El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, expresó durante un plenario realizado este martes por tres comisiones de la Cámara alta, su apoyo al proyecto sobre medicina prepaga que ya cuenta con la aprobación de Diputados, aunque pidió modificaciones.

Manzur señaló que la “ley es necesaria y hace falta, es un grupo importante de argentinos que están en esta órbita”. El pedido de cambios realizado por el ministro se contradice con las declaraciones de varios senadores del bloque kirchnerista, que pretenden votar el proyecto sin modificaciones.

Las comisiones que se reunieron en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo fueron las de Salud –su titular es el radical José Cano, de Tucumán-, la de Justicia y Asuntos Penales, y la de Legislación General –presididas por la salteña Sonia Escudero y por la puntana Liliana Negre de Alonso, respectivamente, ambas del Peronismo Federal- del Senado.

El funcionario dejó en claro que el órgano rector de la actividad debe ser el Ministerio de Salud, y no compartir esa facultad con la Secretaría de Comercio. Los opositores, por su parte, plantean que la autoridad competente debe ser la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por otro lado, el ministro de Salud explicó que la iniciativa intenta regular la actividad de las obras sociales, y aclaró que eso ya está contenido dentro de las leyes 23.660 y 23.661.

El proyecto de ley excluye a la prepaga Osde -repudiado por las agrupaciones de usuarios que asistieron al debate en comisión- y los opositores pretenden que esta empresa se incluya entre los sujetos comprendidos por la norma.

Manzur aseveró que “la seguridad social es un sistema solidario, y el de prepagas es un sistema de seguros”, y pidió que el cien por ciento del capital de las prepagas esté “a disposición de atender la salud de sus beneficiarios”.

El proyecto –presentado por la ex legisladora y actual embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja- propone, entre otras cosas, obligar a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio, y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

También impone que los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el ministerio de Salud, y deja en claro que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación ni penalidad alguna.

Por otra parte, se establece que la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión. Además se manifiesta que a los mayores de 65 años que tengan, por lo menos, diez años de antigüedad en la cobertura, no se les podrá aumentar la cuota.

Los cambios que piden los opositores

Integrantes antikirchneristas de las tres comisiones consensuaron en relación con los cambios que se le harían, en un principio, al proyecto, algo que no es aceptado por el oficialismo. Si la iniciativa no es tratada antes del fin de las sesiones ordinarias, perderá estado parlamentario.

El artículo cuarto del proyecto votado en 2008 por la Cámara baja detalla: “Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa y competencia, serán autoridades de aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda”. Cano manifestó a Parlamentario.com que “el órgano de aplicación debe ser la Superintendencia de Servicios de Salud”.

Otro artículo que los senadores opositores quieren modificar es el noveno. En el texto aprobado en Diputados se sostiene que “los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo puede rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada”. Sobre este último punto, el senador tucumano explicó que con el tema de la declaración jurada “no hay ningún límite de tiempo, quiere decir que si vos, después de estar dos años afiliado a una prepaga, te surge una patología, y la prepaga considera que eso puede haber estado antes de los dos años que vos llevás afiliado, discrecionalmente te da de baja, como de hecho ocurre”.

Cano aseveró que la solución propuesta es que “la declaración jurada tenga validez en los primeros 12 meses de afiliación, y dentro de ese tiempo, si surge una patología, es decir, si hay falseamiento de la declaración jurada, debe ser la Superintendencia la que en definitiva autorice o no la baja del afiliado”, y resaltó: “Es una modificación a favor del usuario, ya que si en los primeros 12 meses no hay ninguna denuncia de la prepaga en relación con el falseamiento de la declaración jurada, a partir de ahí ya no puede ser causal de baja, algo que se podría dar, por ejemplo, cuando no se paga la cuota”.

El titular de la Comisión de Salud también dejó en claro que hay un tercer cambio importante, que es el de sacar de la ley “a las empresas de las mutuales de las cooperativas, que no tienen nada que ver con las de medicina prepaga, ha sido una barbaridad incluirlas en el proyecto”.