Mi recorrido personal y profesional se fue delineado a partir de la necesidad de dar respuestas a cuestiones que me preocupan y movilizan profundamente como las cuestiones sociales. Primero, desde la gestión pública y actualmente desde la Legislatura Porteña, logré canalizar estas inquietudes con acciones concretas a través de la política, un espacio de diálogo y participación y a la vez un marco privilegiado para promover cambios en la comunidad.

Desde 2007 a 2009 me desempeñé como Directora General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, acompañando la gestión de la Ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal. Desde allí, en articulación con organizaciones de la sociedad civil, pusimos en marcha más de 520 proyectos sociales que tenían como objetivo la inclusión social de poblaciones en situación de vulnerabilidad. También se logró fortalecer el Programa de Voluntariado, se crearon Programas de Responsabilidad Social Empresaria y los Centros de Primera Infancia, entre otras herramientas destinadas a generar oportunidades.

A través de mi recorrido profesional entendí que uno de los grandes desafíos que se presentan en la gestión es la falta de instrumentos legales que acompañen estos procesos de cambio anhelados. En ese sentido, como legisladora estoy trabajando en el desarrollo del marco legal necesario para lograr una ciudad más justa e inclusiva.

Un claro ejemplo es la relevancia que le otorgamos al tema de trata de personas. En 2008 se sancionó la Ley 2781, que implica la formación de un Comité Interdisciplinario entre distintos Ministerios del Ejecutivo de la Ciudad, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Dicho Comité está trabajando en la prevención y acompañamiento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, quienes además de sufrir la coacción y la frecuente violencia física, padecen serias secuelas como las infecciones de transmisión sexual, abortos forzados, la propensión al alcoholismo y al consumo de drogas e incluso muertes anónimas e impunes a manos de la delincuencia organizada.

En la Argentina, si bien no existen cifras oficiales, estimaciones de ONGs señalan la existencia de unas 400 mil mujeres y niñas en situación de trata con fines de explotación sexual, un delito que ha crecido de manera sostenida durante los últimos que años. Las causas del incremento deberían buscarse tanto en las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social como en la connivencia policial y política y la escasez de acciones orientadas a investigar y perseguir este delito.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se proporciona acceso inmediato a alojamiento y refugio a las víctimas y se asiste en la obtención gratuita y urgente de la documentación necesaria para regularizar su situación. Una de las principales medidas que denotan la importancia que el Gobierno de la Ciudad le otorga a la temática, es la inauguración del primer refugio para víctimas de trata, un espacio que facilita las herramientas para atender y dar respuesta a estos casos, brindando acogida temporal a las víctimas. El equipo que llevó adelante este proyecto contó con la asistencia técnica de la Fundación María de los Ángeles, a cargo de Susana Trimarco, fundadora y encargada de uno de los refugios para víctimas de trata más reconocidos del país. Se trata de una iniciativa completamente novedosa, dado que es el primer refugio desarrollado y financiado por el Estado.

En referencia a este tema, presenté un proyecto para determinar requisitos en la publicación de avisos clasificados que ofrezcan servicios o artículos sexuales. Los solicitantes deberán presentar obligatoriamente su DNI y una boleta de servicio a su nombre, a fin de “desenmascarar” a quienes contribuyen a la explotación sexual de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Existen fuertes sospechas de que detrás de ellos se esconden redes de trata de personas.

La violencia de género también ha sido objeto de mi atención ya que como legisladora fui autora de la modificación de la Ley 1688 que promueve acciones para generar una cultura de prevención de las acciones de violencia familiar y doméstica. En abril se aprobó la modificación que permite facilitar vacantes y asistencia para niños que deben mudarse o trasladarse con urgencia para continuar sus estudios fuera de un entorno de violencia.

También estoy avanzando en la modificación de la Ley 1265 de Protección y Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar y Doméstica, a fin de implementar una reglamentación para resguardar a las víctimas de sus victimarios, sobre todo teniendo en cuenta que la Ciudad cuenta con seis centros que brindan asesoramiento jurídico y psicológico, y la existencia de un refugio confidencial para aquellas mujeres que corren riesgo de vida.