Poco ha avanzado la Comisión Investigadora para dilucidar la responsabilidad política de Mauricio Macri por las escuchas telefónicas. Se acentúa las discrepancias en la oposición que emitiría tres dictámenes al finalizar el trabajo.
Por César Montenegro
El balance final del trabajo de la Comisión Investigadora Especial sobre las escuchas telefónicas no vislumbra un panorama alentador. La existencia de al menos cuatro informes -según se especula – en una comisión que en el inicio de su labor se mostraba unida monolíticamente y cuyo objeto era dilucidar la responsabilidad política del jefe de Gobierno, revela de manera inocultable su “derrape” institucional y la fragmentación ocurrida en el camino que transita mientras intenta -a duras penas- cumplir con el mandato que el pleno del Cuerpo le había encomendado.
Tampoco resulta favorable el marco institucional y político en el que la comisión ha debido actuar; tanto desde el oficialismo como desde el arco opositor en su conjunto se han desarrollado acciones mediante las que se intentó desviar el cause de la investigación.
El PRO tuvo actitudes directamente dirigidas a involucrar al ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra en una campaña de desprestigio contra Muricio Macri que emanaba desde el orden nacional y a la cual Ibarra se habría sumado. En tanto desde el macrismo intentaban instalar la idea de que se estaba trabajando para “esmerilar” la imagen del jefe de Gobierno.
Sin embargo la oposición y aún con el aporte de la Nación si es que lo hubiere -que ya hoy muestra fisuras en su conformación- no pudo aportar ninguna prueba contundente que relacione al titular del Ejecutivo con el sistema de escuchas ilegales que habría implementado el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios junto al espía Ciro James. Ambos detenidos en el penal de Marcos Paz.
En principio los integrantes opositores se mostraron unidos, pero poco a poco fueron surgiendo las diferencias que abrevaron la división que se percibe y desde la cual, ninguno de sus miembros asume el fracaso en el que, inexorable, pareciera dirigirse a sucumbir la investigación legislativa.
La fragmentación surgió a raíz de las contradicciones que afectan al grupo desde tiempos lejanos y ellas se hicieron más visibles aún, luego de que el Gobierno nacional mostrara su rostro mas irritable y menos dialoguista. En estas circunstancias, es difícil que puedan coexistir por mucho tiempo espacios legislativos que desde sus orígenes muestran concepciones distintas, tanto desde lo ideológico como desde lo político que, además, lucharán en espacios diferentes en las presidenciales de 2011, es decir Proyecto Sur, la Coalición Cívica o el Frente Popular para la Victoria.
Desde que iniciara su labor, el 27 de agosto, la Comisión Investigadora se ha reunido en 19 oportunidades y recién el 4 de octubre logró que comparezca el primer testigo; hasta el último martes se recibieron 21 testimonios, ninguno aportó datos que no fueran conocidos. Además, estos concurrieron por voluntad propia, sin la necesidad de ser llevados por la fuerza pública, como había solicitado el presidente de la CIE, Martín Hourest, en un intento desesperado por no dejar “vaciar” la comisión como en reiteradas oportunidades lo denunciara. Cabe destacar que el juzgado en el que se asentó la solicitud de auxilio de la Justicia para obligar a concurrir a declarar fue el que está en manos del magistrado, Roberto Gallardo, un conocido adversario de Macri. Se esperó el día y la hora en que Gallardo estuviera de turno para radicar el petitorio. Una muestra insoslayable de la judicialización de la política.
Lejos de lo prometido
“Nunca impulsé el juicio político y quienes lo hayan hecho que se hagan cargo”, decía Martín Horest cuando confirmaba para sí, que los integrantes de la comisión expresaban -cuanto menos- tres líneas conceptuales diferentes respecto al proceso en marcha direccionado a responsabilizar políticamente al titular del Ejecutivo en el caso del espionaje ilegal. Pero no fue esa su voluntad, ya que Parlamentario pudo corroborar que Hourest votó a favor del juicio político contra Macri el 20 de julio cuando la Legislatura trató los distintos proyectos presentados por los diversos espacios que conforman el Cuerpo. Hourest y 16 legisladores más proponían enjuiciar al jefe de Gobierno.
Por otro lado, Hourest descreía que del seno de la CIE pudiera nacer alguna iniciativa que recomiende el juicio político al ex presidente de Boca. “Sí, sufrirá un daño grave que repercutirá sin dudas en el ejercicio de sus funciones”, aseveraba el legislador.
Evidentemente, el hecho de que el viernes 22 de octubre haya podido comprobar que un número importante de integrantes de la comisión estaban ausentes y que fue justamente el macrismo el que haya colaborado para alcanzar el quórum para escuchar a los testigos citados para ese día, habla a las claras del desinterés que paulatinamente asoma dentro del arco opositor y deja a la vista las grietas que se van abriendo.
Sin duda, el hecho de que la Justicia haya apartado de la causa al juez Roberto Gallardo y tras ello Hourest decidió presentar su apelación para que se mantuviera el expediente en jurisdicción del magistrado, revela el rol que en el andamiaje de la comisión jugaba el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo.
Por una semana la comisión no se reunió a raíz de que los testigos citados por Gallardo apelaron la citación y que ésta fuera cursada por el magistrado indicado; según los fundamentos esgrimidos por los citados el juez ya debería haberse apartado de la causa. Las presentaciones tuvieron resultado positivo para los testigos y la Cámara decidió apartar a Gallardo de la causa y ahora la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario llevó a sorteo, lo que derivó que la misma recaiga en el Juzgado Nº 5, Secretaría 9, cuya titular es la doctora Fabiana Schafrik.
Estas desavenencias y la incertidumbre que reina en el seno de la comisión provoca cierto agotamiento en sus protagonistas que ven desvanecerse lo que en un inicio fue un objetivo que parecía cierto y accesible y que era someter a MM a un proceso de juicio político que lo afectara en su carrera a convertirse en candidato presidencial.
Es cierto que la comisión mucho no pudo avanzar a pesar de los esfuerzos inagotables invertidos por su presidente Martín Hourest. Desde su primera reunión, el 27 de agosto pasado sólo logró hacer comparecer a 21 testigos en una ronda de 19 reuniones de la CIE. Desde la presidencia de la misma se informó que esperaban recibir testimonio a un número cercano de 50 testigos hasta el 30 de noviembre. Lejos del número con el que se especulaba al conformarse el órgano legislativo investigador.
Si se compara esos números con los que se dijo en oportunidad de haberse constituido la CIE y que anunciaban que por ella transitarían alrededor de 170 testigos, que se reuniría tres veces a la semana y que se habilitarían otros de ser necesario, se podrá apreciar qué lejos se está de que Macri sea juzgado mediante un juicio político por estar comprometido en la causa de las escuchas ilegales.
Si en algo coinciden los miembros de la Comisión Investigadora Especial es en la esperanza de que al finalizar el período de recibir testimonios y sumar pruebas documentales puedan emitir de mínima, una declaración testimonial que responsabilice políticamente a Macri, pero ya para entonces no toda será como antes y la contundencia de la declaración no será del mismo tenor con el que expresaron cuando iniciaron su labor.
De acuerdo con este panorama, no será fácil para la comisión unificar criterios el 15 de diciembre. Por lo tanto, las tensiones continuarán hasta esa fecha, lo que quedará reflejado en los dictámenes que se emitirán.
