Senador quiere reglamentar la relación entre las petroleras y contratistas

La iniciativa del radical Mario Cimadevilla incluye a todas las empresas operadoras petroleras y gasíferas, tanto de áreas continentales u off-shore.

El senador radical Mario Cimadevilla presentó un proyecto de ley para reglamentar “la contratación de personas físicas o jurídicas, organizadas como empresas, por parte de permisionarios, concesionarios u operadores para la explotación de áreas hidrocarburíferas o gasíferas”.

Cimadevilla explicó en un comunicado al que tuvo acceso Parlamentario.com que a través de la iniciativa se pretende “restablecer la equidad entre las dos partes de una desigual relación contractual, por un lado poderosas y escasas empresas concesionarias de los yacimientos, y por el otro, un mundo atomizado de medianas y pequeñas empresas contratistas y subcontratistas, cuya existencia depende directamente de las decisiones de las operadoras”.

El proyecto del legislador chubutense incluye “a todas las empresas operadoras petroleras y gasíferas, tanto de áreas continentales u off-shore, sin importar si las concesiones provienen del estado federal, de los estados provinciales o de sus empresas públicas, cualquiera sea el régimen legal a cuyo amparo se otorgaron”.

Si el proyecto avanza y se convierte en ley, las contrataciones de bienes y servicios alcanzadas por la nueva norma “deberán ser instrumentadas por escrito, con la remisión al concedente del área de un ejemplar auténtico del contrato, tener una vigencia mínima de cinco años, con pagos mensuales y mantener una preferencia, en condiciones de igualdad, para la contratación de empresas nacionales pertenecientes a la región en que opera la concesionaria”.

Por último, Cimadevilla manifestó: “La renegociación de los contratos petroleros realizada por el gobierno hace poco tiempo no previó cláusulas que mejoraran las condiciones de contratación de las empresas locales, evidentemente no tuvieron a la vista que las empresas locales y regionales prestadoras de servicios emplean más del 95 por ciento de la mano de obra ocupada, por lo tanto deben encontrar una adecuada protección en la legislación”.

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