El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que oficializa -con fuertes críticas hacia la oposición- el rechazo a la ley sancionada en los primeros minutos del jueves en el Senado y al mediodía ingresó a la Cámara de Diputados.
Luego de que la Presidenta de la Nación confirmara en la noche del jueves la decisión de vetar la ley del 82 por ciento móvil para los jubilados, se publicó en el Boletín Oficial el veto a esa norma, a través del Decreto 1482/2010.
Allí se consigna que la Presidenta de la Nación “observa en su totalidad el proyecto de ley 26.649”. Asimismo se consignan -curiosamente- fuertes críticas dirigidas a quienes impulsaron esa norma, señalando por ejemplo que “su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”.
En los considerandos se advierte sobre la posible violación de uno de los artículos de la ley de Administración Financiera que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, advirtiendo que “el mencionado quiebre del Sistema Previsional traería aparejado el desfinanciamiento del propio Estado, que debería volcar ingentes recursos para paliar tal déficit y desatender con ello otras áreas importantes de su accionar”.
Se agrega que “al parecer se trata de una maniobra o ardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político, pues pareciera que sólo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública pare tanto dislate”.
El decreto consigna antecedentes de declaración de emergencia previsional y descuentos del 13 por ciento a jubilados, agregando que “cada vez que han tenido la oportunidad de acceder al gobierno quienes hoy quieren mostrarse como adalides del 82% móvil siempre resolvieron el dilema entre la sustentabilidad del sistema y los derechos de los jubilados en contra de estos últimos”.
En un lenguaje por lo menos curioso para un decreto, en el Boletín Oficial se consigna que “desde la oposición buscan impedir que continúe la mejora constante, la recuperación de derechos, la reparación de los daños sufridos, en un marco de racionalidad, sustentabilidad y gradualidad que implica la mejora de todos”.
Se agrega que el Gobierno nacional estima que “una decisión de la envergadura como la que se pretende imponer, con tal incidencia económica y financiera, sólo debería tomarse adoptando todos los recaudos necesarios para que no se convierta a corto plazo en una trampa para millones de jubilados y por supuesto para toda la sociedad y no proponerlo en forma demagógica y nefasta”.
“Hasta los propios postulantes reconocen públicamente que el financiamiento para el incremento propiciado se encontraría asegurado sólo para este año y el año venidero, sin saber explicar cómo se sustentaría en el tiempo la sanción de una ley de tanta implicancia social”, puntualiza en otro pasaje el decreto, añadiendo más adelante que “el tema previsional en la Argentina ha tenido su historia un pasado construido por erráticas decisiones macroeconómicas que hicieran colapsar varias veces el sistema previsional”.
“La pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal”, puntualiza el decreto que advierte que “si se aplicara, pasado muy poco tiempo, el Estado no podrá cumplir con sus obligaciones, y seguramente reaparecería el discurso privatizador y tras el ajuste de los derechos de trabajadores y jubilados, los nuevos voceros de las soluciones drásticas para el retorno de las AFJP”.
Se reclama por último “salir del debate oportunista, mezquino e irracional”, y advierte que “aquel que en definitiva apuesta a arruinar una gestión para, tras su fracaso, ofrecerse de recambio, no puede brindar solución alguna”.
“El proyecto de ley implicaría destinar 9.280,32 millones de pesos para el período octubre diciembre del 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee (…) Se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no sólo del sistema sino del propio Estado”.
