La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña avaló la resolución que establecía la asistencia judicial a la CIE que funciona en el ámbito de la Legislatura y que estaba a cargo del Juzgado Nº 5 del fuero cargo de la magistrada Fabiana Schafrik aunque determinó que la jueza deberá evaluar cada caso en particular para hacer uso de la fuerza pública y hacer comparecer al testigo incurso en rebeldía.

La Justicia determinó también la nulidad del procedimiento al que debía sujetarse el órgano investigador legislativo según lo establecido en su oportunidad por el juez Roberto Gallardo ya que según indica la Cámara en el pronunciamiento, con ello el magistrado se abocaba a reglar el funcionamiento de la CIE.

También el Tribunal exceptúa de declarar –según acordada Nº 35/67 de la Corte Suprema de Justicia- al Decano del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de la Matanza, Fernando Luján Acosta en virtud “de la resolución emitida por el máximo tribunal federal –el 20 de diciembre de 1967- que determina la excepción de la obligación de comparecer con respecto a los rectores y decanos de universidades nacionales”.