Este lunes a las 15.30, en el Salón de Las Banderas del Senado de la Nación, el presidente del INADI, Claudio Morgado, brindarán junto a una serie de organizaciones sociales una conferencia de prensa para impulsar el pronto tratamiento y la inmediata sanción de la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos para todos y todas.

Esterán el director ejecutivo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Gastón Chiller, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Nora Cortiñas, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), CPM (Comisión Provincial por la Memoria), Red FUV (Familiares, Usuarios y Voluntarios), APUSSAM (Asamblea Permanente de Usuarios y Sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental), Médicos del Mundo, ADESAM (Asociación por los Derechos en Salud Mental), REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), APEF (Asociación argentina de ayuda a la persona que padece esquizofrenia y su familia), organizaciones sociales y gubernamentales.

“El INADI apoya el proyecto que se encuentra actualmente en debate en el Senado de la Nación y que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados por unanimidad, porque se basa en principios internacionales de derechos humanos; establece que las acciones de salud mental deben realizarse en servicios basados en la comunidad; recomienda la internación de personas como un recurso para utilizar en situaciones excepcionales y en hospitales generales; amplía el reconocimiento de la autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental y su capacidad de decidir sobre lo que les acontece y desean e incluye la temática de las adicciones como parte del campo de la salud mental, entre otras medidas de igual importancia”, explicó Claudio Morgado.

El proyecto de Ley de Salud Mental, que cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud- Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, promueve el trabajo interdisciplinario, respetando las incumbencias propias de cada campo; incorpora principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Argentina en el año 2008; dispone la creación de un órgano de revisión encargado de velar por el respeto de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental y, fundamentalmente, es resultado de un amplio proceso de debate iniciado en 2006 con efectiva participación de los usuarios de servicios de salud mental y sus familiares.

“Consideramos imprescindible la sanción de una ley federal marco que regule la actuación de los diversos organismos y actores involucrados, de conformidad con los nuevos principios emanados de las normas internacionales”, concluyó Morgado.

En la actualidad, aproximadamente 25.000 personas se encuentran recluidas en los asilos psiquiátricos argentinos y son víctimas de todo tipo de violaciones: privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, ausencia de rehabilitación, tratamientos inadecuados, sobrepoblación y muertes que no son investigadas. En su mayoría se trata de “pacientes sociales”, es decir que no se les brindan alternativas para desarrollar su vida fuera de las instituciones. Más del 80% de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado la situación de este grupo como de extrema “vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono”.