El diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega envió una carta documento al ministro del Interior, Florencio Randazzo, en la que pone en su conocimiento la existencia de un proyecto de resolución de reciente presentación, que busca instruir al Poder Ejecutivo Nacional y a la Justicia Electoral Federal para exigir como requisito previo a la habilitación de candidaturas electivas federales, la declaración jurada del candidato sobre su evolución patrimonial y la de sus parientes más próximos desde la fecha de acceso a la primera función pública que hubieran cubierto en la democracia.

El proyecto es del propio Vega y lleva también las firmas de las radicales Norah Castaldo y Silvia Storni, Griselda Baldata (Coalición Cívica, Córdoba) y Estela Garnero (Córdoba Federal).

Independientemente del trámite parlamentario que el proyecto siga conforme en la Cámara de Diputados, el objeto de la nota es que Randazzo esté en conocimiento del mismo, en función de tratarse de cumplimentar normas legales operativas con jerarquía constitucional emergentes del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y que son de su responsabilidad funcional.

“Es la típica brecha que existe en la Argentina entre el derecho y la realidad. Este proyecto de resolución apunta a transparentar esa brecha, a tratar de cerrarla y a lograr que la Argentina cumpla con las normas legales y convencionales que firma y sanciona. Que se haga realidad una normativa jurídica anticorrupción que hasta ahora es sólo teórica y de brumosa operatividad”, señala Vega, quien persigue también que Argentina cumpla efectivamente con las obligaciones legales que asume al momento de firmar Tratados Internacionales. Específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Normas que en la Argentina tienen jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22, de la Constitución. Son obligaciones que hacen a la transparencia pública de los funcionarios a cargo de la gestión del Estado.

La resolución que se proyecta apunta a exigir de los candidatos una declaración jurada de cuál ha sido su “evolución patrimonial” desde su primer acceso a la función pública dado que la exigencia de una simple declaración patrimonial de nada sirve a los fines de controlar conductas transparentes en nuestros gobernantes.

“Creemos, señor ministro, que el cumplimiento de la ley 24.759, Convención Interamericana Contra la Corrupción, resulta indispensable en el país a los fines de garantizar las pautas internacionales de transparencia y ejemplaridad en la elección de cargos públicos. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o colaboración que se juzgue pertinente desde el Poder Ejecutivo de la Nación para poner en ejecución estas normas legales internacionales”, concluye Vega.