Los bloques opositores intentarán firmar dictámenes de mayoría sobre las propuestas para reformar el Consejo de la Magistratura y para eliminar los superpoderes. Ambos proyectos ya cuentan con la aprobación de la Cámara baja.
Será un martes a todo ritmo en el Senado: los bloques opositores intentarán firmar dictámenes de mayoría sobre las propuestas para reformar el Consejo de la Magistratura y para eliminar los superpoderes, proyectos que ya cuentan con la aprobación de la Cámara baja.
Superpoderes
La reforma a la Ley de Administración Financiera –superpoderes- plantea, entre otras cosas, la modificación del artículo 37 de la ley 24.156 para volver a la redacción original de la norma, y dejar de lado las facultades que se otorgaron -en su momento- al Poder Ejecutivo para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto.
Dicho proyecto señala no sólo que “la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarias durante su ejecución”, sino que propone también que queden “reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto”.
Por su parte, el Congreso volvería a intervenir en el tema ya que quedarán reservados para el Parlamento “los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades”.
La iniciativa restablece el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que deja en claro que el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento destinado a su atención. Además prohíbe incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
Para tratar este tema se realizará un plenario entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. Ambas son lideradas por legisladores del oficialismo. La primera, por el santacruceño Nicolás Fernández, mientras que el presidente de la segunda es el bonaerense Eric Calcagno. Los dos cuerpos se reunirán, a partir de las 17, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
Reforma del Consejo de la Magistratura
El mismo día se realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales –su presidenta es la senadora del Peronismo Federal Sonia Escudero- para debatir sobre la reforma del Consejo de la Magistratura.
La iniciativa opositora –viene de la Cámara baja- aumenta de 13 a 18 los integrantes del Consejo. Además, se restituye la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema, se otorga una conformación con menos representantes del poder popular, y se reduce de cinco a tres los miembros que responden al oficialismo.
Fueron invitados a exponer sobre el tema Beinusz Szmukler, de la Asociación Americana de Juristas; representantes del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales; el titular del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Cozzi; y el abogado Luis María Bunge Campos -a confirmar-.
El plenario de estas comisiones también se realizará en el Salón Arturo Illia, aunque comenzará a las 19.30.
Labor Parlamentaria
Este jueves se confirmó que el Senado realizará un homenaje al ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, aunque los detalles se conocerán el próximo martes, cuando se realice –en principio- la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión del miércoles.
Justamente, en dicha reunión se definirá si el pleno de la Cámara alta debate –o no- el miércoles el proyecto que modifica la ley que reglamenta los DNU.
Los bloques opositores deberán hacer bien las cuentas para tratar este tema, ya que no sólo necesitará 37 legisladores para conseguir quórum, sino también para aprobar dicha iniciativa, que precisa de mayoría absoluta.
El proyecto, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, plantea que los DNU sólo serán válidos si ambas Cámaras del Parlamento los aprueban. En la actualidad, los documentos dictados por el Poder Ejecutivo quedan vigentes siempre y cuando el Congreso no los rechace.
