Obtuvo dictamen favorable proyecto del diputado Buryaile para indemnizar a los caídos en el ataque montonero contra la sede militar en el año 75, conocido como “Operación Primicia”.
El proyecto de ley presentado por el diputado formoseño Ricardo Buryaile que otorga por única vez un beneficio indemnizatorio extraordinario a quienes fallecieran como consecuencia del ataque al Regimiento de Infantería de Monte N°29 “Coronel Ignacio Warnes” ocurrido en la provincia de Formosa, el día 5 de octubre de 1975, obtuvo dictamen favorable por unanimidad de presentes en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la Nación.
El trágico acontecimiento, ocurrido en plena vigencia del gobierno democrático de Isabel de Perón, cuando un comando de la organización montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29, marcó en profundidad la historia de los formoseños.
Como consecuencia de este cruento episodio se registraron las muertes del policía provincial Felipe Santiago Ibáñez; de los civiles Celso Pérez y Mamerto Cáceres; del subteniente Ricardo Massaferro; del sargento Víctor Sanabria y de los conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Avalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torantes, Alberto Villalba y Hermindo Luna. Todos ellos cayeron defendiendo a la bandera argentina durante un gobierno constitucional, como habían jurado.
Sin embargo, los soldados caídos no han recibido aún, un reconocimiento oficial suficiente y apropiado, por parte del Estado Nacional. Sus familias cobran el día de hoy una pensión bajísima que en marzo era de 842 pesos.
El proyecto considera a todas luces injusto lo que hoy reciben los herederos de los soldados caídos en el ataque a al Regimiento de Infantería. Es por ello que el diputado Buryaile presentó este proyecto de ley que establece como beneficio extraordinario una justa y equitativa indemnización para los herederos de las personas fallecidas como consecuencia del ataque al cuartel, equivalente a los beneficios acordados y establecidos en la ley 24.411 de 1995, que indemniza a los herederos de las personas se encuentren en situación de desaparición forzada, y de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83. El monto fruto de esta fórmula indemnizatoria, en marzo 2010 ascendía a los 620.919 pesos.
Es que así como el gobierno reconoce el horror padecido por muchas de las víctimas de esta oscura época, tiene el deber de otorgar una indemnización acorde a estos formoseños que murieron en un brutal ataque defendiendo el orden constitucional de un gobierno democrático legitimado por el voto popular. Todo ello sin reparar en banderas políticas ni ideológicas.
