El Gobierno prevé desacelerar el gasto público en un año electoral

Aunque el proyecto de ley de presupuesto 2011 presentado por el Poder Ejecutivo propone aumentos en el Gasto Social -Educación, Seguridad Social y Agua Potable-, el incremento del gasto público previsto para 2011 se proyecta en 18,3% nominal, desacelerándose así el 26% respecto de 2010. Las proyecciones macroeconómicas y de gastos prometen ser los puntos más controvertidos del debate en el Congreso.

El Congreso debatirá este miércoles el proyecto de ley de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y, sin mayoría propia, el oficialismo deberá justificar la dudosa desaceleración del gasto público prevista para un año electoral. Además, la estimación de la inflación y el crecimiento aparecen nuevamente subestimados.

Según un informe elaborado por el Programa de Política Fiscal de CIPPEC, el punto más destacable del ejercicio presentado por el PEN es el incremento del gasto social en el presupuesto total. Dentro del gasto social, las erogaciones vinculadas con Agua Potable y Saneamiento aumentarán un 66%; las vinculadas con Educación y Cultura, un 37%, y la partida de Seguridad Social subirá un 20,8%. Así, de los $372.911 millones del presupuesto de 2011, $227.305 se destinarán a gasto social, lo que implica un aumento nominal de 21,4% con respecto a 2010.

“El aumento en el gasto social es consistente con las demandas de la sociedad y el discurso del Gobierno de priorizar áreas centrales para el desarrollo económico y social”, asegura Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC. La investigadora explica que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares representan la mayor parte del gasto social. Con respecto a los programas sociales, se destacan un presupuesto de $3.345 millones para el plan “Argentina Trabaja”, $3.198 millones para el programa “Conectar con igualdad” del Ministerio de Educación y un aumento nominal del 25% para el programa Seguridad Alimentaria.

Sin embargo, una de las mayores objeciones al proyecto de ley se relaciona con las proyecciones macroeconómicas, de las que dependen las estimaciones de ingresos y, por ende, del tope de gastos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aparece subestimado –con una variación promedio anual proyectada en 8,9%- y la estimación del crecimiento es conservadora. No obstante, según estima Díaz Frers, la proyección de recursos tributarios es razonable: se proyecta que los ingresos por tributos aumenten por encima del producto nominal (22% vs. 16%, respectivamente).

Además, en relación con el resultado de 2011, el informe de CIPPEC revela manejos contables que sobredimensionan el verdadero superávit, como la inclusión dentro de los recursos de las utilidades del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Por el lado del gasto, se contabilizan ciertos proyectos de inversión como aplicaciones financieras.

“El debate del próximo miércoles es una oportunidad para analizar algunas medidas -como la derogación de los ‘superpoderes’ y la modificación de la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia- que redundarían en mayor transparencia presupuestaria y mayor control por parte del Congreso del uso de los fondos públicos”, indicó Díaz Frers.

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