos la votación nominal?
Varios Señores Senadores. – Sí.
Sr. Presidente. – Me dicen que sale impresa la lista. Podemos chequearla.
Sr. Fernández. – No confían en usted (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Le voy a agradecer a todos los señores senadores que hablen con
el micrófono, de manera que sea audible lo que expresen.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
– Votan por la afirmativa los señores senadores Artaza, Basualdo, Bongiorno,
Bortolozzi de Bogado, Cabanchik, Cano, Cimadevilla, Di Perna, Escudero,
Estenssoro, Giustiniani, González de Duhalde, Guinle, Higonet, Juez, Marino,
Martínez Alfredo, Meabe, Mestre, Monllau, Montero, Morales, Morandini,
Negre de Alonso, Nikisch, Pérez Alsina, Petcoff Naidenoff, Rached,
Reutemann, Rodríguez Saá, Romero, Sanz, Vera, Verani y Verna.

– Votan por la negativa los señores senadores Banicevich, Bermejo, Biancalani,
Calcagno y Maillman, Colazzo, Corpacci, Corradi de Beltrán, Corregido,
Díaz, Fellner, Fernández, Filmus, Fuentes, Gioja, Guastavino, Iturrez de
Cappellini, Jenefes, Latorre, Lores, Mansilla, Martínez José, Mayans, Maza,
Osuna, Pampuro, Parrilli, Pérsico, Pichetto, Quintela, Riofrío, Rojkes de
Alperovich, Roldán, Torres, Viana y Vigo.

Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a efectuar el cómputo.
– Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Estrada). – Resultaron 35 votos afirmativos, 35 votos negativos; y hubo dos
senadores ausentes: Castillo y Menem.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al artículo 213 del Reglamento.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 213 del Reglamento establece –sin perjuicio de lo que
fija la Constitución Nacional, que todos conocemos– que si una votación se empata, se abrirá
una nueva discusión. Se repetirá en seguida la votación y, si esta vuelve a resultar empatada,
decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han
estado presentes en la nueva discusión.
Esto es lo que dice el artículo 213 del Reglamento.
Sr. Presidente. – ¿No se abre la discusión?
Tendríamos que volver a votar, para no repetirlo.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como creo que no va a haber modificaciones en la
votación, si estamos de acuerdo, podríamos obviar la segunda votación y directamente
desempatar usted la votación en general.
Después pasaríamos a la votación en particular.
Sr. Presidente. – A fin de quede bien asentado de acuerdo al Reglamento, diría que los
senadores manifiesten el mismo sentido del voto.
¿Procedemos así de este modo?
¿Están de acuerdo?
– Asentimiento.
Sr. Fuentes. – Si hay algún senador que quiere cambiar su voto que lo señale; de lo contrario, quedará ratificado el voto de cada senador.
Sr. Pichetto. – En nombre de los senadores del bloque del Frente para la Victoria señalo que
ratificamos el sentido de nuestro voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- También ratifico en nombre de mi bloque el sentido de nuestro voto, que es
por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – También ratifico el sentido de mi voto.
13 y 14 de octubre de 2010 Versión Provisional
Pág. 128
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Ratifico el sentido de nuestro voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Yo también ratifico el sentido de nuestro voto.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, queda ratificado el resultado de la votación: se han
registrado 35 votos por la afirmativa y 35 por la negativa. Empate.
Sr. Presidente. – Yo ya había anticipado mi voto afirmativo en los medios y les pido que me
permitan hacer uso de la palabra durante dos minutos.
En primer lugar, quiero hacerle una aclaración al señor senador Pichetto. En el año
1996 el ex gobernador Lafalla transfirió la Caja y apenas asumimos surgió un proyecto de ley
en una de las Cámaras y, obviamente, fue vetado porque no teníamos incumbencia porque
había sido transferida a la Nación. El veto que usted mencionó se refería exclusivamente a un
aumento a los docentes en el año 2006. Por ello, tomando un poco sus palabras en cuanto a
que si le corresponde a un sector es lógico que le corresponda al otro y más allá del tema de
la jurisdicción que no tenía la provincia porque había sido transferida, quiero decir que el
compromiso que yo asumí –porque, además, teníamos demandas judiciales– fue gestionar
ante la Nación un nuevo convenio, porque cuando la provincia transfirió la Caja cedió tres
puntos de la coparticipación por esa transferencia. Y así lo hicimos: recuerdo que eso fue
durante una noche, con la participación del actual ministro de Economía que en aquel
momento era gerente de la ANSES, donde a la 1 de la mañana terminamos de acordar el
convenio –el senador Bermejo puede dar testimonio de esto–. Fue así que con ese nuevo
convenio, en el que ponía una parte la provincia y otra parte la Nación –creo que la quinta
parte le correspondía a la provincia–, pudimos dar el 82 por ciento con movilidad no sólo a
los docentes sino a todos los jubilados transferidos.
Como bien usted decía, esto también es por una cuestión de igualdad porque en la
actualidad cobran el 82 por ciento con movilidad los jueces, los docentes, los investigadores,
la Policía Federal y el personal de la diplomacia. Así que creo que en este caso este es un
voto por la equidad social; la sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda
discusión. En ese sentido, adhiero a lo que ha dicho el señor senador Verna, quien se expresó
con toda claridad. Creo también que hay que separar el tema previsional de la cuestión de la
seguridad social y encontrar a través de una política de Estado la sustentabilidad que merece
el sistema previsional.
Por ello, mi voto es afirmativo.
Pasamos a la votación en particular.
En consideración el título I, artículos 1°, 2° y 3°.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Yo quiero plantear la posibilidad de modificar el proyecto que ha sido aprobado
en general, eliminando los artículos 2° y 8° y agregando…
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Gioja. – ¿No puedo proponer una modificación?
Sr. Giustiniani. – No puede porque votó en contra.
Sr. Presidente. – Yo entiendo que puede…
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Varios senadores. – ¡No puede!
Sr. Gioja. – Entonces, voy a votar nuevamente por la negativa y volverá a decidir usted,
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Quieren que votemos todos los artículos de una sola vez?
Varios senadores. – Sí.
Sr. Pichetto. – Sería importante tener un informe de la Secretaría Parlamentaria de por qué
ese equipo no funciona. Sería muy interesante saberlo porque estamos en el mundo de la
tecnología y pareciera que ahora estamos en el siglo XIX.
Sr. Secretario (Estrada). – Según me han informado el motivo por el cual no funciona es por
un corto circuito que derivó en algún incendio parcial que inutilizó parcialmente, valga la
redundancia, el equipo de votación, particularmente, los tableros.
Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la votación en particular. Se van a votar todos los
artículos en una sola votación.
– Se practica la votación en particular.
– Votan por la afirmativa los senadores Artaza, Basualdo, Bongiorno,
Bortolozzi de Bogado, Cabanchik, Cano, Cimadevilla, Di Perna,
Escudero, Estenssoro, Giustiniani, González de Duhalde, Guinle, Juez,
Marino, Martínez Alfredo, Meabe, Mestre, Monllau, Montero, Morales,
Morandini, Negre de Alonso, Nikisch, Pérez Alsina, Petcoff Naidenoff,
Rached, Reutemann, Rodríguez Saá, Romero, Sanz, Vera, Verani.
– Al requerírsele el voto, dice el

Sr. Verna. – Primero quiero decir que se salteó a la senadora Higonet.
Mi voto es afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Higonet? Guinle, Higonet, Iturrrez de Capellini, ese es el orden.
Sra. Higonet. – Higonet, afirmativo. No lo dije. Me salteó cuando habló el senador Guinle.
Sr. Secretario (Estrada). – Eso fue lo que pasó. Está bien.
– Votan por la negativa los senadores Banicevich, Bermejo, Biancalani,
Calcagno y Maillmann, Colazo, Corpacci, Corradi de Beltrán, Corregido,
Díaz, Fellner, Fernández, Filmus, Fuentes, Gioja, Guastavino,
Iturrez de Cappelini, Jenefes, Latorre, Lores,Mansilla, Martínez José,
Mayans, Maza, Osuna, Pampuro, Parrilli, Pérsico, Pichetto, Quintela,
Riofrío, Rojkes de Alperovich, Roldán,Torres, Viana y Vigo.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, nuevamente se registran 35 votos por la afirmativa y 35
por la negativa. Tiene que desempatar el señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Confirman el voto los presidentes?
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Mi voto es afirmativo.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes. (Aplausos.)
Queda levantada la sesión.

– Son las 0 y 27 del jueves 14 de octubre de 2010.
Jorge A. Bravo
Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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