El Senado aprobó este miércoles el proyecto que regula la medicina prepaga: la iniciativa, que fue aprobada en 2008 en Diputados -fue impulsado allí por la ex legisladora y actual embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja-, deberá volver a la Cámara baja, ya que se realizaron cambios en su articulado.

La iniciativa expresa que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación. No obstante estará encargada, en cuanto a la “relación de consumo” y a la “defensa de la competencia”, la Secretaría de Comercio, algo no compartido por el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, que expuso sobre el tema la semana pasada en un plenario realizado en la Cámara alta.

Por otra parte, el proyecto establece que las empresas están obligadas a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

La iniciativa también deja en claro que la edad no puede ser utilizada como criterio de rechazo al momento de realizar la admisión, mientras que a los mayores de 65 años, con al menos diez años de antigüedad, no se les podrá aumentar la cuota.

Finalmente, el proyecto prevé que los contratos de prestaciones necesitarán ser autorizados por el Ministerio de Salud, y los usuarios podrán rescindirlo en cualquier momento, sin limitación alguna.

Durante el debate, habló el senador cordobés Luis Juez, quien contó su caso particular, citando a su hijo, que nació prematuro, con parálisis cerebral. Justo después de que él se había quedado sin obra social. Y en ese marco, con su ejemplo personal, destacó el valor de la norma que se estaba debatiendo.

El titular de la Comisión de Salud, el tucumano José Cano, resaltó el trabajo de todos los que se ocuparon del proyecto de ley de Prepagas, y aclaró que el radicalismo quería evitar que el proyecto fuera abortado al ser devuelto a Diputados, por lo que haría una serie de modificaciones acotadas.

Citó la recomendación referida a que cuando un afiliado del grupo familiar cumple los 21 años no pueda ser dado de baja si sufre enfermedades crónicas. Hoy eso sucede y “me parece que esta ley tiene que significar un paso adelante”, resaltó el legislador.

Entre otras sugerencias, Cano resaltó que se debería redactar un padrón de aquellos afiliados de adhesión voluntaria, y en ese sentido, citando el caso de OSDE, dijo que “me parece que las prerrogativas que tiene como obra social en el caso de que no paga IVA, no paga ganancias, están poniendo a esta empresa en condición de competencia desleal con respecto a otras empresas que funcionan en el mismo sentido como empresas de medicina prepaga”.

Con ello dijo compartir el criterio planteado por Manzur de excluir a las cooperativas y mutuales, porque la naturaleza jurídica de estas entidades nada tienen que ver con las de una empresa de medicina prepaga. “Y por otra parte, porque los planes que dan las cooperativas y mutuales son prestaciones parciales, y si las incluimos en esta norma, inmediatamente no van a poder funcionar, porque no tienen infraestructura para cumplir con el PMO”.

Hay dos causas para que un usuario de medicina prepaga sea dado de baja: tres cuotas consecutivas que no pague o falseamiento de la declaración jurada. Según Cano, la ley proveniente de la Cámara de Diputados no marca un límite de tiempo. “Nosotros entendemos que si un usuario de una empresa de medicina prepaga a los dos años de afiliado le surge una obstrucción de una arteria coronaria, la empresa puede decir que esa preexistencia existía y lo da de baja discrecionalmente. Nosotros creemos que hay que poner un plazo de tiempo y que la declaración jurada tenga validez durante los primeros doce meses de la afiliación; y que en el caso de que exista en esos primeros doce meses una patología que la empresa acuse al beneficiario de que ha falseado la declaración jurada, no sea la empresa prepaga, sino que sea el órgano de aplicación, el Ministerio de Salud, el que determine o autorice la baja de la afiliación”. No obstante, esto no fue tenido en cuenta al momento de la votación en particular.

A su turno, el senador porteño por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, respaldó la iniciativa y manifestó que: “Es importante la presencia del Estado para asegurar condiciones de igualdad y de no exclusión entre los afiliados y para garantizar la calidad del servicio”.

“La regulación va a evitar abusos por parte de las empresas de medicina prepaga, especialmente en el caso de las personas mayores y de quienes tienen enfermedades preexistentes. También se establece que no habrá períodos de carencia ni espera”, explicó el senador.

Los cambios modificados en relación con la sanción original

– Artículo 1: se sacó la parte que incluía en el objeto de la ley a los “planes de adhesión voluntaria que comercialicen las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones”. Ahora dirá que “la presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661. Quedan excluidas las obras sociales sindicales, cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones”.

– Artículo 22: se eliminó. Hablaba sobre las reservas técnicas.

– Artículo 25: en el inciso b, se elevó el valor de la multa. Por pedido de la senadora salteña Sonia Escudero, el importe mínimo será de tres cuotas, y el máximo no podrá pasar el 30 por ciento de la facturación del ejercicio anterior.