Los bloques antikirchneristas comenzaron a juntar las firmas para obtener despacho de mayoría en relación con el tema. La intención sería tratarlo en el recinto durante las últimas sesiones del período legislativo. Para aprobarlo, necesitan mayoría absoluta, es decir, 37 votos como mínimo.
Las bancadas opositoras en el Senado comenzaron a juntar este martes las firmas para obtener despacho de mayoría en relación con el proyecto que plantea la reforma del Consejo de la Magistratura, ya que la intención de los mismos sería tratarlo en el recinto durante las últimas sesiones del período legislativo, aunque para ello necesitarán contar en el recinto con una mayoría absoluta, es decir, 37 votos como mínimo.
El objetivo de las arcas antikirchneristas era firmar el dictamen de mayoría este martes, aunque durante un plenario realizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, se formalizó un pedido de titular del gremio de empleados judiciales y ex diputado de la Nación, Julio Piumato, para ser invitado a exponer la próxima semana.
La convocatoria de Piumato retrasó la firma del despacho, aunque el senador mendocino y titular del radicalismo, Ernesto Sanz, aseguró que ya comenzarían a buscar las rúbricas necesarias para pasar a tratar el proyecto en el recinto.
Durante el plenario de comisiones realizado este martes disertaron el presidente de la Asociación Americana de Juristias, Beinusz Szmukler; el titular del Colegio de Abogados de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Cozzi; y el camarista Luis María Bunge Campos: los tres plantearon posturas distintas en relación con el proyecto –que viene de Diputados-, que aumenta el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 18, y restituye la presidencia del cuerpo -encargado de nombrar y remover magistrados- al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bunge Campos sostuvo: “Hoy, los representantes del sector político pesan tres veces más que los abogados y los jueces, porque hay seis legisladores, tres jueces y cuatro abogados. El proyecto que se plantea no modifica –pese a aumentar el número de miembros- esta situación”.
Por su parte, Szmukler defendió la iniciativa y explicó que “el poder real en el Consejo no lo tienen los políticos, sino los jueces, porque son inamovibles”, y agregó que el “poder de veto” de la representación política “nunca se uso hasta el momento”.
