Por iniciativa de la diputada Silvia Vázquez, el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Originarios se encamina hacia el rango constitucional.
Durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, legisladores de todos los bloques acordaron el tratamiento en el recinto del proyecto de ley que busca otorgar jerarquía constitucional al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.
“Seguimos trabajando para ampliar el horizonte de derechos humanos en nuestro país, y reparar en este bicentenario la historia del genocidio que sufrieron nuestros hermanos indígenas”, afirmó la diputada Silvia Vázquez, autora de proyecto.
Por su parte, la presidenta de la comisión, Graciela Camaño, sostuvo que “es urgente tratar este proyecto ya que se trata de un compromiso que Argentina tiene con las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde la reforma constitucional del 94”, y exhortó a los representantes de todos los bloques a acompañar el proyecto de ley.
El proyecto de la presidenta de Concertación-FORJA, al buscar darle jerarquía constitucional a un convenio internacional sobre derechos humanos, requiere de una mayoría especial en ambas Cámaras para su aprobación. En ese sentido, dieron su apoyo explícito para su tratamiento el vicepresidente de la comisión, Alejandro Rossi (FpV), Patricia Bullrich (CC), Laura Alonso (PRO), Juan Tunessi (UCR), y Carlos Carranza (Peronismo Federal), entre otros.
El convenio reconoce, entre otros derechos, la preexistencia de los pueblos originarios a la conformación de los Estados Nacionales. Además, exige la aplicación de “políticas promover los valores sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos” y obliga al Estado a “consultar a los pueblos interesados” sobre “cualquier medida que los afecte”. En su artículo 13, establece que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que reviste para estas culturas las tierras o territorios y reconocerse el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Finalmente, obliga a los Estados a “generar procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras realizadas por dichos pueblos”.
