No hace falta ser un técnico especializado en la ley de leyes, para darse cuenta de que, con sus dictámenes de minoría, la oposición pretende hacer una vez mas, lo que no pudo lograr por los votos, es decir, manejar el país a su antojo
Olvidan que el pueblo en 2007 eligió a la presidenta Fernández de Kirchner para que lleve adelante la administración y gestión de los recursos de la nación, con basamento en los lineamientos económicos de este modelo, que, por cierto, se viene aplicando de manera exitosa con mas de siete años de superávit por primera vez en la historia de nuestro país.
En efecto, los dos dictámenes son tan inconsistentes y poco serios, que cometen gravísimos errores técnicos y políticos que nosotros, como representantes de nuestras provincias, no podemos permitir, ya que si algo ha caracterizado a este gobierno, es su seriedad y eficacia para manejar el dinero de los argentinos.
El dictamen del “Grupo A”, tiene las mismas características insustentables y explosivas que determinaron otras crisis: retraso del tipo de cambio frente a los precios y la tasa de interés, y endeudamiento creciente del Estado, incremento de los Gastos y los Recursos, disminuyendo el Superávit Financiero, pero olvidando mencionar de donde sale la plata para financiar la disminución del aludido déficit (artículo 4º).
Este dictamen plantea una desmedida elevación de la presión tributaria, 6% del PBI, alterando fuertemente las decisiones de inversión y las expectativas de consumo.
Para citar algunos ejemplos, plantean además un artículo por medio del cual asigna a ANSeS $ 10.083.331.999 destinados al financiamiento del programa Asignación Universal por Hijo (AUH), que será financiado por el Tesoro Nacional. Si bien el monto asignando es igual al previsto en el proyecto del PEN, cambia su financiamiento por fuentes del Tesoro Nacional, pero no explica que obras o programas financiados por el Tesoro Nacional deberán suspenderse para hacer frente a tremenda erogación.
Por otro lado, el dictamen del Diputado Lozano fija gastos por $ 474.723,6 millones, mientras que proyecta recursos por $ 470.957,8 millones y sin embargo mágicamente el artículo 4 le arroja un superávit de $ 3.793,7 millones.
Existe en ese dictamen, por ejemplo, un artículo que prevé un gasto de $ 35.000 millones destinados a recomponer las prestaciones previsionales. Sin embargo, no se explica el cálculo que permite arribar a un gasto de $ 35.000 millones, ni mucho menos, como financiarlo.
Asimismo, el dictamen de Proyecto Sur, elimina el artículo 65º del proyecto (integración del Fondo de Desendeudamiento Argentino), necesario para el pago del servicio de deuda (cuyo pago con reservas ya probó ser exitoso desde que nos ahorramos muchísimos intereses por pagar adelantado, mientras las reservas del BCRA hoy son superiores a las existentes antes de realizar el pago), sin modificar las fuentes financieras previstas en el proyecto original, con lo cual el presupuesto queda desfinanciado.
Entre otras tantas incoherencias autorizan al Poder Ejecutivo “a negociar” con los acreedores, pero le quitan la posibilidad de concretar la operación, previendo que la misma deberá ser aprobada por el Congreso. Teniendo en cuenta el balance de lo actuado en este año en ambas cámaras, mayormente por problemas de falta de coordinación y consenso entre las filas de la propia oposición (ya que el partido oficialista carece de quórum propio con lo cual no puede forzar a la Cámara a sesionar), resulta muy sencillo darse cuenta que si tenemos que esperar una posterior aprobación por parte del congreso de cada decisión administrativa que toma el PEN, el presupuesto será virtualmente inejecutable.
Para adquirir una real dimensión de la gran diferencia que existe entre los tres dictámenes existentes, basta con recalcar que de aprobarse el dictamen del proyecto impulsado por el gobierno, el resultado de la gestión 2011 debería dar un superávit de 1.593 millones de pesos, mientras que el resultado del dictamen del Grupo A sería de 679 millones de pesos. En cuanto al dictamen de Proyecto Sur, éste arrogaría un déficit de más de 3.793 millones de pesos.
Con estos resultados, se paralizarán gran parte de las obras actualmente en ejecución. Es importante destacar que, entre muchas otras, en la actualidad se esta ejecutando con dinero de Nación la construcción 120 mil viviendas nuevas y 110 mil mejoramientos de viviendas existentes, que permitirán brindar solución habitacional a 1.250.000 habitantes; la construcción 1.200 kilómetros de Autopistas, Autovías y obras de aumento de capacidad de la red vial nacional (entre ellas la Autovía RN Nº 3 Trelew – Puerto Madryn).
Durante noviembre de 2010 se alcanzará la cifra de 1.000 escuelas terminadas y para el 2011 esta previsto construir 280 nuevas escuelas.
También se elimina la creación del Fondo Fiduciario y Cargos Gas – GNEA y Gasoductos Regionales, que posibilitan la concreción de nuevas obras de infraestructura en materia energéticas, obras que resulta imposible encarar de otra forma (sin que impliquen un aumento desmedido de la tarifa que pagan los usuarios), como consecuencia, se impediría la ejecución de las obras que benefician a 260 localidades de 20 provincias y que permiten el objeto verdaderamente federal de acceso igualitario al servicio de gas natural por red y la conectividad energética sudamericana.
En resumidas cuentas, estos dictámenes van más allá de una disidencia, del desacuerdo con la ejecución de algún proyecto o programa, sino que modifican impuestos, implícitamente la Carta Orgánica del Banco Central, se anulan planes de obras y se entorpece la estrategia de financiamiento.
No debemos perder de vista que el Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar el Presupuesto Nacional en base al programa general de gobierno, programa cuyo establecimiento corresponde al Poder Ejecutivo Nacional.
La aprobación de alguno de estos dictámenes rompe con la tradición parlamentaria de permitir al gobierno de turno el establecimiento de los lineamientos básicos de su política económica, propicia la paralización lisa y llana de la Administración Presupuestaria durante 2011.
Desconocemos cual será el resultado de la votación en el recinto el próximo miércoles, pero como legisladora de mi provincia, comprometida con un modelo de gobierno que fue respaldado masivamente por el pueblo hace menos de dos semanas, me veo en la obligación de dar la lucha, no solo en el recinto sino también en el ámbito de los medios de comunicación. Es por eso que escribo estas líneas. Es fundamental que la gente sepa hacia donde pretenden llevarnos aquellos que despotrican contra este gobierno, sin tener idea alguna que sea conducente para mejorar la realidad de los argentinos, tal cual nosotros lo venimos haciendo desde el 2003, con los resultados que están a la vista.